La demanda, presentada por el abogado Guillermo Puyana con el apoyo de Dejusticia, la FLIP y Andiarios, señala que la decisión del Tribunal fue contraria a la ley, pues las expresiones usadas por el periodista no constituyen delito. Además, sostiene que en una sociedad democrática como la colombiana, las opiniones sobre funcionarios públicos o personas que aspiran a serlo, deben estar especialmente protegidas por los jueces para garantizar un debate abierto sobre temas de interés público.
La sentencia contra González es la primera condena que se da en Colombia contra un periodista por dar una opinión. Diferentes organismos como las relatorías de libertad de expresión de la ONU y la OEA, así como el Comité de Protección a Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, rechazaron en su momento esta decisión y resaltaron el grave precedente que marca para la libertad de expresión en el país.
En los próximos meses la Corte Suprema de Justicia definirá si acepta la demanda y estudia el caso.
