1. La posición general de Colombia frente al proceso de reforma es ambigua. A pesar de la valiosa comunicación del señor Presidente y de las declaraciones de algunos funcionarios que manifiestan genéricamente su apoyo al sistema, en otras declaraciones, y sobre todo en los momentos de votación, el gobierno ha avalado las posiciones más perjudiciales para el sistema presentadas por gobiernos como los de Venezuela y Ecuador.
2. Colombia no debe apoyar reformas que se orienten al debilitamiento de los mecanismos de derechos como los informes de país, las medidas cautelares y el sistema de casos individuales. En nuestro largo y lamentable conflicto armado, cada uno de estos mecanismos ha prestado una invaluable labor para la protección de vidas y derechos más básicos de miles de compatriotas. La experiencia muestra que la necesidad de su existencia está más que justificada y tanto su vigencia como eficacia deben ser preservadas.
Ninguna de las propuestas que actualmente se discuten apunta en esta dirección. Por el contrario, a pesar de los epítetos de “fortalecimiento” y “perfeccionamiento” que se repiten en el debate, las recomendaciones, de ser implementadas como ha sido propuesto por los Estados y por el Secretario General de la OEA, coartarían la eficacia de estos mecanismos, lo cual redundaría en un grave perjuicio regional que no puede ser secundado por nuestro país.
3 La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión cumple una labor vital para el fortalecimiento democrático del Hemisferio. Como lo ha referido el propio Presidente Santos, la libertad de expresión es “una de las libertades más importantes para el sostenimiento de una sociedad democrática”. No obstante, el disfrute de esta libertad padece de severas limitaciones y enfrenta intensos riesgos en nuestra región. Esto justifica que los órganos internacionales de derechos humanos empleen distintos mecanismos para promover y proteger su ejercicio. La Relatoría Especial ha sido uno de los medios más eficaces para ello. Acompañar una reforma que limite las posibilidades de la Relatoría para continuar el prominente trabajo realizado hasta ahora atentaría directamente contra la calidad de la democracia de toda la región.
4. El mecanismo más adecuado para tramitar los posibles ajustes al sistema regional es la reforma a las prácticas y al reglamento de la CIDH, adoptada por la propia CIDH, mediante procesos abiertos y participativos. La CIDH históricamente ha tenido competencia plena sobre la definición de las reglas operativas por medio de las cuales desempeña su labor de promoción y defensa de los derechos humanos. Esto lo ha hecho a través de la redacción de su Reglamento y el establecimiento de sus prácticas y políticas.
Todas las materias a las que se refieren las recomendaciones formuladas por los Estados, se encuentran reguladas por el propio reglamento de la CIDH y por las prácticas y políticas establecidas por la Comisión. En esa medida, lo que corresponde es que la propia CIDH, dentro de su independencia y autonomía, revise las normas, prácticas y políticas respectivas y no que los gobiernos intervengan para limitar el alcance de las facultades de los órganos de protección de derechos humanos. Permitir la apertura a una reforma estatutaria sería contrario a lo dispuesto en el artículo 39 de la Convención Americana sobre derechos Humanos.
En consecuencia, resulta necesario que el gobierno de Colombia vele por la garantía institucional consagrada en el artículo 39 de la Convención según la cual cualquier reforma estatutaria realizada por la Asamblea General debe tener origen en una iniciativa de la propia CIDH y, al mismo tiempo, participe de buena fe en el proceso de autorregulación que se encuentra adelantando la propia Comisión.
5. Los habitantes de la región como beneficiarios del sistema y directamente afectados por las modificaciones que se adopten, deben poder conocer ampliamente y participar del proceso de reflexión. El proceso se ha adelantado prácticamente sin la participación de la sociedad de las Américas, que es la principal interesada en la suerte del sistema de protección de los derechos humanos. La publicidad del proceso, así como el tiempo que se otorgue a la ciudadanía de cada uno de los países para que conozca y asimile el alcance y consecuencias de las propuestas que se discutan, es vital para fundar la legitimidad de este y cualquier proceso de esta naturaleza.
Hasta ahora, el proceso se ha caracterizado por la ausencia o la participación muy limitada de la sociedad civil y otros usuarios del Sistema. Muchas de las propuestas acogidas por los Estados en el documento de diciembre de 2011 fueron incluidas a última hora y nunca fueron sometidas a debate. A su turno, la Resolución se aprobó a puerta cerrada, en reuniones privadas de cancilleres, cuya entrada fue restringida a los miembros de la sociedad civil sin tener en cuenta que allí se estaban decidiendo el futuro de las garantías regionales más importantes de protección de los derechos fundamentales de los habitantes del hemisferio.
Asimismo, al Consejo Permanente se han presentado propuestas que buscan limitar la participación en el proceso. Por ejemplo, durante algunas reuniones informales, que por su naturaleza no son publicadas e incluidas en el calendario del CP, se han hecho propuestas para que se excluya a la sociedad civil como “parte involucrada”, y se limite su participación a momentos muy puntuales del proceso. Participación que, en todo caso, estaría reservada únicamente a las organizaciones que cuentan con estatuto consultivo ante la OEA excluyendo a aquellas organizaciones que han sido vetadas por los gobiernos de sus respectivos Estados.
El Estado colombiano debe defender la publicidad de todas las sesiones y la ampliación de la metodología para una inclusión más permanente y vigorosa de todos los actores y para que estos insumos puedan servir a la CIDH para adoptar las decisiones que correspondan.
ORGANIZACIONES FIRMANTES
DEJUSTICIA, FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA- FLIP, MISIÓN DE OBSERVACION ELECTORAL -MOE, COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS -CCJ, ANDIARIOS, PROYECTO ANTONIO NARIÑO, FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS-FECOLPER, INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD IPYS , VIVA LA CIUDADANÍA, TRANSPARENCIA POR COLOMBIA, CORPORACION NUEVO ARCOIRIS, CORPORACIÓN OCASA.
Mayor información
Camilo Sánchez
Centro de Estudios, Justicia y Sociedad DeJusticia
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Andrés Morales
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