Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Miércoles, 14 September 2016 17:17

Comunidad de Puerto Cachicamo, Guaviare, restringe la libertad de prensa

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – rechaza la retención y la obstrucción al trabajo periodístico que afectó al equipo de Los Informantes del Canal Caracol por parte de la comunidad de Puerto Cachicamo, Guaviare. Estos hechos constituyen una grave violación a la libertad de prensa y marca serias preocupaciones sobre el libre cubrimiento periodístico en zonas de conflicto. La FLIP quiere alertar sobre el riesgo que implica que en regiones históricamente afectadas por el conflicto sean los propios ciudadanos, y no los actores armados,  los que emprendan acciones de censura.

El pasado 16 de agosto el equipo periodístico Los Informantes viajó al departamento de Guaviare para hacer un especial sobre la Carretera marginal de la selva. Al llegar al corregimiento de Puerto Cachicamo, tres hombres que se presentaron como miembros de la Junta de Acción comunal les impidieron continuar con la grabación en un espacio público. Las tres personas exigían a los reporteros un permiso por parte de la comunidad para hacer su trabajo.

Al lugar llegaron más personas exigiendo a los periodistas entregar los registros de video en un tono intimidante. Ante esta situación, el equipo de Los Informantes tomó la decisión de abandonar el lugar. Sin embargo, los habitantes de Puerto Cachicamo obstruyeron la salida del vehículo y pusieron como condición la entrega del material periodístico para permitir el paso. Los reporteros no accedieron y la retención se prolongó por cinco horas. Todo terminó con la firma bajo presión a los periodistas de un documento en el que se indicaba que no estuvieron retenidos y que entraron al corregimiento sin el permiso de la comunidad.

La FLIP recuerda que retener periodistas, y decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier tipo de información, es una forma de censura previa prohibida por el artículo 20 la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo a los estándares de libertad de expresión en Colombia, el registro audiovisual y, en general, el desempeño de la labor periodística en el espacio público no requiere autorización. De igual forma, no hay entidad pública o privada que esté legitimada para aprobar o negar que un reportero haga su trabajo en espacios públicos. La Corte Constitucional ha sido enfática en calificar este tipo de exigencias como actos de censura previa.

Las violaciones a la libertad de prensa interfieren con el derecho de toda persona a investigar, impide que se lleve a cabo la libre circulación de información y afecta el derecho a una sociedad informada. Estos daños a la democracia se acentúan en regiones como el departamento del Guaviare, aislados informativamente a causa del conflicto y cuyas problemáticas han sido históricamente marginadas del debate público nacional.

Es imposible no asociar este hecho con un riesgo de los acuerdos de paz para el libre cubrimiento periodístico. La FLIP es consciente de las prevenciones que pueden existir en las regiones afectadas por el conflicto sobre la presencia de personas ajenas a las comunidades. Sin embargo, esta prevención no faculta a los ciudadanos para ejercer censura sobre medios de comunicación y periodistas.

La FLIP hace un llamado a las comunidades de regiones en conflicto a la apropiación de la libertad de prensa como un derecho que también contribuye al debate público sobre las problemáticas que sufren, y para ello, una democracia necesita de ciudadanos que no restrinjan el libre desarrollo de la actividad periodística.

FLIP invita especialmente a la Junta de Acción Comunal de Puerto Cachicamo, reconociendo su liderazgo local, a que en virtud del artículo 95 de la Constitución sea un garante de la libertad de expresión. Por último, la FLIP exige a las autoridades civiles, ausentes en los hechos registrados, a brindar garantías para el ejercicio periodístico.

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