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Jueves, 03 March 2016 17:01

Informe “Los críticos no son delincuentes”

El Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) publicó el informe “Los críticos no son delincuentes”, un estudio que compara las legislaciones de las américas frente a la penalización de la difamación, lo que en Colombia conocemos como los delitos de injuria y calumnia. El estudio es publicado en un momento oportuno por la situación que vive el periodismo de la región, debido al continuo acoso judicial que deben soportan quienes informan, solo por el hecho de informar.

El estudo permite conocer cómo las diferentes legislaciones de los países de América tratan penalmente las expresiones críticas de los periodistas. En el se puede encontrar que algunos estados son más garantistas con la libertad de informar de los periodistas y evitan usar el derecho penal contra sus expresiones, mientras que otros son más permisivos al momento de adelantar investigaciones penales contra quienes informan y opinan.

Colombia se encuentra entre los países que siguen sin avanzar en esta materia, pues todavía cuenta con delitos de injuria y calumnia muy amplios, sin ninguna reserva, que permiten que los periodistas sean hoy investigados aun cuando sus expresiones respetan la veracidad y la imparcialidad, o aun cuando hacen un uso libre de su derecho a opinar.

Al respecto, la Corte Interamericana ha dicho que “la tipificación amplia de delitos de calumnia e injuria puede resultar contraria al principio de intervención mínima y de última ratio del derecho penal. En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro.” (Caso Kimmel vs. Argentina).

Es importante recordar que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado que las acciones penales no son formas adecuadas para deliberar con la prensa, ni para confrontar versiones con los periodistas. Se tratan de mecanismos excesivos para el derecho a la libertad de expresión y de información, pues terminan por amedrentar la confianza necesaria para ejercer el oficio de informar y opinar.

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