Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Miércoles, 13 August 2014 19:01

Aclaraciones sobre el papel de la FLIP frente a la protección de Luis Carlos Cervantes

En vista de que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha sido mencionada en distintos espacios noticiosos y en aras de la transparencia que promovemos, a continuación compartimos una relación cronológica sobre el caso del periodista Luis Carlos Cervantes y las actuaciones de la FLIP.

Entre 2010 y 2014 la FLIP conoció denuncias por parte de Luis Carlos Cervantes, documentó cinco que tenían el debido soporte de presentación ante Fiscalía, esto de conformidad con nuestros procedimientos internos. Ante cada uno de estos hechos, la FLIP transmitió las denuncias al Ministerio del Interior, en su momento, y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), y tomó otras acciones como visibilizar la situación del periodista.

Las amenazas que Cervantes denunció entre 2010 y 2013 tenían una relación directa con su oficio, y así se manifestaba en los mensajes que el periodista recibía. Estas amenazas coincidían con que el periodista realizaba distintos reportajes, especialmente sobre corrupción y presencia de grupos armados en la zona. Así lo hizo para Morena F.M. y durante 18 meses para Teleantioquia.  
  En junio de 2012 la Unidad Nacional de Protección, después de la petición de la FLIP y otras organizaciones civiles como Fecolper, le asignó a Cervantes un esquema de protección tipo dos, compuesto por dos hombres de protección y un carro blindado.
  En agosto de 2013 la FLIP realizó una misión al Bajo Cauca que incluyó reuniones con autoridades departamentales y municipales y decenas de periodistas, entre ellos Cervantes. Sobre cómo ejercía el periodismo, Cervantes le aseguró a la FLIP: “En nuestra programación ya no tenemos ningún espacio noticioso, solo trasmitimos música y los servicios sociales que pide la Alcaldía”. La FLIP consciente de que esta decisión estaba relacionada con la grave situación del periodismo en el Bajo Cauca, decide hacer informes de seguimiento, denuncias y visitas al Bajo Cauca antioqueño.
  Desde agosto de 2013 hasta principios de julio de 2014, la FLIP visitó cuatro veces la región del Bajo Cauca y mantuvo dos encuentros con Cervantes. Durante ese intervalo la FLIP, además de las versiones del periodista,  escuchó decenas de testimonios de autoridades administrativas y policiales, periodistas y defensores de Derechos Humanos que aseguraban que si había un riesgo no parecía estar relacionado con la actividad periodística. La FLIP también conoció de procesos judiciales en su contra por acciones ajenas a su trabajo periodístico y de inconsistencias en la información entregada y continuó insistiéndole a la Fiscalía que investigara los hechos.
  Es importante recordar que el mandato de la FLIP la autoriza solamente a realizar seguimientos y buscar la protección de los periodistas que presenten riesgos relacionados con su oficio, el mismo mandato que tiene la UNP, entidad creada para la protección de poblaciones específicas. Sin embargo, es obligación del Estado proteger a cada uno de los ciudadanos colombianos.  

Sobre el espacio del CERREM

El 5 de junio de 2014 la UNP convocó a la realización del CERREM -Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas- y entre los casos a tratar se encontraba el de Cervantes. Se trataba de una reevaluación de su nivel de riesgo como está establecido en la ley y que debe realizarse cada año para personas que son beneficiarias de esquemas de protección. La UNP presentó el caso y mostró que el estudio arrojaba un riesgo ordinario. Para casos en los que el estudio de riesgo es ordinario, pero se cuenta con medidas de protección, el CERREM ha determinado la necesidad de presentar hechos nuevos de riesgo. En el caso concreto de Cervantes, a pesar de los antecedentes, no se registraban hechos nuevos que tuvieran relación con el trabajo periodístico. Finalmente, las autoridades con voto en el CERREM deciden retirar el esquema y, debido que la FLIP no contaba con elementos de juicio para objetar esa decisión, se mantuvo al margen.
  Al CERREM asisten como invitados permanentes, La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Ni la FLIP ni las otras organizaciones de la sociedad civil tienen voto, solamente son consultadas para agregar información o para manifestar objeciones. Si bien la UNP no tiene voto en el CERREM su voz es la más importante en el estudio de los casos. A su cargo está el análisis y la ponderación del riesgo que son tenidas en cuenta por el resto de entidades como criterio orientativo de sus decisiones.
  La FLIP rechaza que las autoridades de protección planteen que el desmonte del esquema de Cervantes se haya basado en la no objeción o por concepto de la FLIP, porque son las entidades del Estado quienes toman las decisiones. Al interior del CERREM donde se estudió el caso Cervantes se valoró más información y, principalmente, la ponderación del riesgo ordinario. El esquema se retira por una matriz de 46.11 sobre 100 calificada normativamente como riesgo ordinario  sin hechos nuevos de amenaza por el oficio.
  La FLIP acompañó el caso y lo documentó conforme a la objetividad en el análisis de la información recaudada. Los conceptos de la FLIP siempre deben ser asumidos como un criterio auxiliar para los integrantes del CERREM, entidades del Estado que cuentan con las herramientas y la competencia para determinar acciones que mitiguen el riesgo. Variar esta interpretación es asimilable a evadir el deber de garante del Estado en su obligación de protección y tachar la labor que durante más de 18 años ha adelantado la FLIP para la protección de periodistas en riesgo.
  Con posterioridad a ésta decisión del CERREM, Cervantes denunció nuevos hechos de amenaza en su contra, que fueron tramitados por la FLIP ante las autoridades. Hasta donde conoce la FLIP se activó la ruta de protección que incluyó la visita de un analista el 5 de agosto.

Este es un precedente de suma gravedad a partir del cual la Fiscalía está llamada a tomar las medidas correspondientes para que su participación en los espacios de valoración y decisión sobre el riesgo de periodistas sea activa y coherente con las investigaciones que de manera prioritaria deben adelantarse. La provisión de medidas de protección temporales y reevaluables cada año, sin que de manera simultánea avancen las investigaciones sobre el origen del riesgo, generarán siempre carencia de información para refrendar medidas de protección, esta situación es un problema de fondo denunciado hace años por la FLIP.

La Fundación para la Libertad de Prensa reitera su rechazo por el asesinato de Luis Carlos Cervantes y solicita que se adelanten todas las acciones necesarias para aclarar los móviles del crimen.

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