En la edición de 27 de noviembre de 2008, la revista ‘Cambio’ publicó un artículo sobre el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo, y su supuesta relación con Giorgo Sale, acusado de narcotráfico. Por esta razón, Escobar Araújo interpuso una acción de tutela contra Rodrigo Pardo, director de ese medio de comunicación. Siguiendo la decisión del juez, el pasado 25 de febrero la revista rectificó algunas de las afirmaciones hechas en el artículo. No obstante, el afectado inició un incidente de desacato por considerar que ‘Cambio’ no había rectificado de manera satisfactoria. El juez penal 53 del circuito de Bogotá notificó orden de arresto por incumplir la decisión.
Antecedentes
El magistrado José Alfredo Escobar Araújo ha adelantado diversas acciones legales contra medios de comunicación, periodistas y columnistas por cuenta de las denuncias periodísticas sobre sus supuestos vínculos con el ciudadano italiano Giorgo Sale, acusado de narcotráfico. Entre estos están la revista ‘Semana’ y su director, Alejandro Santos; los columnistas de ese medio Daniel Coronell y María Jimena Duzán, y el columnista de ‘El Tiempo’ Mauricio Vargas.
Varias de estas acciones han resultado favorables a los medios de comunicación. La más reciente de estas fue la decisión de la Corte Constitucional que dejó sin efecto el incidente de desacato contra Alejandro Santos que, al igual que en el caso de Rodrigo Pardo, iba a desembocar con un arresto a pesar de que ya se había producido una rectificación.
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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifiesta su preocupación por el incidente de desacato contra Rodrigo Pardo y la revista ‘Cambio’. Si bien la FLIP es respetuosa de las decisiones y los procesos judiciales, sorprende que después de una rectificación continúe la acción contra este medio de comunicación, y que se aplique una sanción desproporcionada para este caso, como es el desacato.
El juez competente – de ambas instancias – está desconociendo abiertamente el precedente constitucional, reiterado recientemente por la Corte Constitucional en la sentencia del caso de la revista ‘Semana’ y su director, Alejandro Santos. La Corte Constitucional ha dicho de manera reiterada que la rectificación en condiciones de equidad “no supone una correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y su aclaración o rectificación”. Resulta también lamentable que un funcionario público recurra de manera sistemática a las acciones legales para controvertir informaciones periodísticas y, sobre todo, opiniones.
