1. Interceptar de manera ilegal las comunicaciones de periodistas y miembros de la oposición no sólo es un delito, sino que adicionalmente inhibe la investigación periodística y constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión.
2. Debe haber claridad sobre cuáles personas están siendo objeto de estas interceptaciones y por qué razones. Resultaría preocupante que estas acciones respondieran a una estigmatización de periodistas, columnistas o miembros de la oposición como simpatizantes de grupos armados ilegales.
3. Las investigaciones judiciales sobre las interceptaciones oficiales ilegales de comunicaciones deben arrojar resultados concretos, donde además se subraye la incompatibilidad de estas acciones con la Constitución Política de Colombia. El derecho a disentir y opinar es piedra angular de la libertad de expresión y ésta, a su vez, es la base de la democracia.
