De estos últimos, cuatro periodistas fueron asesinados claramente por su oficio. Tres en el último mes: José Emeterio Rivas en Barrancabermeja, Guillermo Bravo en Neiva y Jaime Rengifo en Maicao. El otro crimen, el de Luis Eduardo Alfonso, fue el 18 de marzo en Arauca.
A esto se suma: cuatro secuestros que involucraron a 10 periodistas. 24 amenazas, por las que cuatro periodistas tuvieron que salir del país. Y siete reporteros más víctimas de agresiones y obstrucciones en su trabajo.
Estas cifras no incluyen el asesinato de otros dos comunicadores sobre los que no hay claridad en los móviles del crimen, las amenazas, agresiones y obstrucciones que por temor no han sido reportadas, ni las regiones de las que el país ya se acostumbró a no saber nada.
Todo esto en manos de una justicia que aún no arroja resultados en la identificación y sanción de sus responsables.
Por eso, con ocasión de esta fecha, la Fundación para la Libertad de Prensa, el Proyecto Antonio Nariño y el Instituto Prensa y Sociedad, invitan a la sociedad y al gobierno colombiano a reflexionar y actuar sobre la difícil situación que está viviendo Colombia en materia de libertad de prensa, expresión y opinión.
Porque más allá de las graves circunstancias que afrontan los periodistas para ejercer su labor, la gran perjudicada con esto es la democracia colombiana. Pues una sociedad que no cuenta con información ni tiene oportunidad de expresión no goza de garantías para participar ni decidir en los asuntos de interés público.
