El proceso penal se inició por la denuncia que Pedro Juan Moreno impuso contra el periodista Roberto Posada por las columnas del 3 y 7 de marzo de 2002. En la primera el periodista afirmó que no le gustaba que Pedro Juan Moreno sonara como fórmula vicepresidencial porque era una persona reconocida por sus nexos con los paramilitares. En la segunda publicó una carta que le envió Pedro Juan Moreno y replicó a la misma manifestando que Moreno era "peligroso" y "amedrentador". Por esas afirmaciones D'artagnan fue acusado por injuria y calumnia. Se le acusa de calumnia por decir que Pedro Juan Moreno ha incurrido en el delito de paramilitarismo y de injuria por atribuirle hechos deshonrosos, en este caso, los calificativos usados para describir la actitud del industrial.
El 22 de junio D'artagnan rectificó la información relacionada con el paramilitarismo. Eso debió ser razón suficiente para que la Fiscal 58 cerrara el caso porque la rectificación busca corregir errores de información y restablecer la honra del afectado. El periodista, aunque no era su obligación hacerlo, también se disculpó por "cualquier otro tipo de opiniones, comentarios o afirmaciones que yo haya expresado y que hubieran sido interpretadas como lesivas de la honra del señor Moreno Villa". La Fiscalía desestimó la rectificación de Posada y acusó al periodista por injuria y calumnia.
Hay una diferencia clara entre hecho y opinión. Presenta una grave vulneración para la libertad de expresión que se acuse a un periodista por sus pensamientos. D'artagnan expresó su opinión sobre el carácter de Pedro Juan Moreno en una columna de opinión, dentro de una página de editoriales (la aglomeración de muchas opiniones) y dejando en claro que no estaba informando al público sobre un hecho sino expresando libremente sus ideas. Las opiniones puras no son injuriosas y no son delito, no sólo porque así lo dice la ley sino porque en una sociedad democrática no se puede definir como delito una concepción personal, por más de que ésta toque la sensibilidad de alguien.
Las acusaciones constantes y reiteradas que buscan acallar las voces de los periodistas que expresan sus libres opiniones resultan nocivas para la libertad de expresión y de prensa y deben considerarse tan perjudiciales como las agresiones físicas que sufren los reporteros colombianos en ejercicio de su labor.
