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Informe anual 2019

Recortes y despidos masivos

Una amenaza para la libertad de expresión.

“Me cansé”; “estuve seis meses como freelance, pero tenía que conseguir algo estable”; “le toca a uno buscar otras opciones”; “digamos que tengo una tusa con el periodismo y estoy en el duelo”. Con estas frases, algunos periodistas despedidos de diferentes medios de comunicación justifican su decisión de mudarse a otros sectores. Durante el 2019 en Colombia se cerraron aproximadamente 400 puestos de trabajo en la industria de las noticias, cifra muy parecida a la del 2018, y que marca el cierre de una década con un golpe brutal al periodismo y la pluralidad de la información.

La incertidumbre y el temor a caer en alguna de las jornadas de recorte de personal se extendieron entre los periodistas, fotógrafos, camarógrafos, diseñadores y hasta miembros del personal administrativo de empresas mediáticas. Los escritorios desocupados, los computadores sin uso y las oficinas vacías son un recordatorio simbólico de la amenaza que se oculta dentro de los propios medios.

En los últimos años, el tamaño del personal que hace posible el funcionamiento de los medios en Colombia se ha reducido significativamente. Sin duda, es una situación preocupante para el gremio y los estudiantes de periodismo, pero sobretodo, para la ciudadanía. Este debilitamiento representa un retroceso para la libertad de expresión y de prensa en el país. La diversidad de medios y la pluralidad de voces son requisitos indispensables para sostener una sociedad bien informada. “Cuando se debilitan unidades de investigación y cuando tenemos menos trabajadores calificados, hay un impacto en la libertad de expresión y, en general, para la idea misma de democracia”, sostiene Guilherme Canela, consejero de comunicación e información de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de la Unesco.

Aunque el abanico de justificaciones que sirven para explicar este fenómeno es amplio, en términos generales, detrás de los recortes está el afán por reducir costos de operación en medio de una crisis motivada, principalmente, por la reducción de los ingresos por venta de publicidad. Frente a los balances en rojo, las directrices en los medios suelen ser las mismas: reducir equipos de trabajo, no reemplazar a periodistas que renuncian, fusionar cargos, reclutar cada vez más practicantes y, en ocasiones, eliminar secciones o productos enteros.

Paradójicamente, la historia de estas grietas que se abren en las empresas periodísticas no ocupa las principales agendas de los medios, este relato ocurre en silencio. No existe información disponible, clara y detallada. Tampoco sobre las nuevas estructuras de las organizaciones periodísticas. Por eso es difícil precisar la magnitud del impacto en el ecosistema de medios.

En los últimos años, el tamaño del personal que hace posible el funcionamiento de los medios en Colombia se ha reducido significativamente.

La opacidad con la que se han manejado los despidos por parte de directores y gerentes a la hora de salvaguardar el negocio o redireccionar su rumbo van en contravía de la transparencia y la rendición de cuentas, elementos fundamentales para garantizar la libertad de prensa.

La FLIP contactó a más de 40 periodistas, editores, diseñadores, camarógrafos y exdirectores de medios que perdieron sus puestos en los últimos años. Los trabajadores dieron cuenta del número estimado de personas desvinculadas y relataron el contexto de los despidos. De acuerdo con sus testimonio, en los últimos cuatro años al menos 1.100 personas fueron despedidas de medios de comunicación en Colombia.

Algunos periodistas afirman que las primeras señales de alerta se dieron en las regiones, cuando varios medios nacionales cerraron sus oficinas o redujeron drásticamente el número de corresponsales. Este último fue el caso de Noticias RCN, que pasó detener 125 corresponsales a inicios de 2016 a tan sólo 25 en el 2019. Hoy, son pocos los corresponsales que están vinculados formalmente a la empresa y, en la mayoría de los casos, sólo se les paga por nota publicada. 

La falta de corresponsales fijos y el recorte en los presupuestos para colaboradores trae como consecuencia una agenda informativa nacional con menos protagonismo de la actualidad regional y local. Al mismo tiempo, la reducción de la ya escasa oferta de empleo formal en las regiones le impone mayores desafíos a la independencia periodística. “Como no hay una estabilidad laboral, muchos de los periodistas recurren a pagar espacios (en emisoras comunitarias) y a la pauta publicitaria. Si estabas asalariado no ibas a tener esa necesidad”, afirmó una periodista del Cauca.

A nivel local, los despidos masivos también han sido producto del cierre de empresas de comunicación tradicionales. En 2016, el grupo R.R Editores Ramírez y Ramírez Limitada, dueños de El Diario del Otún, compró y posteriormente cerró el periódico La Tarde, su competencia directa en Pereira. Al menos 120 personas perdieron su trabajo. A pesar de que han surgido algunas plataformas digitales, el monopolio continúa en manos de los hermanos Ramírez, propietarios de los dos principales impresos que circulan en la capital de Risaralda: El Diario del Otún y Q’hubo. Un periodista ilustró con un ejemplo lo que esto implica para la pluralidad de voces y miradas: “en la pasada campaña, por ejemplo, un candidato salió y dijo que era quien había logrado la recuperación del hospital de la ciudad y lo repitió toda la campaña. Nadie fue capaz de contradecirlo”.

En muchos casos, el cierre de secciones y publicaciones enteras ha dejado evidentes vacíos de información. En abril de 2019 se retiró del país la editorial Televisa que publicaba varias revistas como Esquire y Tú. Ese mismo año, la revista Vice en Español pasó de centrarse en temas para jóvenes colombianos, muchas veces relacionados con la coyuntura, a hablarle a una audiencia más latinoamericana luego de un cambio en su estructura empresarial.

Por otro lado, la disminución de personal en los medios va en detrimento de las condiciones laborales necesarias para garantizar la producción y circulación de información de calidad: “nosotros comenzamos el año siendo dos periodistas judiciales, uno de deportes, uno de tendencias. O sea uno de los periódicos populares más leídos del país se hacía con cuatro periodistas (...) Cuadrar los descansos era un problema para nosotros, porque solo éramos cuatro periodistas para un periódico que todos los domingos tenía una edición especial de 32 páginas”.

Varios periodistas coincidieron en que la norma general es no realizar nuevas contrataciones. En caso de hacerlo, se buscan periodistas con poca experiencia o practicantes que requieren el acompañamiento de periodistas o editores más experimentados, quienes también han salido en los recortes. “Llega un momento en que la sobrecarga laboral hace mella en nuestro organismo. No somos máquinas. Tenemos familias, necesidades, compromisos. De manera que, lógico, a veces han salido fallas y errores”, afirmó un editor que continúa trabajando en un medio.

 

En los últimos cuatro años al menos 1.100 personas fueron despedidas de medios de comunicación en Colombia.

CIUDADANÍA Y ESTADO: POSIBLES SOLUCIONES

En mayo de 2018, los relatores para la libertad de expresión de distintos organismos internacionales, entre ellos la OEA y Naciones Unidas, emitieron una declaración conjunta sobre la situación de los medios en la era digital, en la que reconocen las presiones económicas generadas por la pérdida de audiencia, la reducción de los ingresos derivados de la publicidad, y la necesidad de encontrar formas innovadoras para contrarrestarlas. Los relatores exhortan a los Estados a “tomar medidas apropiadas para crear un entorno económico que apoye un paisaje diverso de los medios de comunicación, que abarque medios tradicionales y medios que sirvan a comunidades locales o rurales, sin socavar su independencia, con sistemas de subsidios independientes o uniformes y exoneraciones fiscales”.

Existen ejemplos como el de Sudáfrica, donde el Estado y los principales medios de comunicación se aliaron en la creación de la Agencia para el Desarrollo y la Diversidad de los Medios (MDDA por sus siglas en inglés), un organismo independiente que funciona con recursos públicos y apoya principalmente a proyectos comunitarios y de pequeños medios comerciales.

Sin embargo, encontrar alternativas para la sostenibilidad de los medios pasa por el principio de que los recursos tengan un carácter independiente frente al Ejecutivo y a cualquier entidad estatal. Por el momento, el gobierno del presidente Duque no ha dado ninguna señal de que este sea un tema prioritario. Sintomático es el silencio que ha guardado el Ministerio de Trabajo ante las denuncias de presiones e irregularidades que han realizado algunos trabajadores desvinculados de los medios. Hasta la publicación de este informe el Ministerio no había dado respuesta, dentro de los tiempos establecidos por ley, a un derecho de petición presentado por la FLIP.

Los cierres, las reducciones, la informalidad y la necesaria reinvención del modelo de negocios también ha dado paso a un escenario que puede resultar alentador: la creación de nuevos medios, la mayoría, plataformas digitales. En este sentido, internet y las redes sociales también han facilitado el acceso al mercado. Pero estos nuevos portales también se enfrentan al desafío de encontrar estrategias que aseguren su sostenibilidad al tiempo que se acercan a su audiencia y construyen su credibilidad.

Los medios de comunicación materializan el derecho a la libertad de expresión y de prensa. La diversidad de medios independientes resulta fundamental para la construcción de una ciudadanía bien informada que participe activamente en asuntos de interés público. Los Estados y los ciudadanos deben reconocer lo que significa el periodismo y los medios de comunicación para el sostenimiento de la democracia.

En palabras de Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “en el fondo, no es únicamente un tema de negocios sino de derechos humanos y democracia. La libertad de expresión, además de ser un derecho individual, es un requisito para la existencia misma de las sociedades democráticas”.