Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Cada vez son más los periodistas que ejercen un liderazgo social en sus comunidades y se enfrentan a múltiples violencias: actores armados, desprecio de la política local e intereses económicos. Este periodismo de urgencia es uno de los cambios más relevantes del ecosistema mediático y su protección uno de los desafíos más urgentes del Estado. ¿Quiénes encarnan esas voces y por qué es tan importante su papel?

Por: César Paredes

No tienen una sala de redacción ni grandes equipos de producción. Combinan fórmulas del periodismo tradicional con nuevas maneras de contar lo que pasa en su localidad. No tienen un guion, pues con el tiempo han aprendido empíricamente qué es lo que funciona para que la comunicación sea efectiva. En la calle son conocidos por sus vecinos y seguidores. Su punto de vista es del testigo directo de los acontecimientos. Aunque algunos han recibido formación académica o técnica, en la práctica cuestionan la dogmática de la objetividad en el oficio. Hay quienes consideran su trabajo un servicio social, otros, un activismo o, incluso, una militancia. Su ventaja es la proximidad a la noticia. Su audacia, emprender un proyecto, la mayor de las veces unipersonal, para suplir la falta de información en un país en el que la tercera parte de los municipios no cuentan con medios locales. Su desventaja es el fruto de esa condición, ya que la misma notoriedad que los lleva a convertirse en las únicas voces que vigilan y controvierten al poder local, los puede poner en riesgo, sobre todo en las zonas más conflictivas del país. Se trata de un nuevo tipo de periodista que, al alero de la transformación de la industria del periodismo, ejerce el liderazgo social en su territorio.

En los últimos tres años en Colombia han sido asesinados, en razón de su oficio, cinco periodistas, de los cuales cuatro eran independientes y cumplían con este perfil: Abelardo Liz, en Corinto, Cauca; Efraín Montalvo, en Tuluá, Valle del Cauca; Rafael Emiro Moreno, en Montelíbano, Córdoba; y Wilder Alfredo Córdoba, en La Unión, Nariño. 

Su desaparición ha supuesto una herida para las comunidades que admiraban su valentía al denunciar la corrupción o al visibilizar el trabajo comunitario; su silenciamiento, un golpe brutal al maltrecho ecosistema mediático de las regiones en donde a veces ni siquiera hay medios de comunicación local. Estas muertes coincidieron con la oleada de asesinatos de líderes sociales que, según Indepaz, entre 2020 y 2022 ascendieron a 670 a lo largo y ancho del país, así como con el aumento sostenido de las amenazas contra las y los periodistas que pasó de 152 en 2020 a 218 en el último año; la cifra más alta que la FLIP haya registrado.

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Las muertes de estos periodistas regionales son el cierre de una espiral del riesgo que enfrentan cuando ejercen el liderazgo social y que empieza con la estigmatización en las redes sociales con expresiones como“no sea sapo” o comentarios que buscan deslegitimar su trabajo como “sicario de micrófono” o “chismoso”; solicitudes anónimas de no meterse con los políticos locales y no informar sobre algún tema. El riesgo se escala con el desprecio público de funcionarios que se atreven a cuestionar su trabajo periodístico, con la intimidación de desconocidos contra su familia a través de redes sociales o, incluso, con mensajes de texto directos en sus comunicaciones. Esta espiral puede llegar a la amenaza con panfletos o sicarios que transmiten el mensaje de la muerte. El asesinato de un periodista en estas comunidades profundiza la violencia contra la ciudadanía vulnerable, representada en un ciudadano de a pie que solo cuenta con su voz y una audiencia que ha quedado sola. 

Vale preguntarse ¿por qué estos periodistas que tienen liderazgos sociales están tan expuestos? ¿Cuál es el papel que cumplen en una democracia? ¿Por qué su desaparición compromete a toda la sociedad?

“Los periodistas que ejercemos un liderazgo social hemos sido el resultado de una necesidad”, anota Diana Jembuel, periodista de la emisora Namui Wam, (“Nuestra Palabra” en español), y quien pertenece al pueblo misak, ubicado en el suroriente del departamento del Cauca. Para ella, la información que provenía de los medios de comunicación ajenos a su territorio no era precisa ni suficiente, lo que la motivó a estudiar comunicaciones y a dedicarse a la transmisión de contenidos en su propia lengua. “Yo creo que dentro de los territorios tiene que haber alguien que conozca la historia, conozca el espacio y además interactúe con el resto de la comunidad, para que resalte la realidad de lo que pasa”, agrega. Su trabajo periodístico, además de conectar interculturalmente a su comunidad, ha sido destacado por dar a conocer el papel de la mujer en el pueblo misak. 

Laura Giraldo, una socióloga de la Universidad de Antioquia que aprendió el oficio en los talleres del proyecto Consonante de la FLIP, secunda esta opinión: “aquí en El Carmen de Atrato [en Chocó] no llegan los medios grandes. Para poner un ejemplo: hay una sola corresponsal de Caracol para todo el departamento y pues no puede darle una mayor visibilidad a las historias del municipio”. Para ella, la combinación de periodismo y liderazgo social es fundamental para poner el foco en los temas ambientales de su municipio.

Como ellas, otros periodistas han encontrado en sus localidades un acervo de historias que han potenciado su capacidad de influencia. Ese es el caso de Éder Narváez en Caucasia, Antioquia, director del portal NP Noticias Online y corresponsal de Teleantioquia. En diciembre del 2021, cuando se preparaban las corralejas de su municipio, Narváez comenzó a publicar noticias sobre el maltrato animal con un seguimiento detallado de los caballos heridos, los toros asesinados y las personas afectadas. Pero no solo eso, con documentación en mano se fue a visitar a las autoridades del departamento. “Teniendo en cuenta mi capacidad de buscar información, de buscar datos, de contrarrestar, me di a la tarea de visibilizar ese problema. Yo dije: a los defensores de derechos animales los intimidan, pero si lo hago yo puedo generar reflexión y hacer cuestionamientos con argumentos, a mí posiblemente me van a escuchar más”, dice. 

Así fue. Narváez se convirtió en un defensor de los animales. El eco de sus denuncias obligó a las autoridades a crear protocolos para la celebración de las fiestas. Pero también vinieron las amenazas. Hoy Narváez tiene un esquema de seguridad con dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y está a la espera de más protección, pues los peligros no han parado en una región en la que el liderazgo social incrementa los riesgos en la seguridad. 

Para Germán Rey, profesor e investigador de comunicación de la Universidad Javeriana, la emergencia de este tipo de periodistas tiene que ver con los cambios en la forma de percibir el valor social, la elaboración y circulación de la información. Con los cambios tecnológicos y sociales se ha incrementado un periodismo que desafía la frontera del oficio con el activismo. “Este incremento tiene aspectos favorables, pero también riesgos y problemas”, dice. En su trabajo de investigación ha podido constatar que entre las ventajas de este periodismo están “una mayor visibilidad de sus propósitos, un diálogo con otros campos de movilización social y una agenda de temas concretos que interesan a la comunidad”. 

En efecto, en los medios alternativos y redes sociales no solo han fortalecido la agenda comunitaria de las mujeres y de los pueblos indígenas contada en su propia lengua, como en el caso de Jembuel o las demandas ambientalistas específicas de una comunidad como en el caso de Giraldo o el llamado animalista que hace Narváez en una región con una cultura ganadera. El trabajo periodístico local también ha impulsado liderazgos campesinos, de la población LGTBI, o de quienes reclaman mejores servicios públicos o sanitarios, entre muchas posibilidades. 

Según Rey, quien fue relator del Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la violencia contra periodistas (2015) y coordinó una investigación sobre medios nativos digitales en América Latina (2022), una persona con la misión de informar sobre algún aspecto de la comunidad casi de inmediato se convierte en líder. Sin embargo, este periodismo enfrenta problemas como: “una adscripción militante que puede disminuir su capacidad crítica, unos compromisos que confunden su sentido y papel en la sociedad, y un énfasis político que desvanece la libertad del periodismo”.

Desde otra orilla, hay quienes consideran que su papel en el periodismo contrarresta narrativas dominantes que han contribuido a la estigmatización de sectores vulnerados. Para Mauricio Reyes, periodista de Trochando sin fronteras, un proyecto de comunicación transmedia que cubre las demandas de organizaciones sociales campesinas de Arauca, el periodismo de su medio es militante y no puede adscribirse a la objetividad pregonada por las escuelas de periodismo. “Es militante en el entendido de que las organizaciones de las que hacemos parte tenemos un concepto de mundo y un plan de vida”, afirma. 

Reyes, quien es ingeniero de sistemas e hizo una maestría en periodismo de datos, lo ilustra con un ejemplo: “durante varios años la matriz mediática impulsada por el Estado era que Arauca estaba lleno de coca y traficaba hacia Venezuela. Pero nosotros hicimos una investigación con datos sobre la erradicación, las incautaciones, destrucción de laboratorios y la lucha de la gente por cambiar los cultivos sin la ayuda del Estado, demostramos que no era cierto y contrastamos esa estigmatización”. 

Otra de las razones clave para entender la emergencia de este tipo de periodismo y liderazgos es la financiación. Según los periodistas consultados para esta revista, quienes pertenecen a colectivos, se sostienen gracias a la gestión de sus líderes que buscan recursos con la cooperación de ONG o en concursos del Estado. En cambio, para las y los periodistas que tienen su propio medio la tarea es más difícil. Ellas y ellos refieren que la actividad informativa no puede sostenerse sin la ayuda de la pauta de emprendedores, la política local o el apoyo en otras actividades económicas. “Yo me he dedicado a hacer notas sobre la entrega de regalos, a hacer cubrimientos con fotografías sobre algunos temas por los que pagan, si no, no llego a fin de mes”, dice Yamir Jhan Pico, director del portal Caribe Noticias 24/7 del sur de Córdoba. 

De ahí que el liderazgo sea una llave que abre puertas en el mundo de la representación social y que da otras ventajas, ya sea para emprender nuevos proyectos o para participar en política. Sin embargo, con esa visibilidad también aumentan los riesgos. Los dos periodistas asesinados el año pasado Rafael Moreno (37 años, Montelíbano), fundador de Voces de Córdoba, y Wilder Alfredo Córdoba (44 años, La Unión) no se limitaban a comunicar. El primero aspiró a una de las curules especiales de la circunscripción por la paz; el segundo, además de denunciar la corrupción y la falta de atención de las autoridades locales a los problemas de su comunidad, también convocaba jornadas para tapar huecos de las calles de su municipio. “Los riesgos se aumentan —advierte Reyes— cuando a la función periodística se suman los liderazgos sociales y políticos, entre otros motivos porque se agregan otros conflictos, otros intereses y actores, que en algunos contextos se tornan muy peligrosos y difíciles de manejar”.

La manera de enfrentar los riesgos también cambia de acuerdo a los contextos y el apoyo que estos periodistas líderes puedan tener. Jembuel, por ejemplo, se siente rodeada por una comunidad que valora y demanda su trabajo. “Hasta ahora no he recibido amenazas o presiones, pues estamos en el territorio y tenemos el respaldo de nuestras autoridades”, dice. No obstante, reconoce que hay temas que entrañan un peligro latente y requieren de cuidado para su cubrimiento, por ejemplo, lo que las comunidades indígenas del Cauca llaman la recuperación de tierras mediante la ocupación de predios. 

En otra esquina del país, Giraldo considera que se trata de un dilema: hacer periodismo con mayor protagonismo o mantenerse al margen, a pesar de que muchas de las noticias en El Carmen de Atrato tienen que ver con su activismo. “Si por ejemplo hiciera más opinión, que a mí me gusta, entraríamos en las disputas más de tipo político y eso me pondría en riesgo. A veces pienso ‘eso hay que decirlo’, pero no me atrevo porque este es un municipio en el que hay de todos los actores armados y un tema conflictivo que es la presencia de una multinacional minera”. 

Por su parte, Jhan Pico, en el Sur de Córdoba, quien en el 2018 fue víctima de un atentado en el que sicarios con moto pasaron frente a su casa disparando, siente un miedo constante. Él ha considerado cambiar el enfoque investigativo de su trabajo por uno que le represente menos riesgos en el territorio. No le falta razón, pues Jhan Pico, primo de Rafael Moreno, era uno de los cuatro periodistas de la región que eventualmente se juntaban para hacer investigaciones compartidas. “Yo vivo con terror —dice—, porque la gente que me quiere, ocho de cada diez me saludan, pero también me advierten, ‘¡cuídese!’... Yo no he vuelto a ver una nota de denuncia contra la corrupción, nadie se atreve a publicar sobre los políticos, vivimos censurados. Rafa era valiente, pero también creo que el periodismo de mártires no va”. 

Y es que la pérdida de un periodista que ejerce el liderazgo en el territorio es irreparable. Su desaparición frustra “la posibilidad de compartir información, construir vida pública, hacer seguimiento a problemas que afectan a la comunidad y poner freno a las arbitrariedades —dice Rey—. La violencia contra los periodistas no es solo una violencia individual, sino sobre todo una vulneración muy grave de la vida de una comunidad”. El vacío que dejan resquebraja cualquier asomo de tejido social y en su lugar se afianza el poder de facto de los corruptos y los violentos. 

Los cambios en el panorama mediático demandan una apertura de miras de la sociedad para desestigmatizar este tipo de periodismo. El gobierno actual, en su compromiso con defender la vida e integridad de las y los líderes sociales, tiene el reto de desarrollar una estrategia que proteja a las y los periodistas con este perfil. No solo que brinde garantías para su seguridad —que es lo mínimo—, sino que fortalezca los medios de comunicación nacientes en escenarios que resienten los vacíos de información. Reconocer el trabajo de estos guardianes de sus territorios y valorar el aporte que hacen a una comunidad es un factor clave para el fortalecimiento de las democracias locales, pues estos periodistas regionales en la mayoría de municipios del país suplen las necesidades de información que los grandes medios de comunicación no proporcionan. Su voz no representa una alternativa entre otras, sino que muchas veces es la única vigilante de una comunidad. 

La FLIP rechaza la agresión y las amenazas de las que fue víctima el periodista Carlos Franco, director del medio digital CF News Baranoa Noticias. Estas se dieron luego de que el comunicador publicara una nota sobre una fiesta que violaba la ley seca y la prohibición de la alcaldía de no realizar eventos o reuniones privadas que impliquen aglomeraciones o asistencia de más de ocho personas. Dichas medidas fueron establecidas para prevenir el contagio por covid-19 en el municipio de Baranoa, Atlántico.

La FLIP conoció que el 18 de abril Franco publicó en su medio un video que le fue compartido por varios vecinos sobre la fiesta que se estaba realizando. Luego de la publicación de esta nota periodística, recibió una llamada y varios mensajes de WhatsApp amenazantes, al parecer, por parte de una de las personas que se encontraba en la fiesta y quien le exigía bajar la publicación. Más tarde, hacia las 11:00 pm, un grupo de personas llegó hasta la casa del periodista para atacarla, destruyendo las ventanas y varias de las pertenencias que estaban al interior de la vivienda.  Como consecuencia, el periodista se vio obligado a retirar el video por temor a mayores represalias.  Al día siguiente, el 19 de abril, el periodista le informó a la FLIP que una camioneta desconocida estuvo merodeando y tomando fotos a su casa.

La FLIP conoció que el alcalde de Baranoa, Roberto Celedón, rechazó las agresiones contra el periodista y le solicitó a las autoridades investigar lo sucedido. Entre tanto, la Policía capturó a cinco hombres señalados de haber atacado la vivienda de Franco.

Para la Fundación es especialmente preocupante que ocurran hechos de censura en contra de medios locales, quienes son los encargados de compartir con la ciudadanía información de alto interés. El periodista Franco afirmó que él es el único periodista cubriendo temas relacionados con el covid-19 dentro del municipio. Que se intente silenciar a este medio implica que la ciudadanía va a tener menos oportunidades de acceder a noticias relacionadas con su realidad local. 

Del mismo modo, la FLIP expresa su preocupación por la violencia contra los periodistas que cubren la pandemia. Entre el 2020 y lo corrido del 2021 la fundación ha registrado 61 violaciones a la libertad de prensa relacionadas con el cubrimiento de temas asociados a la pandemia por covid-19. De este total, catorce fueron amenazas, una de las cuales ocurrió en el departamento de Atlántico. 

Los periodistas que cubren temas relacionados a la pandemia juegan un papel muy importante, pues dan información relacionada con la garantía de derechos como la vida, salud e integridad personal. Es por ello que la labor periodística se convierte en una herramienta clave para que todos los ciudadanos puedan estar informados y puedan tomar mejores decisiones. 

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que inicie la evaluación de riesgo por trámite de emergencia para el periodista. Es imperante implementar las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger su vida y su integridad. Así mismo, La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue y sancione a los responsables. También le hacemos un llamado a la policía y a la alcaldía municipal para que respalden la labor de la prensa y lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar el trabajo y la seguridad de los periodistas.

Más de dos años lleva sin resolverse el caso por amenazas de muerte en contra de Daniel Samper Ospina, Matador y María Antonia García de la Torre. Los periodistas fueron amenazados a través de Twitter por Ariel Ortega entre marzo y abril del 2018. Uno de los tuits decía “bobo mal nacido, vive insultando y cuando le dicen la verdad en esa jeta llora como una nena. ¡Qué falta hacen las AUC para callar a este sapo!”.

Rápidamente los hechos se volvieron mediáticos y la misma Fiscalía rechazó las amenazas y aseguró que la investigación sería prioritaria. Así mismo, el ministro de Defensa de la época, Luis Carlos Villegas, ordenó a la Policía Nacional investigar las amenazas a 'Matador'. Villegas indicó que "quienes se esconden en un teléfono o computador para estorbar la libre expresión también deben recibir el peso de la ley”.

A pesar del apoyo inicial de las entidades nacionales, el caso ha avanzado muy poco.

Desde el 4 de febrero de 2019 la Fiscalía acusó a Ortega como presunto autor de las amenazas. La Fiscalía cuenta con las pruebas suficientes para asegurar que Ortega es el autor de las amenazas. De hecho, en 2018 Ortega aceptó que los tuits habían sido suyos y dijo públicamente que estaba arrepentido. 

En junio del mismo año la defensa presentó a la Fiscalía una solicitud de principio de oportunidad. Esto le daría el chance a Ortega de tener una sentencia absolutoria. El trámite duró aproximadamente 6 meses y nunca prosperó. La Fiscalía insistió varias veces a pesar de que las víctimas manifestaron su desacuerdo. Es por ello que la solicitud nunca tuvo posibilidad de prosperar.

Luego de más de un año en el que el caso no avanzó, solo hasta el 4 de noviembre de este año comenzó la audiencia preparatoria. Esta tiene como propósito que se den a conocer todas las pruebas que hay sobre el caso para que se tengan en cuenta en el juicio. Sin embargo, aún falta tiempo para que el momento de la sentencia se dé, pues la audiencia preparatoria ni siquiera ha concluido y se sigue a la espera que el juez la reprograme. 

Entre cada una de las audiencias del proceso ha transcurrido un año. Es difícil comprender cómo un caso que para la Fiscalía era una prioridad, resultó siendo dilatado por la misma entidad. Hay pocas respuestas a por qué el proceso se ha demorado tanto, cuando este era un caso con pruebas y autor identificado desde el inicio. 

“Es imperativo sentar un precedente y que haya un castigo ejemplar para Ariel Ortega pues debe enviarse el mensaje de cero tolerancia frente a las amenazas de muerte por redes sociales contra periodistas”: María Antonia.

Amenazas: un problema mayor en Colombia

La FLIP ha registrado que las amenazas son la principal agresión que sufren los periodistas. Cada año los casos se incrementan, casi hasta duplicarse. En 2016 se presentaron 90 intimidaciones a periodistas; el año siguiente 129; en 2018 fueron 200 casos y en 2019 se presentaron 137 amenazas. En esta misma línea, Reporteros Sin Fronteras ubica a Colombia como el país 130 con la peor calificación para ejercer la libertad de prensa. 

Las amenazas tienen un efecto amedrentador y disuasivo que conlleva al silenciamiento de la prensa. Donde exista miedo, producto de posibles agresiones relacionadas con el trabajo periodístico, se promueve un ambiente de autocontención o autocensura. 

“Amenazar de muerte a un periodista no solo afecta a ese ser humano en particular y a su familia; sino que pone en peligro a la libertad de prensa, fortalece a la censura y dota de poder a esas fuerzas ocultas que usan la violencia como medio de coerción”: María Antonia.

La falta de cumplimiento y celeridad con las investigaciones en los casos de agresiones a la prensa propicia la repetición crónica de la  violencia, pues se puede entender que no habrá sanciones ejemplares. Es necesario que la Fiscalía y los jueces avancen de manera pronta y diligente en estos casos para disuadir las agresiones contra la prensa y combatir un ambiente hostil contra la prensa en línea.

La FLIP rechaza la amenaza de la que fue víctima el periodista Mario Manuel Ubarnes el pasado 27 de octubre. La Fundación le solicita a las autoridades llevar a cabo las acciones necesarias para proteger al reportero.

Urbanes le manifestó a la FLIP que en la puerta de su casa ubicada en el municipio de San Antonio de Palmito, Sucre, desconocidos dejaron una bolsa negra que contenía una corona fúnebre. Además, una lideresa del municipio también recibió el mismo día un ramo similar con un mensaje en el que la amenazan de muerte. 

El periodista dirige un programa radial en la emisora comunitaria Palmitos Estéreo en el que recientemente ha hecho denuncias sobre el robo de ganado en esa región. Además, ha hablado en la emisora sobre irregularidades relacionadas con la contratación en la administración municipal. 

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie la evaluación de riesgo con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del reportero. Así mismo, la Fundación insta a la Fiscalía General de la Nación a que investigue con celeridad estos hechos y tome las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad del periodista.

La debida investigación y sanción de los responsables de la violencia contra la prensa es fundamental para la generación de garantías alrededor del desarrollo de la labor periodística sobre todo en zonas en las que la oferta informativa es escasa. 

• La Fiscalía tiene información detallada acerca de estos hechos.
  
  
• Los periodistas afectados son Gonzalo Guillén, Diana López Zuleta y Amalfi Rosales.

• Los reporteros coinciden en que esta situación es producto de las denuncias periodísticas que han hecho en contra de “Kiko” Gómez.
  
  

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas Gonzalo Guillén, Diana López Zuleta y Amalfi Rosales. La Fiscalía General de la Nación tiene información detallada sobre estos hechos y conoce del riesgo inminente al que están expuestos los periodistas. La FLIP le solicita a la entidad que avance con celeridad en las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia.

El pasado 5 de agosto una fuente que contactó a la periodista Diana la alertó sobre un plan para atentar contra la vida de la reportera. El hombre aseguró que el 23 de agosto se realizaría una reunión en la finca “La Curva”, propiedad de Juan Francisco “Kiko” Gómez y que está ubicada en Fonseca (La Guajira), para planear la actuación criminal..

Días después, el 14 de agosto, una fuente contactó a la periodista para informarle que la organización criminal estaba reuniendo dinero para asesinar a más de 15 personas, entre ellas López y los periodistas Amalfi Rosales y Gonzalo Guillén. Según Rosales, otras fuentes de confianza le informaron sobre las reuniones que han sostenido las organizaciones criminales el 22 y el 23 de agosto en Lla Guajira para organizar el plan criminal, lo cual concuerda con la denuncia de Diana López. 

Los reporteros mencionados coinciden en que la reactivación del plan criminal es producto de las denuncias periodísticas que han hecho en contra de Juan Francisco “Kiko” Gómez y su participación como testigos en el proceso judicial que enfrenta el exmandatario de La Guajira. En el caso particular de Diana López, la reportera teme que su riesgo se haya incrementado luego de la publicación de su libro “Lo que no borró el desierto”, en el que narra la manera en la que fue asesinado su padre, Luis López Peralta, y la responsabilidad de “Kiko” Gómez en este y otros homicidios ocurridos en La Guajira. 

Según información aportada a la FLIP por uno de los periodistas, la Fiscalía General de la Nación no habría adelantado acciones efectivas para impedir dicha reunión, a pesar de que tenía conocimiento preciso de cómo, cuándo y dónde se llevaría a cabo. La FLIP expresa su preocupación por la falta de diligencia en las investigaciones y le recuerda a la Fiscalía General de la Nación la importancia de actuar oportunamente para prevenir situaciones de violencia contra la prensa y sancionar a los responsables. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tenga en cuenta estos nuevos hechos en el estudio de riesgo de los reporteros y tome las medidas necesarias para reforzar cuanto antes sus esquemas de protección con el fin de salvaguardar su vida y su integridad. 

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las nuevas amenazas en contra de Katherine Leal y Juan Pablo Latorre, periodistas de RCN Radio.

El pasado sábado 28 de julio la periodista Leal recibió varias llamadas en las que un hombre que se identificó como alias “el aguapanelero” la amenazó de muerte. El hombre, quien se identificó como un paramilitar recluido en la cárcel La Picota, le dijo que acababa de ser declarada “objetivo militar”.

El desconocido le dio información detallada a Leal acerca de su lugar de residencia y de su trabajo. Además, le ordenó renunciar al aire en un plazo máximo de 72 horas. El hombre sentenció: “Por hablar de falsos positivos te va a ir mal. No debiste abrir la boquita para hablar de falsos positivos”. La periodista afirma que en la emisora no ha tratado el tema de ejecuciones extrajudiciales.

Durante la llamada a Leal, el desconocido también mencionó al también periodista Juan Pablo Latorre. Las amenazas en contra de los reporteros de RCN Radio han sido reiterativas en las últimas semanas. El 19 de julio Luis Carlos Vélez, director de La Fm, reportó una amenaza en su contra a travé de redes sociales. Tres días antes, el 16 de julio, Latorre, Jorge Espinosa y Yolanda Ruíz habían recibido otras amenazas a través de una llamada telefónica. En junio, los periodistas de RCN Radio en Bucaramanga también recibieron llamadas amenazantes.

La FLIP reconoce que entidades como la Unidad Nacional de Protección -UNP- y la Fiscalía General de la Nación han reaccionado parcialmente ante el reciente incremento de las amenazas a periodistas en Colombia. Esta reacción es perceptible en los casos que afectan a medios de comunicación de alcance nacional. Sin embargo, aún falta mejorar la respuesta estatal en los casos de periodistas que están en territorios. La respuesta del Estado ha sido insuficiente frente a la dimensión del fenómeno. La FLIP continuará exigiendo diligencia y agilidad en las investigaciones para dar con los responsables de estas amenazas.

La FLIP advierte que tanto la Unidad Nacional de Protección, como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior ya tienen pleno conocimiento de las circunstancias que rodean estas amenazas reiteradas contra el equipo de RCN Radio. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra del equipo periodístico de RCN Radio y les solicita a las autoridades que investiguen y sancionen a los responsables de estos hechos.

Este lunes 16 de julio los periodistas de RCN Radio, Jorge Espinosa, Yolanda Ruiz y Juan Pablo Latorre, recibieron una amenaza al máster de la emisora durante el informativo de la mañana. Cuando los reporteros informaban sobre las intimidaciones contra Jineth Bedoya, María Jimena Duzán y los periodistas de La Silla vacía, ocurridas el 14 y el 15 de julio, un hombre que se identificó como alias “Nini” llamó a intimidar a los reporteros.

Según la persona que respondió la llamada, un hombre que se identificó como “Nini”, miembro del ELN, le dijo “Dígale a Espinosa que tiene 72 horas para callarse la boca y dejar de estar hablando de las organizaciones. Y también a Juan Pablo”. Luego, el desconocido agregó “y eso que la vieja que está hablando me cae mejor”, refiriéndose a Yolanda Ruíz, la directora del informativo.  Horas después, el ELN emitió un comunicado negando su vinculación con esta amenaza.

Esta amenaza guarda coincidencias y podría estar conectada con otra intimidación recibida por miembros de RCN Radio en Santander. El pasado 5 de junio Nelson Cipagauta, Slendy Blanco y Melissa Munera, periodistas de la filial de RCN en Bucaramanga, también recibieron una llamada al máster por parte de un hombre que se identificó como alias “Nini”. El desconocido los amenazó con declararlos objetivo militar si denunciaban en la emisora una limpieza social que adelantaría el grupo armado.

La FLIP reitera su preocupación por el aumento en las amenazas contra los periodistas en Colombia y le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad de los periodistas amenazados.

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a los responsables de estos hechos, en especial al desconocido que se identifica como alias “Nini, para dar con su paradero y poder adelantar las sanciones judiciales a las que haya lugar.

En Colombia, la información que producen los medios de comunicación es posible por una garantía de doble vía que está en la Constitución: tanto el derecho de los periodistas a recoger y publicar informaciones, como el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Esta doble vía lleva a que la información que se publica en el país deba contener dos características indispensables: la veracidad y la imparcialidad. Son dos elementos que hacen que los periodistas no puedan informar de cualquier manera ni que hagan pasar por información lo que son sus posiciones, sus prejuicios o sus interpretaciones personales. A su vez, son dos elementos que garantizan que la sociedad reciba la mejor información para el ejercicio de sus derechos políticos y sociales.

Igualmente, al reconocer la información como un derecho de doble vía, tanto de los periodistas como de sus audiencias, se deben fortalecer los mecanismos que posibilitan el diálogo entre unos y otros, como la solicitud de rectificación. Es de esta forma que se garantiza que los ciudadanos puedan exigir una información veraz e imparcial sin acudir a mecanismos de censura que atentan contra la libertad de expresión.

Con el interés de fortalecer el conocimiento de los límites de la libertad de informar y de promocionar la rectificación como mecanismo de interlocución entre medios y ciudadanos,  la FLIP presenta este manual titulado: “Información al derecho – Información para todos”, el cual recoge los estándares que ha desarrollado la Corte Constitucional. Esta cartilla fue producto de un convenio hecho con el Ministerio del Interior y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas –PNUD–, y presentado en el municipio de Apartadó (Antioquia) el 22 de septiembre con ocasión del taller realizado con periodistas y funcionarios públicos sobre la libertad de informar y sus límites.

Consulte aquí el manual Información al Derecho en línea.