Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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En una acción judicial sin precedentes se busca la protección frente a las prácticas de violación sistemática de derechos humanos cometidas por las autoridades públicas durante las protestas. Los jueces y organismos de control deberán tomar medidas efectivas.

Bogotá, 16 de enero de 2020. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela presentada por diversas organizaciones de derechos humanos, profesores universitarios y litigantes, en representación de manifestantes y víctimas, contra la Presidencia de la República, los Ministerios de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Dirección General de la Policía Nacional y el Comando Policía Metropolitana de Bogotá por violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas que iniciaron el 21 de noviembre de 2019 en todo el país. 

La magistrada ponente, Hilda González Neira, vinculó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que participen en el caso. Igualmente, solicitó a otras entidades no demandadas, como la Personería de Bogotá, la Cámara de Representantes, la Procuraduría, la Alcaldía de Medellín y las gobernaciones de Nariño y Boyacá, que entreguen información sobre los hechos ocurridos en las movilizaciones recientes en las que no se empleó el ESMAD para reprimir protestas pacíficas.  

Entre las organizaciones de la sociedad civil que se unieron para presentar la tutela se encuentran la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas - CCJ, el Colectivo de Abogados José Álvear Restrepo - CAJAR, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, dhColombia y Humanidad Vigente Corporación Jurídica, integrantes de la “Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas”.

En la acción judicial se denuncian detalladamente conductas arbitrarias cometidas de forma sistemática por las autoridades públicas como: la disolución violenta de protestas pacíficas, el uso indebido de armas potencialmente letales y la retención arbitraria de personas que participan en protestas.

Las prácticas represivas y violentas de los organismos de seguridad del Estado, especialmente el ESMAD, la Policía y el Ejército Nacional, vulneran el derecho fundamental a la protesta y  significan un riesgo para los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, el debido proceso, la libertad de expresión, entre otros.

Todas las conductas documentadas en la tutela han ocurrido en movilizaciones indígenas, afro y campesinas del sur del país, en protestas estudiantiles en las grandes ciudades y, recientemente, han tenido su mayor expresión en la jornada de Paro y Movilización Nacional desde el 21 de noviembre de 2019.

Las organizaciones, manifestantes y víctimas le pedimos al Tribunal de Bogotá y a los organismos de control que tomen medidas efectivas para que cesen estas prácticas y se garantice la movilización, la protesta y el ejercicio pacífico de la política en las calles.

 

Contactos: 

Dejusticia
Adriana Abramovits. Comunicadora. 
+57 3163565681 
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Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR
Angélica Chaparro. Prensa. 
+57 321 3819733
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Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
Comunicaciones.
+57 3103419744.
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Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Erik Cano. Encargado de comunicaciones. 
+57 310 2307374. 
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Comisión Colombiana de Juristas
Paola Sánchez. Jefa de Prensa.
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+057 7449333 ext. 1021.

 

Published in Pronunciamientos

En el siguiente documento se expondrá cómo el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, líderes sociales, comunales y periodistas -PAO-, creado en el gobierno de Iván Duque, ha dado paso, paulatinamente, a la formulación de una política pública que pretende brindar respeto y garantía a la labor de defensa de Derechos Humanos en el país.

Lo aquí presentado se deriva del documento oficial del PAO, de la información compartida por el Ministerio del Interior en las reuniones de participación de la sociedad civil para la formulación del proyecto, de derechos de petición enviados al Ministerio y de una entrevista con la Dirección de Derechos Humanos de la misma entidad.

Lea el documento completo aquí.

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