Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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La FLIP respalda a la periodista Natalia Archila en su denuncia por agresión sexual contra Juan Carlos Sánchez, exconcejal de San Gil, Santander.
La periodista le relató a la FLIP que el 14 de mayo ella se encontraba en la emisora digital Latina Comunicaciones para comenzar su programa radial de la mañana. Aproximadamente a las 9:30 el exfuncionario, quien tiene un restaurante muy cerca de donde está ubicada Latina Comunicaciones, se acercó a la entrada del medio y le preguntó a la periodista si su jefe estaba. La reportera le respondió que en ese momento el director de la emisora se había ausentado, por lo que, al notar que estaba sola, Sánchez entró a la oficina del medio y la agredió sexualmente. Según Archila, el exconcejal la tomó por la fuerza y la tocó abusivamente con sus genitales.
Debido a que la reportera reaccionó de manera contundente para defenderse, Sánchez se detuvo y abandonó el medio de comunicación. Archila asegura que su programa no solo se transmite por la emisora, sino también a través de Facebook de manera audiovisual y, en ocasiones anteriores, había notado que el exconcejal se conectaba frecuentemente a las transmisiones en vivo. Luego de lo ocurrido, Archila interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
Frente a esto, es importante tener en cuenta los antecedentes que involucran al exconcejal con la periodista Diana Cantillo, quien también lo denunció por acoso sexual en febrero del año pasado. Cantillo le comentó a la FLIP que cuando esto ocurrió ella era jefe de prensa de la Alcaldía de San Gil, por lo que tenía cercanía laboral con Sánchez. Manifestó también que los hechos fueron muy similares a los que vivió Archila, por lo que considera la conducta del exconcejal como “sistemática y repetitiva”.
Después de que se hiciera pública la denuncia de Archila, varios medios de comunicación informaron sobre lo sucedido. Uno de los periodistas que se refirió a esta situación fue Fredy Ortiz Gómez, director de El Regional, quien luego de sus publicaciones recibió intimidaciones por parte de Sánchez. A través de su cuenta de Facebook el exconcejal publicó el siguiente mensaje: “… dejo constancia que de sucedernos algo el único responsable es FREDY ORTIZ GOMEZ de la página de facebook el regional” (sic).
Estos señalamientos realizados por el exfuncionario resultan inaceptables y pueden configurar una estrategia de intimidación en contra de los periodistas que están cubriendo esta noticia.
La FLIP se comunicó con Juan Carlos Sánchez para conocer su versión sobre estas agresiones contra la prensa, pero el exfuncionario aseguró que únicamente se referiría al tema ante la Fiscalía. En ese sentido, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos denunciados por Natalia Archila y Fredy Ortiz Gómez para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Esto lo ha dicho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.
El 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitió sentencia condenatoria contra Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera por secuestro, tortura y violencia sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya cuando realizaba un cubrimiento periodístico en la cárcel La Modelo de Bogotá el 25 de mayo del año 2000.
Pereira Rivera (alias “Huevoepizca”) fue condenado a 40 años y seis meses de prisión por los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal violento. Por su parte a Cárdenas Orozco (alias “JJ”), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de 30 años de prisión por el delito de acceso carnal violento.
El juzgado confirmó que en el caso de la periodista Jineth Bedoya 'las conductas punibles ejecutadas necesariamente son catalogadas como de ‘Lesa Humanidad’”. En la sentencia, el juez resaltó que “no queda duda de los vejámenes y agresiones físicas y psicológicas contra la señora BEDOYA LIMA, como parte de un plan sistémico y bien estructurado, que incluso, también fue ejecutado contra otros periodistas que igualmente fueron amenazados de muerte, por las investigaciones periodísticas que realizaban, a raíz de los hechos de corrupción que, entre otros, venían suscitándose en la Cárcel Modelo de esta ciudad, con responsabilidad de grupos de Autodefensas y funcionarios de la Fuerza Pública”.
La decisión reconoce que las amenazas que la periodista Jineth Bedoya recibió con anterioridad al secuestro -y que eran de conocimiento de las autoridades- se cumplieron y advierte que a partir de las pruebas allegadas al proceso se puede evidenciar la posible responsabilidad penal de terceras personas, especialmente de servidores públicos. Por lo tanto compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego.
La FLIP, que desde el año 2011 obra como representante judicial de Jineth Bedoya, reconoce esta decisión como un avance en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, advierte enfáticamente que esta sentencia no puede entenderse como la superación de la impunidad en el caso. Lejos de ser un punto de llegada, la justicia ha tomado casi 19 años en condenar a dos de los autores materiales. Esta es una contribución valiosa pero ínfima y tardía, sobre todo si se tiene en cuenta que en el marco de la investigación se han mencionado a por lo menos 25 personas -incluyendo funcionarios públicos- que podrían estar involucrados en los hechos. Sobre la gran mayoría de la cadena criminal no se ha adelantado una investigación eficaz y los autores intelectuales siguen sin responder ante los jueces.
Por este caso el Estado Colombiano está bajo vigilancia por parte de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La sentencia que condena a Cárdenas y Pereira no exime al Estado de su responsabilidad internacional.
En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.
Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.
El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.
Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.
El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales. El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.
El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.
En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.
Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.
La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos
Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.
Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.
Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.
En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.
En columna publicada el pasado 19 de enero la periodista Claudia Morales escribió sobre un hecho de violencia sexual que sufrió hace algunos años en el entorno laboral por parte de su jefe. La publicación generó diferentes reacciones en la opinión pública colombiana, algunas de las cuales revictimizan a la periodista y explican por qué el silencio es una opción para las víctimas de violencia sexual.
Al respecto, las organizaciones que suscriben esta comunicación, manifiestan su respaldo a la decisión de la periodista de publicar los hechos en los términos que lo hizo, y exigimos a las autoridades garantizar los derechos que le asisten a la periodista. También hacemos una invitación a los medios de comunicación y la sociedad en general a respetar las decisiones de todas las víctimas de violencia sexual y a no revictimizarles.
Según algunos estudios, una mujer víctima tarda un promedio de 12 años en denunciar estos hechos, cuando decide hacerlo. Las víctimas se amparan en el silencio porque conocen las consecuencias de discriminación y violencias que enfrentan quienes hablan. Consideramos que, si bien hay esfuerzos institucionales para promover y garantizar la denuncia por parte de las mujeres, la experiencia diaria da cuenta de trámites revictimizantes. En la práctica, hablar de estos hechos implica una carga desproporcionada para la víctima, como ha venido sucediendo con la periodista Claudia Morales.
Las especulaciones sobre los hechos, la insinuación de posibles responsables, el uso con fines electorales de las voces de las mujeres víctimas y, en especial, la falta de comprensión sobre el llamado al silencio que hace Morales, solo deriva en situaciones revictimizantes, crea un riesgo a la integridad y hace aún más difícil que las mujeres víctimas de hechos similares tomen decisiones libres de presión.
Esperamos que la valiente decisión de Morales contribuya a la reflexión sobre la forma en que la sociedad y el Estado responde los casos de violencia sexual contra las mujeres. Es necesario avanzar en mecanismos de prevención y de cero tolerancia a la violencia contra mujeres en entornos laborales, así como en la autorregulación de los medios que el cubrimiento de estos hechos no derive en acciones de revictimización.
Exigimos al Estado colombiano en su conjunto garantizar los derechos que le asisten a la periodista Claudia Morales, a la seguridad y a la dignidad humana. Pedimos que se respeten los términos y el alcance que ella ha decidido dar a este caso en ejercicio de su plena autonomía.
Firman
Sisma Mujer
Campaña No es Hora de Callar - Jineth Bedoya Lima
Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz IMP
Ruta Pacífica de las Mujeres
Red Nacional de Mujeres
Women´s Link Worldwide
Iniciativa ProEquidad de Género
Colectivo Nacional de Mujeres Reestableciendo Derechos
Cinco claves
Género en la Paz GPaz
Red Nacional de Defensoras
Federación Democrática Internacional de Mujeres FDIM
Fundación Bien Humano
Observatorio de Asuntos de Género de la U.Rosario
Mesa de economía del Cuidado
Red de Periodistas con Visión de Género
Federación Colombiana de Periodistas - Fecolper
Círculo de Periodistas de Bogotá - CPB
Fundación para la Libertad de Prensa FLIP
La Fundación para la Libertad de Prensa se une al llamado de justicia. El pasado 15 de mayo asesinaron en su natal Culiacán, México, al periodista Javier Valdez, un reportero que denunció los desmanes del narco, la complicidad de las autoridades y el sufrimiento de las víctimas.
Con el hashtag #NuestraVozEsNuestraFuerza, distintos periodistas y organizaciones del mundo piden que cese la violencia contra la prensa en México. La FLIP se solidariza con esta causa y desea que las autoridades mexicanas procesen a los culpables y se hagan responsables de la protección de los periodistas en su país.
Con el apoyo de la escritora y periodista Marcela Turati, la FLIP quiere rendir un homenaje a Valdez con este podcast en el que varios reporteros recuerdan alguna anécdota con el periodista sinaloense.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha sido insistente en señalar que las investigaciones y los juicios por los casos de violencia contra periodistas no deben extenderse demasiado. Han sido bastantes los casos en los que la dilatación de los procesos ha puesto en riesgo la integridad de las pruebas y la inmediación ideal que debe tener el juez con ellas.
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