Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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El informe anual sobre del estado de la libertad de prensa en Colombia tiene también una versión multimedia para esta edición del 2019.

El 2019 cerró con dos periodistas asesinados por razones de su oficio: Mauricio Lezama (Arauca) y Libardo Montenegro (Nariño). Estos se suman a las 137 amenazas, los 66 casos de acoso judicial, los cuatro exilios, los tres secuestros y las 303 agresiones a periodistas.

Además de las dinámicas violentas, se han configurado estrategias de censura que van desde el uso de pauta para determinar los temas que se pueden cubrir, hasta los intentos de prohibir un uso libre de las redes sociales. 

En el especial multimedia el usuario puede navegar por los 13 capítulos donde se exponen y analizan las diversas formas de censura. Sumado a los textos que se encuentran en la edición impresa y en el PDF, en el especial multimedia encontrará videos, audios, imágenes comparadas y líneas de tiempo.

Por ejemplo, en el capítulo Algo anda mal en la calle los usuarios pueden ver la réplica del mural “¿Quién dio la orden?” y escuchar la conversación que la FLIP promovió entre Lucas Ospina (artista), Jessica Hoyos (representante del Movice), Sandra Borda (politóloga e investigadora), Lariza Pizano (periodista) y Jorge Acosta (gerente de NTC).

En el capítulo El internet que nadie quiere, gracias a la herramienta de Juxtapose fue posible mostrar cómo serían las redes sociales y las páginas web si algunos proyectos de ley fueran aprobados. Cómo sería internet sin perfiles falsos, de parodia o de animales; cómo sería el trabajo de los periodistas si no pudieran publicar información sin la autorización escrita y formal de sus protagonistas; y cómo serían las interacciones si los usuarios no pudieran postear insultos. 

Por otro lado, el capítulo dedicado a las manifestaciones sociales, “Soy periodista, estoy haciendo mi trabajo”, está nutrido con videos de los testimonios de algunos de los reporteros que fueron agredidos por parte de la fuerza pública y de algunos manifestantes durantes las distintas jornadas del paro nacional que comenzó el 21 de noviembre. 

Por su parte, el capítulo Lucha contra la impunidad está acompañado de un video emotivo que reflexiona alrededor de tres historias de crímenes contra periodistas: el asesinato de Guillermo Cano, el secuestro, tortura y violencia contra Jineth Bedoya y el asesinato de Edison Molina. Este video es una colaboración con IFEX.

Aquí puede navegar por el especial.

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Colombia, de nuevo, terminó un año enterrando a periodistas. Mauricio Lezama llevaba varios meses grabando su documental Mayo, la historia de una enfermera militante de la Unión Patriótica que logró sobrevivir a un atentado en los ochenta. El 9 de mayo, en Arauquita, dos hombres le dispararon siete veces. Un mes y dos días después, a cientos de kilómetros de distancia, Libardo Montenegro fue asesinado en Samaniego, Nariño. Estaba organizando una manifestación para rechazar el regreso de la violencia a su municipio. Montenegro llevaba varias semanas informando, desde su emisora Samaniego Stereo, sobre la necesidad de avanzar en la implementación de los acuerdos de paz.

El número de funerales pudo haber sido mayor si quince periodistas amenazados no hubieran huido de sus ciudades, algunos del país. Las intimidaciones a periodistas se han multiplicado desde la firma de los acuerdos de paz. Durante los últimos tres años (2017 al 2019) fueron amenazados 583 periodistas en Colombia. En el trienio anterior (2014 al 2016) esa cifra fue de 257. Las disputas entre nuevos grupos armados han marcado zonas vedadas para la prensa: Caloto, Corinto y Miranda en el Cauca; Llorente y la zona fronteriza con Ecuador en el Pacífico; y varios puntos que empiezan en Arauquita y terminan en Puerto Asís, en Putumayo. Una serie de coordenadas que dibujan los puntos ciegos del país.

Navega aquí por el especial multimedia del informe.

 

Los curtidos reporteros regionales conocen bien esas viejas formas de represión que, a finales de los noventa y principios del 2000, socavaron en Colombia la libertad de informar. Pasmadas, las autoridades han optado por un discurso que deslegitima el trabajo de los reporteros y el valor del periodismo, y que buscan imponer una narrativa de ficción. Sin embargo, los hechos están ahí para recordarnos que los periodistas han tenido, nuevamente, que exiliarse en el extranjero; que los columnistas y las voces críticas son tachados de las parrillas; y que, las palabras y expresiones gráficas son borradas de las paredes.

“Matemos la producción” dijo Juan Pablo Bieri mientras era director del sistema de medios públicos RTVC. Quería matar el programa Los Puros Criollos por las opiniones personales de su presentador, Santiago Rivas. Las intenciones de Bieri se hicieron públicas y, forzado por el escándalo, renunció. Sin embargo, el presidente Iván Duque, contrario a condenar la censura, lo volvió a integrar a su gobierno como asesor de comunicaciones a finales del 2019.

Resulta muy peligroso que algunos funcionarios del Gobierno y empleados del Estado consideren a la prensa como una amenaza a la “estabilidad de las instituciones democráticas”. Este no puede ser el discurso de un gobierno democrático, pero se ha hecho frecuente el uso de estrategias mediáticas de desprestigio a periodistas impulsadas por funcionarios que les sirven a grupos políticos. Y no son sólo tácticas de en redes sociales, también incluyen tareas de inteligencia y seguimientos ilegales que, aunque son advertidas, encuentran en la impunidad el mejor refugio.

Aquí puedes ver en línea el informe completo.

El 2019 terminó con una lucha por el espacio público en toda Colombia, y también con preocupantes síntomas del desprecio de algunos integrantes de la Policía hacía los periodistas. Los 40 días de manifestaciones y cacerolazos, que empezaron el 21 de noviembre, terminaron con 66 periodistas agredidos. Fue el escenario más violento, de la historia reciente, contra la prensa en un contexto de protesta social. En la mayoría de los casos, los agredidos fueron reporteros que estaban grabando las irregularidades en los procedimientos policiales.

Pero a los policías no sólo les preocupaba quedar en videos, también estaban ansiosos por saber qué se decía de ellos en redes sociales. Este recelo es compartido también por jueces y congresistas que entienden las plataformas digitales como el nuevo campo de batalla y que pretenden se conviertan en un lugar diferente al espacio libre y abierto que hoy conocemos. Algunos de los proyectos que hoy están en el Congreso pretenden prohibir la publicación de cualquier tipo de dato, información, archivo, fotografía o video de otras personas sin su consentimiento expreso y por escrito. Esto volvería imposible hacer periodismo en estos espacios.

La década que empieza plantea grandes incertidumbres para la industria del periodismo colombiano. En los últimos cuatro años al menos 1.100 personas fueron despedidas de medios de comunicación. Estos recortes terminan impactando negativamente la diversidad de medios y la pluralidad de voces, requisitos indispensables para sostener una sociedad bien informada.

Este año negro deja sobre la mesa la pregunta inevitable: ¿quién va a patrocinar el periodismo en el futuro? Si la respuesta es el Estado, hay que tener en cuenta que ya hay una financiación de este tipo a los medios y que ocurre de la peor manera.

Los recursos para publicidad oficial operan sin transparencia, pocos están abiertos al concurso público y no cuentan con la correcta vigilancia. En los últimos cuatro años ocho administraciones públicas gastaron más de 660 mil millones de pesos en contratos de publicidad oficial. Más del 20% de estos recursos tuvieron como destinatarios a los medios de comunicación.

La violencia contra la prensa dejó en el 2019 nuevas cicatrices, difíciles de disimular. Pero esos ataques también se entrelazaron con otras fórmulas más sutiles por el control de la información y de las ideas, que buscan que la prensa calle y al mismo tiempo que finja y pretenda que todo está en orden. Una censura que, aunque vieja, se viste con nuevos ropajes. 

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El próximo 9 de febrero en Colombia se conmemora el Día del Periodista. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) tiene programada una agenda de actividades en Bogotá y Arauca para reflexionar alrededor de la violencia que ha sufrido la prensa a través de los años, y hacer un balance de lo ocurrido en términos de libertad de expresión durante el 2019. 

En ambas ciudades presentaremos informes, resultados de investigaciones y productos digitales sobre el fenómeno de la censura, las amenazas al oficio de informar y el valor de la libertad de expresión. 

Callar y fingir: la censura de siempre

El 2019 cerró con dos periodistas asesinados por razones de su oficio: Mauricio Lezama y Libardo Montenegro. Esto se suma a las 137 amenazas, los 66 casos de acoso judicial, los cuatro exilios, los tres secuestros y 303 agresiones más.

Además de las dinámicas violentas, se han configurado estrategias de censura que van desde el uso de pauta para determinar los temas que se pueden cubrir, hasta los intentos de prohibir un uso libre de las redes sociales. Los análisis de las cifras y de los hechos más preocupantes contra la libertad de prensa se presentan en el informe anual de la FLIP, que para esta ocasión se titula: Callar y fingir: la censura de siempre.

El informe tendrá una versión impresa y también estará disponible en línea, junto a otros recursos multimedia, para todas las personas que estén interesadas en conocer cómo se comportó el fenómeno de la censura el año pasado. 

La información como campo de batalla

Ese es el nombre la investigación con la que la FLIP apoya el trabajo de la Comisión de la Verdad, de recopilación de insumos, para el cumplimiento del mandato de esclarecimiento de la verdad. La investigación se enfocó en situaciones de violencia hacia periodistas en el contexto del conflicto armado en tres departamentos: Arauca, Caquetá y Córdoba. En el marco de los eventos del Día del Periodista, la FLIP hará la entrega oficial a la Comisión de la Verdad del documento que recopila los hallazgos de esta investigación.

Museo Virtual de Periodismo

El 10 de febrero lanzaremos el Museo Virtual de Periodismo, una plataforma multimedia que expondrá piezas periodísticas y artísticas que invitan a reflexionar sobre la violencia que ha asediado a la prensa en regiones afectadas por el conflicto armado. 

Eventos públicos

Estos eventos estarán abiertos al público, y en ambos presentaremos los tres productos conmemorativos del Día del Periodista 2020:

1. Informe anual 2019 Callar y fingir: la censura de siempre.

2. Investigación La información como campo de batalla.

3. Museo Virtual de Periodismo.

En Bogotá, la cita es el lunes 10 de febrero, en Fragmentos, espacio de arte y memoria (carrera 7 # 6b-30), de 9:00 am a 12:00 m. Conversaremos con periodistas de Arauca, Caquetá y Córdoba sobre los riesgos y retos de hacer periodismo en el país. 

En Arauca, estaremos el miércoles 12 de febrero, en el Hotel Punta Arena (calle 20 # 23-70), desde las 3:00 pm. Allí nos acompañará el comisionado de la verdad Saúl Franco en un diálogo con periodistas araucanos sobre las presiones a las que se enfrentan los reporteros en ese departamento. 

En las dos jornadas presentaremos una videoinstalación del Museo Virtual que servirá como preludio de las historias de resistencia que con las que inauguramos el museo. 

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En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los  ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.

Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.

El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.

Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.  

El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales.  El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.

AQUÍ PUEDE NAVEGAR POR EL INFORME "PRENSA ACORRALADA: UN JUEGO DE VIOLENTOS Y PODEROSOS"

El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.

En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.

Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.

La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos

Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.

Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.

Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.

En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.

Aquí puede descargar el informe en PDF.

 

 

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Durante el año 2017 los poderes ejecutivo, legislativo y judicial faltaron a su deber de garantes de la libertad de prensa y tomaron conscientemente acciones de censura. Casos a nivel nacional encabezados por el presidente de la República, el Congreso y las cortes son la superficie de un problema profundo en el que los poderes públicos locales también restringen la libertad de expresión.

 La violencia sin protección ni sanciones; la pauta oficial que compra silencios; la estigmatización de la prensa como respuesta a las críticas;  la violencia estatal y letal contra periodistas;  las decisiones judiciales que abren la puerta a la censura y, sobretodo, aquellos extensos territorios carentes de información local nos llevan a la conclusión de que es necesario explicar este “Estado depredador” de la libertad de expresión en Colombia con el fin de que las instituciones públicas dejen de acudir a la censura y se sitúen en el lugar que les corresponde: la garantía de una deliberación pública libre.

En 2017 la FLIP documentó 310 ataques a la libertad de prensa que afectaron a un total de 368 periodistas (un incremento del 43,5% con respecto al número de ataques del año anterior). Además, el 8 de octubre, durante una protesta en Puracé, Cauca, asesinaron a la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien se encontraba cubriendo una protesta que derivó en  enfrentamientos entre los indígenas y el ESMAD.

Vea aquí el informe completo: ESTADO DEPREDADOR

Los detalles de estos 310 casos ofrecen un panorama preocupante para el periodismo. Y si se mira hacia el futuro del país, marcado por la accidentada implementación del  acuerdo de paz, y la incierta revitalización del diálogo con el ELN, hará falta atención a los riesgos que enfrentan los reporteros y las reporteras que tienen la tarea de contar qué está pasando en las regiones más apartadas, cómo se está aprovechando la inversión, de qué forma se está leyendo el país en esos territorios y cuáles son las urgencias de la población.

El problema es que los encargados de atender a las soluciones para ofrecer garantías al periodismo, en la mayoría de los casos, son su principal obstáculo. Los guardianes de nuestras libertades terminan siendo los primeros censuradores. Hoy, quién está al acecho del periodismo libre son los políticos, el presidente, el congresista, el juez, el alcalde, la personera, los diputados, el concejal y en general: los funcionarios públicos que ignoran sus responsabilidades con tal de silenciar a sus críticos.

Pero si de silencios se trata, el peor de todos puede venir del interior de los medios. Las denuncias acompañadas con la etiqueta #MeToo / #YoTambién han llegado al periodismo y ahora es tiempo de actuar para que la violencia sexual, dentro y fuera de las salas de redacción, sea denunciada.

Aquí está involucrada la sociedad en su conjunto, que no siempre es solidaria con las víctimas. Los medios de comunicación no solo tienen la tarea de construir espacios seguros para las mujeres periodistas, sino que además tienen que procurar que las periodistas hagan la reportería, libres de cualquier tipo de violencia. En esta línea, se deben construir garantías para que las mujeres denuncien la discriminación, el maltrato, el abuso y el acoso sexual sin temor a que la justicia o el poder de sus fuentes terminen en su contra.

En este informe se llama la atención sobre el papel de los miembros de la Fuerza Pública, quienes al menos en 15 protestas sociales enfocaron sus bolillos, sus bombas aturdidoras y sus armas de salva hacia los periodistas que estaban registrando los enfrentamientos.

Pero las agresiones directas por parte de los uniformados son parte de una crisis más grande. Las emisoras indígenas en el Cauca no solo han tenido que soportar históricamente el asedio de ambas partes del conflicto, sino que además se enfrentan a los obstáculos administrativos.

 

¿Quién es el responsable? La libertad de prensa tiene muchos depredadores, y uno de ellos ha sido el presidente Juan Manuel Santos.

En 8 años de gobierno, el presidente sacó a relucir su experiencia como experiodista para disfrazar su deber de responder a las críticas con irónicas clases de “buen periodismo”,  prometió cambios históricos que nunca dieron su primer paso y desperdició el tiempo, y la plata,  para atender a las urgencias de los medios en un país que ha sido silenciado por varias décadas de conflicto.

 

Este es un recorrido rápido por la taxonomía de la censura en Colombia. Los líderes que se disponen a legislar y gobernar durante los próximos cuatro años deberían alinear sus agendas para que este ecosistema tenga una mejor cara en el corto y mediano plazo.

En este año de elecciones, desde la FLIP le hacemos un llamado a todos los candidatos, sin excepción, para que sus discursos generen un ambiente favorable para la libertad de expresión, que sus diferencias con los medios se expresen a través de debates libres de señalamientos injustificados, que sus cuentas, desde ya, sean siempre claras, para que los medios y los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. Deberían proponerse, en últimas, no parecerse a muchos de sus predecesores, los predadores.

Descargue aquí el informe completo: ESTADO DEPREDADOR

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La Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP publica este 9 de febrero, día del periodista, su informe anual en el que hace una radiografía de la situación de la libertad de prensa en el 2012. La FLIP ve con preocupación que se hayan registrado un total de 158 agresiones directas contra periodistas en el ejercicio de su oficio, entre las que se incluye el asesinato de Guillermo Quiroz en San Pedro, Sucre; el atentado contra Fernando Londoño en Bogotá; la amenaza colectiva a 10 periodistas de Santa Marta, Magdalena; el desplazamiento forzado de 6 reporteros y el exilio de uno. 

Si bien las condiciones de seguridad para periodistas en otros países de América Latina, como México, Honduras y Brasil son muy delicadas, Colombia es uno de los lugares más peligrosos para el periodismo, especialmente a nivel local. Igualmente preocupa el estado de impunidad en que se encuentran varias investigaciones. 

En 2012 prescribieron dos casos de asesinatos de periodistas: el de José Domingo Cortés Soto, del Diario del Otún, baleado el 15 de noviembre de 1992 en Valencia, Córdoba; y el de John Félix Tirado Castañeda de la emisora Ondas del Urrá, ocurrido el 5 de agosto del mismo año en Cartago, Valle. Esto significa que, de los 140 periodistas asesinados desde 1977, hay 59 casos que ya prescribieron. 

Las investigaciones por las interceptaciones y seguimientos a periodistas por parte del DAS, parecen haber entrado en un letargo. Se dieron condenas contra mandos medios de la entidad, pero las investigaciones a funcionarios de alto nivel siguen sin mostrar avances. 

Por otro lado, se destacan ciertos avances en el caso de Jineth Bedoya, que fue declarado crimen de lesa humanidad, así como en los de Orlando Sierra y Jaime Garzón, ambos en etapa de juicio.

La FLIP registró el incremento de procesos judiciales contra periodistas como método de censura. En el 2012 la inquietud ha llegado al extremo con la condena dada por el Tribunal Superior de Cundinamarca contra el periodista de Fusagasugá, Luis Agustín González, por el delito de injuria tras cuestionar en un editorial las aspiraciones políticas de una reconocida dirigente del departamento. Igualmente notorio, entre otros, fue el caso ocurrido en agosto, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anunció una denuncia penal contra la columnista de El Espectador, Cecilia Orozco, por criticar el trabajo de esta Corporación. Al final, la Corte se retractó. 

La FLIP destaca que en el 2012 los roces entre periodismo y fuerza pública se acentuaron. La muerte de Guillermo Quiroz involucró a miembros de la Policía en hechos que están por esclarecerse. A su vez, se dieron agresiones en Bogotá, Arauca y Santander. Por otro lado, se resalta la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de condenar a Colombia por las agresiones cometidas por miembros del Ejército al camarógrafo Richard Vélez, en 1996, y por la falta de justicia en el esclarecimiento de los hechos. 

Por último, en el 2012 se dieron algunos avances en el reconocimiento de los periodistas que han sido afectados por el conflicto. En el marco de la Ley de Víctimas, la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas reconoció a los periodistas como una población beneficiaria de reparación colectiva y, la Alcaldía de Bogotá, a través del Centro de Memoria Distrital, hizo un monumento a los afectados por el conflicto, dentro de las que se incluyó a los periodistas.

Lea aquí el informe completo en línea.

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• Solo han sido condenados 5 autores intelectuales de asesinatos a periodistas desde 1977.

• Dos periodistas fueron asesinados en 2010.

De los 138 casos de periodistas asesinados por razones de su oficio desde 1977 hasta 2010, 19 están cerca de prescribir y 46 ya prescribieron. Es decir, el 90% de los casos de periodistas asesinados antes de 1991 quedaron impunes. Así lo revela el informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia 2010: "El olvido de la Justicia", que presentó hoy la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en conmemoración del día del periodista. 

Hasta el momento, solo se conocen cinco sentencias condenatorias a autores intelectuales por homicidios a periodistas, ocho sentencias absolutorias y 29 casos permanecen estancados en investigación preliminar. Por otro lado, en el caso de las amenazas, no existe en Colombia una sola condena contra alguien por atentar de esa manera contra la vida de un periodista.

Durante el 2010 se presentaron los lamentables asesinatos de los periodistas, Clodomiro Castilla en Montería, Córdoba; y Rodolfo Maya Aricape en Caloto, Cauca. Castillo era reconocido por denunciar la presencia de grupos armados ilegales en sus regiones y Maya era un reconocido comunicador y líder comunitario. La FLIP también documentó 51 casos de amenazas contra periodistas durante el año, varios atentados contra instalaciones de emisoras radiales, los avances judiciales por los seguimientos e interceptaciones ilegales hechos por el DAS contra periodistas y la difícil situación que se vive en Córdoba para ejercer el periodismo. 

Igualmente, la FLIP subraya con preocupación el incremento de denuncias penales, sin justa causa, por injuria y calumnia contra periodistas. Se documentaron 10 casos a lo largo del año donde la mayoría de denuncias son de líderes políticos o funcionarios públicos.

Finalmente, se señala que durante el 2010 se aprobó la ley 1426 que aumentó a 30 años la prescripción de homicidios a periodistas, sin embargo esta ley no tiene carácter retroactivo. Asimismo, la FLIP destaca la declaración como crimen de lesa humanidad del asesinato del ex director de El Espectador, Guillermo Cano, sucedido en 1986 y la vinculación de los líderes políticos Ferney y Dixon Tapasco al proceso por el homicidio del periodista Orlando Sierra, ocurrido en el 2002.

Vea aquí el informe completo en línea.

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