Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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En Cali, Valle del Cauca, el camarógrafo y editor, Abelardo Marín Pinzón, solía recorrer las calles en busca de imágenes que retrataran la realidad de los caleños. Abelardo fue asesinado el 27 de mayo de 1994, víctima del narcotráfico.
Abelardo siguió los pasos de su padre en el periodismo y a sus 26 años, usó su cámara para mostrar y dar un respaldo veraz al contenido informativo de la productora Paranova y del canal Telepacífico. Sus grabaciones lograban captar desde la cotidianidad de la comunidad, hasta el narcotráfico y situaciones de orden público.
A inicios de 1994 Abelardo logró una grabación en donde se veía cómo operaba el narcotráfico en la ciudad, incluso se llegaban a ver varios miembros de una de las bandas. Aparentemente habrían sido estas imágenes las que detonaron el asesinato de Abelardo, quien fue atacado por sujetos que le dispararon desde una moto el 27 de mayo de ese año.
Pese a los llamados que la FLIP hizo a la Fiscalía para esclarecer los hechos y avanzar en las investigaciones, el caso prescribió en el 2014. Los autores materiales e intelectuales no fueron identificados, por lo que nadie fue judicializado por el crimen de Abelardo.
En la FLIP no olvidamos a Abelardo y a todos los miembros de los equipos periodísticos que dedican su vida a visibilizar y evidenciar las diferentes situaciones que rodean el conflicto colombiano.
Hace 23 años fue asesinado Alejandro Jaramillo, subdirector del Diario del Sur en Pasto, Nariño.
Llevaba apenas dos meses en su cargo cuando desapareció el 24 de octubre de 1997. Días después fue encontrado muerto.
Alejandro ya le había ganado a la muerte otras dos veces. La primera, cuando fue objetivo de un atentado en Cali, Valle del Cauca. Allí trabajó para los periódicos Del Occidente, El País y El Caleño. La situación lo llevó a instalarse en Bogotá, donde sufriría un segundo atentado.
Sin embargo, el temor que vivió por esos años no le impidió seguir realizando su trabajo como periodista judicial.
Su caso prescribió y quedó en completa impunidad. Hay quienes creen que el narcotráfico estuvo detrás de su asesinato, pues Alejandro cubría temas que tenían que ver con la guerrilla y los carteles de droga.
Un 8 de octubre, hace tres años, un disparo en el pecho le quitó la vida a Maria Efigenia Vásquez, comunicadora de radio Renacer Kokonuko, en Puracé, Cauca.
Efigenia, que también hacía parte del Consejo Regional del Cauca, fue asesinada mientras cubría y participaba de una protesta junto a su comunidad por los derechos sobre un predio en Puracé. En medio de los enfrentamientos con el ESMAD resultó herida.
Para la Fiscalía, la muerte de Efigenia fue causada por un explosivo de metralla que pudo haber sido del ESMAD o de la comunidad indígena. En estos tres años la familia de la periodista aún no ha encontrado la verdad.
Desde la FLIP esperamos que su caso no caiga en la impunidad. Gracias por recordar con nosotros.
El 11 de junio de 2019 fue asesinado en el municipio de Samaniego (Nariño) el periodista José Libardo Montenegro, integrante de la emisora comunitaria Samaniego Estéreo. Según la gobernación de Nariño, un reporte de la fuerza pública señala que el asesinato fue cometido en horas de la noche por dos sicarios que se desplazaban en moto.
La FLIP se comunicó con Ricardo Álvarez, compañero de Libardo en Samaniego Estéreo. Los periodistas trabajaban juntos de lunes a viernes. Según Álvarez, Libardo presentaba varias secciones de la emisora: programa informativo El despertador, en la mañana; luego el magacín Café al día y un programa de dos a cuatro de tarde con música y cápsulas informativas. De acuerdo con Álvarez, Libardo publicaba información del municipio, centrándose en noticias municipales y departamentales.
En la noche del asesinato, el periodista Leobar Ibarra Fernández, director del programa Nuestro Sur Televisión, informó que Libardo le había concedido una entrevista esa mañana. Según Ibarra, en la entrevista hablaron de un encuentro por la paz que éste estaba organizando para el viernes 14 de junio, por la defensa de la vida y los derechos humanos en Samaniego.
Adicionalmente, según Giovanni Melo, coordinador de la Oficina Local de Paz de la Secretaría de Gobierno de Samaniego, no tienen reporte de amenazas en contra de Montenegro. Melo añadió que el contexto de seguridad del municipio es complejo y que han hecho varios llamados al gobierno nacional para que investigue e intervenga sobre esta situación.
Según cifras de Cartografías de la Información, Samaniego hace parte de los 578 municipios con déficit de oferta de información local o zonas silenciadas. En el municipio sólo hay cinco medios de comunicación: dos son de fuerza pública, una radio comercial, un canal de televisión comunitario y una emisora comunitaria que es Samaniego Estéreo 104.1 FM. Se tiene registro de un solo informativo: el de la emisora comunitaria en la que trabajaba Libardo Montenegro..
De acuerdo con Fundepaz, 15 defensores de DDHH han sido asesinados en lo corrido del año en Nariño. El 20 de mayo fue asesinada por dos sicarios en el mismo municipio Paula Andrea Rosero Ordóñez, personera del municipio. De acuerdo con el diario El Espectador, Rosero habría recibido amenazas luego de denunciar malos manejos en el hospital local. Por otro lado, según Caracol Radio, el mecánico Víctor Fernando Corrales fue asesinado horas antes del crimen contra Montenegro en el mismo municipio.
La FLIP conoció un audio en el que el Coronel Jhon Peña, subcomandante de la Policía de Nariño, expresó que Libardo Montenegro se desempeñaba como locutor, en actividades de perifoneo en el municipio. Como se indicó anteriormente, la FLIP documentó que Montenegro era un periodista reconocido en el municipio con una larga trayectoria en medios de comunicación incluyendo la conducción de un programa informativo.
La calificación de la Policía no solo es precaria sino contradictoria con la labor que Montenegro desarrollaba en el municipio. Si bien la relación del asesinato con el oficio está en proceso de documentación, no hay un solo insumo para que la Policía desconozca su condición de periodista. Cuando las autoridades desconocen el rol de periodista se puede afectar las cifras oficiales de registro y monitoreo del fenómeno de violencia contra la prensa. Los impactos de esta reacción -imprudente- se agudizan en municipios como Samaniego donde la prensa regional es escasa y vulnerable.
La FLIP rechaza el asesinato del periodista Libardo Montenegro y hace un llamado a las autoridades para que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables. Además la Fundación le solicita a la Fiscalía que tenga como hipótesis de la investigación sobre los móviles del crimen el desarrollo de su labor periodística. La FLIP se solidariza con los familiares y colegas de Libardo Montenegro y continuará la documentación del caso.
El pasado 1 de febrero, el Fiscal 6 Especializado contra Violaciones a los Derechos Humanos, a cargo de la investigación por los homicidios de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, decidió hacer apertura de instrucción y llamado a indagatoria a Nicolás Rodríguez Bautista (alias “Gabino”), Israel Ramírez Pineda (alias “Pablo Beltrán”) y Eliécer Herlinto Chamorro (alias “Antonio García”), miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Igualmente, se emitió orden de captura en su contra, con el fin de que comparezcan al proceso.
La decisión señala que la muerte de los periodistas “partió de la orden de Julio Lezcano alias Zarco quien comandaba las milicias de Segovia, orden que se infiere necesariamente desciende del Comando Central como una política nacida de la condición del enemigo”. La responsabilidad de los miembros del ELN se fundamentaría en que los homicidios finalmente se cometieron por órdenes provenientes del Comando Central de ese grupo armado.
Julio Daniel Chaparro, periodista, y Jorge Enrique Torres Navas, fotógrafo, fueron asesinados el 24 de abril de 1991, pocas horas después de arribar a Segovia (Antioquia), en donde realizaban un cubrimiento periodístico para el diario El Espectador, sobre el impacto de la masacre del 11 de noviembre de 1988 en la población.
Si bien la FLIP considera que esta decisión podría ser importante para romper con el patrón de impunidad que ha caracterizado este caso. En este punto vale la pena recordar que la investigación ha sufrido una serie de reveses desde sus inicios. Entre las falencias en el proceso de investigación, cabe señalar que dos de los autores materiales, Julio Lezcano y Ramiro Lezcano, permanecieron detenidos por rebelión y por el asesinato de los periodistas, entre el 19 de diciembre de 1991 y el 24 de mayo de 1994. Sin embargo, la Fiscalía delegada ante el Tribunal revocó la resolución de acusación contra los mencionados guerrilleros, dejándolos en libertad. Posteriormente, en 2011, en una decisión que resulta contradictoria, el fiscal actual reconoció la autoría material de Julio y Ramiro Lezcano, pero expidió resolución inhibitoria alegando la muerte de los presuntos autores materiales del crimen.
Igualmente, la FLIP lamenta que esta decisión se adopte después de 27 años de los homicidios, ya que desde el principio de la investigación se reconoció la autoría del ELN y de su Comando Central.
Este caso fue declarado como crimen de guerra en diciembre de 2018, lo que implica que la investigación deberá continuar hasta esclarecer por completo los hechos y responsabilidades por este doble homicidio. En este sentido, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante una investigación efectiva que garantice mayores avances que los registrados en años anteriores.
En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.
Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.
El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.
Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.
El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales. El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.
El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.
En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.
Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.
La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos
Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.
Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.
Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.
En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.
La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- lamenta el asesinato del periodista de la emisora Dibulla Stereo, Víctor Diago Cardozo, ocurrido en la ciudad de Riohacha, La Guajira. La Fundación hace un llamado a las autoridades para que dentro de las investigaciones se establezca si el homicidio tiene relación con la labor periodística.
El lunes 17 de diciembre dos hombres armados llegaron hasta la vivienda de Victor Diago Cardozo y le dispararon en la cabeza. En el momento del asesinato, el reportero se encontraba en la terraza atendiendo una llamada. Cuando se dio cuenta de la presencia de sus agresores, intentó correr para refugiarse en el interior de su vivienda, pero los agresores lo alcanzaron y, luego de cometer el crimen, huyeron en una motocicleta.
El periodista dirigía un programa cultural en la emisora comunitaria del municipio de Dibulla que se llamaba “Las Mañanas con Víctor Diago”. Este magazín tenía un enfoque musical y cultural, que se transmitía de lunes a viernes de siete a once de la mañana desde Riohacha, ciudad en la que residía Diago. En esta franja de entretenimiento también se abría una línea telefónica para la participación ciudadana a través de la cual las personas daban a conocer las problemáticas de su región.
Diago, nació en Aracataca, Magdalena y era hijo del historiador Lázaro Diago Julio. Estudió locución en la Universidad Autónoma del Caribe y durante años trabajó haciendo un programa musical en la emisora Rumba Riohacha, adscrita a la cadena nacional RCN Radio. Adicionalmente, Diago se desempeñaba como fotógrafo y presentador de eventos culturales en Riohacha. La noche previa al asesinato, el periodista estuvo trabajando en el festival musical de La Pájara, tomando las fotografías del evento.
Personas cercanas a la víctima afirman que no tienen conocimiento de amenazas ni de cubrimientos periodísticos sensibles que pusieran en riesgo la vida y la integridad del reportero. Adicionalmente, aseguran que Diago no tenía ningún conflicto personal que pusiera su vida en peligro. Al respecto, Henry Sandoval, coronel de la Policía de La Guajira, sostiene: “A pesar de que su labor no era investigativa, la hipótesis relacionada con la labor periodística no se descarta todavía”. Según el uniformado, no hay elementos suficientes para determinar el móvil del asesinato y la Policía continuará con las investigaciones.
La FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones sobre el crimen del periodista con el fin de sancionar a sus responsables. Además, La Fundación le solicita a la entidad que incluya como hipótesis principal del homicidio las labores informativas que adelantaba Victor Diago.
Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.
La FLIP se solidariza con los familiares y amigos de Victor Diago Cardozo y le envía un mensaje de respaldo a todo el gremio periodístico de La Guajira que debe enfrentar estas situaciones de violencia.
Se cumplen seis meses del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, conformado por el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. El 26 de marzo fueron secuestrados por el grupo residual denominado Frente Oliver Sinisterra en la frontera entre Ecuador y Colombia. El 13 de abril Lenin Moreno, presidente de Ecuador, confirmó el asesinato.
Desde que ocurriera el secuestro, los Gobiernos de los dos países han ocultado información impidiendo establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos. La FLIP ha solicitado insistentemente información acerca de los operativos realizados, los canales de liberación y las hipótesis manejadas al Gobierno, en especial al Ministerio de Defensa. Sin embargo, las respuestas han sido evasivas, deficientes y no se han presentado de forma oportuna. La FLIP continuará representando a los familiares de las víctimas en los procesos que se llevan en Colombia y seguirá exigiendo las respuesta por parte del Estado.
Durante estos seis meses una alianza de veinte periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Efraín, Paúl y Javier fueron ejecutados. Esta alianza encontró datos y versiones de los hechos que hasta ahora no habían sido conocidos por la opinión pública. Los resultados serán publicados en el especial Frontera cautiva: tras el rastro de los periodistas ejecutados.
La FLIP apoyó el proyecto Frontera Cautiva y acompañó este proceso con rigurosos protocolos de seguridad y con el objetivo de que los reporteros pudieran viajar nuevamente a la zona fronteriza. Para la Fundación resulta fundamental estimular el ejercicio periodístico que investiga e indaga asuntos de tal relevancia social. Además, se hace necesario contrastar las versiones oficiales, que en este caso como en muchos otros, han sido insuficientes.
En otros casos de asesinatos a periodistas en el país, la FLIP ha apoyado proyectos de esta índole. Después del asesinato de Orlando Sierra en 2002, un grupo de periodistas se unió e investigó en Manizales las causas del homicidio. Además, recaudó pruebas que luego fueron utilizadas en la investigación penal. Trece años después el líder político Ferney Tapasco fue condenado por este crimen.
En 2015, la periodista Flor Alba Núñez fue asesinada en Pitalito, Huila. Después de esto, el proyecto Pitalito Sin Censura buscó contar las condiciones en las que el asesinato fue ejecutado y los temas que había denunciado Núñez.
Los resultados de Frontera Cautiva aportan información que esperamos sean tenidos en cuenta por las autoridades colombianas y ecuatorianas en las investigaciones internas que se están realizando y así establecer responsabilidades de actores e individuos. También, es relevante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analice detalladamente el producto como parte de la investigación que está realizando el Equipo de Seguimiento Especial (ESE).
Sumado a lo anterior, es fundamental que esta penosa situación se convierta en un incentivo para mirar las zonas de frontera que tienen especial interés periodístico pero donde no existen garantías para ejercer la reportería.
Aquí puede consultar Frontera Cautiva
“La sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos”, Darío Fo.
Hace 19 años silenciaron la sátira en el periodismo en Colombia. Jaime Hernando Garzón Forero fue uno de los periodistas de humor más representativos del país, hizo de la sátira política una arma poderosa para poner en evidencia la corrupción y el narcotráfico de la época.
A pesar de que con su muerte los autores del crimen pretendían que su memoria muriera con él, casi dos décadas después de los hechos, su legado permanece en los recuerdos de los colombianos.
Como periodista, Jaime Garzón fue protagonista de programas como ¡Quac! y Zoociedad, en los que criticaba a través del humor y sátira a la clase política y evidenciaba la gran distancia que tenía de la sociedad colombiana y sus problemas. Profundamente comprometido con las clases populares del país, su labor periodística se acercaba a ellos tanto en lenguaje como en formato.
Este estilo le valió enemigos dentro del Estado, principalmente dentro de los militares. Según consta en los expedientes judiciales, integrantes de las fuerzas militares se aliaron con paramilitares para asesinarlo el fatídico 13 de agosto de 1999. A pesar de los esfuerzos por esclarecer los hechos y obtener justicia, este caso continúa en la impunidad.
Días después del asesinato de Jaime Garzón, fueron capturados Juan Pablo Ortiz, alias “Bochas”, y Edilberto Sierra, alias “Toño”; acusados de ser los autores materiales. Sin embargo, cinco años después fueron dejados en libertad al demostrarse que la versión de los testigos que los vincularon resultó siendo falsa. Adicionalmente, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía apuntaban a que los autores del crimen eran miembros de la banda delincuencial La Terraza de Medellín, la cual estaba al servicio del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”.
En 2004, Carlos Castaño, jefe paramilitar desaparecido, fue condenado como autor intelectual de los hechos. En la decisión judicial, el juez absolvió a dos miembros de la banda “La Terraza”. Luego, en 2011, la familia de Garzón llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos y un año después se adelantó el juicio contra José Miguel Narváez por haber sido otro de los presuntos determinadores del crimen. El coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo y los generales retirados del Ejército, Rito Alejo del Río y Mauricio Santoyo, también fueron vinculados al proceso, acusados de ser los autores intelectuales del homicidio contra el periodista.
El 14 de septiembre de 2016, el Consejo de Estado condenó a la Nación por el crimen contra Garzón. En el fallo se hace referencia a la participación de militares y policías para coordinar el atentado contra el periodista. Mes y medio después, el 29 de septiembre, la Fiscalía declaró el asesinato de Jaime Garzón como un crimen de lesa humanidad al considerar que el homicidio sucedió en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de persecución política ejercida por las autoridades en contra de dirigentes sociales, líderes de la oposición y periodistas.
El 29 de mayo de 2018, el caso fue remitido a la sala incidental de la Jurisdicción Especial para la Paz para definir si este mecanismo de justicia transicional tiene o no competencia para conocer acerca del caso. Debido a esta decisión, el juicio contra el coronel retirado Jorge Eliécer Plazas Acevedo quedó suspendido.
A pesar de las decisiones adoptadas por la Fiscalía y las instancias judiciales en las que se reconoce la calidad de periodista de Garzón, la actual fiscal a cargo de la investigación no la reconoce y descarta que este asesinato sea un crimen contra la libertad de expresión. Es de conocimiento de la FLIP que el caso se mantiene en la impunidad como consecuencia de los intentos por desviar y afectar el curso de la investigación.
El aniversario del asesinato de Jaime Garzón es una oportunidad para conmemorar su labor humanitaria y resaltar el ejercicio periodístico que efectuó. La Fundación hace un llamado al sistema judicial y a la Fiscalía General de la Nación para que cumplan con la obligación de investigar, juzgar y sancionar de forma diligente y efectiva este crimen. Diecinueve años sin resultados relevantes en el proceso penal son fiel testimonio de la rampante impunidad que afecta este y otros casos de crímenes contra periodistas.
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Demanda de parte civil como actor popular- Jaime Garzón, febrero de 2018.
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