Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La FLIP rechaza la amenaza que recibieron los periodistas Miguel Rojas y Rubén Darío Rojas de Ipiales, Nariño, el pasado 30 de septiembre. Así mismo, la FLIP expresa su preocupación por los señalamientos que han realizado funcionarios públicos de Ipiales contra los medios de comunicación de ese municipio responsabilizando a la prensa del fallecimiento, el 11 de octubre, del gerente de la empresa de obras sanitarias, Empoobando.  

La FLIP tuvo conocimiento de que el 30 de septiembre de 2019 hasta las instalaciones de Caracol Radio Ipiales llegó un CD con un video en el que un hombre encapuchado amenaza a Miguel Rojas, periodista de esa emisora, y a su hijo Ruben Dario Rojas, quien trabaja en el sistema radial de Tropicana. La amenaza está relacionada con una serie de debates electorales que han organizado los periodistas en alianza con otros medios del municipio. 

En otros hechos, el 11 de octubre, varios funcionarios públicos de Ipiales salieron a marchar contra los medios de comunicación. Según contó a la FLIP uno de los periodistas señalados, quienes protestaron frente a la sede de Caracol les gritaban “asesinos” y los acusaban de propagar el odio contra los funcionarios públicos. Además, algunos funcionarios publicaron a través de sus redes sociales mensajes en los que señalaban que la presión de los medios de comunicación sobre Fernando Rosero, gerente de Empoobando, había causado su muerte. El fallecimiento de Rosero se dio en medio de una grave crisis de desabastecimiento de agua en el municipio que duró un mes, que estaba siendo superada desde hace una semana y que recibió amplio cubrimiento de los medios de comunicación.

La crisis por el desabastecimiento de agua es un tema de alto interés para la comunidad que merece atención de la prensa. Si bien la manifestación pública es un derecho constitucional, a la FLIP le preocupan las estigmatizaciones que un sector de la administración pública de Ipiales hizo contra los periodistas y medios de comunicación al responsabilizarlos de la muerte del señor Rosero. Este tipo de señalamientos, en el contexto como el que vive actualmente el departamento, pueden poner en alto riesgo a los periodistas del municipio.

Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha sido enfática en declarar que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa, aún cuando la información divulgada resulte contraria a sus interes: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Varios periodistas consultados por la FLIP manifiestan que incluso el alcalde, en el pasado, ha hecho señalamientos contra la prensa vinculando a los periodistas con intereses políticos. 

En relación con estos hechos, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo para los periodistas Miguel Rojas y Ruben Dario Rojas, así como para que evalúe las situación de seguridad de los periodistas en Ipiales en el marco del cubrimiento de las elecciones del 27 de octubre. Adicionalmente, le solicita a la Fiscalía general de la Nación para que investigue la amenaza contra Miguel y Rubén Darío Rojas  y sancione a los responsables.

La fundación se comunicó con la Alcaldía Municipal de Ipiales y con la Gobernación de Nariño para obtener sus declaraciones sobre estas situaciones, sin embargo, las dos entidades manifestaron que aún no se pronunciarán al respecto. La FLIP le hace un llamado a alcalde de Ipiales y a todos los funcionarios de esta administración para que se abstengan de estigmatizar a la prensa y sean garantes de la labor periodística.

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La FLIP rechaza el acoso y las amenazas de las que ha sido víctima la periodista de la W Radio, Luz Helena Fonseca, luego de que congresistas del Centro Democrático, incluido el senador Álvaro Uribe, descalificaran a la periodista por un supuesto activismo en contra del líder político de ese partido. 

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre, durante el cubrimiento de la indagatoria al expresidente Uribe en el marco del proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo. 

Una vez finalizada la indagatoria, los senadores del Centro Democrático,Carlos Felipe Mejía y María del Rosario Guerra, publicaron una foto sacada de contexto de la periodista Luz Helena Fonseca sosteniendo un cartel con el rostro de Uribe Vélez y la palabra genocida. En sus publicaciones los congresistas cuestionaron la objetividad de la reportera. Un par de horas después, el Centro Democrático publicó un comunicado en el que señalaron a Fonseca de “tomar partido en las situaciones coyunturales del país dejando de lado su verdadera labor de informar”. Tan pronto se realizaron estas publicaciones, la periodista comenzó a recibir varias intimidaciones y amenazas a través de sus cuentas en redes sociales y correo electrónico. 

Al respecto, la reportera le manifestó a la FLIP que el cartel que portaba en sus manos era propiedad de uno de los manifestantes que asistieron a la indagatoria y que ella estaba revisando su contenido.

La FLIP rechaza los señalamientos que hicieron los congresistas y el comunicado del Centro Democrático sobre la periodista, soportados en una fotografía sin explicación de su contexto y que buscaba descalificar su trabajo.

Por otro lado, la reportera denunció que durante el cubrimiento de la diligencia otras personas le tomaron fotografías que luego publicaron en las redes. Teniendo en cuenta lo sucedido, la FLIP le hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que evalúe prontamente la situación de seguridad de la periodista e implemente las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Así mismo, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue las amenazas de las que fue víctima Luz Helena Fonseca y sancione a los responsables. 

Adicionalmente, la FLIP le hace un llamado al partido Centro Democrático para que aclare la situación con la periodista, rectifique lo dicho y brinde un respaldo a su labor. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho énfasis en que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a un ambiente favorable para la discusión abierta sobre asuntos de interés público. En su informe anual de 2010, la Relatoría señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las agresiones físicas y los daños al material periodístico de los que fue víctima María Montiel, reportera de Colombia Informa, por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional. Los ataques contra la comunicadora se presentaron durante el cubrimiento de las manifestaciones en la Universidad Industrial de Santander (UIS).

El pasado 8 de octubre estudiantes y otros sectores sociales se reunieron en la UIS para movilizarse en contra de las acciones violentas del Esmad durante las manifestaciones y para exigir una educación pública de calidad. Según Montiel, en medio de las protestas, miembros de la Policía Nacional agredieron físicamente a los manifestantes y al equipo periodístico de Colombia Informa que estaba haciendo el cubrimiento. La reportera fue golpeada por los Policías y presenta graves lesiones en sus manos, producto de las agresiones que recibió mientras protegía su cámara fotográfica, la cual también quedó en mal estado.

Es importante tener en cuenta que, durante el cubrimiento, Montiel se identificó como periodista de Colombia Informa y portaba chaleco, credencial de prensa y equipos periodísticos. Es decir que, los uniformados tenían elementos suficientes para corroborar que se trataba d

e una reportera que hacía parte de un medio de comunicación y que estaba haciendo cubrimiento periodístico.

La FLIP rechaza las agresiones contra la reportera y le exige a la Policía Nacional que tome los correctivos necesarios para identificar a los uniformados responsables de estos hechos y se inicien los procesos disciplinarios para emitir las sanciones correspondientes. La impunidad en este tipo de casos se convierte en un mensaje desafortunado que puede ser interpretado por los demás miembros de Policía como un acto de tolerancia de la institución frente a las agresiones contra la prensa durante el cubrimiento de manifestaciones.

Adicionalmente, la FLIP le recuerda a la Policía Nacional su deber de garantizar la labor de la prensa en estos escenarios. A partir de su condición como funcionarios del Estado, los uniformados tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información sobre las movilizaciones sociales, que son un tema de interés general.

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El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresan su preocupación por la seguridad del periodista Daniel Coronell. En días pasados se dio a conocer la conversación entre el abogado Diego Cadena y su hermano Álvaro Cadena en la que señalan que hay que “hacerle una fiesta” al periodista. El CPJ y la FLIP hacen un llamado a las autoridades a investigar con prontitud y precisión el alcance de esta amenaza al ejercicio periodístico de Coronell.

El domingo 29 de septiembre de 2019 el periodista Daniel Coronell publicó en la revista Semana su columna titulada ‘La fiesta sorpresa’, en la cual dio a conocer una grabación de una conversación entre Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, y su hermano Álvaro Cadena. En la interceptación que Coronell manifiesta es legalmente “ordenada y ejecutada por los organismos judiciales” y se encuentra “en manos de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación”, se escucha cuando Álvaro Cadena le sugiere a su hermano “hacerle fiesta a ese hijueputa”, refiriéndose al columnista y a lo que el abogado responde que ya se comunicó con alguien al que llama “Vinagre”. 

Coronell manifiesta que a lo que se refiere Diego Cadena en la grabación es a la columna llamada “Cortinas y realidades” publicada en julio de 2018 en la revista Semana. Por lo que sería ese trabajo periodístico lo que llevó a Cadena y a su hermano a pensar en represalias contra el periodista. En el escrito el columnista denuncia que Cadena habría estado intentando persuadir a un testigo para que cambie su testimonio en un caso de Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, además publicó tres fotografías en las que salía Cadena con el senador Álvaro Uribe y que se encontraban en la cuenta de Instagram del abogado. 

De acuerdo a lo anterior, la FLIP y el CPJ dan a conocer que: 

  • Estos hechos hacen parte de una serie de intimidaciones que el periodista Daniel Coronell ha recibido por el desarrollo de su labor periodística desde hace varios años que lo llevaron a exiliarse en el 2005.  Hasta la fecha la FLIP ha registrado diez ataques contra el columnista, varias de ellos relacionadas con temas que involucran al senador Álvaro Uribe Vélez.
  • El caso del senador Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia es un tema de alta relevancia nacional para el país y por lo tanto el Gobierno Nacional debe garantizar la seguridad de todos los periodistas que publiquen información relacionada con este proceso. 
  • Es deber del Estado colombiano tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del periodista durante su estadía en Colombia. 

 

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La FLIP condena el ataque a los transmisores de la emisora Radio Súper Popayán ocurrido el pasado martes primero de octubre. La Fundación hace un llamado a las autoridades para que investiguen estos hechos y se brinden las garantías de seguridad a los periodistas del medio. 

La FLIP conoció que en horas de la tarde dos personas armadas se acercaron en un vehículo blanco de alta gama al lugar en el que están los transmisores de la emisora en Popayán. Los desconocidos se identificaron como integrantes de “La Monitora”, una antigua unidad que hacía parte del Ministerio de Comunicaciones, y se llevaron un equipo conocido como el “enlace”. Este dispositivo es indispensable para conectar los transmisores con la emisora y, de esta manera, poder transmitir la señal en vivo. 

A pesar de que en el lugar había otros objetos de valor como elementos de cómputo, los sujetos sólo se llevaron el “enlace”. Radio Super Popayán no pudo transmitir desde las tres de la tarde hasta las ocho de la noche de ese día. 

Esta emisora es una de las radios locales con mayor alcance en el departamento del Cauca. Yinner Bravo, director de Súper Noticias, manifiesta que su señal podría estar llegando a unos 30 municipios. El periodista también manifiesta que durante los últimos días en el noticiero de la emisora se ha hecho cubrimiento sobre varios temas, entre ellos, el homicidio de la candidata Karina García, las investigaciones contra algunos candidatos del departamento y la situación de orden público de la región. 

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección que inicie el estudio de riesgo para verificar la situación de seguridad de los periodistas de la emisora y de la infraestructura con el fin de implementar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los comunicadores y garantizar el desarrollo de la labor periodística.  Así mismo, la Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue estos hechos teniendo como principal hipótesis de la investigación que el daño contra la infraestructura del medio estuvo motivado por el ejercicio informativo de la emisora.

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza rotundamente las agresiones de las que fueron víctimas varios periodistas por parte de la fuerza pública mientras realizaban el cubrimiento del Paro Nacional en Bogotá el 25 de abril de 2019.

Las agresiones a la prensa por parte de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales siguen incrementado dramáticamente. En lo corrido de este año, la FLIP ha registrado quince ataques, uno menos que el total de los registrados en el año 2018. El jueves 25 de abril se registraron por lo menos cinco violaciones a la libertad de prensa, que involucraron agresiones físicas, obstrucciones y daño de equipo periodístico.

Álvaro Tavera, reportero gráfico de Colprensa, fue agredido por agentes del ESMAD, mientras cubría la manifestación en la Plaza de Bolívar. Un integrante de este cuerpo policial lanzó un fuerte golpe a la cámara del periodista cuando tomaba una fotografía, lo que ocasionó que el equipo chocara contra su rostro y le rompiera el labio. Además, Tavera recibió un golpe con una piedra, que le ocasionó un corte en su pierna izquierda.

Los fotoperiodistas independientes Gerald Bermúdez y Daniel Garzón también resultaron afectados. A Bermúdez, un integrante del ESMAD intentó quitarle la cámara con la que estaba grabando la movilización y, en medio del forcejeo, golpeó el dispositivo, le propinó una patada al reportero y lo insultó. El periodista perdió todo el contenido que había filmado. Por su parte Garzón recibió un fuerte golpe en su cabeza por un agente del ESMAD mientras buscaba un sitio más seguro para hacer fotografías de la protesta.

En otras ocasiones, la FLIP o los periodistas involucrados en las agresiones han pedido que se investiguen a los uniformados involucrados en esta clase de hechos, pero los procesos no han mostrado resultados. Lamentablemente, la falta de investigación y sanción es un incentivo para nuevas agresiones.

Estas agresiones contra la prensa son contrarios al derecho constitucional que tiene todos los ciudadanos a informar y a ser informados. La FLIP reitera sus llamado a la Policía Nacional para que sea garante del desarrollo de la labor periodística durante el cubrimiento de las manifestaciones y conmina a las autoridades para que realicen las investigaciones pertinentes.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la obstrucción e intimidación de la que fueron víctimas en el departamento del Cauca varios periodistas de medios locales y nacionales por parte de encapuchados mientras se dirigían a cubrir una rueda de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Dos de los periodistas manifestaron que al llegar al sector de La Agustina, jurisdicción de Santander de Quilichao, encapuchados no los dejaron avanzar y amenazaron con quemar los vehículos en los que se movilizaban si no se retiraban del lugar. En esta misma zona, el el 19 de marzo, fue asesinado un patrullero de la Policía Nacional en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Los periodistas aseguran que cuando fueron interceptados, informaron a los encapuchados que tenía autorización del CRIC para ingresar a la rueda de prensa. Sin embargo, tras las intimidaciones, los reporteros decidieron retirarse del lugar. Otros periodistas manifiestan que colegas y habitantes de la zona les informaron sobre los bloqueos y las presencia de encapuchados por lo que se abstuvieron de seguir avanzando.

Durante el 2018 y en lo que va del 2019 la Fundación ha registrado 18  ataques a la prensa durante el cubrimiento de manifestaciones. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que “los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones violan tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo —pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen—”.

En comunicación con la Policía del Cauca, la institución dio a conocer que los canales para denunciar este tipo de hechos están abiertos. La Fundación invita a los periodistas para que informen a las autoridades este tipo de situaciones y exhorta a estas instituciones para que adelanten las investigaciones correspondientes y brinden las garantías de seguridad necesarias para que los periodistas puedan desarrollar libremente su labor periodística.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las violaciones a la libertad de prensa de las que fueron víctimas dos periodistas el pasado 16 de marzo, mientras cubrían la Minga indígena y campesina a la altura de El Cairo, Cajibío, en el departamento del Cauca.

La FLIP conoció que William Enrique Becerra, periodista de Marcha Patriótica, fue víctima de obstrucción, agresión y retención arbitraria por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía cuando cubría la intervención de ese cuerpo policial en el campamento de El Cairo.

Becerra manifestó que cuando empezó a grabar el operativo, un agente del Esmad le arrebató la cámara y se la lanzó a la cabeza, dañando el equipo. Además, Becerra asegura que intentó hacer una transmisión en vivo que fue impedida por agentes que lo tumbaron al piso, le propinaron varios golpes y le quitaron su celular. Después de eso, el comunicador fue trasladado a la estación de Policía del municipio de Piendamó en donde se verificó que él es periodista.

En comunicación con la FLIP, el Comandante del Departamento de Policía Cauca, Coronel Rojas García, manifestó no tener conocimiento de lo ocurrido. Por su parte, el jefe de Derechos Humanos de la Policía en el departamento, Capitán Trujillo, sostuvo que los agentes del Esmad en dos ocasiones solicitaron la identificación del periodistas y que, en una de ellas, no tenía ningún documento, por lo que el periodista fue trasladado a la estación de policía para identificación por huella digital. Sobre la agresión y el daño a los equipos, el Capitán asegura no haber recibido ningún reporte.

Sin embargo, Becerra asegura que cuando ocurrió la agresión y el daño de la cámara, él portaba su documento de identificación y un chaleco rojo de prensa. Además, al ser traslado a la estación de policía él informó a los dos agentes que lo recibieron el maltrato del que había sido víctima y la afectación de su equipo.

El periodista Andrés Martínez, de Colombia Informa, también fue víctima de agresiones. Martínez contó que fue impactado por uno de los gases lacrimógenos que lanzó el Esmad al campamento, lo que le ocasionó una leve lesión muscular en una de sus piernas. Además, la carpa en la que estaba instalado, para realizar el cubrimiento de la Minga, fue incendiada en medio del operativo. El periodista portaba chaleco y credencial de prensa.

La FLIP rechaza las agresiones de las que fueron víctimas estos dos periodistas. Resulta altamente preocupante que las autoridades encargadas de generar un ambiente seguro para el trabajo de los periodistas, por el contrario, generan un ambiente hostil para la prensa.

La Fundación solicitará que se inicie una investigación disciplinaria sobre los hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de los ataques contra la prensa. La FLIP además hace una llamado a la institución para que garantice el cubrimiento periodístico de todo tipo de manifestaciones sociales, para que la ciudadanía reciba un flujo de información plural sobre este tipo de asuntos de alto interés público.

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En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los  ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.

Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.

El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.

Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.  

El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales.  El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.

AQUÍ PUEDE NAVEGAR POR EL INFORME "PRENSA ACORRALADA: UN JUEGO DE VIOLENTOS Y PODEROSOS"

El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.

En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.

Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.

La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos

Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.

Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.

Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.

En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.

Aquí puede descargar el informe en PDF.

 

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el atentado del que fue víctima la periodista Tana Montoya, el pasado 24 de enero, en la vía que conduce del municipio de Anzá (Antioquia) a la ciudad de Medellín. Anteriormente, la periodista ya había reportado repetidas amenazas contra su vida, las cuales fueron puestas en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, a la fecha la entidad no ha implementado medidas de protección para la periodista.

De acuerdo con la periodista, a cuatro kilómetros del corregimiento de Güintar, en Anzá, dos hombres en una moto bloquearon el paso de la motocicleta en la que ella se desplazaba, le quitaron las llaves y le apuntaron con un arma de fuego en el estómago. Montoya manifiesta que el hombre que le apuntaba le dijo "bájate, hijueputa, que necesitamos hablar con vos". Ella descendió de la moto y, al notar que el hombre cargó el arma, salió corriendo. La periodista asegura que escuchó alrededor de diez disparos, varios de los cuales impactaron cerca a ella.

Tras correr aproximadamente diez kilómetros, Montoya llegó al caserío El Gredal, donde solicitó ayuda en un centro educativo. Uno de los habitantes se comunicó con la estación de Policía del corregimiento de Güintar y desde allí enviaron a dos policías, quienes la trasladaron hasta el municipio de Santa Fe de Antioquia.

Montoya administra desde el 2016 un medio a través de Facebook llamado el Opinómetro de Santa Fe de Antioquia. Allí, realiza críticas y llamados a la administración local y cubre hechos de interés general para la comunidad.  

La FLIP ya había puesto en conocimiento de la UNP las amenazas de las que había sido víctima Tana Montoya en el 2017 y 2018. Sin embargo, esta entidad no atendió el llamado con diligencia y hasta el momento no ha implementado medidas de protección para la periodista.

Es preocupante que la UNP, como entidad responsable de velar por la seguridad de los periodistas, aún no haya dado respuesta a la solicitud de medidas de protección para Tana Montoya. Por lo anterior, la Fundación hace un llamado a la UNP para que implemente medidas de protección por trámite de emergencia con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de la reportera e inicie el estudio de nivel de riesgo cuanto antes para determinar la situación de seguridad de la periodista.

La Fundación también hace una llamado a la Fiscalía para que investigue los hechos con el fin de capturar y sancionar a los responsables.

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