Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La FLIP tuvo conocimiento de que el 6 de agosto de 2019 Jineth Bedoya recibió varias llamadas y mensajes intimidantes provenientes de un número desconocido. 

Paradójicamente, este mismo día la periodista fue galardonada con el Gran Premio Libertad de Prensa 2019 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Con este premio, según  María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP, buscan honrar la lucha de Bedoya y generar conciencia sobre los riesgos que sufren muchas las mujeres periodistas. 

Teniendo en cuenta los hechos de los que ha sido víctima la periodista y que lo anterior se enmarca en un contexto de avances en la justicia nacional e interamericana en relación con este caso, esta es una situación que genera una alerta sobre su seguridad y el riesgo al que está expuesta Jineth Bedoya. 

El 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo por los hechos de los que fue víctima la periodista. En este informe la Comisión declaró la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos cometidos contra Jineth Bedoya y dictó una serie de recomendaciones para la reparación de las víctimas. 

Posteriormente, el 16 de julio, la CIDH decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que este tribunal determine la responsabilidad del Estado en el caso.  

A nivel nacional, el 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevoepizca') a cuarenta años y seis meses de prisión, por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual. Por su parte, a Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'JJ'), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de treinta años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

Teniendo en cuenta lo anterior, la FLIP expresa su preocupación por la vida y la integridad de la periodista Jineth Bedoya Lima. Así mismo resalta la pronta respuesta de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales en relación a este caso y espera que la respuesta sea igual de eficiente en otros casos. Es importante que estas entidades investiguen activamente los hechos y tomen prontamente las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas.

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A pesar de la preocupante cifra de agresiones, hubo una buena noticia para el ejercicio periodístico gracias a una sentencia de la Corte Constitucional que estableció nuevos parámetros para valorar el riesgo que corren los periodistas.

 

Violaciones a la libertad de prensa

En el primer semestre de 2019, la FLIP registró 196 violaciones a la prensa. De ese total, 58 han sido amenazas, 21 hostigamientos, 20 obstrucciones al trabajo periodístico y 15 agresiones. Con relación al 30 de junio de 2018, los hostigamientos y obstrucciones presentan un incremento de dos casos cada uno, mientras que los casos de agresiones aumentaron en seis en lo corrido del año. Las regiones con más agresiones son Bogotá, Antioquia, Cauca y Arauca.

En relación con las amenazas, la FLIP ha registrado una disminución de 26 casos en comparación con el primer semestre del 2018 cuando se registraron 84 amenazas contra periodistas. No obstante la disminución, la cifra sigue siendo preocupante, en especial por los pocos avances de la justicia en la identificación de los responsables.

Los hechos más lamentables fueron los asesinatos de Mauricio Lezama, en Arauca, y Libardo Montenegro, en Nariño. La FLIP exige a la Fiscalía la pronta investigación de los homicidios y el juzgamiento de sus responsables.

 

Corte Constitucional establece nuevos parámetros para la valoración del riesgo de los periodistas

Este semestre también dejó una decisión judicial destacada: la Corte Constitucional dictó la sentencia T-199 de 2019, en la que fijó parámetros para la valoración del riesgo de los periodistas. De acuerdo con la Corte, la evaluación del riesgo que realiza la Unidad Nacional de Protección (UNP) para asignar medidas de seguridad debe considerar por lo menos tres aspectos: el perfil del periodista (tipo de audiencia, nivel de difusión, respaldo institucional, etc.), contenido de la información u opinión difundida y el contexto del lugar en el que se desempeña el periodista (cifras de periodistas agredidos, presencia de grupos delincuenciales, dificultades derivadas del desplazamiento en el sector, etc.).

En su experiencia, la FLIP ha notado que durante años los análisis de riesgo realizados por la UNP se han centrado en constatar si los periodistas han recibido o no amenazas, en vez de hacer análisis integrales que consideren sus contextos. Ejemplo de lo anterior es que la UNP, en la respuesta que dio a la tutela estudiada por la Corte, dijo no tener información sobre la situación general del periodismo en Caquetá ni datos sobre periodistas atacados o asesinados.

Este fallo se dio con ocasión de la revisión de la tutela interpuesta por el periodista Herley Ramírez contra la UNP, luego de que la UNP decidiera retirar las medidas de protección que le había otrogado sin antes realizar una valoración integral de su situación de riesgo. La Corte concluyó que la UNP vulneró los derechos fundamentales del periodista y le ordenó a la entidad realizar una nueva evaluación de riesgo.

La FLIP celebra la decisión adoptada por la Corte Constitucional pues la misma incorpora en la jurisprudencia nacional estándares internacionales en materia de protección de periodistas. La FLIP también insta al tribunal a hacer seguimiento a la inclusión por parte de la UNP de los parámetros fijados en la sentencia.

 

 

2019: un año electoral y el inicio de una ruta emocionante

Durante la primera parte del año, la FLIP también estuvo realizando acciones para garantizar el libre ejercicio de la prensa durante las elecciones locales que se avecinan. Vale resaltar que junto con nuestros aliados del Proyecto Antonio Nariño convocamos el Pacto por la libertad de prensa  y contra la desinformación que fue firmado por la mayoría de partidos y movimientos políticos.

De otro lado, nos emociona mucho haber puesto en marcha el laboratorio de Periodismo Ruedas creando redes que busca inspirar la creación de medios de comunicación locales en las regiones del país. A través de un diplomado, diseñado según las necesidades de las poblaciones que visitaremos, esperamos poner a las democracias locales en movimiento. 

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El sábado 18 de mayo The New York Times publicó una nota del periodista Nicholas Casey sobre políticas del ministerio de Defensa de Colombia advirtiendo sobre el riesgo de que se repita un fenómeno de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se conoció como “falsos positivos”.

Esa misma mañana, los congresistas del Centro Democrático María Fernanda Cabal y Juan David Vélez publicaron en sus cuentas de Twitter unos trinos estigmatizantes contra Casey, incluyendo en ellos imágenes donde se observa la presencia del fotógrafo Federico Ríos, quien también trabaja para el diario neoyorquino.

En dichas publicaciones, los congresistas sugieren, a través de preguntas, que los reporteros habrían recibido dinero de las FARC para publicar información falsa. Tras la publicación de los trinos, Casey y Ríos recibieron múltiples acusaciones y estigmatizaciones por parte de usuarios de Twitter. Ese mismo día el The New York Times expresó que el diario no toma partido en ningún conflicto político en ninguna parte del mundo, resaltando que también ha escrito fuertes historias contra las FARC y grupos rebeldes.

El domingo 19 de mayo, Casey y Ríos hicieron público que tomaron la medida de salir del país dadas las acusaciones de la senadora Cabal y el representante Vélez. Esa tarde, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez publicó en Twitter que el gobierno de Iván Duque es respetuoso con la libertad de prensa y que las posiciones individuales de terceros no son las del gobierno y, por tanto, ningún periodista debe abandonar el país por cuenta de sus publicaciones. También Francisco Barbosa, Consejero presidencial para los derechos humanos, sostuvo que el gobierno no acepta las amenazas contra la libertad de expresión y que cualquier acto que viole los derechos humanos será rechazado por el gobierno.

En relación con estos hechos la FLIP rechaza cualquier estigmatización a Casey y Ríos, y se permite compartir la siguiente información al respecto:

  1. Durante años, la FLIP ha llamado la atención sobre el riesgo que causan las estigmatizaciones provenientes de funcionarios públicos y líderes políticos. Esta clase de señalamientos en los que sin prueba que lo acredite se vincula a los periodistas con acciones u organizaciones ilegales son muy peligrosos ya que pueden ser entendidas como señal de permisividad para que terceros comentan agresiones en contra de la prensa.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el caso Ríos y otros v. Venezuela que "las personas que trabajan para determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentados, si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan provocar, sugerir acciones o ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas o de quienes ejercen esa libertad de expresión”. El acatamiento de estos estándares es imperativo para el Estado colombiano en el seno de sus compromisos ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

  1. Lo anterior, por supuesto, no quiere decir que los funcionarios no puedan criticar a la prensa o cuestionar la veracidad de lo dicho, sino que tienen la obligación de tramitar sus diferencias con los periodistas a través de solicitudes de rectificación o presentando argumentos y pruebas. Velando siempre por mantener en su discurso un tono favorable a la deliberación pública y evitando que sus declaraciones abran la puerta a ataques contra el periodismo.

Al respecto de este asunto, los relatores especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, de la Comisión Africana y de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa publicaron en 2018 una declaración conjunta en la que sostuvieron que “[e]s legítimo que los políticos y los funcionarios públicos formulen críticas, correcciones u objeciones con respecto a reportajes específicos en los medios. Sin embargo, cuando lo hagan, siempre deben tener cuidado de asegurar que sus comentarios sean precisos, evitar la estigmatización y la desacreditación de los medios y no amenazar a periodistas ni socavar el respeto de la independencia de los medios de comunicación”. Esta es la exigencia de los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

  1. Independientemente de la posición que se tenga sobre el artículo de Casey, es innegable que la publicación trata un asunto del más alto interés público. Esta circunstancia hace que los estándares constitucionales e interamericanos la consideren como un discurso especialmente protegido.

En el caso Usón Ramírez v. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que "las expresiones concernientes al ejercicio de funciones de las instituciones del Estado gozan de una mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático en la sociedad”. En dicha decisión, la Corte resaltó la mayor protección que el Estado debe dar al ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática frente a publicaciones que involucren a instituciones militares y sus miembros.

  1. Es importante destacar el rol que cumplen los corresponsales de medios internacionales, quienes pueden ayudar a visibilizar historias en entornos dominados por la autocensura. Cuando desde voces potentes del Estado se estigmatiza a un periodista que logra llevar al debate público asuntos de tan alto interés público, se activa un efecto inhibitorio que afecta tanto al reportero involucrado como a otros periodistas y medios de comunicación que pueden preferir callarse ante el miedo de posibles agresiones en su contra. En este sentido la estigmatización tiene un efecto aleccionante y de autocensura en el debate público. En últimas, la afectación no es solo para la prensa sino también para la ciudadanía que se pierde de conocer y debatir informaciones y opiniones que son de su interés.

En su informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios (2013), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH sostuvo que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno. De igual forma, es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones contra periodistas y alienten a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables".

La FLIP hace un llamado a los funcionarios y líderes políticos para que cuiden del ambiente en el que se ejerce la libertad de expresión en Colombia, les invitamos a que tramiten sus controversias con los medios siendo conscientes del poder de su voz y los efectos que pueden provocar en sus seguidores. Para ello es fundamental que  se abstengan de hacer declaraciones estigmatizantes en contra de la prensa. Sobre este caso la FLIP solicita una observación especial por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

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El 16 de mayo de 2019, Romel Gorozabel, productor de Caracol Noticias en Venezuela, fue detenido arbitrariamente junto a otros seis periodistas por miembros del SEBIN, en Caracas (Venezuela). La detención se dio cuando los periodistas llegaron a cubrir un operativo que estaba realizando el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en la residencia de Iván Simonovis, ex jefe de seguridad ciudadana de Caracas, quien tiene casa por cárcel desde 2014.

Los reporteros de Caracol Noticias, Venevisión, VIVOplay y TVnoticias quedaron incomunicados cerca de las 10 de la mañana y aún no hay claridad sobre las razones de la detención. Pasado el mediodía, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTPV) dio cuenta de su liberación a través de su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez que el SEBIN atenta contra la libertad de prensa al detener arbitrariamente a periodistas de medios colombianos durante el desarrollo de su labor periodística. En enero de este año, seis periodistas de distintas nacionalidades fueron detenidos durante 14 horas en Caracas.

Estas detenciones son graves violaciones a la libertad de prensa que afectan el derecho a la libertad de información en el desarrollo de hechos que son de interés de la ciudadanía. El Proyecto Antonio Nariño rechaza esta detención y hace un llamado para que estos hechos que limitan el ejercicio de la prensa no vuelvan a ocurrir.

 

 

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El 1 de mayo, el periodista Daniel Martínez, corresponsal de RCN en Arauca, recibió una llamada amenazante de una persona que se identificó como miembro del frente Domingo Laín, perteneciente a la guerrilla del ELN. Este sujeto advirtió al periodista que tenía hasta las cuatro de la tarde de ese mismo día para irse de Arauca.

En el 2014, el periodista ya había recibido una llamada de un número desconocido en la que un hombre amenazó con matarlo. Y en enero de este año, en una de las ventanas de su carro le escribieron "está advertido".

Martínez, además de ser periodista en RCN, es propietario del portal de noticias El Círculo. En ambos medios de comunicación el periodista ha hecho un amplio cubrimiento de la difícil situación de orden público que se vive en el departamento de Arauca, a causa de la presencia de grupos armados. Otros periodistas del departamento también han recibido llamadas intimidatorias de personas que se identifican como miembros de la guerrilla del ELN y que les exigen que vayan a reuniones con ellos para seguir “instrucciones”.

La FLIP rechaza esta amenaza, expresa su preocupación por estos hechos y advierte sobre un clima intimidante creciente en el departamento de Arauca que puede derivar en autocensura y silenciamiento de medios sobre asuntos de interés público.

Ante la gravedad de los hechos, el Canal RCN y la FLIP han trabajado coordinadamente para apoyar a Martínez. La Fundación resalta la celeridad con la que el medio ha concurrido a la protección del periodista. No obstante lo anterior, la FLIP exige a la UNP que implemente a la brevedad medias de protección de emergencia con el fin de salvaguardar la vida y la integridad del periodista y hace un llamado a la Fiscalía para que investigue con celeridad estos hechos con el fin de juzgar y sancionar ejemplarmente a los responsables.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las violaciones a la libertad de prensa de las que fueron víctimas dos periodistas el pasado 16 de marzo, mientras cubrían la Minga indígena y campesina a la altura de El Cairo, Cajibío, en el departamento del Cauca.

La FLIP conoció que William Enrique Becerra, periodista de Marcha Patriótica, fue víctima de obstrucción, agresión y retención arbitraria por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía cuando cubría la intervención de ese cuerpo policial en el campamento de El Cairo.

Becerra manifestó que cuando empezó a grabar el operativo, un agente del Esmad le arrebató la cámara y se la lanzó a la cabeza, dañando el equipo. Además, Becerra asegura que intentó hacer una transmisión en vivo que fue impedida por agentes que lo tumbaron al piso, le propinaron varios golpes y le quitaron su celular. Después de eso, el comunicador fue trasladado a la estación de Policía del municipio de Piendamó en donde se verificó que él es periodista.

En comunicación con la FLIP, el Comandante del Departamento de Policía Cauca, Coronel Rojas García, manifestó no tener conocimiento de lo ocurrido. Por su parte, el jefe de Derechos Humanos de la Policía en el departamento, Capitán Trujillo, sostuvo que los agentes del Esmad en dos ocasiones solicitaron la identificación del periodistas y que, en una de ellas, no tenía ningún documento, por lo que el periodista fue trasladado a la estación de policía para identificación por huella digital. Sobre la agresión y el daño a los equipos, el Capitán asegura no haber recibido ningún reporte.

Sin embargo, Becerra asegura que cuando ocurrió la agresión y el daño de la cámara, él portaba su documento de identificación y un chaleco rojo de prensa. Además, al ser traslado a la estación de policía él informó a los dos agentes que lo recibieron el maltrato del que había sido víctima y la afectación de su equipo.

El periodista Andrés Martínez, de Colombia Informa, también fue víctima de agresiones. Martínez contó que fue impactado por uno de los gases lacrimógenos que lanzó el Esmad al campamento, lo que le ocasionó una leve lesión muscular en una de sus piernas. Además, la carpa en la que estaba instalado, para realizar el cubrimiento de la Minga, fue incendiada en medio del operativo. El periodista portaba chaleco y credencial de prensa.

La FLIP rechaza las agresiones de las que fueron víctimas estos dos periodistas. Resulta altamente preocupante que las autoridades encargadas de generar un ambiente seguro para el trabajo de los periodistas, por el contrario, generan un ambiente hostil para la prensa.

La Fundación solicitará que se inicie una investigación disciplinaria sobre los hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de los ataques contra la prensa. La FLIP además hace una llamado a la institución para que garantice el cubrimiento periodístico de todo tipo de manifestaciones sociales, para que la ciudadanía reciba un flujo de información plural sobre este tipo de asuntos de alto interés público.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la decisión de Alfonso Lineros, alcalde del municipio El Socorro (Santander), de impedir el funcionamiento de la emisora La Cúpula en la Casa Campesina, donde ha funcionado durante los últimos veinte años. Según los reporteros, la restricción se viene presentando desde hace seis meses y, por este motivo, la radio comunitaria está en peligro de perder la licencia.

El inmueble en el que se encontraba operando la emisora figura a nombre de la Alcaldía de Socorro. Sin embargo, en la escritura pública de adquisición del bien se pactó en el punto séptimo la condición de que el bien se destinaría “para una obra social que es LA CASA CAMPESINA DE LA PROVINCIA CAMPESINA y que por tratarse de interés social y público queda exenta del pago de retención en la fuente”.

La FLIP tuvo conocimiento de que el medio de comunicación se encuentra fuera del aire desde el 3 de septiembre de 2018. Según los miembros de la organización, desde esa fecha, el alcalde de El Socorro restringió el acceso de los trabajadores a las instalaciones de la emisora y cambió las guardas. El mandatario argumenta que tiene la potestad de tomar esta determinación, pero los trabajadores del medio consideran que se trata de una retaliación por las críticas que se han emitido al aire sobre las gestiones de la administración.

En cuanto a las acciones que ha emprendido, el alcalde ha manifestado que la decisión hace parte de un requerimiento de la Contraloría Departamental de tomar control del inmueble. Además, en diálogo con Noticias Uno, aseguró que la decisión estuvo motivada por las actividades que desarrolla la emisora para su funcionamiento, señalando que: “era una emisora que tenía más fines comerciales que, lógicamente, comunitarios”.

Sergio Rojas, jefe de prensa de la alcaldía, añadió que la administración podía tomar esta determinación, teniendo en cuenta que la Asociación Coordinadora de Organizaciones Campesinas del Socorro no tenía ningún compromiso contractual para el funcionamiento de la emisora. Sin embargo, Hilario Bayona, representante legal de “La Cúpula” asegura que en 1999, cuando la casa fue adquirida por la alcaldía y cedida en comodato, la asociación quedaba exonerada de cualquier pago y, en contraprestación, la emisora debía difundir la pauta de la administración.

La decisión de la administración ha causado molestia en los comunicadores de la emisora, debido a que, según ellos, las razones del mandatario para ordenar el cierre no son administrativas, sino editoriales. En entrevista con Noticias Uno, Fernando Otero, periodista de la emisora, aseguró: “Él decidió callarnos seguramente por unas críticas que yo le hice dentro del noticiero”.

La FLIP rechaza la determinación del alcalde Alfonso Lineros, debido a que la restricción para el ingreso de los comunicadores a la emisora afecta su ejercicio informativo y el derecho de los ciudadanos a acceder a información plural sobre hechos de interés público. En ese sentido, la Fundación le hace un llamado a la administración de El Socorro para que disponga de un espacio de concertación en el que se atienda el llamado de los comunicadores y los habitantes del municipio con el fin de que adelanten las gestiones necesarias para que se reanuden las actividades de La Cúpula.

La FLIP también hace un llamado a la Procuraduría para que revise las acciones desarrolladas por el alcalde y evalúe si se cometió alguna falta disciplinaria.

Finalmente, la FLIP hace una llamado al Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones que tenga en cuenta las circunstancias en las que se presentó la suspensión del funcionamiento de la emisora con el fin de que se abstenga de interrumpir la licencia.

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la retención de la que fueron víctimas los periodistas Diego Veloza (Caracol Televisión), Luis Enrique Cárdenas (Noticias Uno), el camarógrafo Neiser Velázquez y el defensor de derechos humanos Jorge Solano, el pasado 16 de febrero por parte de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los periodistas estaban realizando trabajo de reportería en el corregimiento de San Pablo, en la región de Catatumbo, Norte de Santander.

Los periodistas se trasladaron en la mañana del sábado al corregimiento de San Pablo para cubrir los daños ocasionados al río Catatumbo por el derrame de crudo que produjo el atentado del pasado martes contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas. A la salida del corregimiento, un grupo de cuatro hombres armados que se identificaron como miembros del ELN retuvo el vehículo en el que se trasladaban los hombres, los hicieron bajar y les quitaron los equipos periodísticos, los teléfonos celulares, los chalecos de prensa y la camioneta en la que se transportaban.

Los periodistas manifestaron que la retención duró, aproximadamente, veinte minutos y que los dejaron ir una vez escucharon sobrevolar un helicóptero del ejército muy cerca de donde ellos estaban. Finalmente, los periodistas fueron auxiliados por habitantes de la zona y llevados a la base militar de La Esmeralda, en el municipio de Convención.

Tanto la retención de los periodistas como el hurto de sus sus equipos son delitos castigados por la ley penal colombiana, además de una grave violación a la libertad de prensa. Con sus acciones el ELN no sólo impidió que los reporteros informaran sobre un asunto de interés público sino que envía también un mensaje a otros periodistas para que no trabajen informando sobre los asuntos relevantes en la zona.

De acuerdo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.

El Catatumbo es una de las zonas más difíciles para el cubrimiento periodístico y el Estado colombiano tiene el deber de investigar este tipo de agresiones, de proteger a los periodistas y de prevenir las violaciones a la libertad de prensa. La FLIP hace un llamado a los actores armados para que cesen las intimidaciones, retenciones y demás agresiones. También hace un llamado a la Fiscalía para que investigue estos hechos.

 

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La FLIP manifiesta su preocupación por la denuncia conocida en los últimos días sobre presuntas órdenes de vigilancia del CTI a las comunicaciones del periodista Ernesto Yamhure. De acuerdo con la denuncia hecha por Andrés Sepúlveda, el llamado “hacker” que trabajó como asesor para la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, durante su reclusión recibió órdenes de Danny Julián Quintana, ex director del CTI de la Fiscalía, de atacar e intervenir las comunicaciones del periodista.

Según Sepúlveda, luego de negarse a ejecutar tales órdenes, Quintana tomó represalias en su contra, quitándole comodidades y trasladándolo a otro establecimiento. En entrevista con La W, Quintana negó rotundamente todas las acusaciones de Sepúlveda. Por su parte, este último dice tener correos electrónicos que prueban que recibió tales órdenes.

La vigilancia ilegal trae graves consecuencias para la libertad de expresión al afectar la intimidad y el trabajo de los periodistas y de sus fuentes, actuando como un incentivo para la autocensura. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que la interceptación de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio que afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión: “En efecto, sin un espacio privado, libre de injerencias arbitrarias del Estado o de particulares, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no puede ser ejercido plenamente. Esta misma relatoría y la Relatoría Especial para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU publicaron en 2013 una Declaración Conjunta en la que sostuvieron que “[l]a vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas”.

De ser ciertas las denuncias de Sepúlveda, se revivirían las preocupaciones en torno al grave problema de la vigilancia ilegal del Estado a las comunicaciones de periodistas, luego de episodios tan penosos como los escándalos de las “chuzadas” del DAS (revelado en 2009 por la Revista Semana) y del centro de operaciones militares “Andrómeda” (revelado en 2014 por la misma revista).

La FLIP exhorta a la Fiscalía para que avance en la investigación de las denuncias para que se aclaren los hechos.

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La periodista Claudia Julieta Duque y su hija María Alejandra Gómez demandaron en las últimas horas al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los múltiples ataques de los que han sido víctimas desde el año 2001, entre los que se cuentan un secuestro, graves amenazas, tortura psicológica, persecución y exilios, La mayoría de estos se encuentra en la impunidad, en el marco de juicios e investigaciones ralentizadas contra exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La periodista comenzó a ser perseguida en el año 2001, cuando investigaba el caso del asesinato del también periodista Jaime Garzón Forero. En la petición presentada ante la CIDH durante el período de sesiones que se lleva a cabo a partir de este lunes en Boulder (Colorado, Estados Unidos), se hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos infligidas por el DAS contra ambas demandantes entre los años 2001 y 2008, y se menciona la impunidad en que permanecen nuevas amenazas y hostigamientos sufridos por la periodista y su familia a raíz de la batalla por justicia que ha emprendido la periodista Duque en Colombia.

En el expediente penal se llegó a comprobar que existió un plan específico de persecución contra la periodista que fue llevado a cabo desde el DAS. En la actualidad, varios ex funcionarios de esa entidad involucrados en los ataques contra Claudia Julieta Duque continúan ejerciendo cargos públicos, uno está libre por vencimiento de términos y otro por cuenta de irregularidades procesales que la Fiscalía se negó a corregir, mientras otros más que se encuentran en juicio están prófugos de la justicia. El proceso penal –con excepción de tres condenas por aceptación de cargos–  se ha paralizado en los últimos años pese al abundante caudal probatorio.

Los hechos de la petición han sido calificados por las cortes colombianas como tortura psíquica agravada y por la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad, por el patrón sistemático de ataques, hostigamientos, seguimientos, actividades de inteligencia y contrainteligencia perpetrados por DAS en contra de la periodista.

La demanda fue presentada en nombre propio y de su madre por la hija de Claudia Julieta, quien hoy es abogada y becaria en una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Durante más de un año, María Alejandra trabajó en la demanda de su propio caso como una forma de apoyar activamente a la periodista Duque en su lucha por justicia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha acompañado el caso de Claudia Julieta Duque desde hace más de una década, lo que ha llevado a varios de sus miembros a servir como testigos en los procesos judiciales en Colombia. Desde la FLIP esperamos que la Comisión atienda la solicitud de las demandantes en busca de justicia definitiva.

Tanto Duque como Gómez son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH desde el año 2009, por lo que las demandantes han solicitado darle a su caso un trámite prioritario, o “per saltum”, de conformidad con el reglamento interno de la Comisión.

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