Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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  • Los periodistas amenazados han denunciado hechos de corrupción por parte de la administración departamental.

  • En el panfleto firmado por el ELN se los declara objetivo militar.

  • La FLIP le solicita a la UNP que evalúe la situación de riesgo de los periodistas.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la amenaza que recibieron los periodistas Cipriano López, Lina María Peña, Yannis Moscote, Víctor Polo, Miguel Martínez, Víctor Rodríguez, Aristides Herrera y Leopoldo Díaz Granados. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad de los reporteros.

El 7 de agosto varios de los periodistas afectados recibieron el panfleto con firma del ELN en el que son declarados objetivo militar con la siguiente advertencia: “se les otorga un plazo de 48 horas para que abandonen el país con sus familias o se atendrán a las consecuencias”. Los reporteros mencionados en el panfleto han denunciado hechos de corrupción por parte de la administración departamental y coinciden en que les parece extraño que la amenaza sea responsabilidad del ELN, debido a que no han hecho denuncias relacionadas con este grupo armado y no tienen conocimiento de su presencia en Magdalena. 

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación de riesgo de los reporteros con el fin de implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La FLIP le hace un llamado al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, para que rechace estas amenazas y, a partir de su rol como garante de la libertad de prensa en el departamento, respalde públicamente la labor de los periodistas y medios de comunicación a quienes se dirige esta amenaza. Al respecto, la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión (RELE) sostiene que: “Una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”. 

 

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La FLIP presenta un informe en el que expone las irregularidades en la Unidad Nacional de Protección sobre el Comité de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) y le solicita que garantice la participación de la sociedad civil.

El 4 de marzo de 2020 la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) regresó al Comité de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), espacio a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el que se determina el tipo de esquema de seguridad que les será implementado a los periodistas que se encuentran en riesgo.

A partir de ese momento, la FLIP ha identificado cómo los delegados y la Secretaría Técnica del CERREM ocultan información de manera deliberada sobre los casos estudiados y se presentan constantes irregularidades en el desarrollo de las sesiones y el estudio de los casos.  

Una de las irregularidades es que desde octubre de 2018 la Secretaría Técnica del CERREM dejó de entregar a las organizaciones de la sociedad civil los resultados de las matrices de evaluación de riesgo al que están expuestos los periodistas. Además, se ha excluido a las organizaciones de la discusión sobre las medidas de seguridad que se implementarán en cada uno de los casos que son evaluados. 

En este informe se explican estas irregularidades y hacen varios llamados a las autoridades para que se garantice la participación de la sociedad civil en las sesiones del Comité.

Aquí puede leer en línea el informe.

 

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  • El periodista Juan Alejandro Loaiza participa en el informativo de la emisora comunitaria.

  • En Algeciras se vive una difícil situación de orden público.

  • Después de recibir una amenaza de muerte, Loaiza decidió abandonar el municipio.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la intimidación que recibió Juan Alejandro Loaiza, periodista de la emisora comunitaria Nueva Era Algeciras, por parte de desconocidos. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad del comunicador.

El pasado 17 de julio, hacia las diez de la mañana, un hombre en una moto interceptó al reportero mientras se dirigía al centro del municipio y lo amenazó de muerte. Según Loaiza, el hombre le dijo que debía irse de Algeciras o de lo contrario iba a pagar con su vida. Dos días después de que el periodista recibiera esta intimidación, abandonó el municipio para proteger su vida y su integridad.

El reportero participa en el informativo de la emisora comunitaria que se transmite de lunes a viernes en la franja de la mañana. En este espacio Loaiza ha hecho críticas a las gestión de algunos concejales del municipio y ha informado sobre la difícil situación de orden público que se vive en Algeciras. Un día antes de que el periodista fuera amenazado, cuatro personas fueron asesinadas en la vereda Quebradón Sur y antes de eso, el primero y seis de julio,  fueron asesinados dos líderes en las veredas de El Puente y Santuario. Sumado a esto, según la ONU, a inicios de julio, 42 familias de la zona rural del municipio de Algeciras tuvieron que desplazarse luego de recibir amenazas.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente de manera urgente las medidas de protección necesarias para que el reportero pueda regresar a su municipio en condiciones de seguridad. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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El 16 julio de 2020, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que de ser aprobado por el Senado, el Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, deberán presentar un informe para determinar si la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia fue utilizada para fines de vigilancia o inteligencia ilegal a la población civil. También tendría por objeto identificar si entre los afectados habría defensores de derechos humanos, periodistas, personal judicial y miembros de la oposición.   

Esta alerta se emitió después de que Revista Semana publicara su investigación “Carpetas secretas”, en la que denuncia las acciones de vigilancia y perfilamiento por parte del Ejército colombiano a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales e internacionales, políticos, líderes sindicales, y otros miembros de las fuerzas armadas. Luego de la denuncia pública, persisten las dudas sobre el posible uso de la asistencia internacional ofrecida por los Estados Unidos para adelantar estas labores ilegales de vigilancia.

Este tema ha despertado la preocupación de los congresistas de Estados Unidos y al menos 100 de ellos le solicitaron al Secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, que le exija al gobierno de Iván Duque que se comprometa con la implementación del Acuerdo de paz para de proteger a los defensores de derechos humanos, incluidos los periodistas. Sin embargo, hasta la fecha no hay una respuesta pública del Gobierno sobre esta petición.    

Hasta el momento el Gobierno colombiano no ha revelado los hallazgos de los procesos disciplinarios y penales que anunció en mayo de 2020 cuando se publicó la denuncia ni ha dado respuesta a los derechos de petición presentados por la FLIP y los periodistas afectados. En ese sentido, la Fundación considera indispensable y oportuno que la cooperación internacional le solicite al Gobierno de Iván Duque celeridad en los resultados de las investigaciones con el fin de proteger a los reporteros que se encuentran en riesgo por estas acciones de vigilancia. Al respecto es importante que las autoridades estadounidenses adelanten una veeduría exhaustiva de estos procesos con el fin de que los resultados permitan conocer la verdad sobre los responsables de las labores de inteligencia y cuál fue el alcance de las mismas.  

Para la FLIP es importante que este reporte contenga información detallada sobre la participación de los agentes estatales colombianos en las labores de vigilancia dirigidas a la prensa, que detalle las actividades, los objetivos y su alcance con el fin de identificar la cadena de mando involucrada en estas acciones. Adicionalmente, de acuerdo a lo planteado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el informe deberá dar cuenta del uso de recursos de asistencia al sector de seguridad para estas labores proveniente de ese país y la respuesta por parte del Departamento de Estado y la Dirección de Inteligencia Nacional frente a estas denuncias. En ese sentido, se espera que el reporte responda a las siguientes preguntas, formuladas por los reporteros afectados, al Estado colombiano: 

  • ¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar, que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país?

  • Uno de los objetivos de la inteligencia militar es proteger los derechos humanos, y prevenir y combatir amenazas internas o externas que se relacionen con la seguridad nacional. ¿Somos los periodistas y medios vigilados por el Estado, una amenaza para la seguridad nacional? ¿Con qué criterio justifican activar contra la prensa labores que están dispuestas para combatir la criminalidad?

  • ¿Quiénes eran los destinatarios y/o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos?

  • ¿Tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal? ¿Qué acciones tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización? 

La FLIP valora positivamente el compromiso de las autoridades estadounidenses por adelantar acciones de veeduría alrededor de estas denuncias que involucran a las fuerzas armadas de Colombia. Esto envía un mensaje contundente de rechazo frente a este tipo de acciones antidemocráticas y pone de manifiesto la necesidad de que haya celeridad en las investigaciones por parte del Gobierno colombiano y las autoridades judiciales. 

Para la FLIP es indispensable el esclarecimiento del alcance de estas prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia militar para evaluar el riesgo que estas representan para los periodistas. Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país.   

En este sentido, la FLIP le hace un llamado al Departamento de Estado y a la Dirección de Inteligencia Nacional para que de ser el caso publiquen sus hallazgos con el fin de que sean tenidos en cuenta en las investigaciones que el Estado colombiano está adelantando. Este insumo puede ser vital para agilizar las investigaciones disciplinarias y penales, así como las evaluaciones de riesgo a cargo de la Unidad Nacional de Protección, de manera que se adopten las medidas de seguridad necesarias para proteger a los periodistas que han sido víctimas de violaciones a la libertad de prensa por parte del Estado.

La Fundación también reitera el llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que avancen rápidamente en las investigaciones con el fin de esclarecer los hechos, determinar los niveles de responsabilidad de los agresores y asignar las sanciones correspondientes.

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El acoso judicial es una estrategia de censura y desestimulación del ejercicio investigativo que cada vez se vuelve más común en Colombia. Ciertas personas hacen uso injustificado de herramientas jurídicas para intimidar a los periodistas y así silenciarlos. Se trata, por lo general, de denuncias penales por injuria o calumnia, y tutelas. 

Cualquier ciudadano tiene el derecho de denunciar cuando es víctima de algún delito o de interponer una tutela cuando sus derechos fundamentales están siendo violados. El problema ocurre cuando se utilizan estas herramientas con el fin de intimidar a los periodistas para que no investiguen ciertos temas, para evitar que publiquen alguna información o para que eliminen lo publicado.  

El acoso judicial es una forma de intimidación a periodistas que usualmente publican opiniones o información que incomodan a personajes públicos con poder. En estos casos, aunque el periodista sea diligente y las publicaciones respondan a un proceso investigativo, y a los principios de veracidad e imparcialidad, se les acusa de violar el derecho al buen nombre y a la intimidad de individuos públicamente reconocidos.

La victoria en este tipo de estrategias no depende de que las denuncias o tutelas fallen en contra del periodista. Detrás de la búsqueda de un fallo desfavorable para el periodista, lo que pretenden es agotarlo durante el proceso: producirle desgaste emocionalmente y hacer que incurra en un gasto de dinero para pagar un abogado que lo defienda y así desequilibrar su economía personal o familiar.

Otras consecuencias del acoso judicial es que los procesos congestionan la administración de justicia, desincentiva el debate público y afecta la libertad de prensa y el acceso de la información de la ciudadanía. Algunos periodistas por miedo al proceso o para evitar el desgaste que implica su defensa prefieren eliminar las publicaciones y suspender las investigaciones. 

Este fenómeno se ha incrementando con el pasar de los años y con las transformaciones que ha tenido la censura en el país. Si bien las cifras de casos documentados por la FLIP son un subregistro, son útiles para comprender la magnitud de esta forma de ataque a la presa. En 2017 la FLIP documentó 14 casos de acoso judicial, en 2018 la cifra subió a 38 y en 2019 llegó a los 66 casos. En especial los periodistas y medios digitales se han visto enfrentados a esta estrategia de intimidación; de los 66 casos documentados en 2019, 35 corresponden a procesos por publicaciones en páginas web, redes sociales y canales de streaming.

El recurso de rectificación es uno de los primeros pasos que se usan en el acoso judicial. Las personas que se consideren afectadas por la publicación de información que estimen falsa, inexacta, equivocada o desactualizada pueden enviar una solicitud de rectificación al medio para que se corrija lo publicado. Aunque la rectificación es un derecho fundamental garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política, en algunos casos, las solicitudes de rectificación pueden constituir un intento de censura. 

¿Qué puedo hacer si soy víctima de acoso judicial?

La FLIP atiende casos de acoso judicial contra periodistas. Además, la FLIP ha construido dos manuales para que periodistas y abogados conozcan a profundidad las garantías que cobijan al ejercicio periodístico y los pasos que pueden seguir para defenderse. 

En la guía para periodistas sobre solicitudes de rectificación y actualización se explica paso a paso cómo responder, cómo evaluar, y si es pertinente acatar o no una solicitud de rectificación, de acuerdo con las reglas establecidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Así mismo, en el manual Fuera de juicio se explica cómo actuar cuando los periodistas se enfrentan a denuncias por injuria y calumnia, a procesos de responsabilidad civil y a acciones de tutela. 

Acoso judicial desde altas esferas del poder

Uno de los casos más polémicos de acoso judicial durante el 2019 fue el del periodista Juan Pablo Barrientos, con su libro Dejad que los niños vengan a mí. En una semana recibió cuatro acciones de tutela y una denuncia penal por parte de miembros de la Iglesia católica vinculados a delitos sexuales contra menores. Dos jueces accedieron a las peticiones y ordenaron suspender la reproducción, comercialización y venta del libro.

El abogado Abelardo De La Espriella también se ha especializado en esta estrategia. Durante el 2019 se documentaron cinco casos contra periodistas que dieron declaraciones públicas sobre él, y que le incomodaron. 

Si usted está siendo víctima de acoso judicial, no dude en contactar a la FLIP a través de este formulario https://flip.org.co/index.php/es/acoso-judicial o escribiendo por Whatsapp al: +57 320 231 1308

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  • Los periodistas cubrían las manifestaciones de la comunidad campesina en el sur del Meta.

  • Tres comunicadores fueron agredidos con armas del Ejército y la Policía.

  • Las autoridades no han anunciado investigaciones para sancionar a los responsables. 

 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza de manera contundente los ataques denunciados por los comunicadores de Voces del Guayabero por parte de miembros de la fuerza pública. La FLIP le solicita a la Policía y al Ejército Nacional que se pronuncien sobre estos hechos para que la sociedad civil pueda conocer las investigaciones en el interior de las instituciones. 

Miembros del Ejército confirmaron que hasta el momento solo se han hecho unas averiguaciones iniciales sobre los sucedido. La falta de transparencia frente a estas investigaciones puede ser entendida por otros uniformados como un mensaje de tolerancia ante futuras situaciones de violencia contra la prensa. Esto fortalece los índices de impunidad en los procesos penales y disciplinarios. 

Durante los primeros días de junio tres periodistas del colectivo de comunicaciones Voces del Guayabero fueron agredidos por miembros de la fuerza pública mientras cubrían las protestas que adelantaba la comunidad campesina de la región del Guayabero en el sur del Meta. Los reporteros denuncian que fueron impactados por proyectiles que fueron disparados por miembros del Ejército y la Policía Nacional. Sin embargo, las autoridades no han anunciado investigaciones para sancionar a los responsables.

Desde el 20 de mayo los miembros de Voces del Guayabero se encontraban cubriendo los operativos de erradicación forzada que realiza la fuerza pública en la región del río Guayabero, ubicada entre los departamentos de Meta y Guaviare. Días después,  el 4 de junio, los periodistas Edilson Álvarez, María Alejandra Lamprea y Fernando Osorio tomaron sus cámaras, se vistieron con su chaleco de prensa con logo del medio Voces del Guayabero y salieron a cubrir la manifestación que adelantaba la comunidad campesina en la vereda Tercer Milenio, en el municipio de Vistahermosa, Meta. 

Los comunicadores le relataron a la FLIP que, en medio de la arremetida del Ejército contra la comunidad, ellos se dispersaron por la zona para hacer su cubrimiento informativo y se volvieron a encontrar tiempo después para darse cuenta de que Osorio había recibido dos impactos de fusil provenientes de miembros del Ejército Nacional. “El primer impacto me dio en la mano derecha y me destrozó tres dedos, el segundo dio en la maleta y me atravesó la cámara. En ese momento me lancé a un caño para protegerme. A ellos no les importó que llevara mi chaleco de prensa”, relata Osorio, quien agrega que identificó que los disparos provenían de militares. El reportero fue atendido de inmediato por enfermeros de la misma comunidad, pero hasta el momento no ha podido acceder a un servicio de salud que le permita la reconstrucción de su mano.

En ese momento Álvarez se acercó también a sus compañeros y les informó de un fuerte dolor, producto de los impactos de balas de goma que le habían lanzado agentes del ESMAD a menos de 25 metros de distancia, según relata el comunicador. Cuando hicieron la revisión de los disparos en el cuerpo del reportero, fue posible identificar que tenía tres hematomas en su espalda. 

Once días después se presentó otra situación de violencia contra el colectivo de comunicaciones. El 15 de junio agentes de la Policía agredieron a la reportera María Alejandra Lamprea durante su trabajo informativo: “Estaba a unos cuarenta metros del ESMAD cubriendo, cuando de pronto sentí un golpe en uno de mis glúteos. Me pegaron con un corcho y también me reventaron uno de mis dedos. Aún me molesta un poco para caminar”, asegura la comunicadora. 

“A los de las cámaras hay que darles más duro”

Osorio y Álvarez aseguran que los ataques físicos se presentaron luego de que, durante varios días, los miembros de la fuerza pública los amenazaran y los estigmatizaran: “Uno los escuchaba decir que a los de las cámaras había que darle más duro”, relata Álvarez. “Varias veces escuché cómo nos señalaban de ser guerrilleros”, afirma Osorio. Los ataques dirigidos contra los comunicadores y sus dispositivos periodísticos se presentaron luego de que el equipo de Voces del Guayabero registrara las acciones violentas de los uniformados contra la comunidad.  

Al respecto, Alex Ruíz, vocero de las comunidades de la región del Guayabero, sostiene que los comunicadores de Voces del Guayabero tienen cientos de videos donde se denuncian estas violaciones a los derechos humanos durante el desarrollo de los operativos de erradicación en la zona. Sin embargo, Ruiz sostiene que, debido a las dificultades para el acceso a internet, este material no se ha podido publicar a través de las páginas del medio: “para tener una buena conexión hay que viajar al menos tres horas desde el lugar donde estamos cubriendo”, relata Ruiz. Por esta razón, los videos se han difundido por WhatsApp y a través de las redes de otras organizaciones defensoras de derechos humanos. 

En este contexto nació Voces del Guayabero con el fin de informar sobre las dificultades que enfrentan 80 comunidades campesinas de esta región del país para hacerle frente a la escasa oferta mediática del sur del Meta y el norte del Guaviare. Según el proyecto de Cartografías de la Información, en los municipios de Vistahermosa, La Macarena y Puerto Rico en el Meta, que hacen parte del sector del Guayabero, los únicos medios que existen son las emisoras de la fuerza pública, que difunden información con un interés institucional. Adicionalmente, Cartografías de la Información también alerta sobre la limitación para el acceso a internet en departamentos como Guaviare, esto se convierte en un inconveniente para el desarrollo de proyectos informativos digitales como Voces del Guayabero. 

La FLIP expresa su preocupación por los ataques y los señalamientos emitidos por miembros de la fuerza pública en contra de los comunicadores de Voces del Guayabero, a quienes se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques a su integridad y a sus dispositivos periodísticos. En ese sentido, la Fundación le hace un llamado a la Policía y al Ejército para sancionar a los responsables y se impartan instrucciones precisas a los uniformados de ambas instituciones dirigidas al cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa y conciban la presencia de equipos periodísticos como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que establezca un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de estas situaciones de violencia contra la labor periodística. 



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  • La casa del periodista Philip Moreno fue pintada con las insignias de esta guerrilla.

  • El medio de comunicación ha publicado dos investigaciones que abordan temas relacionados con el ELN.

  • La FLIP llama a  la UNP a que tenga en cuenta estos hechos para salvaguardar la vida del periodista.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la intimidación que recibió Phillip Moreno, director del portal periodístico Confidencial Noticias, por parte del ELN. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad del reportero. 

El pasado 7 de julio desconocidos pintaron la fachada de la casa del periodista con las insignias del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La amenaza se presentó luego de la publicación de dos investigaciones a través de su medio de comunicación sobre temas relacionados con esta guerrilla. Una de las publicaciones está relacionada con el robo de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por parte de miembros del ELN y de las disidencias de las FARC. Según las investigaciones del periodista, entre 2019 y 2020 han sido hurtados once carros asignados a los esquemas de seguridad de los protegidos en el departamento. La otra publicación habla de la incautación de un cargamento de cocaína que hizo el Ejército en la región de Caño Limón. 

La FLIP expresa su preocupación por esta intimidación, debido a que en los últimos tres años el número de violaciones a la libertad de prensa en Arauca ha aumentado en un 300%. Mientras que en 2017 la FLIP registró 9 ataques contra periodistas y medios de comunicación en el departamento, en 2018 esta cifra ascendió a 17 ataques y en el 2019 alcanzó los 27 casos. Durante el 2020 la Fundación ha documentado un total de cinco amenazas en Arauca y uno de los periodistas afectados tuvo que desplazarse a otra ciudad debido a las intimidaciones que recibió por miembros del ELN. 

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección que tenga en cuenta estos hechos en el estudio de riesgo de Phillip Moreno con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la amenaza que recibieron los reporteros de Putumayo a través de un panfleto firmado por disidencias de las FARC. La FLIP hace un llamado a las autoridades para que tomen las medidas necesarias para proteger a los periodistas e investiguen estos hechos con el fin de sancionar a los responsables.

El 17 de junio llegó a la casa del periodista Dubán García un panfleto intimidante que también incluía los nombres de los reporteros Germán Arenas, Luis Eduardo Alegría, Julián Andrade y Jairo Figueroa. En la amenaza los agresores acusan a los reporteros de ser cómplices de la Gobernación de Putumayo. Los cinco reporteros aseguran que la intimidación puede ser producto del cubrimiento que han estado haciendo del impacto y la gestión de la Gobernación y la Secretaría de Salud departamental para atender la pandemia por COVID-19 en el departamento. 

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad que enfrentan los periodistas del departamento, debido a que en 2019 se registraron ocho violaciones a la libertad de prensa, de las cuales cinco fueron amenazas relacionadas con el cubrimiento de la gestión de los funcionarios públicos en el departamento y la difícil situación de orden público de la región. En ese sentido, los periodistas afectados manifiestan que las amenazas han sido constantes y que las medidas de protección implementadas por la Unidad Nacional de Protección no son suficientes para mitigar su riesgo, debido a que no cuentan con esquemas de protección para desarrollar su labor periodística en medio de las situaciones de violencia. Además, aseguran que los dispositivos electrónicos, como botones de apoyo y teléfonos celulares, frecuentemente presentan fallas.

De acuerdo con lo anterior, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación del riesgo que enfrentan los periodistas amenazados en el departamento con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, le hace un llamado para que verifique las condiciones y el funcionamiento de las medidas ya implementadas.

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad estos hechos para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

 

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  • La FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica de los tres reporteros.

  • Ayer, los tres reporteros se encontraban cubriendo las manifestaciones en el centro de Medellín.

  • Esta detención arbitraria constituye una violación a la libertad de prensa.

Un grupo de aproximadamente trece reporteros gráficos fue agredido mientras cubría las manifestaciones del 15 de junio en Medellín. La FLIP rechaza esta detención, les solicita a las autoridades que investiguen las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional responsables de estas violaciones a la libertad de prensa, y demanda que se tomen las acciones necesarias para garantizar el ejercicio periodístico.

Los reporteros pertenecen a los colectivos Periferia Prensa, AquiNoticias, Ab_zurdo Colectivo, entre otros. Ayer, al mediodía, cuando estaban cubriendo la movilización que se había citado en el centro de Medellín, miembros de la Policía Nacional agredieron físicamente a ocho de ellos, impartieron lesiones en sus cuerpos y dañaron algunos de sus equipos periodísticos como cámaras y celulares. Uno de los afectados tiene una fractura en un antebrazo y el resto presenta hematomas. Después de agredirlos, la Policía detuvo a siete de los reporteros y los trasladó a diferentes estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata. 

Horas después, cuatro de los reporteros fueron dejados en libertad y los tres restantes: Harrison Agudelo, Juan Carlos Londoño y Juan Pablo Herrera fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Medellín para iniciar el proceso de judicialización. Sin embargo, y aun cuando ya han pasado más de 24 horas, los comunicadores continúan detenidos y no se les ha definido su situación jurídica. 

La Fundación se comunicó con el General Eliécer Camacho, comandante del departamento de Policía del Valle de Aburrá, quien aseguró que iba a tomar las acciones necesarias para revisar la situación. Al momento de esta publicación, la FLIP no ha recibido una respuesta oficial. 

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica de los tres reporteros con el fin de garantizar su derecho al debido proceso. También rechaza las acciones de la Policía Nacional y le solicita que se inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje errado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones. 

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policivos sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

A partir de su condición como funcionarios del Estado, los miembros de la Policía Nacional tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que realizan cubrimiento de movilizaciones sociales, ya que son un tema de interés general.

Por último, La FLIP extiende su llamado a la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Daniel Quintero Calle, para que tome los correctivos y adelante las acciones necesarias que garanticen la labor periodística en Medellín. En ese sentido, la Fundación también le solicita a la Procuraduría General de la Nación que inicie las investigaciones disciplinarias para sancionar a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa. 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) tuvo conocimiento de nuevos casos de personas que por su ejercicio periodístico fueron blanco de perfilamientos y vigilancia ilegales. Esta información surge de las investigaciones que se adelantan contra miembros de Inteligencia del Ejército Nacional.

  1. De los catorce casos nuevos de perfilamiento la FLIP obtuvo autorización de las siguientes personas para ser incluidos en este comunicado:  Damien Fellous, Gerald Bermúdez, Julián Martínez, Gustavo Rugeles, Javier Alexander Macías, Ibéyise Pacheco, Alberto Federico Ravell, Sandra Paola Soto, Vivian Fernández  y Miguel Mattus. Los restantes o bien han preferido que su nombre no se haga público o no ha sido posible contactarlos. Estos casos se suman a los 38 periodistas que la FLIP había documentado en mayo, después de conocer la publicación “Carpetas secretas” realizada por la Revista Semana. A la fecha el balance de la FLIP asciende a 52 periodistas en este caso.  

  2. Dentro de los nuevos hallazgos de la investigación llama la atención que existen indicios sobre el uso de tecnología invasiva para la realización de los perfilamientos. En la investigación hay oficios del Ejército en los que se hace mención a un sistema informático móvil para instalar aplicaciones en teléfonos Android o BlackBerry. A uno de estos planes se le denominó “Proceso Operacional Troya”, a través del cual se solicitaban herramientas de administración remota para hacer un rastreo continuo desde sitios web con el fin de obtener información de los afectados y estar al tanto de su localización. Esto controvierte seriamente los planteamientos iniciales sobre el uso exclusivo de fuentes abiertas en las acciones de perfilamiento militar a periodistas. 

  3. En algunos casos el perfilamiento incluía información de familiares y fuentes a quienes los organismos judiciales también deben reconocer como víctimas. La FLIP advierte sobre los obstáculos para el reconocimiento de estas personas como víctimas dentro de las investigaciones en curso y hace un llamado especial a la Fiscalía para que garantice los derechos de las víctimas.  

  4. Adicionalmente la FLIP informa que aún no recibe respuesta completa por parte del Gobierno nacional que delegó en el Ministerio de Defensa la responsabilidad de responder al derecho de petición formulado por buena parte los periodistas afectados. Hasta el momento las respuestas parciales se han limitado a insistir sobre la ya conocida posición del Gobierno frente a los hechos, pero evade responder preguntas fundamentales como la ubicación y entrega de las carpetas a los afectados, los niveles de decisión en que se ordenaron los perfilamientos y las personas que tuvieron acceso a dicha información.

  5. La FLIP reitera su rechazo frente a estas prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia militar. Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país. 

  6. La FLIP solicita al Gobierno nacional y en particular a la Unidad Nacional de Protección asegurar que los periodistas víctimas de perfilamiento por parte del Ejército cuenten con todas las garantías de protección a su vida e integridad y que dentro de las evaluaciones de riesgo se entienda este caso como un hecho grave que acentúa el deber de protección. 

  7. La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que avancen rápidamente en las investigaciones con el fin de esclarecer los hechos, determinar los niveles de responsabilidad y asignar las sanciones correspondientes. 

 

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