Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, y el presidente Lenín Moreno informaron en Twitter sobre la captura de un hombre que supuestamente participó en el secuestro de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril. 

Ese es el único dato que las autoridades difundieron sobre Lino Julián Ruiz Segura, alias Julián, y su arresto. Los familiares del equipo periodístico de El Comercio accedieron a información que apunta a que alias Julián habría sido capturado en octubre de 2017, bajo la sospecha de pertenecer a la seguridad de alias Guacho; sin embargo, habría sido liberado. Al respecto, las familias exigen a la Fiscalía que se informe de inmediato las circunstancias por las que esta persona fue vinculada al secuestro y esperan que se tomen las medidas necesarias para que el detenido aporte con información que permita el esclarecimiento de ese crimen, así como del posterior asesinato de sus seres queridos. Así mismo, exigen que la información con la que cuente la Fiscalía sea contrastada con la investigación que se adelanta en Colombia.

La investigación previa por el secuestro y asesinato de Paúl, Efraín y Javier lleva dos años y casi tres meses, durante los cuales tres fiscales en Ecuador han pasado por el expediente sin lograr mayores resultados. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de apoyo técnico a las investigaciones para las fiscalías de Ecuador y Colombia cuyas recomendaciones no han sido implementadas hasta el momento. 

Para los familiares de los tres trabajadores de la comunicación, el anuncio de la detención de alias Julián, lejos de despertar la esperanza de que se hará justicia, los motiva a exigir nuevamente celeridad en las investigaciones. Les recuerdan a las autoridades que esta es la única captura que se ha realizado en Ecuador en los más de 782 días que el caso lleva abierto. Asimismo, exigen que la Procuraduría General del Estado, como entidad que recibió en diciembre pasado el informe del Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, informe los mecanismos de implementación de las recomendaciones de este documento. 

Finalmente, los representantes de las víctimas aclaran que, pese a las recomendaciones de la CIDH para analizar la actuación del comité de crisis durante los días del secuestro, en el proceso aún no se observa que esto se haya aplicado. Señalan que tampoco se ha explorado la posible participación de la Policía de Ecuador en operativos conjuntos con sus pares colombianos que pudieron propiciar el fatal desenlace del secuestro de Efraín, Javier y Paúl. Esta información fue revelada por investigaciones periodísticas.

De este modo, las familias de los tres periodistas afirmaron que ya se puede hablar de impunidad en el asesinato de sus seres queridos, pues en más de dos años, las autoridades han incumplido compromisos como el que públicamente hizo el presidente de desclasificar toda la información de lo actuado durante el secuestro de Paúl, Javier y Efraín. Tampoco han dado muestras de interés en realizar un trabajo y coordinación para  esclarecer los hechos y llegar a la verdad y justicia. 

Aquí puede descargar el comunicado en PDF.

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Friday, 08 May 2020 16:18

Balas que apagan luciérnagas

El 9 de mayo de 2020 se cumple un año del asesinato del documentalista colombiano Mauricio Lezama. ¿Quién era Lezama y por qué su ausencia en Arauca es insuperable?

Balas que apagan luciérnagas

 

Por Yulieth Mora G.

“Recogieron el cadáver en una bandeja, como un animal muerto, y lo hizo el señor de la funeraria”, contó Tonni Villamizar en un entrevista cuando se refirió al asesinato de su colega, el realizador audiovisual, Mauricio Lezama. 

Más de cuatro horas estuvo el cuerpo baleado, dijo la gente de la comunidad. Tendido frente a la sede del SENA regional en el caserío La Esmeralda, a 20 minutos de Arauquita, Arauca. Era día jueves, 9 de mayo de 2019. “Nadie quería recoger el cuerpo, ni el ejército siquiera”, afirmó Villamizar.

Ricardo Llaín estaba con Lezama, a espaldas de la carretera, cuando dos hombres en moto dispararon en su contra. Una de las siete balas le dio en un brazo a Llaín y como pudo, como se puede correr con una bala en el brazo, se refugió en un establecimiento. Las otras seis balas no le dieron tiempo a Lezama de reaccionar. Porque seis balas, cuatro directo a la cabeza y dos al cuerpo, no dan tiempo de nada. 

Los asesinos, en cambio, sí tuvieron todo tiempo para herir a un hombre, matar a otro, y huir. Incluso en esas cuatro horas de abandono de la Policía y las fuerzas militares, alguien también tuvo tiempo suficiente para llevarse la cámara que Lezama tenía colgada al cuello, su celular y recoger los casquillos de bala. 

Un hombre de la comunidad, que conoció a Lezama dijo: “si no salen ellos (Policía y Ejército) porque les da miedo, imagínese nosotros”.

Sandra Lezama, hermana del realizador audiovisual, afirmó que, “a los veinte minutos del hecho, entró una foto de Mauricio en las redes sociales. En ella sale en el suelo con su cámara, su bolsito y los pies de las personas que estaban rodeándolo. Llamaron a la Policía Judicial y ellos dijeron que no pueden entrar si no está el Ejército. Se echaron la pelota de un lado al otro. Sí, pasaron horas hasta que los de la funeraria tuvieron que levantar el cuerpo porque ninguna autoridad llegó”. 

Una semana después del asesinato de Mauricio Lezama la noticia saltó de un municipio en el oriente de Colombia a medios de comunicación internacionales, cuando la delegación colombiana en el Festival de Cannes sostuvo carteles que denunciaban los hechos. Sin embargo, la exposición mediática no fue, ni ha sido, suficiente para que la Fiscalía General de la Nación entregue resultados.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- en un derecho de petición* le preguntó a la Fiscalía: ¿dentro de la investigación se ha abordado como primera hipótesis que los móviles del homicidio están relacionados con el ejercicio de la labor periodística? La respuesta: “no se maneja como hipótesis que el homicidio esté relacionado con la actividad periodística, pues la víctima no era periodista”. 

¿Entonces qué era y quién era Mauricio Lezama?

Mauricio Lezama era tallerista, gestor cultural, productor y realizador audiovisual, representante legal de la productora Indosana, padre de dos hijos, esposo, exesposo, hijo, un tipo de títeres, amigo, actor, rebelde, artista de lienzos, el pelado de recetas vegetarianas, un integrante de la comunidad Hare Krishna, contador de historias, una persona que nunca se acopló a la vida corriente, viajero, el consejero departamental de cine y director del Festival de Cine en Arauca. 

Lezama era, pero ya no será porque alguien decidió que había que matarlo y había que hacerlo durante esos días de casting del cortometraje Las luciérnagas vuelan en Mayo, el proyecto que lo tenía ocupado tiempo completo gracias al estímulo de Relatos Regionales otorgado por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico del Ministerio de Cultura. 

Un día de Mayo

Arauca, 3 de mayo de 1984. Un hombre armado irrumpe en una farmacia de La Esmeralda. Ese hombre balea a los dueños del lugar: una pareja de esposos. Él muere inmediatamente. Ella recibe un disparo en el rostro. La mujer es la partera del pueblo, una reconocida dirigente de la Unión Patriótica. Normalmente ayuda a dar a luz a las madres del pueblo, pero esa noche, acude a la oscuridad para salvarse de todo lo que puede salvarse. Su nombre es Mayo Villarreal. Sobrevive, pero llevará por años la carga de un rostro desfigurado, un recordatorio de la violencia en Arauca. 

Esa es la trama de Las luciérnagas vuelan en Mayo. Una historia que Tonni Villamizar escribió basado en la historia de su familia, la misma que Mauricio Lezama estaba obsesionado en dirigir. Hasta que, irónicamente, lo asesinaron un día de mayo.

Silencio ensordecedor 

Perder a un hijo es indecible. Que lo asesinen, un horror. Martha Isabel Muñoz intenta ponerle palabras al vacío que dejó Mauricio en su casa y en su familia. Ella fue su madre adoptiva. 

"Es muy duro revivir el dolor. Sentir ese nudo en el pecho. Mauricio llegó acá cuando tenía 16 años. Era muy cercano a su papá. Se fue a estudiar artes y volvió aquí a hacer pintura, teatro, títeres. Ha sido muy duro lo que hemos tenido que afrontar. La Fiscalía adelanta entrevistas y hay varias versiones pero aún no hay nada definitivo. Discúlpeme por no hablar más al respecto, pero este dolor continúa y se revive cada vez que nos preguntan”. 

La madre biológica de Mauricio murió siete meses antes de que a él lo asesinaran y la fecha coincidió con la entrega del estímulo para hacer la historia sobre ‘Mayo’. Eran tiempos difíciles pero había una esperanza. 

“Antes de morir mi mamá, le dije a Mauricio: ‘vente para acá que eso allá en Arauca es muy fuerte y tú tienes mucho para dar’. Él me dijo que iba a terminar el proyecto de ‘Mayo’ y se venía para Ecuador. Eso fue lo más duro para mí”, cuenta Sandra Lezama, que recientemente estuvo en Colombia, entre otras cosas, para hacer trámites ante la Fiscalía por el asesinato de su hermano. 

El día que Sandra llegó a Colombia para velar a su hermano no se imaginó que se iba a encontrar a cientos de personas en un cementerio de Arauca, personas que también querían despedirse. “No sé de dónde saqué fuerza. Hicimos una ceremonia bella, celebramos su vida, su espíritu. La gente se acercaba y me decía: ‘su hermano le dio teatro a mi hijo y lo recordamos mucho en la casa, ‘su hermano hizo una función hermosa’, ‘su hermano cocinaba delicioso’, no había alguién que no dijera algo bueno sobre él”. 

Después del asesinato, Sandra estuvo dos semanas en Arauca para intentar resolver lo que podía, resolver cosas en las que nadie piensa que un día pueden ser un problema: ¿qué haría con las pertenencias de Mauricio? su ropa, sus zapatos, los muebles, todo lo que había quedado ahí detenido en su apartamento. Sandra llamó a la persona de enlace en la Fiscalía para que fueran a revisar el apartamento, las notas, cualquier cosa y buscaran pistas sobre los móviles del asesinato. No, no pudo esperar más, tenían que regresar a su casa. Se deshizo de algunas cosas, otras las regaló. 

Hoy pocos se atreven a hablar del futuro de Las luciérnagas vuelan en Mayo. Mucho menos de la producción de esas otras historias que Mauricio Lezama estaba preparando. Se habla más del rodaje de 'Lez-Ama, vivir filmando', un documental que  prepara la directora Mónica Moya sobre la vida del cineasta, donde se abre el debate en torno a qué es el cine y por qué se hace. Lastimosamente, Mauricio, que por años optó por mantenerse detrás de las cámaras para dirigir películas, esta vez estará delante de ellas pero sin poder responder a ninguna de las preguntas. 

El mutismo de Arauca 

La violencia toca todo, toca incluso lo intangible, toca las voces hasta apagarlas y pronuncia el silencio. Pero cuando la violencia se instala proclama la censura como una bandera. 

“Los grupos armados no estatales controlan de forma violenta la vida cotidiana de la población… imponen sus propias reglas y, para asegurar su cumplimiento, amenazan a civiles a ambos lados de la frontera”. Es lo que dice el informe Los guerrilleros son la policía publicado recientemente por la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) que analiza la situación a Arauca. 

Si en esta zona del país sobrevivir en medio del fuego ya es una hazaña, emitir y recibir información y hacer uso de un derecho fundamental puede, de un día para otro, desencadenar una tragedia.

Así lo indican las cifras de la FLIP que confirman el recrudecimiento de los ataques a periodistas en los últimos años: en 2017 se presentaron 9 ataques, en 2018 se calcularon 16 y en 2019 la FLIP registró un ascenso significativo con 26 ataques a periodistas en Arauca.

A lo anterior se suman los datos del Centro de Estudios de la FLIP que considera a Arauca un ‘departamento en silencio’ por la poca oferta de medios de comunicación, que llega tan solo a 35 para 267 mil habitantes en todo el departamento. 

Esas condiciones precarias para compartir información de interés de todos, han hecho del cine y otras formas de expresión una herramienta que hace flaquear la bandera de la censura. En los últimos años el cine regional ha tomado vuelo pero después del asesinato de Mauricio Lezama la violencia ha fijado un precio muy alto a las generaciones que siguen narrando el conflicto: pagar con la vida. 

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*La investigación del asesinato de Mauricio Lezama continúa en estado de indagación. No ha habido ningún avance. La única novedad en el caso es que fue reasignado a la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior, a cargo de la doctora Luisa Obando, adscrita a la Unidad Especial de Investigación con sede en la ciudad de Bogotá D.C..

 

 

 

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  • La periodista Silvia Duzán fue asesinada el 26 de febrero de 1990 en Santander.
  • La Fiscalía reconoció que este crimen hizo parte de un ataque sistemático de grupos paramilitares.
  • Esta declaratoría debe estar acompañada de los esfuerzos de la Fiscalía para investigar el crimen.

 

El 24 de febrero de 2020, la Fiscalía 40 de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos decidió declarar como crimen de lesa humanidad el homicidio de la periodista Silvia Margarita Duzán y de tres integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), ocurrido el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra, Santander. 

Silvia Margarita Duzán fue asesinada mientras realizaba un documental para el Canal 4 de Londres, en el que se visibilizaba a la ATCC como una iniciativa de paz surgida en el Magdalena Medio.

La decisión adoptada por la Fiscalía se dio tras las solicitudes elevadas por la Comisión Colombiana de Juristas y la FLIP. En la misma, se reconoce que el homicidio de Silvia Margarita Duzán y de los tres integrantes de la ATCC, se dió en el marco de un ataque generalizado y sistemático por parte de miembros de grupos paramilitares contra la población civil. 

La Fiscalía reconoció que el homicidio de Duzán generó un grave impacto para el ejercicio de la libertad de expresión en Colombia, pues de acuerdo con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el asesinato de periodistas es la forma de censura más extrema, que no solo vulnera la libertad de expresión de la persona afectada, sino que además genera un efecto amedrentador y de silenciamiento en los demás periodistas y viola el derecho de la sociedad a buscar y recibir información.  

La FLIP reconoce la importancia de la declaración como crimen de lesa humanidad pues es un avance en la lucha contra la impunidad en el caso, ya que esta declaratoria tiene como efecto principal la imprescriptibilidad de los hechos.

Sin embargo, esta decisión resulta tardía, pues se adoptó a tan solo dos días de que se cumplan treinta años de la ocurrencia de estos hechos, sin que se presenten avances significativos en la investigación y judicialización de los responsables. 

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía para que adelante una investigación seria, imparcial y dentro de un tiempo razonable que logre superar el escenario de impunidad que por treinta años ha prevalecido en este crimen. 

 

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El pasado 16 de septiembre se llevó a cabo el lanzamiento del libro Viaje sin regreso que relata el cruel asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio a manos de un grupo narcotraficante comandado por alias ‘Guacho’. 

El crimen de esta misión periodística llevó a numerosos reporteros de distintas nacionalidades a buscar la verdad sobre los hechos ocurridos entre marzo y abril de 2018, en la frontera de Colombia y Ecuador. Apoyados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), los periodistas llevaron a cabo la investigación que se presenta en este libro y que deja ver las dificultades de ejercer el periodismo en zonas de conflicto, así como la poca disposición de los Estados para facilitar la información. 

El texto narra la vida de los reporteros y las dificultades que enfrentaron en la frontera, cuenta en detalle el régimen de horror que viven los habitantes de la zona donde imperan el silencio y la ilegalidad, pone la lupa al papel de las autoridades ecuatorianas, revela contradicciones en la que se ha ocultado la verdad.

El evento de lanzamiento tuvo lugar en la librería Lerner de la calle 93 en Bogotá y contó con la participación de la periodista María Teresa Ronderos; el director del periódico El Tiempo, Roberto Pombo; Jonathan Bock, coordinador del Centro de Estudios de la FLIP; y el caricaturista chileno-ecuatoriano Alberto Montt, quien ilustró este relato. 

“Durante el proyecto toda la reportería tenía que estar sujeta a un protocolo, en Mataje o en la zonas de la frontera no se podía trabajar después de las cinco de la tarde, no entrevistas en lugares que no fueran seguros, tenía que haber una frecuencia de comunicación entre reporteros y la persona encargada de la seguridad”, señaló Bock.

Por su parte, el director de El Tiempo hizo una reflexión acerca del cubrimiento de estos lamentables hechos. Roberto Pombo dijo que “la información fue pésimamente manejada por parte del gobierno (...)  nosotros cometimos un pecado muy doloroso en El Tiempo, una altísima fuente del gobierno colombiano nos dió una información corroborada por altos mandos militares que estaban en la zona diciendo que a los periodistas los habían liberado y nosotros dimos la información y eso resultó un desastre, primero porque no resultó cierto y segundo porque nosotros le provocamos a los familiares y personas cercanas un dolor enorme”.

Jonathan Bock criticó la actuación del gobierno ecuatoriano: “hay un punto de quiebre frente a la credibilidad del gobierno de Lenin Moreno. Ocurre en diciembre, en Washington ante la CIDH (...) el gobierno ecuatoriano, en cabeza de su procurador, se paró frente a la CIDH y dijo que el secuestro había ocurrido en territorio colombiano y que ellos no tenían ninguna responsabilidad (...) había imágenes satelitales de donde habían sido secuestrados, estaba todo clarísimo de que era en territorio ecuatoriano donde sucedió el secuestro y que fue en territorio colombiano donde sucedió el asesinato, eran avances indiscutibles… y esto fue puesto en entredicho por el gobierno ecuatoriano, mostrando una estrategia de defensa y no en brindar información”.

La periodista María Teresa Ronderos moderó el panel y cerró la discusión recordando la importancia del trabajo colaborativo entre medios para evitar la impunidad en los crímenes contra periodistas como sucedió en el caso del asesinato del subdirector de La Patria, Orlando Sierra

Lea el prólogo publicado en El Tiempo: https://www.eltiempo.com/lecturas-dominicales/fragmento-del-prologo-de-viaje-sin-regreso-sobre-los-periodistas-ecuatorianos-asesinados-en-2018-410802

Lea el primer capítulo publicado en Semana: https://www.semana.com/nacion/articulo/el-ultimo-viaje-la-historia-de-los-trabajadores-de-el-comercio-asesinados-por-las-disidencias/631873

Viaje sin regreso fue publicado por Planeta y se puede conseguir en las principales librerías del país.                  

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El 6 de septiembre de 1999, fue asesinado el periodista Guzmán Quintero Torres, periodista del diario El Pilón de Valledupar. El periodista había hecho denuncias contra la fuerza pública y recibió amenazas desde 1995 cuando publicó en el diario El Heraldo el artículo titulado Los hijos de la Sierra, sobre los grupos armados en la Serranía del Perijá. Meses antes de su asesinato, Quintero Torres documentó dos casos de errores militares, en uno de los cuales resultaron muertas dos mujeres, una de ellas embarazada. El otro se trató de la muerte de un niño durante una prueba de polígono.

Luego de veinte años de investigación, la Fiscalía General de la Nación no ha identificado y llevado a la justicia a toda la cadena criminal que participó en el homicidio del periodista Guzmán Quintero Torres. Pocos días después de iniciar la investigación, se capturó a Jorge Eliécer Espinel Velásquez, alias “El Parce”, y Rodolfo Nelson Rosado, alias “El Pichi”, autores materiales de los hechos, a quienes se les condenó a 472 meses de prisión. 

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación sigue una línea de investigación a partir de las declaraciones del paramilitar Luciano Rojas Serrano, alias “Alex”, quien dice haber sido el encargado de contratar a los sicarios que acabaron con la vida de Guzmán Quintero Torres, por orden de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Rojas Serrano aceptó los cargos por homicidio del periodista Quintero Torres y se está a la espera de que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar dicte la sentencia. 

El 12 de septiembre de 2019, faltando tres días para que el asesinato prescribiera, la Fiscalía 77 Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos decidió declarar como crimen de lesa humanidad el homicidio del periodista Guzmán Quintero Torres, reconociendo que el mismo se dió en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la prensa en Colombia. 

La FLIP reconoce la importancia de la declaración como crimen de lesa humanidad pues es un avance en la lucha contra la impunidad en el caso, debido a que la misma tiene como efecto principal la imprescriptibilidad de los hechos. No obstante, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que continúe con una investigación seria, imparcial y dentro de un tiempo razonable que logre sancionar a los responsables.

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EL pasado 6 de diciembre se llevó a cabo una audiencia para evaluar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, periodistas asesinados en abril de este año por parte de la disidencia Frente Oliver Sinisterra.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresan su respaldo al Equipo de Seguimiento Especial (ESE) del caso del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador y a la CIDH por las investigaciones emprendidas. 

Sin embargo, las organizaciones rechazan los alegatos de los Estados colombiano y ecuatoriano. Los dos Estados hicieron declaraciones irresponsables que revictimizan a los familiares del equipo periodístico y que significan un retroceso en la búsqueda de justicia y verdad en este caso. En sus alegatos los Estados no aportaron avances ni evidencia relevante en las investigaciones y, por el contrario, estuvieron dirigidos a evadir responsabilidades propias.

Aquí puede leer el comunicado completo.

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Este 3 de diciembre, el Fiscal 66 Especializado contra violaciones a los Derechos Humanos decidió declarar como crimen de guerra el homicidio de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, al determinar que el asesinato de los periodistas, ocurrido en 1991, se cometió en el contexto del conflicto armado y contra personas que ostentaban la calidad de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

Esta decisión tiene un impacto importante en la lucha contra la impunidad ya que tiene como efecto principal la imprescriptibilidad del caso. Así, el Estado tendrá la obligación de proseguir la investigación hasta que haya un total esclarecimiento de los hechos y se haya sancionado a los responsables.

Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres Navas fueron asesinados el 24 de julio de 1991, en el municipio de Segovia, Antioquia, por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El homicidio de los periodistas del diario El Espectador se produjo mientras desarrollaban una investigación periodística de la masacre del 11 de noviembre de 1988 en la que fueron asesinadas 46 personas.

Desde febrero de 2018, la Fundación para la Libertad de Prensa es parte en el proceso en calidad de actor popular y desde entonces ha venido haciendo seguimiento de la investigación con el fin de contrarrestar los patrones de impunidad en este caso. Es así como la FLIP reconoce la importancia de esta decisión en orden a garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en los crímenes cometidos contra los periodistas en el contexto de conflicto armado.

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El 1 de noviembre, la Fiscal 53 Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, asignada al caso de Guillermo Cano, decidió la apertura de instrucción y la vinculación de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, conocido como alias “Maxwell”, quienes fueron citados a indagatoria para escuchar su versión sobre los hechos.

Popeye y Maxwell fueron personas cercanas a la actividad delincuencial del Cartel de Medellín y de Pablo Escobar. Según testimonios recogidos en la investigación, Popeye hizo referencia al asesinato del periodista diciendo: “Matar a Guillermo Cano fue una vuelta fácil”. En cuanto a la participación de Gutiérrez, testigos lo señalan como: “una persona conocida con el alias de Maxwell, (...) y quien fue el encargado de desarrollar los trabajos de inteligencia en la ciudad de Bogotá, para el asesinato de diferentes personas, incluido el señor Guillermo Cano”.

El periodista fue asesinado el 17 de diciembre de 1986 por sicarios pertenecientes a la banda los Priscos, grupo criminal al servicio del Cártel de Medellín. En la investigación se ha encontrado que esta organización veía el trabajo periodístico de Guillermo Cano como una potencial amenaza para los intereses del narcotráfico en aquella época.

La FLIP se constituyó como actor popular dentro de este proceso en febrero de este año y ha venido haciendo seguimiento e impulso de las labores investigativas efectuadas por la Fiscalía con el fin de vincular a otros presuntos responsables. Por eso considera que la declaración de estos vinculados es un avance que reabre la oportunidad de lograr justicia en este caso

La FLIP resalta la labor de la fiscal quien, después de 32 años del homicidio del periodista, logra la vinculación de dos presuntos responsables. Así mismo, hace un llamado para que el Fiscal General de la Nación y la Vicefiscalía continúen comprometidos con el esclarecimiento de este caso y de otras agresiones contra periodistas que aún se mantienen en la impunidad.

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Se cumplen seis meses del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, conformado por el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. El 26 de marzo fueron secuestrados por el grupo residual denominado Frente Oliver Sinisterra en la frontera entre Ecuador y Colombia. El 13 de abril Lenin Moreno, presidente de Ecuador, confirmó el asesinato.

Desde que ocurriera el secuestro, los Gobiernos de los dos países han ocultado información impidiendo establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos. La FLIP ha solicitado insistentemente información acerca de los operativos realizados, los canales de liberación y las hipótesis manejadas al Gobierno, en especial al Ministerio de Defensa. Sin embargo, las respuestas han sido evasivas, deficientes y no se han presentado de forma oportuna. La FLIP continuará representando a los familiares de las víctimas en los procesos que se llevan en Colombia y seguirá exigiendo las respuesta por parte del Estado.

Durante estos seis meses una alianza de veinte periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Efraín, Paúl y Javier fueron ejecutados. Esta alianza encontró datos y versiones de los hechos que hasta ahora no habían sido conocidos por la opinión pública. Los resultados serán publicados en el especial Frontera cautiva: tras el rastro de los periodistas ejecutados.

La FLIP apoyó el proyecto Frontera Cautiva y acompañó este proceso con rigurosos protocolos de seguridad y con el objetivo de que los reporteros pudieran viajar nuevamente a la zona fronteriza. Para la Fundación resulta fundamental estimular el ejercicio periodístico que investiga e indaga asuntos de tal relevancia social. Además, se hace necesario contrastar las versiones oficiales, que en este caso como en muchos otros, han sido insuficientes.

En otros casos de asesinatos a periodistas en el país, la FLIP ha apoyado proyectos de esta índole. Después del asesinato de Orlando Sierra en 2002, un grupo de periodistas se unió e investigó en Manizales las causas del homicidio. Además, recaudó pruebas que luego fueron utilizadas en la investigación penal. Trece años después el líder político Ferney Tapasco fue condenado por este crimen.

En 2015, la periodista Flor Alba Núñez fue asesinada en Pitalito, Huila. Después de esto, el proyecto Pitalito Sin Censura buscó contar las condiciones en las que el asesinato fue ejecutado y los temas que había denunciado Núñez.

Los resultados de Frontera Cautiva aportan información que esperamos sean tenidos en cuenta por las autoridades colombianas y ecuatorianas en las investigaciones internas que se están realizando y así establecer responsabilidades de actores e individuos. También, es relevante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analice detalladamente el producto como parte de la investigación que está realizando el Equipo de Seguimiento Especial (ESE).

Sumado a lo anterior, es fundamental que esta penosa situación se convierta en un incentivo para mirar las zonas de frontera que tienen especial interés periodístico pero donde no existen garantías para ejercer la reportería.

Aquí puede consultar Frontera Cautiva

 

 

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Hoy, 12 de octubre de 2018, se cumplen ochenta años del asesinato del periodista Eudoro Galarza Ossa. Este crimen es el primer asesinato de un periodista por razones de su oficio del que se tiene registro en Colombia. Galarza, fundador y director del periódico La Voz de Caldas, fue asesinado en 1983 por el teniente Jesús María Cortés.

El periódico había publicado las denuncias de maltrato presentadas por un soldado en contra de Cortés. El teniente pidió a Galarza que se retractara y, ante la negativa, asesinó al periodista a pesar de haber afirmado que las acusaciones eran ciertas. Curiosamente, en la madrugada del 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán, abogado defensor de Cortés, logró su absolución con un razonamiento imposible de sostener hoy en día: Gaitán argumentó que el teniente había actuado en legítima defensa del honor militar. Más tarde, ese mismo día, Gaitán fue asesinado en el centro de Bogotá.

La FLIP invita a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General de la Nación a que acompañen a la Fundación en un homenaje a Galarza.

Aquí puede leer la carta completa.

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