Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Junto a la Misión de Observación electoral hicimos una investigación en la que encontramos que la tendencia de la publicidad oficial de las admistraciones locales es en gran medida de autopromoción.

Por esta razón y teniendo en cuenta la situación actual que atravesamos por el Coronavirus, y la forma en que éste ha afectado a los medios de comunicación, la FLIP hace las siguientes recomendaciones para la probación de piezas publicitarias. 

1. El eslogan de la administración no debe ser el contenido principal de la pieza.

2. El contenido de la campaña debe ser claro, con información de interés y utilidad para la ciudadanía. Por ejemplo: consejos de autoprotección, información sobre ayudas e información actualizada de la pandemia.

3. La campaña debe estar enfocada en mitigar la crisis del Covid-19, no debe hacer mención a ningún funcionario o servidor público. Tampoco debe resaltar a partidos o movimientos afines a la administración.

4. El objetivo es mitigar los efectos del Covid-19, la campaña no debe atacar a voces opositoras del gobierno u otras administraciones.

5. La campaña no debe centrarse en promocionar la la gestión de un gobierno. Esta situación excepcional no debe ser un pretexto para la autopromoción.

 

 

 

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Investigación de la MOE y la FLIP sobre publicidad oficial 

  • Una investigación conjunta entre la FLIP y la MOE analizó 2.128 piezas de 30 contratos realizados durante el 2018 (antes de iniciado el proceso electoral local)  por las alcaldías de nueve ciudades capitales y de Buenaventura. 

  • De esos mensajes o piezas hay 1.237 de “autopromoción” (58%), 738 de tipo “informativo” (35%) y 153 piezas “no identificadas” (7%).

  • Los contratos indagados suman más de 91 mil millones de pesos.

 

Bogotá 20 de abril de 2020. La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- y la Misión de Observación Electoral -MOE- alertaron sobre la necesidad de mayor transparencia en los procesos de contratación de los gastos de comunicaciones durante esta emergencia por el COVID-19, y solicitan restringir, de una vez por todas, la autopromoción de los mandatarios. 

Esta alerta hacer parte de los resultados de una investigación realizada sobre los mayores contratos ejecutados en el curso en 2018, bajo el concepto de publicidad oficial, de las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Mocoa, Buenaventura, Montería, Santa Marta y Neiva. Hay que recordar que el pasado 8 de abril, la Contraloría y la Procuraduría empezaron a hacer un seguimiento especial para que los recursos públicos no sean utilizados en publicidad innecesaria asociada a la emergencia por COVID-19.

Se analizaron los contratos sobre publicidad oficial que las diez alcaldías remitieron y sobre esa información se seleccionaron tres contratos por ciudad: los dos de mayor cuantía destinados para publicidad oficial y el contrato de mayor cuantía de material POP1. La MOE y la FLIP le solicitaron a cada alcaldía los soportes de esos tres contratos, es decir, la evidencia ya sea física o digital de lo que se ordena en ellos

Así pues, la investigación abordó 30 contratos que sumaron 91.611.829.777 pesos. En varios casos se trataban de contratos de altos montos que fueron ejecutados por medio de la creación de otros contratos. 

Según Jonathan Bock Ruíz, subdirector de la FLIP: "al analizar detenidamente las 2.128 piezas de los contratos nos encontramos que el 58% eran informaciones de autopromoción o autobombo de los funcionarios y las administraciones. Estas piezas carecían de elementos informativos o de política pública relevantes para la ciudadanía". 

La investigación indica que sólo el 35% de las piezas analizadas eran de carácter informativo y un 7% no se pudieron identificar. Las piezas analizadas consistían en 522 piezas contratadas en prensa, 263 en radio, 432 audiovisuales, 181 piezas para redes sociales y 730 de materiales POP. 

Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la Misión de Observación Electoral -MOE-, explica que "la publicidad que se contrata con dineros públicos fue en general usada para exaltar la imagen del alcalde o de la entidad. Su contenido podía estar ofertando un derecho o un bien, sin embargo, no informaba con precisión a la ciudadanía sobre cómo acceder al beneficio y se focalizaba en exaltar los logros de la administración y el funcionario”. 

Las organizaciones que realizaron la investigación hicieron un llamado a las alcaldías en todo el país para restringir cualquier contratación que tenga como finalidad la autopromoción, en especial ahora en plena emergencia causada por el COVID-19, que obliga que el gasto público en comunicaciones sea responsable y transparente.

Según la investigación, los mandatarios deben garantizar que los gastos en publicidad únicamente sirvan para: 1) impulsar políticas públicas. 2) fomentar valores para la ciudadanía. 3) informar al ciudadano sobre sus derechos y obligaciones y 4) ofrecer servicios a la ciudadanía, canales de información y instrucciones de procedimientos.

Las organizaciones recomendaron a todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales aplicar 6 claves para la aprobación de cualquier pieza comunicativa: 

  1. El eslogan de la administración no debe ser el contenido principal de la pieza. 

  2. No debe tener menciones de ningún funcionario de la entidad. 

  3. No realice menciones al partido político de gobierno, senadores, concejales, diputados, ediles. 

  4. No ataque a opositores u otras administraciones.

  5. No se centre en promocionar la gestión de gobierno. 

  6. Asegúrese de que contenga información de utilidad para la ciudadanía.

 

Transparencia en la contratación de comunicaciones

Finalmente, una de las grandes dificultades que evidenció la investigación es la organización de la información y almacenamiento en formatos auditables. En la contratación de publicidad oficial se encontraron soportes borrosos o archivos que no contenían nada o no abrían. Lo anterior no permite una veeduría contundente sobre el presupuesto público por parte de las entidades de control estatal y miembros de la sociedad civil.

En cuanto a la transparencia de la publicidad oficial, la investigación halló que la carencia de normatividad frente a cómo deben ser almacenados los mensajes sobre publicidad oficial, y la falta de claridad y de un marco normativo en relación a los precios que se deberían pagar por las piezas de publicidad oficial son hechos que impiden una mayor transparencia. 

En la mayoría de contratos analizados no se pudo establecer con claridad cuánto pagaron las alcaldías por determinada pieza, por ejemplo, una cuña radial, una pieza audiovisual, un artículo en prensa. Este criterio ambiguo en las distintas ciudades hace muy difícil determinar en cuales efectivamente se puede hablar de sobrecostos o irregularidades. 


1. Se entiende material tipo POP lo referente a cualquier objeto o cosa que las entidades públicas utilizan para la divulgación de un mensaje. Un ejemplo de este tipo de material es maquetas, carteles, afiches, pendones, pasacalles, tazas de café, bolígrafos, stickers, etc

Aquí puedes ver el informe completo.

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En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los  ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.

Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.

El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.

Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.  

El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales.  El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.

AQUÍ PUEDE NAVEGAR POR EL INFORME "PRENSA ACORRALADA: UN JUEGO DE VIOLENTOS Y PODEROSOS"

El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.

En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.

Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.

La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos

Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.

Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.

Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.

En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.

Aquí puede descargar el informe en PDF.

 

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- publica esta carta donde hace mención a la metodología utilizada en toda la serie Pauta Visible. Después de la publicación de el capítulo “Fico: el alcalde vanidoso”, han surgido varias preguntas en la ciudadanía y la Alcaldía de Medellín acerca de cómo se llegó a la cifra de 130 mil millones de pesos.

En la carta que puede ver en línea aquí, se detallan los pasos realizados en todas las investigaciones de Pauta Visible. Además, se da explica por qué se incluyeron cifras de eventos y programas institucionales en el capítulo dedicado a la Alcaldía de Medellín.

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