Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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  • En octubre del 2019 el Movice pintó el mural llamado ¿Quién dio la orden?. Miembros del Ejército lo pintaron de blanco.

  • En diciembre de 2019, Marcos Evangelista Pinto, uno de los generales representados en el mural, interpuso una tutela argumentando que la publicación vulneraba sus derechos al buen nombre, honra, dignidad humana y presunción de inocencia.

  • El Juez 13 Civil del Circuito ordenó al Movice retirar la foto de todas las redes sociales y medios de comunicación.

  • La FLIP presentó una acción de nulidad, si se mantiene el fallo, se solicitará su revisión ante la Corte Constitucional

 

La FLIP rechaza el fallo de tutela del 21 de febrero en el que se ordena al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) eliminar de paredes, redes sociales y medios de comunicación la imagen del mural ¿Quién dio la orden?, altamente difundida en redes sociales desde octubre de 2019.

El 18 de octubre de 2019, el Movice y otras organizaciones de la Campaña por la Verdad pintaron un mural que mostraba los rostros de cinco altos oficiales del Ejército (dos de ellos ya retirados) con cifras de las ejecuciones extrajudiciales. En horas de la noche, miembros del Ejército irrumpieron en el lugar y pintaron la obra de blanco, hecho que fue denunciando por el Movice a través de redes sociales. El 19 de diciembre de 2019, Marcos Evangelista Pinto, uno de los generales representados en el mural, interpuso una tutela argumentando que la publicación vulneraba sus derechos al buen nombre, honra, dignidad humana y presunción de inocencia. 

Aunque el juez de primera instancia falló a favor del Movice y reconoció que la publicación es una manifestación legítima de la libertad de expresión, el juez que conoció la impugnación instó al Movice a retirar la foto de todas las redes sociales y medios de comunicación.

La FLIP considera que la decisión del Juez 13 Civil del Circuito es imposible de cumplir porque retirar la imagen de todas las redes sociales y medios de comunicación tras haber sido difundida de forma masiva excede la capacidad del Movice. Para poder cumplir con esta orden, se tendría que consultar a las demás personas y organizaciones que la replicaron para que la retiren. Esto, fuera de ser irrazonable y altamente dispendioso para el Movice, requiere vincular a quienes han reproducido la imagen al proceso de tutela.

Frente a esto, se reitera que la orden va en contra del debido proceso y la legítima defensa porque ninguno de los medios y personas que publicaron la imagen fueron vinculados al proceso de tutela, por lo que no tuvieron la oportunidad de defenderse en el proceso o aportar sus propias pruebas. La FLIP recuerda que el juez debe vincular al trámite de tutela a todas las personas que puedan verse afectadas por la decisión, pues toda persona tiene derecho a ser informada de procesos que le afectan como una garantía mínima del debido proceso.

El 27 de febrero, la FLIP presentó una solicitud de nulidad de la sentencia ante el Juez 13 Civil del Circuito por las vulneraciones que suponen frente al debido proceso. Si después de subsanada la nulidad se mantiene el fallo, se solicitará su revisión ante la Corte Constitucional. La FLIP hace un llamado al juez del caso para que anule este fallo violatorio de la libertad de expresión y el debido proceso.

 

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  • Un juez impuso orden de arresto y multa en contra del periodista Lucio Torres.
  • La orden de arresto se dio después de que el líder religioso Miguel Arrázola y su esposa interpusieran un incidente de desacato.
  • Todo el trámite de tutela estuvo atravesado de irregularidades que afectan directamente al periodista.

 

La FLIP rechaza la orden de arresto por diez días y la multa de diez salarios mínimos impuesta por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena contra el periodista Edison Lucio Torres. La orden del juez fue emitida después de que el periodista se negara a retirar las publicaciones en las que se refiriera a Miguel Arrázola, líder de la iglesia Ríos de Vida, y a su esposa María Paula García Silva.

La orden de arresto se dio después de que Arrázola y su esposa interpusieran un incidente de desacato por el incumplimiento del fallo de tutela. En su decisión, el juez ordenó la eliminación de toda la información publicada en los portales para los que trabaja el periodista y en donde tenga alguna influencia. Además, previno al periodista para que se abstuviera de “incurrir en hechos violatorios de los derechos fundamentales de las personas”. De acuerdo con la entrevista que le concedió al portal Mundo Noticias, en total son ocho publicaciones en las que el periodista se ha referido al líder religioso.

La FLIP tuvo conocimiento de una serie de irregularidades durante el trámite de tutela interpuesto contra el periodista. En primer lugar, pese a que el fallo de tutela fue emitido el 2 de diciembre de 2019, el periodista sólo tuvo acceso a éste hasta el 14 de febrero del 2020. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el desconocimiento del contenido de la sentencia impidió que el periodista pudiera ejercer su derecho a la defensa e impugnar el fallo. Tercero, pese a que el periodista alegó la nulidad del fallo por una evidente violación al derecho fundamental al debido proceso, el Juzgado Trece Civil Municipal de Cartagena, quien tuvo conocimiento de la solicitud de nulidad, rechazó la petición. 

Las órdenes emitidas por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena de eliminar el contenido publicado por el periodista son innecesarias, desproporcionadas y atentan seriamente contra la libertad de expresión y de prensa. En consideración de la FLIP, la decisión del juez desconoce la regulación de la acción de tutela y la jurisprudencia constitucional, las cuales exigen la presentación de una solicitud de rectificación antes de dar trámite a una acción de tutela. Así mismo, cuando exista información desactualizada es posible solicitar la actualización. 

Forzar al periodista a retirar de internet las notas periodísticas y negarle la oportunidad de aportar los documentos que apoyan su reportería, además de violar la libertad de expresión y el debido proceso, también vulneran el derecho que tiene la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de alto interés público.  

Resulta aún más preocupante la orden de arresto por diez días emitida por el juez de tutela. Esta es una medida extrema que funciona como un mensaje disuasorio, que genera intimidación en los periodistas e impide el libre ejercicio de su labor.

La FLIP rechaza esta clase de decisiones y hace un llamado a las autoridades judiciales para que sus fallos se adopten a los estándares internacionales de libertad de expresión y garanticen el debido proceso y el derecho de defensa de los periodistas.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las intimidaciones recibidas por la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y el medio La Silla Vacía para que se elimine de internet información periodística de interés público. Estas solicitudes son contrarias al derecho fundamental a la libertad de expresión.

Entre diciembre y enero, Fecolper ha recibido solicitudes del abogado de Adriana Bernal, fundadora del portal digital KienyKe, para que se elimine el perfil de la empresaria del estudio sobre propiedad de medios elaborado por la federación junto a Reporteros Sin Fronteras. El mencionado perfil incluye información sobre las actividades desarrolladas por Bernal, incluyendo información sobre las deudas de Red Assist, una plataforma fundada por ella, que ofreció servicios a grandes empresas aseguradoras del país.

De acuerdo con el abogado, entre julio y octubre de 2019 se enviaron solicitudes a Fecolper para que actualizara la información del perfil. Sin embargo, Fecolper no tuvo conocimiento de ninguna solicitud hasta diciembre, cuando a través de un correo electrónico el abogado le dijo que parte de la información estaba errada y le solicitó suprimir la totalidad del perfil con el fin de “evitar proceder con trámites litigiosos en aras de resarcir el daño moral causado”. En la solicitud se pide que, en caso de no acceder a la solicitud de eliminación, se proceda con la desindexación de la URL de los motores de búsqueda.

Fecolper contestó manifestando su disposición de actualizar la información contenida en el perfil, sin embargo, en enero el abogado insistió en la solicitud de eliminar o desindexar el perfil con el fin de “evitar proceder con trámites litigiosos”. Ante la amenaza de un proceso de responsabilidad civil, Fecolper accedió a la petición de Bernal de desindexar el perfil de Bernal de la plataforma.

El caso de Fecolper no es el único reportado a la FLIP en el que se ha presionado a través de amenazas de acciones legales buscando la eliminación de una publicación. El medio La Silla Vacía también ha recibido esta clase de intimidaciones por parte de Eliminalia, una empresa dedicada a tratar de eliminar de internet información cierta de sus clientes.

La Silla Vacía publicó una historia en la que denuncia cómo Eliminalia abusa de una ley estadounidense de derechos de autor para censurar medios de comunicación. Después de esto La Silla recibió un correo de Eliminalia en el que le pedía que se eliminara el artículo. La solicitud señalaba que “no queda la menor duda de que su actuación con la publicación que nos ha regalado a fecha de hoy, ha sido maliciosa, lo que también puede ser penado por la ley”.

La FLIP ha tenido noticia de empresas y abogados que ofrecen servicios para eliminar información publicada por medios de comunicación, afectando los derechos de los medios y sus audiencias. Ante la perspectiva del desgaste económico y emocional de esta clase de procesos, los periodistas frecuentemente optan por suprimir la información. Quienes envían esta clase de solicitudes ignoran que la información que se presenta es de interés público y que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al ser empresas o personajes con proyección pública están sometidos al escrutinio público y por lo tanto deben ser más tolerantes a la crítica.

Las medidas de eliminar o desindexar el contenido en línea son innecesarias y desproporcionadas. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, cuando existan reparos sobre información incorrecta, es procedente una solicitud de rectificación. Por otra parte, cuando exista información desactualizada es posible solicitar la actualización.

La FLIP rechaza esta clase de solicitudes y hace un llamado para que se deje de intimidar a la prensa a través de la amenaza de acciones judiciales.

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El 3 de diciembre de 2019, el fiscal Daniel Hernández contó en entrevista en la W Radio que la periodista Vicky Dávila fue víctima de interceptaciones ilegales, confirmando las denuncias de posible vigilancia ilegal hechas por la periodista en 2015. Este caso se suma a otras denuncias de interceptaciones ilegales por entidades del Estado, reviviendo las preocupaciones por chuzadas a periodistas en Colombia.

En 2015, Dávila denunció que había recibido información a través de correos electrónicos anónimos donde se decía que miembros de la Policía habían ordenado el seguimiento e interceptación de sus comunicaciones privadas y se proporcionaba información muy concreta que demostraba monitoreo a su actividad periodística y personal. Estos correos  llegaron después de que Dávila publicara varias denuncias sobre irregularidades al interior de la Policía Nacional. Más de cuatro años después, el fiscal Hernández confirmó que la periodista fue víctima de interceptaciones y seguimientos ilegales, pero que no fue posible determinar quién las ordenó.

Este caso se suma a los recientes denuncias de vigilancia ilegal por parte de autoridades del Estado, como las expuestas por los periodistas Daniel Coronell y María Jimena Duzán en sus columnas ¿La paz chuzada? y Acabaron con la esperanza, relacionadas con interceptaciones ilegales desde la Fiscalía. Si bien en las denuncias no se habla de interceptaciones a periodistas, sí resultan relevantes por cuanto reviven las preocupaciones por un riesgo del que la FLIP ha alertado en el pasado: la ausencia de controles a la actividad de inteligencia del Estado.

En el caso de los periodistas, las interceptaciones ilegales no sólo generan un riesgo para la seguridad de los reporteros sino la de sus fuentes. En mayo de 2019, el periodista Gonzalo Guillén publicó un artículo en el que agentes del CTI confiesan que desde la Fiscalía se estaba interceptando a los periodistas Daniel Coronell, María Jimena Duzán, Cecilia Orozco, Yohir Akerman y al mismo Guillén, al parecer con el fin de hacer montajes que los desacreditaran. Además, en junio de 2019, en el programa Revelados del periodista Julián Martínez se denunciaron posibles interceptaciones a periodistas desde la misma institución. En el programa, Orozco señala que el ex fiscal Néstor Humberto Martínez habló públicamente sobre el contenido de conversaciones privadas entre periodistas.

Además, en el transcurso de este año la FLIP ha recibido varios reportes de periodistas que manifiestan haber notado irregularidades en el funcionamiento de sus celulares y que asocian a interceptaciones ilegales que tendrían como motivación las denuncias periodísticas que han hecho.

Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que la interceptación de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio que afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión, diciendo que “sin un espacio privado, libre de injerencias arbitrarias del Estado o de particulares, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no puede ser ejercido plenamente”. La RELE y la Relatoría para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU publicaron en 2013 una Declaración Conjunta en la que sostuvieron que la interceptación ilegal de las comunicaciones debe ser drásticamente sancionada. Lamentablemente, la investigación de estas agresiones en Colombia no muestra grandes avances.

La FLIP rechaza las interceptaciones en contra de la periodista Vicky Dávila que fueron confirmadas esta semana, así como cualquier tipo de vigilancia ilegal de periodistas en Colombia por organismos del Estado. En la actual coyuntura, el país necesita de manera acentuada garantías para una prensa libre. El Estado y las fuerzas de seguridad e inteligencia están llamados a actuar como garantes de la labor periodística. 

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la solicitud que hizo el Centro Cibernético de la Policía Nacional al medio digital Cerosetenta para que eliminara de su sitio web el Manual 070 de autoprotección contra el ESMAD. Dicha solicitud busca que se oculte información de interés público y que cuenta con especial protección constitucional.

El pasado 15 de noviembre, la Jefatura del Centro Cibernético Policial, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, solicitó mediante un correo electrónico a la Universidad de los Andes, a la cual está vinculado el medio, que estudiara la posibilidad de eliminar este contenido referente al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). El manual de autoprotección publicado por el medio contenía diversas recomendaciones para proteger los derechos fundamentales y la integridad física de personas que asisten a marchas, así como cifras sobre presuntas agresiones cometidas por el ESMAD durante las manifestaciones.

Según la solicitud de la Policía, la publicación, al hablar de mecanismos de autoprotección durante protestas, supuestamente “incita el carácter violento al derecho de la manifestación”. Además, la Policía asegura que las cifras publicadas no son oficiales y, al estar relacionadas con delitos graves, “calumnian el nombre de la Policía Nacional de Colombia”.

Respecto de estos señalamientos, la FLIP se permite recordar a la Policía Nacional que según la jurisprudencia constitucional, en caso de que existan reparos por supuesta información errónea o inexacta es procedente una solicitud de rectificación y no de eliminación.

Además, es necesario señalar que la ley no exige que una publicación se realice con base en información confirmada por publicaciones oficiales. Imponer dicha medida constituirá establecer una forma de control previo a la publicación de contenidos, lo cual está prohibido por el artículo 20 de la Constitución Política (Sentencia T-145-19).

En el caso de Cerosetenta, el medio especificó que las cifras usadas tienen como fuente el informe Silencio Oficial, un aturdido grito de justicia por los 20 años de la ESMAD, realizado por Temblores ONG. Dicho informe está próximo a su publicación y contó con, al menos, siete tipos de fuentes en su metodología de investigación. Además, se especificó que las cifras usadas no habían sido confirmadas por el ESMAD.

Finalmente, es necesario señalar que, contrario a lo dicho por la Policía, el contenido publicado no constituye una incitación a la violencia de acuerdo con los estándares interamericanos. Por el contrario, al dar indicaciones para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales y tratar asuntos de interés público, la publicación constituye un discurso especialmente protegido de acuerdo con la jurisprudencia constitucional e interamericana. Sobre todo teniendo en cuenta la vigencia del contenido del mismo a solo dos días del paro nacional programado el 21 de noviembre. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la FLIP hace un llamado a la Policía Nacional para que como funcionarios públicos asuman su deber de tolerancia a la  crítica de su labor y se abstenga de hacer solicitudes a medios que vulneren los derechos a la libertad de expresión y de información.

 

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los casos de censura y acoso judicial de los que ha sido víctima el periodista Juan Pablo Barrientos debido a la publicación de su investigación sobre casos de pederastia en la iglesia Católica en Colombia, Dejad que los niños vengan a mí. En una reciente decisión judicial, se ordenó suspender la reproducción, comercialización y venta del libro.

En la última semana, Juan Pablo Barrientos ha sido notificado de tres tutelas interpuestas en su contra por dos sacerdotes y un ex coordinador de monaguillos, presuntamente responsables de delitos contra la integridad sexual de una de las fuentes del libro.

La decisión más preocupante ocurrió el pasado 25 de octubre cuando el Juez Promiscuo Municipal de San Rafael, Antioquia, ordenó, de forma transitoria, al periodista y su editorial, “suspender la reproducción, comercialización y venta del libro llamado ‘Dejad que los niños vengan a mí’”. Dicha decisión fue tomada como medida provisional en el marco del proceso de tutela interpuesto contra Barrientos por el ex coordinador de monaguillos del municipio. 

La orden de suspender la publicación del libro es contraria a la prohibición de censura previa de los artículos 20 de la Constitución Política y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Constitucional ha dicho que las autoridades, incluidos los jueces, no pueden establecer medidas de “supeditar la divulgación del contenido a su permiso, autorización, examen previo, o al recorte, adaptación o modificación" (sentencia T-391 de 2007).

Pero esa no ha sido la única decisión que viola directamente los derechos fundamentales del periodista. Hoy 29 de octubre, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Ceja, Antioquia, quien tramita una de las tutelas interpuesta por un sacerdote, resolvió dar cuatro horas al periodista para que entregue los datos de una de sus fuentes, señalando que “la negativa a entregar la información requerida llevará a imponer las acciones disciplinarias y/o penales a que haya lugar”.

La Corte Constitucional ha señalado que la facultad de negarse a entregar la información que obtuvieron durante la reportería es un derecho fundamental de los periodistas (sentencia T-594 de 2017). Este derecho es catalogado como inviolable por el artículo 74 de la Constitución. 

Dichas demandas de tutela, con las cuales se pretende suspender la publicación y lanzamiento oficial del libro, así como que se revele el nombre de las fuentes, configuran una estrategia de acoso judicial contra la prensa. En estos casos, los mecanismos judiciales están siendo usados para intimidar a un periodista e impedir la difusión de información de interés público. 

Teniendo en cuenta lo señalado, la FLIP ha adelantado distintas acciones en apoyo del periodista para revertir las decisiones. Además, le exige a los funcionarios judiciales del caso que respeten las garantías constitucionales del derecho a la libertad de expresión y que, en consecuencia, revoquen las decisiones inconstitucionales y se abstengan de tomar decisiones que violen el derecho fundamental a la libertad de expresión de los periodistas colombianos. 

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La Fundación para la Libertad de Prensa hace públicos sus reparos respecto del Decreto 1924 de 2019, expedido por Ministerio del Interior y mediante el cual se disponen reglas especiales “para el normal desarrollo de las elecciones” regionales y locales. Para la FLIP el decreto limita injustificadamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, prensa e información en las elecciones que se realizarán el próximo 27 de octubre.

Dichas limitaciones, que incluyen la prohibición difundir entrevistas a candidatos, la exigencia de que autoridades confirmen la información publicada sobre materia electoral y la exigencia de acreditaciones para el uso de cámaras y celulares en los lugares de votación, no son compatibles con los parámetros constitucionales sobre libertad de expresión y prensa.

La FLIP recuerda lo siguiente a todas las autoridades encargadas de la vigilancia y el acompañamiento durante las elecciones, así como a la opinión pública:

El día de las elecciones no está prohibido por ley realizar entrevistas a los candidatos (Art. 3 Decreto 1924 de 2019)

El artículo 3 del decreto prohíbe la realización, entre otros, de entrevistas el día de las elecciones. A la luz de la Ley Estatutaria 130 de 1994, Ley Estatutaria 163 de 1994 y Ley Estatutaria 1475 de 2011 se prohíbe a los medios, en términos generales, la transmisión y reproducción de propaganda y publicidad política. No obstante, ninguna de estas normas prohíbe la emisión de entrevistas. Prohibirlo no solo viola el principio de legalidad, según el cual cualquier restricción a la libertad de expresión debe estar consignada en una ley (Art 13.2 Convención Americana sobre Derecho Humanos), sino que además es una limitación desproporcionada de los derechos a la libertad de prensa y expresión.

Exigirle a los medios publicar información confirmada por fuentes oficiales es una forma de censura (Art 11. Decreto 1924 de 2019)

El artículo 11 dispone que los medios pueden publicar información cuando esta sea confirmada por fuentes oficiales. Esta restricción desconoce el mandato del artículo 20 de la Constitución según el cual “no habrá censura”. Exigir confirmación de autoridades estatales para publicar información es una forma control previo a la información que se puede transmitir. En Colombia todo control a la información debe ser posterior a su publicación (sentencia T-391 de 2007). 

Para la FLIP, el artículo 11 del Decreto 1924 de 2019 desconoce el mandato del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que todas las limitaciones a la libertad de expresión debe estar “expresamente fijadas por la ley y ser necesaria”. La medida no garantiza la preservación del orden público y sí impide tanto a los medios como a la ciudadanía tener acceso a información de interés nacional como lo son las afectaciones al orden público durante las elecciones por fuera de la confirmada oficialmente. 

Así mismo, la segunda parte del artículo que obliga a los medios a dar prelación a los comunicados emitidos por las autoridades electorales o de policía viola la libertad editorial y la independencia de los medios de comunicación, pues se acerca a una imposición de contenidos por parte del gobierno, práctica que reprocha la Corte Constitucional (sentencia T-391 de 2007).

No es obligatorio estar acreditado para cubrir elecciones

El artículo 13 del decreto prohíbe la utilización de cámaras fotográficas y de video dentro del puesto de votación, salvo los medios de comunicación debidamente identificados. Al respecto debe recordarse que, como ha aclarado la Corte Constitucional (sentencia C-87 de 1998), el periodismo es una actividad de libre ejercicio para la cual no se pueden exigir habilitaciones ni documentos especiales. En consecuencia, la exigencia de alguna identificación no puede convertirse en una excusa para evitar el acceso de cualquier tipo medio de comunicación a los puestos de votación.

Así mismo, la Registraduría Nacional del Estado Civil dispone en su página web: ”Los miembros de los medios de comunicación están autorizados para permanecer dentro de los puestos de votación con cámaras fotográficas o de video con el fin de registrar todo lo que sucede durante el desarrollo de los comicios, siempre y cuando no interfieran en el secreto del voto ni obstaculicen la labor de los jurados” (Disponible en: https://wsr.registraduria.gov.co/La-Fuerza-Publica-puede-impedir-el,22103.html). 

Libertad de prensa durante el cubrimiento de elecciones 

La FLIP resalta a los y las periodistas que durante el cubrimiento de las elecciones tienen los siguientes derechos:

  1. La fuerza pública no tiene permitido impedir el acceso de los medios de comunicación a los puestos de votación mientras estén realizando su labor periodística. Vea aquí el concepto de la Registraduría al respecto:  (link: https://wsr.registraduria.gov.co/La-Fuerza-Publica-puede-impedir-el,22103.html

  2. La prensa tiene derecho a permanecer en los puestos de votación y a utilizar sus teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de video.

  3. En Colombia el único documento que se le puede exigir a un periodista para su identificación es la cédula de ciudadanía. La Corte Constitucional declaró contrario a la Constitución exigir carnés, tarjetas profesionales o cualquier otro medio de acreditación para ejercer el oficio mediante la sentencia  C-087 de 1998. En el mismo sentido se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 05 de 1985. 

  4. Está prohibido que las autoridades decomisen equipo técnico periodístico, o eliminen o extraigan información de los mismos sin autorización del periodista. Toda la información reunida durante la reportería está protegida por la reserva de la fuente y los periodistas tienen el derecho a negarse a entregarla (Artículo 74 de la Constitución Política y sentencia T- 298 de 2009 de la Corte Constitucional). 

  5. Una vez se cierren los puestos de votación, la prensa debe poder acceder a los boletines de la Registraduría con toda la información que en ese momento se esté generando. 

Aquí puede conocer el manual “El antes, durante y después para los periodistas en elecciones”.

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Los abajo firmantes, rechazamos categóricamente la detención arbitraria de la que fue víctima el periodista venezolano Luis Carlos Díaz Vásquez, el lunes 11 de marzo de 2019 en la ciudad de Caracas.

Díaz fue detenido por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en horas de las tarde mientras se desplazaba a su casa. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) hizo público que una comisión del Sebin les confirmó que el periodista se encontraba detenido en la sede de esa institución. A través de su cuenta de Twitter el SNTP también informó que agentes del Sebin allanaron la vivienda del periodista, “se llevaron computadores, pen drive, celulares, dinero, entre otros”.

Díaz había estado cubriendo, a través de su portal web Patreon, la crisis venezolana. El periodista fue señalado por Diosdado Cabello como uno de los responsables del supuesto sabotaje al sistema eléctrico, luego de que hablara en su programa sobre cómo actuar en caso de un blackout informativo en ese país. Frente a esto su esposa Naky Soto, quién también es periodista, manifestó que el video fue manipulado, ya que ellos solo estaban dando respuesta a una pregunta que hizo un oyente.

El gobierno venezolano aún no se ha pronunciado de manera oficial sobre la detención del periodista, pero su esposa aseguró en un video a través de sus redes sociales que al periodista lo llevaron esposado al allanamiento que realizaron en su vivienda. En la tarde del martes 12 de marzo, versiones de redes sociales anunciaron la liberación de Díaz pero al momento de la publicación de esta carta no se había confirmado el hecho.

Ante la gravedad de estos hechos hacemos saber a la opinión pública que:

Manifestamos nuestra solidaridad con el periodista y su familia, así como con los periodistas venezolanos que siguen informando a la ciudadanía sobre asuntos de altísimo interés público. 

  •  De acuerdo con Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), se han registrado 38 detenciones arbitrarias de periodistas tan solo en 2019. Estas sistemáticas agresiones son una grave violación al derecho de los reporteros y de las audiencias a dar y recibir información sobre asuntos de interés público. A pesar de que el gobierno venezolano no parece dar señas de que finalizará la represión contra la prensa, es nuestro deber hacer un llamado para que se garanticen los estándares internacionales que protegen a los periodistas y a la misma democracia. 
  • Rechazamos la detención arbitraria de Luis Carlos Díaz, responsabilizamos al gobierno de Venezuela por la vida e integridad del periodista y exigimos su liberación inmediata

 

FIRMAN:

Ginna Morelo, periodista y editora colombiana.

Catalina Oquendo B., periodista colombiana.

Sara Castillejo Ditta, periodista colombiana

Alejandro Villegas Oyola, periodista colombiano

Orlando Cetina Cifuentes, Periodista Colombiano 

Vladdo, periodista y caricaturista colombiano

Lorena Beltrán, periodista colombiana

Julio César Guzmán, periodista colombiano

Claudia Julieta Duque, periodista colombiana

Eduardo Arias Villa, periodista colombiano

Fernando Posada, periodista colombiano

Mauricio Arroyave del Río, periodista colombiano

Arturo Torres, periodista ecuatoriano

Víctor Solano, periodista colombiano

José Luis Peñarredonda, periodista colombiano

X-tian, caricaturista colombiano

Juan Fernando Quijano, periodista colombiano

Alejandro Meléndez, periodista mexicano

Jorge Meléndez, periodista mexicano

Marcela Turati, periodista mexicana

Maryluz Avendaño, periodista colombiana

Javier Garza Ramos, periodista mexicano

Jairo Antonio Rivas Chalá

Marcia Ramos Castillo, periodista colombiana

Luz del Carmen Sosa, periodista mexicana

David Santa Cruz, periodista mexicano

Rosental Calmon Alves, fundador y director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas

Marcos Vizcarra, periodista mexicano

Juan Diego Valencia, periodista colombiano

Carolina Botero, directora Fundación Karisma

Henry Horacio Chaves Parra, periodista colombiano

Vanesa Restrepo, periodista colombiana

Lizbeth Hernández, editora general de Distintas Latitudes

Santiago Castro Villada, periodista colombiano

Juan Pablo Díaz, periodista colombiano

Ginnette Riquelme, fotoperiodista chilena

Lia Hernández, Directora de IPANDETEC

Carlos Jose Chamorro Vega, periodista Colombiano

Luz Adriána Ruiz, periodista Noticias RCN Colombia

Carlos Cortés, periodista colombiano

Sebastián Orozco Sandoval, periodista emisora Cultural UdeA

Laura Robles Muñoz, periodista colombiana

Estrella Pedroza, periodista independiente en México

Albeiro Jiménez Argel, Teleantioquia noticias

Camilo Andrés García, periodista colombiano

Natalia Ruiz Giraldo, periodista colombiana

Daniel Ruge, periodista colombiano

Ximena Serrano Gil, Presidente Asociación Colombiana de Periodismo Científico

Julián I. Espinosa Rojas, periodista colombiano

Agustín Escobar Ledesma, periodista mexicano

Javier Iván Olivares Bonilla, periodista nicaragüense

Juanita Gómez L., periodista de Noticias Caracol en Colombia

Pedro Vaca Villarreal, Director Ejecutivo de la FLIP

Julián Sierra, periodista colombiano

Samantha Páez Guzmán, periodista independiente de México

Ricardo Galan, periodista Libreta de apuntes en Colombia

Daniel Pacheco, periodista colombiano

Angélica Latorre, periodista colombiana

Sinar Alvarado, periodista colombiano

 

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El 29 de enero de 2019, el Juzgado Cuarto del Circuito de Cartagena confirmó la sanción por desacato de cinco días de arresto y multa de cinco salarios mínimos en contra de Lucio Torres, periodista de Vox Populi. El juzgado confirmó la decisión de desacato del Juez Décimo Penal de Control de Garantías de Cartagena en el proceso de tutela iniciado por el pastor Miguel Arrázola en contra del periodista.

Lucio Torres publicó tres notas entre 2016 y 2017 en las que cuestionó las finanzas del pastor Arrázola y denunció las posteriores intimidaciones del mismo. En aquella ocasión, durante la prédica “Noches de milagro”, el líder evangélico afirmó: “Dale gracias a Dios que soy nacido nuevo. Tengo el Espíritu Santo y Jesucristo en mi corazón, porque hace rato estuvieras en la Ciénaga de la Virgen, metido ahí”, haciendo referencia a un lugar de Cartagena donde frecuentemente se encuentran cuerpos sin vida. Arrázola también sostuvo “yo tengo unos manes tabluos aquí, yo te puedo hacer la vuelta” haciendo referencia a una publicación de Torres en la que hablaba del salario del pastor. A pesar de que el periodista realizó una denuncia formal en la Fiscalía en contra de Arrázola, la investigación no prosperó.

A raíz de las publicaciones del periodista, Arrázola interpuso una acción de tutela alegando la violación de su derecho al buen nombre y a la libertad de culto. La tutela fue fallada a favor del pastor y se ordenó al periodista a rectificar y pedir disculpas. Sin embargo, el periodista se negó a rectificar e impugnó la sentencia, dado que confía en la veracidad de sus publicaciones. Arrázola presentó un incidente de desacato, el cual fue decidido y confirmado antes de la sentencia de segunda instancia, ordenándose la detención del periodista.

A la FLIP le preocupa especialmente que se tomen medidas drásticas como el arresto en contra de periodistas. Esta situación genera un ambiente adverso para la libertad de prensa, pues inhibe a los periodistas de hacer denuncias públicas y crea antecedentes funestos para el derecho a la información y para la democracia.

El periodista Lucio Torres ha enfrentado distintas formas de censura. En 2018 tuvo que cambiar de residencia tras ser víctima del ataque de dos hombres armados y de múltiples amenazas de muerte. Además, solo en 2018, enfrentó ocho procesos judiciales en su contra. La difícil situación del periodista lo llevó a enviar una carta al Defensor del Pueblo, Carlos Negret, en la que anunció que los cinco días que pasará privado de la libertad serán el punto final a su carrera de 38 años como periodista.

Esta situación de continuas presiones externas, sumada a la orden de un juez de sancionarlo con cinco días en prisión, llevaron a Lucio Torres a tomar la decisión de dejar de ejercer su derecho a la libertad de expresión. En esta ocasión el acoso judicial y la violencia silenciaron a un periodista colombiano.

La FLIP hace un llamado a las autoridades judiciales del país para que respeten los estándares interamericanos de libertad de expresión y a las figuras públicas para que asuman con responsabilidad sus deber de especial tolerancia respecto a la crítica y la veeduría de medios y ciudadanía.

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La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– rechaza la exclusión de la que fueron víctimas periodistas locales en Cúcuta, Norte de Santander, durante el traslado de seis capturados por su presunta participación en el secuestro del  hijo del alcalde del municipio de El Carmen, Catatumbo, Norte de Santander.

Este 21 de noviembre, el presidente Iván Duque anunció en su cuenta de Twitter la captura de los supuestos implicados en el secuestro del menor el pasado 3 de octubre. La captura se realizó en el departamento del Cesar, desde donde fueron trasladados a Cúcuta. Varios periodistas reportaron a la FLIP que, tan pronto conocieron de la captura, se comunicaron con miembros de la Policía del departamento de Norte de Santander y de la Regional 5 para conocer los detalles del operativo, pero les respondieron que el asunto se estaba manejando desde Bogotá y que en ese momento no se iba a entregar información a los medios. Lo anterior terminó afectando la reportería de los medios locales quienes no tuvieron acceso a información y material sobre la captura.

Sin embargo, los tres periodistas con los que se comunicó la FLIP aseguran que horas después en el noticiero de la noche de un medio nacional se publicaron imágenes de la captura y el traslado que fueron proporcionadas por la Policía Nacional y la Fiscalía y a las que no tuvieron acceso los medios locales. Además, los periodistas afirman que esta no es la primera vez que la Policía le niega información a los medios locales sobre asuntos de interés general para privilegiar a algunos medios nacionales.

La FLIP se comunicó con el intendente Capacho, jefe de comunicaciones estratégicas del departamento de Norte de Santander, con el intendente Cita, jefe de comunicaciones de la Regional 5 de la Policía, y con el intendente Londoño, miembro del Gaula de la Policía en Bogotá, para conocer su posición al respecto. Los tres negaron que se haya privilegiado a los medios nacionales y coincidieron en que la orden del General de la Policía Jorge Hernando Nieto Rojas era la de enviar toda la información a Bogotá para que desde allí se distribuyera al resto del país.

La Fundación expresa su preocupación por estos hechos ya que impedir que los medios locales accedan a información que es relevante para sus comunidades conlleva a la discriminación del trabajo periodístico que se realiza en las regiones.

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