Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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En los primeros cinco meses del año hay un aumento del 59% en amenazas contra medios y periodistas en comparación con el 2018. 

El 5 de mayo 15 medios de comunicación anunciaron su salida del aire. El motivo, amenazas de muerte de integrantes del Clan del Golfo durante el paro armado que decretaron ese mismo día. Cuatro meses atrás, un carro bomba fue detonado en Saravena, Arauca, y como consecuencia las sedes de dos medios de comunicación sufrieron daños estructurales. Durante los días siguientes, 16 periodistas del departamento recibieron amenazas. Estos hechos impactan de manera directa en la ciudadanía que deja de recibir información sobre lo que sucede.

Vea el balance en versión PDF aquí

Durante el 1 de enero y el 20 de mayo del 2022, la FLIP registró que 97 medios y periodistas fueron amenazados. Es decir que una o un reportero ha sido amenazado cada día y medio. En este mismo periodo en 2018, las últimas elecciones presidenciales, la FLIP registró 61 víctimas de amenazas.

Quienes amenazan a las y los periodistas suelen exigirles que eliminen algún contenido o que dejen de cubrir e investigar algún tema. En ciertos casos también se les ha demandado que publiquen información de grupos armados ilegales como panfletos. En otros casos, les ordenan que salgan del municipio en donde residen y realizan su trabajo. En lo que va del año, seis amenazas han derivado en desplazamientos forzados y exilios. 

 

Los medios en los que trabajan las y los periodistas que han sido amenazados son 37 medios digitales, 30 emisoras y cadenas radiales (17 de estas emisoras comunitarias), 10 medios televisivos y 5 medios impresos. 

Las ciudades donde los periodistas han sido amenazados son Medellín, Arauca ciudad, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Tunja, Florencia, Quibdó, San José del Guaviare, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Pereira, Barrancabermeja, Cali, Buenaventura.

 

Arauca y Bajo Cauca, las regiones más peligrosas

En el departamento de Arauca se presentaron 16 amenazas en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena. En Antioquia, se presentaron 9 casos, principalmente en Medellín y la región del Bajo Cauca antioqueño. Además, en Bogotá hubo 15 amenazas. 

Algunos de los municipios afectados tienen además una baja oferta de medios locales. Por lo tanto, basta con que tan solo un medio sea intimidado para que se produzca una reacción en cadena y otros medios también se atemoricen y se vean obligados a  autocensurarse. Esto trae como resultado el silencio informativo, que en zonas de conflicto o con problemas de orden público puede ser devastador tanto para la prensa como para la ciudadanía. 

La mayoría de las amenazas son realizadas por desconocidos (49 casos), grupos armados (25 casos) y particulares (7 casos). Cuando no se conoce la identidad de quien amenaza, no es posible identificar si este hace parte de algún grupo armado, una banda criminal o si es un particular. Por eso, en estos casos es más difícil desactivar el riesgo de la víctima, pues al no poder identificar al autor, también se desconoce cuál puede ser su capacidad de daño.

Durante el paro armado de mayo, el Clan del Golfo amenazó a dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca antioqueño para que publicaran un panfleto de este grupo ilegal. Como reacción, seis radios comunitarias decidieron salir del aire por los cuatro días que duró el paro. Además, en Córdoba el grupo armado exigió que se apagara la planta transmisora que servía a seis emisoras, y en el Urabá dos periodistas fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar.

Otro caso de censura por parte de grupos armados ocurrió el 9 de mayo cuando la periodista Salud Hernández fue hostigada, retenida, intimidada y obligada a abandonar Betulia y La Toma, en Cauca, donde realizaba reportería sobre la situación de seguridad. Hernández informó a la FLIP que primero fue detenida por personas que se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC y luego fue seguida y hostigada por personas que se identificaron como integrantes del Consejo Comunitario. En ambas situaciones la periodista tuvo que abandonar su cubrimiento periodístico. 

¿Qué investigaban las y los periodistas que fueron amenazados?

En 37 casos las amenazas estarían relacionadas con el cubrimiento del conflicto armado. En territorios en los que hay enfrentamientos con grupos armados es más riesgoso hablar de temas que afectan los intereses de personas que tienen un poder económico, social, político e, incluso, militar. 

Corrupción es el segundo tema que investigan quienes han sido amenazados, en total registramos 11 casos. Luego le siguen seguridad (9 casos), elecciones (9 casos) y manifestaciones sociales (5 casos). 

Este panorama de violencia contra la prensa se agrava por la falta de respuesta estatal, rechazo público y procuración de justicia. El Estado, a nivel nacional, departamental y local, no se ha enfocado en atender las necesidades y riesgos de la prensa. Por ejemplo, no se ha evidenciado una atención priorizada para activar rutas de protección a periodistas que son víctimas de amenazas. En el caso puntual de Arauca, según la información que tiene la FLIP, la Unidad Nacional de Protección no atendió por trámite de emergencia a los periodistas amenazados que solicitaron protección a pesar de la suficiente evidencia que existe sobre el riesgo y la necesidad de atender a esta población de manera prioritaria.

En lo corrido del 2022, la FLIP ha remitido a Fiscalía 12 casos de amenazas. De estos, hasta ahora no se conocen avances significativos en la investigación, lo que a su vez genera una pérdida de confianza de los y las periodistas víctimas, quienes prefieren no denunciar.

 

“La respuesta del Estado ante mi situación de seguridad ha sido supremamente lenta. Las denuncias se hicieron finalizando el mes de enero y hasta el momento ni la solicitud que hizo la Fiscalía, la Defensoría, personerías, organizaciones de derechos humanos, todos solicitaron las activación de medidas urgentes para mi caso y hasta la fecha [la UNP] no ha tramitado el caso con la urgencia que merece. No hay ningún interés por parte del gobierno para protegernos a los periodistas, es una cuestión de abandono, de olvido y de desidia”, periodista amenazado de Arauca.

 

“La respuesta del gobierno es llegar tarde a las zonas de conflicto. No estar en los lugares que deberían, es decir, las zonas apartadas, que es donde se generan más temas de comunicación. En las zonas urbanas la fuerza pública estuvo los últimos dos días del paro. ¿Y qué hacer? Ha quedado demostrado que en las zonas rurales los grupos ilegales tienen más poder que las fuerzas del Estado. Y a los medios nos toca arriesgarnos para poder informar, porque si no lo hago, no tengo trabajo”, periodista amenazado durante el paro armado del Clan del Golfo.

 

“No hubo ninguna respuesta ni respaldo gubernamental exigiendo respeto por los periodistas que investigamos el operativo militar en Putumayo, a pesar de que dentro de las personas que nos estigmatizaron hubo un candidato presidencial y varias figuras públicas. En general, creo que cuando hemos vivido episodios de violencia o intentos de censura a la prensa la respuesta del Estado es bastante pobre, porque se limitan a recordar las instancias de denuncia a las que podríamos acceder pero no hay pronunciamientos públicos en los que se exija respeto por ese mandato constitucional que nos cobija como periodistas”, periodista hostigada luego de investigar el operativo del Ejército en Putumayo.

 

El clima para ejercer el periodismo se ha deteriorado por este aumento de las amenazas contra reporteros y reporteras, y también se agudiza por un clima persistente de descrédito, muchas veces coordinado, que ha operado contra periodistas y medios especialmente en redes sociales durante la campaña electoral. A pesar de la gravedad de estos casos no ha habido un respaldo público a la labor de la prensa en momentos donde es crucial. 


El gobierno de Iván Duque no ha rechazado este tipo de ataques y no ha adoptado ninguna acción de contingencia. Otras figuras públicas, incluidos candidatos presidenciales, han generado un ambiente de permisividad y de hostilidad en contra de diferentes periodistas. Por ejemplo, el equipo que cubrió el operativo del Ejército en Alto Remanso, Putumayo, fue objeto de mensajes estigmatizantes por parte de diferentes figuras públicas. Posteriormente, los periodistas recibieron amenazas y mensajes hostigantes en las redes sociales. Todo esto desencadena un escenario de permisividad en el que los agresores no se judicializan y tienen libertad para continuar hostigando. Frente a esta escalada de ataques la prensa la FLIP insta a las autoridades a intensificar las medidas de protección para garantizar el trabajo de la prensa y hace un llamado para que el próximo gobierno incluya esta situación como una de sus acciones prioritarias.

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La violencia contra la prensa durante el cubrimiento de las manifestaciones sociales del 2021 no tiene precedentes. Después de un año, persiste la desprotección a la prensa para que pueda realizar su trabajo libremente. El periodismo cumple una función esencial al obtener y difundir los hechos que suceden en las manifestaciones, entre estos, la actuación de la fuerza pública. 

Durante el 2021 documentamos más de 700 ataques a periodistas, de esos, 359 están relacionados con el cubrimiento de la protesta social. Lo más preocupante de estos hechos es que el mayor agresor contra la prensa fue la fuerza pública, con 227 ataques

Como reacción a esta ola de violencia, junto con Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciamos el escalamiento del abuso de la fuerza pública, avalado por un silencio del gobierno y las autoridades. Ante la falta de reacción de las autoridades, solicitamos a la ONU, la OEA y la UNESCO que exigieran al Estado colombiano adoptar medidas para proteger la libertad de expresión en este escenario. 

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una visita a Colombia durante el paro nacional y emitió recomendaciones específicas para la protección de periodistas y de la libertad de expresión. Sin embargo, no se han adoptado medidas para su cumplimiento:

1. Impunidad y silencio frente a la violencia contra la prensa


No se ha dado un rechazo público y contundente por parte del gobierno nacional frente a los hechos violentos contra la prensa. Tampoco se ha enviado un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia cometida por los miembros de la fuerza pública. Este silencio refuerza la impunidad que termina por replicar más violencia contra la prensa, ya que el agresor no enfrenta consecuencias, mientras que la prensa queda sujeta a un riesgo que no se desactiva.

De los 25 casos que monitorea la FLIP, donde el agresor de la fuerza pública está plenamente identificado, tan solo ocho procesos se encuentran activos. La justicia penal militar tiene conocimiento de tres de estos. De la cifra restante, hay un fallo absolutorio, un fallo inhibitorio, tres procesos archivados y doce en los que la Policía Nacional manifiesta no adelantar ningún tipo de acción. Esta impunidad es histórica, por ejemplo, de los veinte procesos disciplinarios por agresiones a periodistas en las manifestaciones sociales del 2019 y 2020, tan solo un caso se encuentra activo. 

2. Falta de protocolos concretos para la garantía de la labor periodística en el terreno


No se han estructurado planes concretos para que, en la práctica, la fuerza pública respete y dé protección a la prensa,
conforme a estándares internacionales de libertad de expresión. Aunque el nuevo Estatuto Disciplinario Policial sanciona como falta grave impedir el cubrimiento de los procedimientos de policía, esta medida debe ser reforzada con una comprensión integral del oficio para que los agentes en terreno garanticen las condiciones para ejercer el periodismo libre de violencia.

3. Criminalización de expresiones en línea 


La Fiscalía General de la Nación tiene registro de 993 noticias criminales registradas por calumnia relacionadas a la difusión de “noticias falsas” entre el 2020 y el 2021; de las cuales 471 son de 2021. Si bien no existe información desagregada de cuántas están relacionadas estrictamente con las manifestaciones, se evidencia una persecución activa de este tipo de expresiones ciudadanas, pues para el 2018 sólo se registró un caso. Esto se ve agravado por el monitoreo de redes sociales que realizó el Puesto de Mando Unificado Ciber, en cabeza del Centro Cibernético Policial, que rotuló como falsa información sobre el accionar de la fuerza pública en manifestaciones

La libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de manifestar ideas y opiniones, sino también poder hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias o intimidatorias. La judicialización de las opciones e informaciones sobre la protesta social tiene un efecto intimidatorio, no solo para la prensa sino también para la ciudadanía que se expresa en línea.

 

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Ayer, 19 de enero, en Saravena, Arauca, un carro bomba explotó frente al edificio Héctor Alirio Martínez, casa sede de las organizaciones sociales del Centro Oriente en Saravena, y donde opera el medio digital e impreso Trochando Sin Fronteras. Con esta explosión también se afectaron las instalaciones de Sarare Stereo, una emisora comunitaria con alta difusión en el municipio, que está ubicada a una calle del lugar de la explosión. Este atentado afecta el funcionamiento de estos dos medios. Es urgente que las autoridades locales y nacionales actúen conjuntamente con el fin de proteger el trabajo de las y los periodistas del departamento.  

Las instalaciones de los medios quedaron destruidas y perdieron antenas y equipos de producción. Aunque los dos medios están operando virtualmente, sufrieron daños que alteran su funcionamiento normal. Los periodistas afectados por esta explosión le manifestaron a la FLIP que se sienten desprotegidos y sienten temor por lo que pueda ocurrir en el futuro. Por ahora se han centrado en revisar y cuantificar los daños ocasionados. 

Hace solo dos semanas, al menos siete periodistas fueron amenazados y presionados por parte del ELN y de disidencias de las FARC para que publicaran información que ellos les proporcionaban a través de Whatsapp. En algunos de estos casos, se les dijo a los periodistas que de no cumplir con las órdenes deberían atenerse a las consecuencias. Con todo esto, es posible afirmar que existe una intención clara de los grupos armados de agredir a la prensa. Estos ataques envían un mensaje de miedo y zozobra a los periodistas del departamento y promueven la autocensura sobre estos asuntos de seguridad.

En Arauca han aumentado, de manera alarmante, los ataques al ejercicio periodístico después de la firma del Acuerdo de Paz. En el 2017, la FLIP registró 9 agresiones contra periodistas en Arauca, cifra que fue triplicada en el 2019, cuando se documentaron 27 ataques. En el 2020 se registraron 13 casos, y en el 2021 fueron 24 agresiones. Algunos de estos ataques han derivado en desplazamientos forzados de periodistas

Es urgente que haya una reacción por parte del Estado enfocada en prevenir la violencia contra la prensa y en proteger la vida de los y las reporteras en Arauca. Le solicitamos a la Alcaldía de Saravena y a la Gobernación de Arauca que discutan la situación de la prensa en los consejos de seguridad, y que se generen medidas diferenciadas para proteger a los y las periodistas de la zona.

Del mismo modo, le pedimos a la Defensoría del Pueblo que se reúna con la prensa de la región y atienda  sus peticiones. También es vital que la Unidad Nacional de Protección (UNP) resuelva de manera urgente y prioritaria las solicitudes de protección de los periodistas de la región y que refuerce la seguridad de quienes ya cuentan con medidas asignadas, reconociendo el contexto de violencia y los riesgos diferenciales del oficio periodístico.

Por último, le solicitamos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que haga seguimiento a la situación de seguridad de los periodistas en Arauca y la incluya en las alertas sobre la violencia en el departamento con el fin de contribuir a su protección. 

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En Cali un medio comunitario que publicaba notas de salud comenzó a transmitir el paro nacional desde el lugar de las manifestaciones y los puntos de resistencia. Los reporteros salieron a las calles y se ganaron el respaldo de la gente, pero así como sus seguidores crecen, también lo hacen los ataques y amenazas que reciben.

“Están lanzando gases sin ninguna consideración, incluso dentro de las unidades residenciales, donde nos tuvimos que resguardar”, dice José Alberto Tejada en uno de sus cubrimientos en vivo para el Canal 2, de Cali, en el Valle del Cauca. Jhonatan Buitrago, el periodista que está detrás de la cámara, deja de enfocar a los manifestantes que corren. Camina un poco, descuelga la cámara y el lente comienza a enfocar el pavimento. Al fondo se escuchan los quejidos de los reporteros, el gas lacrimógeno les penetra los ojos. Se alcanza a escuchar a miembros de la misión médica que reparten agua y bicarbonato para aliviar la irritación de los que inhalaron el gas.

Ese mismo día, el 4 de junio, mientras grababan las protestas y los enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes, un policía les dijo que “aguantaba pegarles un tiro”. José Alberto tiene claro que se han vuelto indeseables para las autoridades. Una de sus transmisiones en directo por Facebook tuvo más de 2.800 reproducciones. Más de 650.000 perfiles lo siguen en esa red social. Hace tres meses no superaba los 15.000. 

En 2005 Canal 2 fue fundado como medio comunitario de la Fundación Daniel Gillard, una organización que trabaja por la juventud y que también es dirigida por José Alberto. Antes de que ganaran reconocimiento por el cubrimiento que han hecho del paro nacional en el Valle del Cauca, publicaban notas de salud, economía, de eventos en universidades y tenían segmentos esporádicos de entretenimiento.

Las dinámicas y el equipo de Canal 2 han cambiado. Hoy cuentan con cuatro periodistas, entre ellos están Jhonatan y el director José Alberto. Ambos se han encargado de acudir a los llamados de la gente cuando hay abusos de fuerza pública o cuando hay un evento comunitario.

Canal 2 ha dejado clara una marcada diferencia con el resto de medios de la ciudad.  José Alberto define su línea editorial como contrainformación, según él se concentran en controvertir lo que dicen otras fuentes, especialmente las oficiales, sobre el paro. “Si dicen que los muchachos están armados, nosotros vamos a la comunidad a demostrar que no es así”, dice José Alberto. 

 

No hay un día de calma

Uno de los primeros días del paro, José Alberto y Jhonatan estaban reportando cerca de la Universidad del Valle. Ambos llevaban chalecos e identificación de prensa, pero esto no detuvo a unos civiles que empezaron a disparar en dirección al sitio donde estaban. Jhonatan cuenta que él y José Alberto comenzaron a gritar que eran prensa y, contrario a lo que esperaban, los disparos se multiplicaron. Las balas les pasaron por un lado. 

José Alberto y Jhonatan han tenido que hacer frente a todo tipo de ataques. El equipo administrativo del Canal 2 tiene un cuaderno donde a modo de bitácora apunta cada una de las estigmatizaciones, los hostigamientos y las amenazas que han recibido. También los seguimientos y las veces que desconocidos han fotografiado las fachadas de sus casas y de las instalaciones del canal. 

En una ocasión estaban intentando entrevistar a una capitana de la Policía y mientras tanto otros patrulleros alrededor interrumpían diciendo: “ese es el canal que no es. Son los que nos desprestigian”. En otra oportunidad, en Buga, un soldado se acercó con una cámara profesional y le tomó fotos directo al rostro de José Alberto.

Las amenazas también han llegado por redes sociales. A mediados de junio, un miembro del equipo periodístico recibió un mensaje con un pantallazo de la ubicación de su residencia y la de su familia. “Estamos cansados de ustedes, tienen pocos días para que se vayan” decía el mensaje.

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Las estigmatizaciones y las amenazas han tenido efectos secundarios en la economía del canal. José Alberto afirma que algunos de los empresarios que pautaban se han retirado porque argumentan que tienen que cuidarse y defender su marca. 

Los periodistas de Canal 2 no consideran una buena opción denunciar ante el Estado los abusos de la Policía o de estos civiles sin identificación. Desconfían de las instituciones y de la protección que les puedan ofrecer. “Sería como llamar al diablo a que nos proteja”, sentencia José Alberto. 

 

Le creo, no le creo, le creo…

Aunque se enfrenten a todo tipo de agresiones por parte de civiles y fuerza pública, Canal 2 tiene un respaldo multitudinario de varios sectores de la ciudad. El día del cumpleaños de José Alberto, y en medio de un cubrimiento, decenas de personas lo celebraron con vuvuzelas y arengas que decían “qué viva el Canal 2”. Un colorido mural de Cali tiene la imagen de los periodistas y algunos integrantes del Concejo municipal propusieron entregarles un reconocimiento por su valentía. Para José Alberto, la cercanía que tienen con la comunidad es la respuesta a su determinación de quedarse reportando en las calles, incluso cuando empezaban las balaceras. 

Por otro lado, varias voces del gremio se levantan señalando críticas al trabajo de Canal 2, y son claros en señalar que el medio ha difundido noticias sin sustento. Por ejemplo, aseguran, que ellos nunca tuvieron pruebas contundentes para informar que el Éxito de Calipso había sido usado por la Policía como centro de tortura. 

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La ausencia de información contrastada ha sido reiterativa y ha impactado de manera directa en la calidad de la información que ha recibido la ciudadanía, que no ha tenido material suficiente que le permita tener certeza de qué es real y qué no. Este vacío de información es alimentado también por la opacidad de las instituciones estatales. Por ejemplo, una periodista de Cali, cuyo nombre mantendremos en reserva, aseguró que en las primeras semanas del paro la Fiscalía no entregaba información de cuántas personas habían muerto en Cali en medio de las manifestaciones, y que la Defensoría del Pueblo tampoco ofrecía respuestas en sus canales oficiales. 

En el mejor de los escenarios las instituciones publican comunicados cinco o diez días después de los eventos y es casi imposible que los periodistas puedan hacer cuestionamientos sobre esos boletines. El 19 de mayo, cuando se publicó la denuncia del Éxito de Calipso, pasaron más de 24 horas antes de que organizaciones de derechos humanos y entidades del Estado pudieran acudir al sitio y verificar lo acontecido.

En una coyuntura en la que varios medios están siendo puestos a prueba, enfrentando bloqueos de los que no hay precedentes, el Canal 2 ha despertado un fervor sin comparación de parte de un sector de la ciudadanía. Las personas que siguen sus transmisiones se enteran de los detalles de las manifestaciones y de lo que pasa en los puntos de resistencia de Cali, lugares a los que no todos los periodistas pueden acceder.

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Wednesday, 28 July 2021 11:22

La calle es la sala de redacción

Durante las manifestaciones del paro nacional, salir a la calle a hacer reportería, el acto más cotidiano para las y los periodistas, se convirtió en una acción que los ponía en alto riesgo. En este artículo recopilamos testimonios de periodistas que han cubierto el paro en todo el país.

 

Camilo Andrés Rojas, periodista de Loco Sapiens, Sibaté, Cundinamarca

Cuando la tanqueta empezó a avanzar, decidimos poner nuestras manos en alto. El compañero que estaba transmitiendo mantuvo el directo y es en ese momento cuando aparecen, en medio de la oscuridad, cinco agentes del Esmad que corrían hacia nosotros. Uno de ellos nos apunta con una de esas armas que disparan balines y nos dice “¿qué hacen ahí hijueputas? ¡Los voy a pelar aquí a estas gonorreas!”. Eso nos intimida, nos deja sin palabras, porque nosotros solo seguíamos diciendo “¡somos prensa, somos prensa!”; pero en un segundo ¡Pum!, disparan.

Ahí es impactado Fernando, mi compañero que tenía el celular con el que transmitimos en vivo. Él cae con la cámara al piso y ellos nos dicen “¿prensa de qué?”, miran nuestros carnés, que los teníamos colgados, los toman y una vez que se dan cuenta de que estamos identificados se retiran solo diciendo “hermano es que ustedes vienen aquí a hacer amarillismo”.

 

Juan Manuel Satizabal, periodista independiente de Popayán, Cauca

Yo me acostumbré a transmitir al frente de donde se genere la noticia, no puedo hacer los directos dos o tres cuadras lejos. Un día estaba cubriendo las manifestaciones en la Vía Panamericana, los policías sabían que yo era periodista y aún así uno de ellos destapó una aturdidora, y me estalló como a un metro de distancia. En un momento corrí y es cuando un policía me grita “ahora sí corre, marica”. Ese día seguí cubriendo, porque yo sé que estar grabando un en vivo es la presión que tienen para que no cometan cosas. 

Leidy Albarán, periodista de Última Hora Cauca, Popayán, Cauca

“Váyase para allá, usted por qué no graba en otro lado”, es lo que le dice a uno la policía, porque saben que por ser mujer ellos se tienen que cuidar más. Algunos piensan que las mujeres somos débiles pero no es así. Claro, hay temor de quedar sola porque uno siente la fuerza de las agresiones, porque muchos de los que están en esos enfrentamientos son solo hombres, pero lo hago por la labor de poder hacerle llegar información a las personas que no pueden salir, que puedan saber cómo está nuestra ciudad y nuestro país. 

 

Jahfrann, periodista gráfico independiente en Cali, Valle del Cauca

El ejercicio de prensa está totalmente limitado. Uno constantemente está siendo atacado por la fuerza pública, que “por qué no muestra este otro lado” o “venga y tómele foto a esto otro”. Todo lo no les interese que sea visible está condenado a ser perseguido. Si tienes un chaleco o un casco de prensa, en algunos sectores te pueden tirar el carro, te pueden gritar “váyase de acá”. 

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Nicole Bravo, periodista de la Silla Vacía en Cali, Valle del Cauca

Es muy difícil contrastar información porque muchas veces dependemos de lo que la gente nos envía y ahí se pueden filtrar un montón de cosas, porque no tengo con quién verificar. Estuvimos cuatro días sin tener comunicación con la Alcaldía, todos los periodistas preguntaban por los chats por cuántos muertos o heridos había, pero no había ninguna respuesta. 

 

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Nicolás Sánchez, reportero gráfico independiente de Bogotá

Estábamos con mi compañero, también reportero gráfico, en el enfrentamiento entre manifestantes y fuerza pública. En un momento uniformados del Esmad arremetieron contra nosotros y nos intimidaron con sus bolillos. Nosotros nos identificamos con el carné de prensa, mostramos nuestras cámaras, pero uno de ellos me mandó contra la pared. Mientras eso pasaba, otro policía me propina el golpe en el glúteo izquierdo*; en ese momento no sentí que fuera una puñalada. 

Caigo al suelo y mi compañero se hace encima de mí para protegerme, otro uniformado me pega una patada en la cara. Ahí es cuando pierdo el conocimiento mientras mi compañero continúa haciendo el llamado a derechos humanos. 

*Nicolás fue apuñalado por un policía esa noche.

 

Yurani Alzate, periodista de Análisis Urbano Medellín, Antioquia

Ser mujer y ser periodista no es nada fácil dentro de la movilización porque es la calle y un espacio político, y las mujeres no tenemos ese permiso para estar en discusiones políticas, ni en las calles. La policía me dice “quítese de ahí, perra chismosa”, por eso casi siempre busco a la gente de prensa para no ir sola, porque sola sí me da miedo. 

Dentro de la manifestación hay violencia contra la mujer no solo por parte de la policía, sino también de los manifestantes. A mí nunca me ha pasado nada porque siempre he estado en un medio alternativo y me respetan, pero sé que chicos de primera línea han atacado a compañeras solo porque pertenecen a medios grandes. 

 

John Jairo Astudillo, director de noticias Última Hora Cauca, Popayán, Cauca

Ser comunicador en esta zona se ha convertido en algo muy riesgoso porque no hay garantías por parte del Estado o de la fuerza pública. Física y verbalmente mi equipo y yo hemos sido agredidos. Las transmisiones en directo que hemos hecho han servido para garantizar los derechos humanos y también para denunciar a quienes actúan de mala forma, bien sea de parte de manifestantes o de fuerza pública. Es por eso que en esos directos tratamos de ser muy neutrales.

 

Jennifer Mejía, periodista de Le Cuento, Medellín, Antioquia

Los en vivos yo los defiendo mucho y los veo como una forma de experimentación. No son bonitos, la imagen queda sucia, pero es muy importante para registrar lo que está pasando. Si no estás en directo y sucede algo, puede que muchas veces no te dé el tiempo de sacar el celular y grabar. Me parece muy valioso, además, el hecho de que personas que están en contra de las movilizaciones vean los videos, comenten y a partir de eso se forme un debate. Quizás hay cosas que hemos hecho mal o que tengamos que mejorar, y hay que ser críticos porque muchas veces se está mostrando solo una parte de lo que pasa, pero el directo es una parte importante de la reportería en medio del paro.

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Por Silvio Waisbord

Doctor en sociología, experto en política y comunicación

 

El periodismo sigue siendo el blanco preferido del autoritarismo en América Latina. Esto lo demuestran episodios recientes donde el poder apuntó con violencia contra cronistas que cubrían protestas populares. En Colombia, periodistas sufrieron agresiones en medio de extensas violaciones a los derechos humanos en reacción a la movilización ciudadana en las calles. Varios reporteros han sufrido salvajes ataques durante las sorpresivas protestas en Cuba. Autoridades locales y nacionales continúan siendo responsables de la persecución de periodistas en México. Periodistas críticos en El Salvador y Nicaragua tuvieron que exiliarse después de sufrir recurrentes ataques a manos de fuerzas de inteligencia y la policía.

Desafortunadamente, los ataques ponen en evidencia que cierto periodismo hace lo que debe hacer: muestra el descontento popular producto de demandas postergadas, la crisis socioeconómica agudizada por la pandemia, y la corrupción estructural; investiga los pliegues oscuros del poder empecinado en darle la espalda a reclamos ciudadanos y aferrarse a un estatus quo político que muestra fisuras; y desenmascara mentiras y ficciones mantenidas desde los gobiernos centrales a pura propaganda.  

Las acciones destinadas a acallar a la prensa e intimidar al periodismo son comunes al poder, más allá de etiquetas partidarias e ideológicas. Gobiernos autodenominados de izquierda, centro, o derecha tienen en común la particular saña contra la prensa critica. Así como apapachan al periodismo querendón con dinero e información, persiguen a quienes informan lo que verdaderamente ocurre.

Combatir al periodismo con violencia es señal de la desesperación oficial ante la protesta ciudadana. Es señal inequívoca de gobiernos que rechazan la labor esencial de la prensa en democracia, y se empecinan en doblegar los derechos humanos para acallar el disenso. Estigmatizar y hostigar a periodistas críticos y acusarlos de trabajar para conspiraciones recónditas son elementos comunes del manual autoritario. 

En contextos de violencia oficial contra la ciudadanía, cubrir protestas es una misión peligrosa. No hay garantías para que el periodismo pueda ejercer su función sin temores o cuidados. Perseguir y golpear a cronistas tiene por objeto enviar una señal inhibitoria al periodismo: de correrlo hacia la autocensura. Una advertencia para cerrar el límite de lo publicable.

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En una época donde pareciera que la comunicación digital, especialmente la de los “medios sociales” eclipsa a la prensa, la violencia oficial sugiere que el periodismo crítico sigue cumpliendo un rol importante. Prensa perseguida es señal inequívoca de que todavía importa. Si no fuera así, ¿cómo explicar que el poder se ensañe con una institución supuestamente en su ocaso en épocas de influencers, contenido viral y memes?

Las plataformas digitales son centrales para las manifestaciones populares, en tanto ofrecen mecanismos descentralizados para la coordinación de actividades y mensajes. Esta dinámica no implica que el periodismo no importe. De hecho, sigue siendo fundamental como cámara de eco de las protestas callejeras y el descontento ciudadano. El periodismo visibiliza lo que ocurre en lugares públicos. Le da entidad y presencia a la bronca masiva. Genera imágenes y voces que se multiplican en espacios digitales. Imprime el sello de realidad a la postergación y la frustración popular. Pone al desnudo las fake news fogueadas por los empleados mediáticos del poder. Les muestra a las élites, tan afectas a la prensa como house organ de la política oficial, que su realidad imaginada dista de la existente.

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El periodismo es perseguido simplemente porque muestra la cruda realidad de la violencia y la postergación social, política y económica, documenta las voces de la furia y la falta de garantías democráticas, y descorre el telón del país de fantasías pergeñado desde el poder. Hacer esto siempre es arriesgado en contextos de autoritarismo enquistado y listo a recurrir a la violencia como forma de hacer política. 

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El pasado 18 de diciembre la FLIP conoció un video en el que se ve al secretario de salud de Popayán, Óscar Ospina, reaccionando de forma violenta ante un cuestionamiento realizado por el reportero Armando Meléndez sobre su gestión en la Secretaría.  En las imágenes se ve cómo Ospina le lanza un golpe a Meléndez y después intenta quitarle el celular con el que estaba siendo grabado. 

Meléndez tiene un blog denominado Así Ocurrió y ha trabajado como reportero gráfico para El Tiempo y El País. Meléndez explicó a la FLIP que el día de los hechos estaba esperando en Popayán a que salieran los asistentes de la reunión en  la que se  discutía el lanzamiento del plan piloto de Reactivación Económica en la capital de Cauca. Entre los asistentes se encontraba la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el secretario de salud Óscar Ospina. Meléndez se acercó a Ospina para preguntarle sobre su gestión, y la reacción del funcionario fue agresiva. 

 

La FLIP se comunicó con Ospina quien, a pesar de la evidencia, negó que hubiera intentado agredir a Meléndez y anunció que iba a denunciarlo ante la Fiscalía por hostigamiento. Además, justificó el intento de quitarle el celular aduciendo que él no identificaba al señor Meléndez como periodista. 

Meléndez manifestó que él ha estado haciendo críticas a la gestión de la Alcaldía y del secretario de salud en el marco de un ejercicio informativo y de control a los funcionarios públicos.

La FLIP rechaza la actitud violenta y desproporcionada con la que reaccionó el secretario Ospina ante un cuestionamiento a su gestión como funcionario público. Es indispensable recordar que como secretario de salud tiene el deber de ser tolerante a la crítica y de ser garante del derecho constitucional que tienen todos los colombianos de informar y recibir información. La Fundación le hace un llamado a Óscar Ospina para que ofrezca disculpas públicas por lo sucedido y se comprometa a respaldar la labor periodística. 

Además, la FLIP le hace un llamado al alcalde de Popayán para que dé instrucciones claras a los funcionarios de su administración sobre la importancia de garantizar la labor de la prensa y el derecho a la libertad de expresión. Estos son pilares indispensables para la construcción de una sociedad democrática.  En la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión se establece que: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. 



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Thursday, 10 September 2020 15:34

Cinco años sin Flor Alba Núñez

Hoy se cumplen cinco años del homicidio de Flor Alba Núñez, periodista de Pitalito, Huila. 

Flor trabajaba en la emisora comunitaria La Preferida y en el noticiero TV Noticias del canal 6. Su ausencia y el vacío que dejó entre su familia, comunidad y compañeros de trabajo es irreparable.

Luego de 5 años se han judicializado a dos autores materiales. Uno de ellos asesinó a una zootecnista en 2013. La justicia aún no se ha pronunciado sobre los autores intelectuales del asesinato.

En la FLIP no olvidamos el asesinato de Flor y hacemos un llamado a que las investigaciones sobre los determinadores del homicidio sigan avanzando hasta encontrar a los responsables. Gracias por recordar con nosotros.

 

Published in Impunidad casos

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la amenaza que recibieron los reporteros de Putumayo a través de un panfleto firmado por disidencias de las FARC. La FLIP hace un llamado a las autoridades para que tomen las medidas necesarias para proteger a los periodistas e investiguen estos hechos con el fin de sancionar a los responsables.

El 17 de junio llegó a la casa del periodista Dubán García un panfleto intimidante que también incluía los nombres de los reporteros Germán Arenas, Luis Eduardo Alegría, Julián Andrade y Jairo Figueroa. En la amenaza los agresores acusan a los reporteros de ser cómplices de la Gobernación de Putumayo. Los cinco reporteros aseguran que la intimidación puede ser producto del cubrimiento que han estado haciendo del impacto y la gestión de la Gobernación y la Secretaría de Salud departamental para atender la pandemia por COVID-19 en el departamento. 

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad que enfrentan los periodistas del departamento, debido a que en 2019 se registraron ocho violaciones a la libertad de prensa, de las cuales cinco fueron amenazas relacionadas con el cubrimiento de la gestión de los funcionarios públicos en el departamento y la difícil situación de orden público de la región. En ese sentido, los periodistas afectados manifiestan que las amenazas han sido constantes y que las medidas de protección implementadas por la Unidad Nacional de Protección no son suficientes para mitigar su riesgo, debido a que no cuentan con esquemas de protección para desarrollar su labor periodística en medio de las situaciones de violencia. Además, aseguran que los dispositivos electrónicos, como botones de apoyo y teléfonos celulares, frecuentemente presentan fallas.

De acuerdo con lo anterior, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación del riesgo que enfrentan los periodistas amenazados en el departamento con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, le hace un llamado para que verifique las condiciones y el funcionamiento de las medidas ya implementadas.

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad estos hechos para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

 

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La FLIP respalda a la periodista Natalia Archila en su denuncia por agresión sexual contra Juan Carlos Sánchez, exconcejal de San Gil, Santander.

  • El pasado 14 de mayo la periodista estaba en la emisora Latina Comunicaciones cuando el exconcejal la tomó por la fuerza y la tocó abusivamente con sus genitales.

  • El exconcejal Sánchez ya había sido denunciado por acoso sexual el año pasado por parte de la periodista Diana Cantillo.

  • La FLIP hace un llamado a la Fiscalía a que esclarezca los hechos y se determinen las responsabilidades penales. 

La periodista le relató a la FLIP que el 14 de mayo ella se encontraba en la emisora digital Latina Comunicaciones para comenzar su programa radial de la mañana. Aproximadamente a las 9:30 el exfuncionario, quien tiene un restaurante muy cerca de donde está ubicada Latina Comunicaciones, se acercó a la entrada del medio y le preguntó a la periodista si su jefe estaba. La reportera le respondió que en ese momento el director de la emisora se había ausentado, por lo que, al notar que estaba sola, Sánchez entró a la oficina del medio y la agredió sexualmente. Según Archila, el exconcejal la tomó por la fuerza y la tocó abusivamente con sus genitales.

Debido a que la reportera reaccionó de manera contundente para defenderse, Sánchez se detuvo y abandonó el medio de comunicación. Archila asegura que su programa no solo se transmite por la emisora, sino también a través de Facebook de manera audiovisual y, en ocasiones anteriores, había notado que el exconcejal se conectaba frecuentemente a las transmisiones en vivo. Luego de lo ocurrido, Archila interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Frente a esto, es importante tener en cuenta los antecedentes que involucran al exconcejal con la periodista Diana Cantillo, quien también lo denunció por acoso sexual en febrero del año pasado. Cantillo le comentó a la FLIP que cuando esto ocurrió ella era jefe de prensa de la Alcaldía de San Gil, por lo que tenía cercanía laboral con Sánchez. Manifestó también que los hechos fueron muy similares a los que vivió Archila, por lo que considera la conducta del exconcejal como “sistemática y repetitiva”.

Después de que se hiciera pública la denuncia de Archila, varios medios de comunicación informaron sobre lo sucedido. Uno de los periodistas que se refirió a esta situación fue Fredy Ortiz Gómez, director de El Regional, quien luego de sus publicaciones recibió intimidaciones por parte de Sánchez. A través de su cuenta de Facebook el exconcejal publicó el siguiente mensaje: “… dejo constancia que de sucedernos algo el único responsable es FREDY ORTIZ GOMEZ de la página de facebook el regional” (sic).

Estos señalamientos realizados por el exfuncionario resultan inaceptables y pueden configurar una estrategia de intimidación en contra de los periodistas que están cubriendo esta noticia.

La FLIP se comunicó con Juan Carlos Sánchez para conocer su versión sobre estas agresiones contra la prensa, pero el exfuncionario aseguró que únicamente se referiría al tema ante la Fiscalía. En ese sentido, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos denunciados por Natalia Archila y Fredy Ortiz Gómez para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Esto lo ha dicho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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