Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

¿Cómo proteger a la prensa en un país violento? Desde el 2020, cada año se impone un nuevo récord de amenazas contra periodistas. La cifra del 2022 fue de 218, la más alta de los últimos quince años. Además, dos periodistas fueron asesinados, para un total de cinco en los últimos tres años. Con estas violencias ocurren múltiples heridas que fracturan la confianza de la gente, que instalan el miedo en los poros de la comunidad y que van trazando un país con puntos ciegos y verdades ahogadas.

Estos ataques frustran la posibilidad de compartir información, de hacer seguimiento a los problemas que afectan a la comunidad y poner freno a las arbitrariedades, esas que con frecuencia ocurren en las zonas más conflictivas del país. Ahí, quienes hacen periodismo son blanco de grupos criminales, ya sea porque el Estado no les protege o porque es cómplice.

¿Cómo pedirle a los gobiernos y a las figuras políticas que protejan al periodismo cuando son ellos quienes estigmatizan y desacreditan? Entre abril y julio del año pasado, la campaña electoral para elegir presidente se convirtió en otro campo de batalla. La discusión política transcurrió en medio de altísimos niveles de violencia y se caracterizó por constantes y hostiles mensajes contra la prensa.

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¿Quiénes son los nuevos guardianes del territorio? Se trata de periodistas ciudadanos, cuyas figuras emergen especialmente en aquellos municipios, pueblos y veredas donde prácticamente no existen empresas de comunicación. No tienen un guión y la mayoría han aprendido su oficio de manera empírica. Su trabajo es cuestionado por figuras públicas quienes les tildan de activistas, militantes e incluso opositores, buscando agredir a esas voces que vigilan y controvierten al poder local.

Es necesario responder a estas tres preguntas para poder entender mejor la radiografía de la violencia que, como en décadas pasadas, vuelve a enfilarse contra la prensa en todo el país. Hacer ese repaso por quiénes son, por qué los amenazan y cuáles son las consecuencias de esos ataques, también supone anticipar que esta situación podría empeorar.

Las elecciones locales y la política de la Paz Total del Gobierno actual supondrán que estos guardianes serán blanco de ataques. Ese desafío es un llamado urgente para que los diferentes sectores del Gobierno y del Estado comprendan que el paquete de violencia contra periodistas es amplio. Que incluye los mensajes que se publican en redes sociales y por supuesto también la activación de las pistolas. Sin comprender esas otras formas de violencia no será posible avanzar en materia de prevención y será imposible proteger a quienes le siguen apostando a ser los guardianes del territorio y evitar que sean amenazados, desplazados o asesinados.

El año 2022 es el más violento en las últimas dos décadas para la prensa en Latinoamérica y el Caribe. A lo largo de estos últimos once meses, se registraron por lo menos 37 homicidios de periodistas perpetrados en vínculo con la labor. Además, decenas de exilios, encarcelamientos, medios que fueron forzados a cerrar, y hasta este año cientos de periodistas siguen desaparecidos. 

En el agravamiento de las condiciones para ejercer el periodismo en Latinoamérica, vemos cuatro tendencias preocupantes:

• El resurgimiento de regímenes políticos caudillistas. A lo largo de la región, vemos líderes que aplican una estrategia de convertir al mensajero en el mensaje. Constantemente acuñan una retórica anti-prensa como herramienta central en sus discursos oficiales. Esta retórica debilita el debate público, inhibe el flujo y la pluralidad de ideas, al mismo tiempo que contribuye a un ambiente permisivo para el uso de la violencia contra periodistas. Es especialmente crítica la situación en El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala, donde varios periodistas enfrentan acusaciones amañadas y sin garantías de debido proceso, en muchos casos por poderes judiciales utilizados como brazos políticos del poder ejecutivo.
  
  
• La desinformación en línea. Nos preocupan las estrategias de desinformación que buscan desprestigiar, deslegitimar y hacer perder la confianza en el periodismo, principalmente las que provienen de autoridades que usan las redes sociales e incluso aplicaciones de mensajería instantánea. Ejércitos de troles son utilizados por gobiernos para realizar campañas de persecución y descréditos contra medios y periodistas. Estas estrategias impactan el derecho de las personas a recibir información y distorsiona la que le llega a la población. También nos preocupa que las autoridades diseminen información falsa o medias verdades que, por ejemplo, en contextos delicados pueden llevar a la ciudadanía a no creer en la legitimidad de determinados procesos democráticos, como es el caso de los procesos electorales, no pocas veces esto significa obligar al periodismo a desmentir a las autoridades. Además, las operaciones para desinformar y estigmatizar minan la confianza en el periodismo.
  
  
• Mecanismos de protección. A pesar de significar un avance para la garantía de los derechos de las y los periodistas, los mecanismos de protección sufren de problemas en su funcionamiento. Estos no son suficientes para enfrentar los problemas que motivaron su creación. Por ello es necesario fortalecerlos en los países en donde existen e implementarlos en aquellos países que aún no cuentan con estos programas. Los estados deben dotar de recursos materiales y profesionales para que puedan funcionar con eficiencia y estos deben ser acompañados de políticas públicas integrales que contemplen la prevención y la coordinación con otras instancias. Paralelamente, debe enfrentarse la impunidad y fortalecer las instituciones de procuración de justicia para avanzar en investigaciones robustas e independientes que enfrenten efectivamente el fenómeno de los crímenes contra la libertad de expresión.
  
  
• Vigilancia y espionaje. Las fuerzas de seguridad de los Estados continúan desplegando prácticas de vigilancia de las comunicaciones en contra de los y las periodistas de manera ilegal. El uso de tecnologías invasivas para violar su privacidad y para acceder a sus comunicaciones privadas y a la información que está almacenada en sus dispositivos personales y laborales pone en riesgo a las fuentes periodísticas, amenaza al periodismo investigativo como contrapeso al poder y ubica a las y los periodistas en una condición de vulnerabilidad en donde pueden ser víctimas de otros abusos.  

Las organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión y de prensa ya han señalado diversas rutas para que los Estados de la región afronten estos retos, desde estrategias para combatir el acoso judicial y la impunidad; el fortalecimiento en la independencia y profesionalidad de quienes integran las instancias de procuración de justicia; la creación de mecanismos de protección donde no existen, y fortalecimiento de los ya existentes; así como detener las prácticas de vigilancia contra periodistas y actuar para proteger la conversación pública online y offline que incluye el cese a los discursos estigmatizantes que aumentan las hostilidad para el ejercicio periodístico. 

Un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia, particularmente en un contexto donde ejercer la labor de informar se encuentra en constante asedio. Por ello, hacemos un llamado a los Estados, a fin de que adopten éstas y otras acciones para que las lamentables cifras de agresiones registradas contra el periodismo en América Latina no se repitan y no aumenten, año tras año, y por el contrario se garanticen las condiciones para un ejercicio libre y seguro del periodismo.

Firman:

ARTÍCULO 19 México y Centroamérica

Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

IFEX-ALC

Reporteros Sin Fronteras (RSF)

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

Voces del Sur (VdS)

Presentamos el libro No callar en un país violento, coescrito por Camilo Jiménez Santofimio, Jonathan Bock y César Paredes. 

Este libro cuenta dos historias: la de cómo los violentos buscaron doblegar al periodismo colombiano en los sesenta años de conflicto armado interno, y la de cómo cientos de reporteros, editores, directores y dueños de medios de comunicación de todo el país lograron resistir a pesar del enorme daño sufrido. Se trata de un viaje a través de las historias y las lecciones que han dejado estos más de sesenta años de tensión entre la prensa y los distintos actores del conflicto. 

El recorrido inicia en la década de los 50, cuando los reporteros narraban los hechos y las memorias de La Violencia, y finaliza en el año 2012, con la antesala de un nuevo proceso de paz con las FARC. Podremos ver cómo a lo largo del tiempo, el periodismo ha sido testigo de los hechos más importantes del país pero también, víctima de múltiples intentos para silenciar la audacia, la independencia y la transparencia del oficio.

No callar en un país violento hace eco de las voces que han narrado el país, pues incluye treinta y ocho testimonios de algunos de los representantes más importantes del oficio como Daniel Coronell, Claudia Gurisatti, Daniel Samper Pizano, entre otros. Los testimonios y los hitos que acá recogemos cabalgan entre la resistencia y la dignidad de una generación de periodistas que ha enfrentado una Colombia amarga, como la llamó Germán Castro Caycedo en uno de sus libros. 

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