Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Bogotá D.C., 23 de junio de 2021. Las organizaciones abajo firmantes, interesadas y apoderadas de personas víctimas de violencia policial en el contexto de las protestas, expresamos nuestra preocupación por el anuncio gubernamental de modificar el decreto 003 de 2021 con el propósito de restringir la definición de protesta legítima. Si bien no se conoce el contenido de la reforma anunciada porque no se ha publicado un texto oficial, advertimos que este anuncio genera riesgos significativos frente al deber estatal de brindar garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social.

El pasado viernes 18 de junio el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció la modificación del decreto 003 de 2021, a través de un video en su cuenta de Twitter. En dicha publicación se afirma que “se realiza modificación al Decreto 003/2021 donde se establece que NO constituye manifestación pacífica, aquella que promueva el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanentemente vías o infraestructura del transporte”.  

La modificación propuesta por el ministro del Interior es inconstitucional por las siguientes razones: 

Primero, la Corte Constitucional advirtió en la sentencia C-227 de 2017 que la regulación del derecho a la protesta social pacífica, por ser fundamental, no podía realizarse a través de una ley ordinaria, si no que requería de un trámite de ley estatutaria. En este sentido, una regulación orientada a establecer los límites legales del derecho a la manifestación pacífica, tampoco podría realizarse a través de un decreto. 

Segundo, el decreto 003 de 2021 fue expedido como consecuencia de la orden quinta de la sentencia STC-7641-2020 del 22 de septiembre del 2020, como mecanismo para garantizar el respeto por el derecho a la protesta social. Por tanto, la modificación al decreto no puede restringir el ámbito de protección de este derecho. 

Tercero, al ser un decreto emitido en el marco de una mesa de negociación con participación de las organizaciones accionantes, personas interesadas en proteger el derecho a la protesta y demás instituciones relevantes para la garantía de la manifestación pública y pacífica, cualquier modificación debería tramitarse del mismo modo. Las modificaciones no fueron negociadas ni concertadas, ni tampoco puestas previamente en su conocimiento. 

Cuarto, no se puede desconocer y modificar de manera arbitraria, vía decreto presidencial, la ley penal vigente y su interpretación constitucional (sentencia C-742 de 2012) que frente a este asunto particular es clara al señalar que el único caso en el que el bloqueo de vías se constituye un delito es cuando la obstrucción se hace a través de medios ilícitos. “La Ley 1453 de 2011, llamada Ley de Seguridad Ciudadana, modificó el Código Penal y dio origen a delitos como obstrucción vías que afecten el orden público (artículo 44), el cual, en realidad, tipifica como tipo penal la obstrucción a vías mediante el uso de medios ilícitos1

Finalmente, es importante que la opinión conozca otro incumplimiento del Gobierno nacional a la garantía del derecho a la protesta. El 19 de mayo la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C. resolvió dar trámite al incidente de desacato, que busca sancionar a los responsables por el incumplimiento de la sentencia. El Gobierno nacional no ha presentado los informes correspondientes a las acciones adelantadas en cumplimiento de todas las órdenes en las que está involucrado dentro del plazo establecido por el Tribunal. Esto demuestra, nuevamente, su absoluta falta de compromiso con el cumplimiento de órdenes de carácter judicial, vulnerando además el equilibrio de poderes, que es básico para el ejercicio del rol de garante que ejerce un Estado social de derecho. Dicho incumplimiento de la sentencia implica, además, que el ejercicio del derecho a la protesta social -como un derecho polivalente- sigue siendo vulnerado de manera sistemática y arbitraria por parte de todas las instituciones accionadas, incluida la Presidencia de la República.

Es imprescindible que cesen las vulneraciones de derechos humanos en contextos de protesta social. Que se respeten los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de locomoción, la libre movilidad por el territorio nacional en el marco del ejercicio de la protesta social y pacífica, los cuales están protegidos tanto a nivel constitucional como en declaraciones y tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos - DIDH. La modificación propuesta por el ministro del Interior es inconstitucional porque no garantiza ninguno de estos derechos y se está haciendo de manera arbitraria. 

Firman:

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP)
Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR)
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Profes al Paro
El Veinte
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos - DH Colombia
Coordinación Social y Política Marcha Patriótica 
Red de Derechos Humanos "Francisco Isaías Cifuentes"

 

1. Entre estos medios pueden incluirse: el daño en bien ajeno, el incendio, el disparo de armas de fuego, el empleo de sustancias peligrosas y la violencia contra servidor público. Información tomada de: Fiscalía General de la Nación. Directiva N° 008. “Por medio de la cual se establecen lineamientos generales con respecto a delitos en los que se puede incurrir en el curso de la protesta social”, 2016. Citado en Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos CSPP y Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. (2019). Guía práctica para defender la Protesta en Colombia. P. 24.

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La FLIP expresa su preocupación por la orden de archivo de la investigación contra los uniformados que dispararon directamente contra periodistas del medio Loco Sapiens el pasado 7 de mayo en Sibaté, Cundinamarca. Esta orden de archivo no obedece a los estándares mínimos de investigación de crímenes contra la prensa y puede generar un efecto inhibitorio sobre las y los periodistas que cubren manifestaciones sociales.

El pasado 8 de junio los periodistas de Loco Sapiens reportaron a la FLIP que habían sido notificados de una orden de archivo del proceso que se adelantaba en la Fiscalía General de la Nación por los disparos directos que recibieron por parte de miembros de la fuerza pública. Los agentes estaban plenamente identificados y los disparos fueron realizados, al parecer, con un arma de balas de goma, a pesar de que los periodistas se identificaron como prensa, como quedó registrado en un video público

Según la Fiscalía, se ordenó archivar el proceso porque no se pudo establecer el responsable de la agresión y tampoco habría sido posible contactar a las víctimas para continuar con la investigación. Sin embargo, los periodistas le aclararon a la FLIP que, contrario a lo expuesto por la entidad, no han recibido llamadas ni mensajes de texto por parte de la Fiscalía. 

Esta decisión de archivo no obedece a los estándares mínimos de investigación de crímenes contra la prensa. En primer lugar, en las pruebas allegadas a la Fiscalía se identifica plenamente el ataque directo y al agente responsable. Así, la Fiscalía está  incumpliendo las obligaciones en materia de investigación, ya que no ejerció de oficio la investigación correspondiente, a pesar de tratarse de un caso de uso excesivo de la fuerza. De acuerdo con los estándares interamericanos, cuando se trata de violaciones al derecho a la vida debido y al uso excesivo de la fuerza, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio e inmediatamente una investigación destinada a encontrar a todos los responsables. 

Segundo, la actividad de la Fiscalía fue deficiente en la calificación de los hechos denunciados y no dio cuenta del alcance real de las agresiones. En la decisión no se evidencia un análisis integral de las agresiones denunciadas por los periodistas. Se limitaron a enfocar el caso únicamente a un abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, cuando existe evidencia de lesiones personales a uno de los periodistas. En particular, resulta cuestionable que no se haya abierto formalmente una investigación por el delito de lesiones personales, teniendo en cuenta que la valoración de Medicina Legal así lo indica y otorgó siete días de incapacidad a la víctima del impacto. 

Los periodistas le reportaron a la FLIP que le facilitaron las fotos de las lesiones a la organización Human Rights Watch, quien a su vez, envió estas a una agencia de médicos forenses para la producción de su informe sobre violencia policial en Colombia, en donde también se hizo público este ataque a la prensa. Estos médicos forenses también valoraron las lesiones ocasionadas y emitieron un concepto similar al de Medicina Legal. 

Tercero, la Fiscalía pretende justificar la falta de avances en el proceso en no poder contactar a las víctimas. El ente investigador debió insistir como mínimo, a través del medio de comunicación, para ponerse en contacto con los periodistas. Además, el progreso de la investigación no dependía exclusivamente de esto, pues que existían pruebas suficientes para avanzar. Como ya se ha reiterado, la Fiscalía tenía en su poder el video que prueba la agresión y en donde se puede identificar a uno de los agresores. 

Para la FLIP resulta inexcusable que en un caso de agresión directa de fuerza pública a la prensa, donde existen distintas pruebas fehacientes de la agresión y de la responsabilidad de agentes del estado, la Fiscalía desestime el caso sin siquiera cumplir el mínimo de diligencia en la actividad investigativa. Es necesario que se evite la impunidad y la repetición en las agresiones contra la prensa. 

Este caso genera una alerta sobre la falta de compromiso en la investigación de las agresiones contra la prensa. Desde el inicio del paro nacional el 28 de abril, se ha presentado una violencia sin precedentes, con 231 agresiones hasta la fecha, y en donde el 54% de los casos son ataques por parte de la fuerza pública.

Al respecto, preocupa que esta decisión originada en la falta de investigación, produzca un efecto inhibitorio sobre las y los periodistas que cubren el paro nacional. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha sostenido que cuando los hechos de violencia cometidos contra periodistas, que cubren una protesta, “quedan en la impunidad, esto puede generar un silenciamiento y una autocensura”.

Por todo lo anterior, la FLIP presentará una solicitud a la Fiscalía General para que un comité técnico jurídico revise la decisión de archivo y reiteramos que estaremos haciendo una veeduría cercana del caso. 

Por último, solicitamos a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que realice un monitoreo cercano del caso a fin de prevenir la impunidad. Además, le pedimos que realice un llamado al ente investigador para que este cumpla con las obligaciones de investigación, judicialización y sanción de manera efectiva la violencia contra periodistas, bajo el principio de máxima publicidad, y para que actúe con debida diligencia y agote las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima.

 

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Se cumple un mes desde que miles de ciudadanos salieron a las calles de todo el país a ejercer su derecho a la protesta y el panorama para la prensa no puede ser más desalentador y preocupante. Estos 28 días de Paro Nacional se han convertido en el periodo de cubrimiento de manifestaciones más violento para la prensa y ha transcurrido en medio de estigmatizaciones y agresiones por parte de miembros de la fuerza pública y bajo un silencio total del gobierno y las autoridades.

En este periodo, la FLIP ha registrado 165 violaciones a la libertad de prensa que han dejado 186 víctimas. Dentro de los hechos más graves se destacan: 59 agresiones físicas; 31 amenazas; y 6 detenciones ilegales. En este contexto, las mujeres periodistas han sido víctimas de 30 agresiones, entre las que se encuentran las agresiones físicas (10), el robo o eliminación del material periodístico (5), las detenciones ilegales (3) y las amenazas (4).

Es altamente preocupante que la violencia contra la prensa mantenga su intensidad con el correr de los días, los mismos ataques que se han presentado desde el día uno de protestas siguen afectando a  periodistas hoy; y no hemos visto que las autoridades se hayan esforzado por proteger a la prensa y defender el derecho a la libertad de expresión. 

Por el contrario, un aspecto que eleva nuestra preocupación es que el agresor más frecuente ha sido la fuerza pública con 87 ataques. Es decir, el 52% de las agresiones fueron cometidas por uniformados, quienes han intimidado, amenazado, agredido, obstruido y estigmatizado a los y las periodistas.También preocupan los 55 ataques cometidos por ciudadanos particulares que intentan censurar y obstruir el trabajo de las y los periodistas.

En estos 28 días hemos registrado el más alto número de agresiones contra las y los periodistas que cubren las masivas manifestaciones sociales. En el paro agrario de 2013 (25 días) registramos 24 agresiones; en el paro nacional de 2019 (40 días) documentamos 76 ataques a la prensa. Esto quiere decir que ya se duplicó la cifra de agresiones registradas hace dos años, en un menor tiempo.

 

 

Fuerza pública: patea, golpea y dispara contra periodistas

Miembros de la Policía Nacional, y especialmente del Esmad, han atacado constantemente a periodistas que cubren las manifestaciones sociales y que muchas veces registran casos de abuso de fuerza. En la documentación de los 87 casos, desde la FLIP hemos identificado una serie de patrones dentro de los distintos tipos de agresiones documentadas que dan cuenta de que dichas agresiones han tenido como finalidad atentar contra la libertad de prensa. Se destacan los disparos directos, las agresiones con gases lacrimógenos, los golpes con elementos como escudos o bolillos, los ataques con taser, y los golpes como patadas y puños. 

 

El 22 de mayo la FLIP registró tres agresiones a periodistas independientes en Medellín. Los periodistas denunciaron haber sido impactados con cápsulas de gases lacrimógenos, piedras y haber sido pateados por parte de miembros del Esmad. Dos de estos casos ocurrieron cuando los periodistas estaban grabando la detención de dos personas en medio de las manifestaciones en el Parque de la Resistencia.

Algunos miembros de la Policía Nacional también han deslegitimado la labor periodística y estigmatizado a las y los reporteros. Las y los comunicadores han manifestado que los han señalado de ser infiltrados y hacer parte de grupos armados. 

Además, a inicios de mayo el ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía del general Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, y el director de la Policía, Jorge Luis Vargas, repitió de forma enfática que los sitios web y perfiles que desacrediten la labor de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales están realizando labores de “terrorismo”. 

Los señalamientos y ataques provenientes de las autoridades, en este caso de la fuerza pública, se convierten en un factor de riesgo que compromete la integridad de los y las periodistas que cubren la protesta social y generan un ambiente de hostilidad para la prensa que perjudica la pluralidad en el debate público. Con todo esto se afecta gravemente el derecho constitucional de publicar y recibir información de interés público. 

El 25 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado en el que afirma que junto a su Relatoría de Libertad de Expresión han “observado un clima de creciente hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de medios de comunicación”. Además, recuerdan que las autoridades deben brindar protección a las y los periodistas que informan sobre lo que sucede en las protestas.  

 

Particulares: manifestantes agreden y obstruyen el trabajo de la prensa

Durante este mes, en la FLIP hemos registrado 55 ataques a periodistas por parte de particulares que participan en las manifestaciones sociales. Dentro de estos ataques hay 15 amenazas, 9 agresiones físicas y 2 daños a la infraestructura de medios.

Entre el 9 y el 11 de mayo, cinco periodistas fueron amenazados por personas que se encontraban en la jornada de manifestación en la ciudad de Cali. Uno de los periodistas tuvo que salir de emergencia del lugar y denunció seguimientos posteriores. Además, hemos conocido que corresponsales de medios nacionales han enfrentado distintas agresiones y obstrucciones por parte de los manifestantes. Incluso, en algunos casos las y los periodistas han salido a hacer la reportería sin ningún distintivo del medio de comunicación para evitar así ataques.

La labor de la prensa, el libre flujo y la pluralidad de la información son sumamente importantes para que la ciudadanía pueda conocer los hechos de las manifestaciones y con ello ejercer un control sobre las instituciones del Estado y tomar decisiones informadas. Alentamos los ejercicios de crítica hacia los medios de comunicación y los contenidos que comparten, sin embargo, es indispensable que las audiencias manifiesten sus inconformidades hacia los medios de manera respetuosa y sin atentar contra la libertad de prensa.

 

Solicitudes:

La FLIP expresa su extrema preocupación por las constantes agresiones contra las y los periodistas que cubren el Paro Nacional. Teniendo el cuenta el alto nivel de violencia contra la prensa, la Fundación hace las siguientes solicitudes:

  • Al gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a que rechace públicamente la violencia contra la prensa y a que envíe un mensaje de cero tolerancia a los ataques por parte de miembros de la fuerza pública. 

  • A las autoridades nacionales y locales a que respalden el trabajo de las y los periodistas que informan a la ciudadanía sobre asuntos de interés público.

  • Al Ministerio de Defensa a que no estigmatice la labor de la prensa y de las personas que usan las redes sociales para informar sobre el Paro Nacional.

  • A la Procuraduría General de la Nación a que asuma las investigaciones de las agresiones por parte de miembros de la fuerza pública y servidores públicos, y que sancione a los responsables. 

  • A la Fiscalía General de la Nación a que investigue con diligencia los ataques contra la prensa y dé con los responsables de estas agresiones. 

  • A los convocantes del paro a que rechacen públicamente todo tipo de agresiones contra la prensa y así prevenir futuras agresiones.
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La campaña “La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad”, que fue lanzada el pasado 6 de mayo por el Ministerio de Defensa, va en contravía de los principios básicos de una sociedad democrática y tiene como intención censurar mediante la criminalización. Esta estrategia tiene un impacto directo en el periodismo, ya que mina las garantías de su ejercicio y pone en riesgo la seguridad física e integridad de los periodistas. 

Desde su lanzamiento, las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa han reiterado que los sitios web y perfiles que desacrediten la labor de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales están realizando presuntamente labores de terrorismo. En sus publicaciones  aparecen varios pantallazos de contenido de redes sociales con un gran rótulo que dice “FALSO” al tiempo que se dice que “el terrorismo digital es una peligrosa amenaza a la democracia”. Adicionalmente, la Policía Nacional emite boletines diarios de noticias falsas

El 13 de mayo, la Policía Nacional publicó un video en el que asegura que se han identificado 86 contenidos falsos, dice que 43 de esos son en contra de la Policía y que “transmiten mensajes equivocados para llamar a la violencia y el desorden”. También asegura que el “centro cibernético de la policía ha realizado 733 solicitudes de suspensión, a la vez que 37 perfiles y 107 publicaciones han sido eliminadas”. El 23 de mayo, se presentó un nuevo informe  que aumenta la presión contra la prensa y quienes difunden información relativa a la protesta. El Ministerio de Defensa publicó en su cuenta de Twitter el boletín de ciberpatrullaje sobre el paro nacional donde destaca haber señalado 111 noticias falsas mediante el ciberpatrullaje de redes sociales y haber generado más de 26.000 “acciones preventivas”.  

La vigilancia del gobierno y el monitoreo sobre las conversaciones de ciudadanos permea la libertad para expresarse e impacta en lo que las personas escriben y discuten en redes sociales. De igual manera, esta campaña parte del supuesto que todos los usuarios de redes son posibles culpables de algún delito y por lo tanto deben ser vigilados, eliminando de esta manera la presunción de inocencia. 

Estas acciones resultan aun más arbitrarias toda vez que estas se justifican sobre conceptos ambiguos e imprecisos, tales como “noticias falsas” o “terrorismo digital”. El gobierno ha decidido ignorar su obligación de garantizar la libertad de realizar críticas así como poder denunciar los abusos por parte de agentes públicos.

El pasado 15 de mayo la FLIP envió un derecho de petición, que aún no ha sido respondido, al Ministro de Defensa para conocer más información sobre esta campaña.

Para la FLIP, esta estrategia de captura del debate sobre el paro nacional es una afrenta a la libertad de expresión y de prensa por los siguientes motivos:

1-  La amenaza del uso del derecho penal para desmotivar determinado cubrimiento es a todas luces contrario a los estándares interamericanos de protección de la libertad de prensa. 

2- Es irresponsable el uso de la expresión “terrorismo digital” sin que haya una explicación clara y precisa sobre lo que se considera es este término. Sin dicha explicación, el uso de la expresión es un acto estigmatizante contra quienes han sido críticos del gobierno y, en especial, del Ministerio de Defensa. Hasta que la administración no dé una explicación ajustada a la Constitución sobre el uso de estas tecnologías para actividades que ponen en riesgo los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, y sobre el uso de las categorías “ciberterrorismo”, “terrorismo digital”, “ciberpatrullaje” “cibermilitante”, las entenderemos como una etiqueta temeraria y peligrosa para la libre expresión y el debate público. 


3- Ninguna autoridad administrativa debe determinar la veracidad de una noticia, más aún, cuando no existen lineamientos previos y objetivos. Las autoridades administrativas no están llamadas a enjuiciar la información que produzcan terceros, sin perjuicio de que puedan contrastarla con la información oficial para promover el debate público. 

4- Rotular de “falso” publicaciones en redes sociales, en las que aparecen fotos y nombres de usuario de cuentas, es discriminatorio cuando no hay parámetros a priori, claros y objetivos para calificar la información. A falta de ello, se puede generar riesgo a la integridad de quienes aparecen señalados en los pantallazos.


5- Categorizar según las opiniones expresadas en línea viola el derecho a la libertad de expresión, pues las opiniones no deben ser utilizadas para categorizar a la población, por tratarse de un dato sensible. De lo contrario, conlleva a una discriminación por orientación política, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución. 


Por lo anterior, la FLIP insta a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo a que vigilen estas estrategias del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, que exijan que la recolección y el procesamiento de comunicaciones digitales debe ser limitada en su alcance y que vigilen para que estos procedimientos de vigilancia sean sometidos a revisión pública e implementados de forma transparente.

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  • Hemos documentado más de 122 agresiones contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación durante el cubrimiento del Paro.
  • Las autoridades nacionales no han emitido ningún rechazo público de los actos de violencia contra la prensa que cubre las manifestaciones. 
  • El trabajo de una prensa libre es un imperativo para salvaguardar el Estado democrático.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha documentado 122 agresiones que han sufrido 141 periodistas y medios de comunicación en el cubrimiento del paro nacional (cifras del 28 abril al 9 de mayo).

Sin embargo, no se trata exclusivamente de la violencia física. La imposibilidad de acceder a información oficial, la estigmatización contra la prensa desde diferentes sectores, la limitación del flujo de información en redes sociales y la censura de contenidos de alto interés público son otras formas que atentan contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información oportuna.

Este grado de violencia sin antecedentes y el silencio por parte del Gobierno nacional y de las autoridades locales promueven la autocensura e invitan a que otras personas agudicen sus estrategias de control de la discusión a través de la criminalización de la expresión.

A pesar de que la FLIP y organizaciones defensoras de los derechos humanos y de organismos internacionales le han solicitado al Gobierno nacional tomar medidas sobre este problema, las autoridades nacionales no han emitido ningún rechazo público de los actos de violencia contra la prensa que cubre las manifestaciones.  

Al tiempo que no se condenan estos ataques, algunas de las voces más visibles del Gobierno atacan abiertamente las fuentes de información independiente. El pasado 6 de mayo, el ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía del general Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, y el director de la Policía, Jorge Luis Vargas, presentaron una campaña difundida a través de las redes sociales de las instituciones que encabezan, y dirigida en contra de lo que ellos denominan “terrorismo digital”. Estas autoridades repitieron de forma enfática que los sitios web y perfiles que desacrediten la labor de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales están realizando labores de terrorismo. 

Esa campaña expone a los periodistas a un ambiente de autocensura, pues muchos terminan cortándose para evitar ser judicializados. La intención de la campaña exacerba la tensión que ya existe debido a la violencia dirigida. 

El pronunciamiento del Ministerio tuvo efecto en varios portales de periodismo independiente que le han reportado a la FLIP que sienten temor, ya que sus publicaciones hacían eco de lo que ocurría en las manifestaciones sociales e informaban sobre actos de violencia por parte de la fuerza pública. Algunos periodistas le han hecho saber a la Fundación que optarán por la autocensura para evitar seguimientos, bloqueos o eliminación de contenido por parte de las autoridades nacionales.

Solicitudes 

En la actual coyuntura de manifestaciones sociales, reiteramos las siguientes solicitudes:

  1. La Procuradora General de la Nación anunció que investigará a los agentes del ESMAD por la violencia desplegada contra la prensa en Sibaté, Cundinamarca, el 6 de mayo. Esta investigación debe ampliarse a todas las agresiones en las que han participado integrantes de la fuerza pública contra la prensa.

    Solicitamos también a la procuradora general que haga un llamado público y urgente a todos los funcionarios públicos para que cumplan con su deber de facilitar información oportunamente e inicie investigaciones disciplinarias contra aquellos que no lo hagan.  

  1. Exigimos al presidente Duque y al ministro del Interior que emitan un rechazo público frente a los hechos violentos contra la prensa y envíen un mensaje claro de cero tolerancia para los miembros de la fuerza pública involucrados en dichas agresiones.

    Además, les hacemos un llamado a que no utilicen las campañas contra la desinformación como herramienta para estigmatizar a la prensa y criminalizar la difusión de información. La FLIP reitera que las autoridades y figuras públicas no pueden estimular la censura. Su deber es canalizar las reclamaciones contra la prensa mediante los medios constitucionales que existen para expresar los desacuerdos.

  1. Invitamos a los sectores promotores del Paro Nacional a que envíen un mensaje de respaldo al trabajo de las y los periodistas, y a que manifiesten sus inconformidades hacia los medios de manera respetuosa y sin atentar contra la libertad de prensa.

  2. A las autoridades de orden departamental y municipal les solicitamos que entreguen una explicación pública y satisfactoria de los hechos que han provocado daños sobre la integridad de una persona en el contexto de las manifestaciones. En particular, insistimos en el pedido realizado hace unos días a los alcaldes de Cali, Bogotá, Medellín, Popayán y Sibaté, en donde se han observado graves hechos de violencia en contra de periodistas que realizan cubrimiento de la protesta social.

Las jornadas de protestas sociales que se han llevado a cabo desde el 28 de abril han expuesto la vulnerabilidad y desprotección de los y las periodistas en el país. La libertad de expresión y prensa se ha visto gravemente afectada por el alto nivel de violencia que se ha vivido en Colombia en los últimos días. Es urgente que se implementen acciones diferenciadas para garantizar su seguridad. El trabajo de una prensa libre es un imperativo para salvaguardar el Estado democrático.

La prensa, el ejercicio periodístico y el libre flujo de la información ayudan a garantizar que la ciudadanía pueda conocer los hechos en las manifestaciones y pueda con ello ejercer un control sobre las instituciones del Estado.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza y condena los ataques dirigidos contra tres periodistas del medio alternativo Loco Sapiens por parte de miembros del ESMAD en Sibaté, Cundinamarca. Dos periodistas resultaron heridos por los impactos de los perdigones disparados por los uniformados. Estos ataques son totalmente inaceptables y nuevamente dejan en evidencia que hay agentes de la Policía que están utilizando la fuerza y la violencia para censurar a los periodistas que cubren estas manifestaciones nacionales. 

Anoche, 6 de mayo, tres periodistas de Loco Sapiens se encontraban cubriendo una toma cultural (con muestras artísticas y proyección de videos) en zona rural de Sibaté, municipio ubicado a 27 km de Bogotá. A las 2:47 am, agentes del ESMAD lanzaron gases lacrimógenos mientras se desplazaban en una tanqueta. Cuando se acercaron al sector donde se encontraban los periodistas, miembros del ESMAD dispararon directamente contra los reporteros con armas de perdigones (uno de los agentes estaba identificado con la placa 173388). Los disparos fueron dirigidos a los periodistas a pesar de que ellos alzaron los brazos y gritaron fuertemente que eran prensa. Los reporteros estaban plenamente identificados, tenían cascos marcados como “prensa” y portaban carnés del medio.

Dos de los tres periodistas resultaron heridos debido a los impactos de los perdigones. Después de que agentes del ESMAD intimidaran a los periodistas, y de que estos últimos insistieran en que se encontraban cubriendo los hechos, los policías se retiraron y les gritaron "ustedes solo vienen a hacer amarillismo". Los heridos no recibieron ayuda médica en el lugar, y la ambulancia que solicitaron no llegó. Todo el ataque quedó registrado en la transmisión en vivo que estaba haciendo uno de los periodistas.

Desde que comenzó el paro nacional, el 28 de abril, en la FLIP hemos documentado 115 ataques a la prensa. De este total, 52 fueron cometidos por miembros de la fuerza pública,  son responsables en el 45% de los casos.

Reiteramos que los funcionarios y la fuerza pública tienen la obligación de garantizar el  trabajo periodístico. La prensa es fundamental en momentos de manifestaciones sociales, y no puede verse restringida arbitrariamente por agentes del Estado. Le solicitamos a la Policía Nacional que investigue este caso concreto y todos los otros en los que uniformados han agredido a periodistas.

También hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación a que asuma las investigaciones de estos ataques para tener así más garantías de transparencia en los procesos. De igual manera, reiteramos nuestro llamado al Presidente Iván Duque a que rechace de forma clara y pública las violaciones cometidas contra la prensa en el contexto de las protestas y que envíe un mensaje de cero tolerancia a los agentes estatales involucrados en estas violaciones.

Nos sumamos a más de 650 organizaciones sociales en la solicitud de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que visite el país e instale un mecanismo independiente de expertas y expertos que colabore con la investigación de lo ocurrido durante las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril. 

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Bogotá, 6 de mayo de 2021. Organizaciones de derechos humanos y apoderados de los accionantes de la tutela que condujo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de septiembre de 2020 que protegió el derecho a la protesta consideramos que existe un incumplimiento sistemático, masivo y flagrante de lo ordenado por la Corte

Las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas iniciadas el pasado 28 de abril evidencian que sigue existiendo y se ha hecho más grave la intervención sistemática, arbitraria y violenta de los miembros de la fuerza pública en manifestaciones públicas. 

Observamos con profunda preocupación que continúa la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las políticas gubernamentales; continúa también el uso desproporcionado de la fuerza, el uso de armas letales y el uso inadecuado de armas potencialmente letales en medio de las protestas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, el irrespeto a los derechos a la vida y la integridad personal y los ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

Por estas razones, acudimos a la Corte Suprema de Justicia para que haga cumplir sus órdenes para la garantía efectiva del derecho a la protesta, el derecho a la vida, a la integridad personal y la libertad de prensa. 

Solicitamos que se declare desacato e incumplimiento de la sentencia que protegió el derecho a la protesta. Además, pedimos que se ordene suspender la asistencia militar; la disolución por la fuerza de las manifestaciones; el uso de armas de fuego; y la actuación del ESMAD. También pedimos que la fuerza pública, Procuraduría, Defensoría, la Fiscalía y el Gobierno entreguen los informes sobre los avances en las investigaciones disciplinarias y penales contra miembros de la Policía Nacional.

Aquí enlistamos todas las solicitudes: 

  1. Que la Sala Civil de la Corte inicie el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato por el incumplimiento de las ordenes de la sentencia STC7641 de 2020. 

  2. Declarar en desacato al Presidente de la República, al Ministro de Defensa, al Director General de la Policía Nacional, al Defensor del Pueblo, a la Procuradora General de la Nación, al Fiscal General de la Nación por el incumplimiento de las órdenes segunda y quinta de la sentencia STC7641 de 2020.

  3. Prevenir al Presidente de la República, al ministro de Defensa, al director general de la Policía Nacional y a todas las autoridades de Policía del país para que en ningún caso vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para interponer el incidente de desacato y en las acciones que se identifican en la sentencia STC7641 de 2020.

  4. Ordenar al Presidente de la República suspender las medidas de asistencia militar.

  5. Ordenar a todas las autoridades de policía, en específico a los comandantes operativos de la Policía Nacional en las manifestaciones públicas, abstenerse de disolver por la fuerza las mismas, hasta tanto se evidencie que están en capacidad de hacer un uso moderado y proporcional de la fuerza. Para ello, tendrán la obligación de aplicar estrictamente el principio de diferenciación, así como dar cumplimiento a una política criminal garante del derecho a la manifestación pública. 

  6. Ordenar a todas las autoridades de Policía, en específico a los comandantes operativos de la Policía Nacional en manifestaciones públicas, suspender el uso de armas de fuego para dar respuesta a las manifestaciones.  

  7. Suspender la actuación del ESMAD hasta tanto se evidencie que está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas. 

  8. Solicitar a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General de la Nación y al Inspector General de la Policía Nacional informes completos y ampliamente justificados y públicos sobre los avances en las investigaciones disciplinarias y penales contra miembros de la Policía Nacional, especialmente en lo tendiente a la identificación de una actuación sistemática, arbitraria y violenta de la fuerza pública en manifestaciones públicas desde los hechos del 19 de noviembre del 2019. Particularmente y de manera urgente se solicitan informes de lo ocurrido desde el 28 de abril de 2021 a la fecha. 

  9. Solicitar al Defensor del Pueblo la lista de los comandantes de las unidades de la Policía Nacional que han realizado control de las manifestaciones entre el 28 de abril hasta hoy en todo el país. Solicitar a cada uno de los comandantes identificados en el punto anterior que remitan a esta Sala los informes de los que trata el artículo 42 del Decreto 003 del 2021, haciendo énfasis en las razones de hecho y de derecho que soportaron sus respectivas intervenciones, en términos de necesidad, proporcionalidad, diferenciación, prevención y razonabilidad.

  10. Solicitar al director general de la Policía Nacional las órdenes de servicio respectivas bajo las cuales se estableció la presencia de uniformados en las manifestaciones públicas desde el 28 de abril del 2021 a la fecha. Asimismo, allegar todos los anexos tácticos, operacionales y de inteligencia que justifican las respectivas órdenes.  

  11. Solicitar al comandante general de las Fuerzas Militares las órdenes de operaciones bajo las cuales se ha ordenado y configurado los términos de la asistencia militar que el Presidente de la República ordenó el pasado 1 de mayo del 2021. 

  12. Ordenar a la Procuradora General de la Nación, Fiscal General de la Nación e Inspector General de la Policía Nacional que inicien las acciones tendientes a la investigación y sanción de los hechos de violencia cometidas contra las y los manifestantes y periodistas  desde el 28 de abril de 2021 hasta la fecha. 

  13. Solicitar pruebas a todas las instituciones públicas nacionales y organizaciones no gubernamentales sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas desde el 28 de abril a la fecha. 

  14. Invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que allegue la información que han recogido de las violaciones a los derechos humanos en Colombia cometidas durante las protestas desde el 28 de abril a la fecha. 

  15. Ordenar al Gobierno nacional en cabeza del Presidente para que de manera perentoria expida el acto administrativo “en el cual ordene a todos los miembros de la rama ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del gobierno nacional…” ordenado en el ordinal quinto de la sentencia STC-7641 de 2020. 

  16. Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Personería de Bogotá remitir un informe detallado de la información de la que tengan conocimiento sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas desde el 28 de abril del 2021 a la fecha. 

 

Firmantes:

El Veinte
Humanidad Vigente
Coorporación Colectivo de Abogados - CCAJAR
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - CSPP
Comisión Colombiana de Juristas - CCJ
Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad - Dejusticia
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
dhColombia
Profes al paro

 

Contactos para prensa

Dejusticia
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Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR
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Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP
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3103419744

Humanidad Vigente Corporación Jurídica
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Comisión Colombiana de Juristas – CCJ
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Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP
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Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa alertamos que existe un riesgo inminente de autocensura de quienes cubren las protestas debido a la escalada del uso excesivo de la fuerza policial contra periodistas, que da indicios claros de la intencionalidad de las agresiones y su sistematicidad, sin que exista un reproche público por parte de las autoridades. 

Manifestamos nuestra extrema preocupación frente a las alarmantes cifras de violencia en el cubrimiento de las manifestaciones sociales. Entre el 28 de abril y el 3 de mayo (6 días), se han documentado 70 agresiones y 76 víctimas, de las cuales destacamos 32 agresiones, 7 robos y eliminaciones de material, 9 obstrucciones, 5 detenciones ilegales, 5 de acciones arbitrarias en redes sociales, 3 daños a infraestructura, 3 casos de negación al acceso a la información, 2 amenazas, 2 hostigamientos, 1 estigmatización y 1 exclusión. Aún están en proceso de documentación otros 15 casos, de los cuales se advierten al menos 3 agresiones, 1 amenaza, 3 detenciones ilegales, 3 obstrucción 

Las agresiones se han concentrado en mayor medida en Antioquia (10), Bogotá (19), Valle del Cauca (9), Risaralda (4) y Santander (4), donde se han presentado más expresiones ciudadanas y el principal agresor sigue siendo el Estado: 62% de las agresiones son atribuidas a la fuerza pública y autoridades oficiales.

El Estado colombiano ha demostrado su incapacidad para brindar a la prensa el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público. En el marco de las protestas, la prensa cumple una función esencial al recabar y difundir información de lo que sucede en manifestaciones, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad.

Las agresiones a las que la prensa ha sido sometida en los últimos 6 días revelan un nivel de violencia sin precedentes, así como el propósito inequívoco de impedir el cubrimiento de las manifestaciones sociales. Se han documentado 40 ataques provocados por la Policía Nacional, entre ellos, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-, que no son contingencias, por el contrario, son ataques dirigidos para intimidar, generar miedo y censurar a la prensa. Quienes son atacados con mayor vehemencia por parte de las fuerzas públicas son aquellos que registran abusos de la fuerza contra los manifestantes. 

Genera extrema preocupación la sistematicidad de las agresiones contra la prensa por parte de las fuerzas públicas a pesar de estar debidamente identificados con chalecos y cascos. En particular, un periodista recibió un disparo en el casco, (1 intento de homicidio), 4 periodistas reportaron ser golpeados con bombas aturdidoras, 4 periodistas reportaron que agentes del ESMAD les apuntaron a las caras (2 de ellos reportaron haber sido insultados por un agente de la fuerza pública mientras le apuntaba con una escopeta calibre 12, cuyo uso fue suspendido por orden de la Corte Suprema de Justicia en 2020), 5 periodistas comunicaron a la FLIP que fueron agredidos y retenidos ilegalmente (1 de ellos conducidos a una zona aislada); 6 periodistas que estaban haciendo cubrimiento fueron acorralados por agentes motorizados; al menos 2 fueron lesionados por bombas lacrimógenas y 1 por impacto de bala de goma.

Resulta desconcertante que el gobierno y las entidades de control aún no se pronuncien sobre la gravedad y sistematicidad de estos hechos. Sin embargo, esta no es la primera vez que el gobierno se niega a reconocer la sistematicidad de las agresiones a la prensa en el contexto de manifestaciones sociales: en el marco de la concertación del Decreto 003 de 2021, la FLIP hizo hincapié en la necesidad de incluir de manera expresa una obligación para la fuerza pública de no agredir periodistas cuando ocurriesen focos de violencia, toda vez que en las protestas del 2019 ya se había advertido este patrón de violencia. La respuesta del Gobierno fue desconocerlo y limitarse a hacer una referencia genérica a la garantía de la libertad de prensa. 

Por otro lado, los periodistas y medios de comunicación son actualmente sujeto de estigmatización por parte de algunos funcionarios públicos. Criticar a los medios de comunicación y periodistas por difundir las cifras sistematizadas por las organizaciones de la sociedad civil y las denuncias hechas en las redes sociales, en lugar de la información oficial, es un síntoma de un Estado antidemocrático. Este llamado de las autoridades falta al principio periodístico de la confrontación de fuentes e impone una versión oficial, violando así el valor de la diversidad de voces, elementos también característicos de una democracia.

La libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de expresar ideas y opiniones, sino también la posibilidad de hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias ni intimidatorias. Por ello, pedimos a:

    1. Al Presidente Duque y al Ministro del Interior que emitan un rechazo público  frente a los hechos violentos contra la prensa y envíen un mensaje claro de cero tolerancia para los miembros de la fuerza pública involucrados en dichas agresiones.

    2. A los convocantes del paro y los dirigentes y figuras públicas de los movimientos sociales y partidos políticos, a que rechacen todo tipo de agresión contra la prensa. De igual manera, que se abstengan de hacer señalamientos que estigmaticen el oficio periodístico. Estos señalamientos pueden incitar a la violencia o verse como autorizaciones indirectas de futuras agresiones.

    3. A la Procuraduría General de la Nación para que asuma poder preferente en las investigaciones disciplinarias de las agresiones contra la prensa para cumplir con el deber de investigación y sanción de los responsables.

    4. A los entes de control y a los alcaldes y gobernadores del país que entreguen cifras transparentes sobre los hechos de violencia que han rodeado las manifestaciones sociales, como compromiso con la máxima publicidad en el acceso a la información en Colombia. 

    5. Al gobierno nacional, a los entes de control y a los alcaldes y gobernadores del país que brinden cifras desagregadas y se informe cómo se están gestionando las denuncias ciudadanas, incluidas aquellas en contra de los miembros de la fuerza pública. 

 

 

Internacionales

  1. A la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH que haga un llamado urgente a las autoridades para que el uso de la fuerza se ajuste a la normativa que garantiza al respeto de los derechos humanos, entre ellos por el respeto por la actividad periodística, y recuerden que la actuación de los cuerpos de seguridad estatales en el mantenimiento del orden público debe estar en estricto apego a los estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.

  2. A la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH que haga un llamado urgente a las autoridades para que ordenen el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza contra la prensa.  por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.  y, en su lugar, protejan la actividad periodística. 

  3. A la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos para que se realice una misión de verificación de la violencia contra la prensa.

  4. A la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de ONU haga un llamado a las autoridades nacionales a que se garantice el acceso a la información al periodismo nacional pero en particular el regional y para las mujeres periodistas.

  5. A la sección de libertad de prensa de la Unesco para garantizar la justicia a los periodistas agredidos e impedir la impunidad, y prevenir violencia de género.

 

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Bogotá, 22 de septiembre de 2020. A finales del 2019, en medio de las marchas y movilizaciones con motivo del Paro Nacional del 21 de noviembre, un grupo de personas, organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, estudiantes, periodistas, docentes de las universidades de los Andes y el Rosario, familiares de víctimas y víctimas de violencia policial presentamos una acción de tutela solicitando la protección de nuestro derecho fundamental a la protesta, la libertad de expresión y de prensa.

En la tutela demostramos que la forma de actuar del Gobierno y la Policía Nacional en el marco de las protestas de noviembre pasado violó los derechos constitucionales de quienes se manifestaron incurriendo en las siguientes conductas: la disolución arbitraria de protestas pacíficas, el uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, el uso desproporcionado de agentes químicos irritantes en la disolución de protestas, la retención arbitraria de personas en el marco de las protestas por parte de la Policía Nacional y ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones. 

El día de hoy, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tuteló el derecho de todas las personas a manifestarse y el deber de las autoridades de “conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”. La decisión se basa en la protección constitucional e internacional que tiene el derecho a la protesta y que las limitaciones a su ejercicio sólo pueden ser definidas legalmente, por tanto no pueden otras autoridades atribuirse la definición de la manera en que las personas pueden disfrutar su derecho que en palabras de la Corte consiste en “disentir y a hacer público su pensamiento”

La Corte encontró que “existió -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron” y de quienes hacían el cubrimiento periodístico. Lo que evidencia “una amenaza seria y actual ante el comportamiento impulsivo de la fuerza pública y, en especial, del ESMAD, quien ha desconocido abiertamente, no sólo sus propios manuales, sino también, principios y valores de rango constitucional”.

Así, las actuaciones de la fuerza pública, sin control ni rendición de cuentas adecuados, “representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones porque su actuar, lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas”, señala la sentencia. Además, la Corte también encontró vulneraciones a derechos relacionadas con allanamientos masivos por parte de la Fiscalía General de la Nación a los domicilios y residencias de quienes tienen interés legítimo en participar de las protestas.

Las órdenes dictadas por la Corte para garantizar el derecho fundamental a la protesta fueron:

(i) Que el Ministro de Defensa presente disculpas por los excesos de la fuerza pública, especialmente el ESMAD, en las protestas desarrolladas a partir del 21 de noviembre de 2019; 

(ii) ordenar a los miembros del Gobierno mantener neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si están dirigidas a cuestionar las políticas propias;

(iii) conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en las manifestaciones con participación de la ciudadanía y emitir una reglamentación en la materia que sea acorde con los estándares internacionales y constitucionales;

(iv) diseñar un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, incluyendo informes públicos y sustentados cuando se presenten ataques a la vida e integridad personal;

(v) expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas y,

(vi) suspender el uso de escopetas calibre doce para la intervención en protestas.

También se emitieron órdenes dirigidas a la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que diseñen planes de fácil acceso a las personas que requieran apoyo por haber sido afectadas en el marco de protestas y se puedan hacer verificaciones de las personas detenidas por parte de la ciudadanía y organizaciones defensoras de derechos humanos. Y se le ordenó específicamente al Defensor del Pueblo que realice un control estricto, fuerte e intenso a todas las actuaciones del ESMAD hasta que se constate que “está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas”. Estas entidades deberán producir informes periódicos de seguimiento.

Este fallo es más que oportuno, dada la necesidad de restaurar el Estado de Derecho y la salvaguarda de la vida y la protesta social luego de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020, donde fueron asesinados jóvenes en distintas localidades de Bogotá y Soacha en el marco de manifestaciones por la misma violencia policial que recrimina la Corte Suprema en su decisión. Esta sentencia reconoce la urgencia de imponer límites concretos al accionar de la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- haciendo un claro llamado de atención a la negación de estos hechos por parte del Gobierno Nacional.

Saludamos la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la importancia de la libre expresión en una democracia y protege los derechos de la ciudadanía a protestar libre de la amenaza de la violencia y el abuso policial como respuesta a sus reclamos. Igualmente, instamos al Gobierno Nacional, a la Fiscalía, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá a cumplir con prontitud las órdenes emitidas.

Contactos

Dejusticia
Adriana Abramovits. Comunicadora.
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Colectivo de Abogados Joé Alvear Restrepo – CAJAR
Angélica Chaparro. Prensa.
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Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP
Comunicaciones FLIP.
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Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Erik Cano. Encargado de comunicaciones.
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Comisión Colombiana de Juristas – CCJ
Paola Sánchez.  Comunicadora.
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Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - CSPP
Kamila Cruz. Coordinadora de Comunicaciones
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El cubrimiento de la Minga Indígena ha dejado en lo corrido del año diez ataques contra la prensa en el departamento del Cauca. De ellas, cuatro agresiones provinieron de desconocidos y tres de la fuerza pública.

Las primeras agresiones se dieron en marzo. Dos periodistas fueron víctimas de obstrucción, agresión y retención arbitraria por parte de miembros del Esmad en Cajibío y otros tantos sufrieron obstrucciones e intimidaciones por parte de encapuchados mientras se dirigían a cubrir una rueda de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

La FLIP se pronunció en ambos casos y exigió garantías para la prensa por parte de las autoridades de ese departamento. Sin embargo, el miércoles 3 de abril se presentó una nueva violación a la libertad de prensa. Los periodistas Juan David Rodríguez de Colombia Informa y Richard Calpa de Radio 1040 fueron agredidos por los manifestantes que se encontraban frente a la sede del CRIC en la ciudad de Popayán, protestando por los bloqueos que se han presentando a raíz de la Minga llevada a cabo en el suroccidente del país. Además, ambos reporteros fueron víctimas de una obstrucción al trabajo periodístico por parte de agentes del Esmad.  

Rodríguez, quien estaba identificado con el chaleco del medio, asegura que miembros del Esmad lo señalaron de guerrillero, lo que provocó que los manifestantes lo insultaran, agredieran con piedras e intentaran quitarle la cámara, frente a la mirada indiferente del Esmad. Este tipo de señalamientos hacia la prensa, provenientes de funcionarios públicos, pueden, como sucedió en este caso, exponer a un mayor riesgo a lo periodistas de ser víctimas de conductas violentas en su contra.

Sobre esto, la La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  en su informe anual de 2010, señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística”.

Richard Calpa, también fue agredido con puños y patadas por los manifestantes, quienes, además, intentaron quitarle los equipos de grabación. Esto, después de que un miembro de la Policía cuestionara la veracidad de los logos del medio así como la labor del periodista.

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos o administrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares”.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y hace un llamado a la Policía Nacional y demás autoridades para que garanticen el cubrimiento periodístico de todo tipo de manifestaciones sociales. Es sumamente importante la labor de la prensa en este tipo de escenarios para que la ciudadanía reciba un flujo de información plural que le permita entender y participar en la discusión de estos temas de alto interés público.

Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a todos los manifestantes para que no se conviertan en agresores a la prensa. Todo acto de violencia es inadmisible independientemente de quien provenga y altera las condiciones para una deliberación pública libre y abierta.

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