Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Con el asesinato del periodista Wilder Córdoba, es evidente la indiferencia y falta de diligencia por parte de las autoridades locales y nacionales en los casos de homicidios a periodistas. A ocho días de cumplirse un mes del crimen, la Fiscalía aún no ha dado a conocer las hipótesis que manejan del asesinato. Las autoridades locales y el Gobierno Nacional no se han pronunciado ni articulado para proteger a los periodistas y prevenir este tipo de violencia que aqueja a la prensa.

En la misión que la FLIP realizó a La Unión, Nariño, se constató la importante labor periodística que realizaba Córdoba, quien era periodista y director del canal comunitario TV Unión, uno de los tres únicos medios que existen en el municipio. A través del noticiero y de sus redes sociales, Córdoba era la principal fuente de información sobre temas como la inseguridad, el manejo de los recursos públicos, el estado de las obras que se realizaban en el municipio, entre otros. Por eso, su asesinato crea un escenario incierto para el periodismo local y para la información que circula en el municipio.

El periodista también era reconocido por sus labores de veeduría ciudadana y liderazgo en el municipio. Una de sus iniciativas fue el grupo de los ‘Tapahuecos’, en el que se reunía con otras personas para arreglar algunas calles del municipio.

Por su trabajo como comunicador, Córdoba fue víctima de mensajes intimidantes a través de redes sociales. En estos le decían que su labor periodística “no le importaba a nadie”, que “no molestara más” y que “pretendía opacar a la alcaldía”. El reportero hizo públicos estos mensajes en su perfil personal y en una ocasión, le admitió a su madre que sentía miedo por las intimidaciones que había recibido. Estos antecedentes son motivo suficiente para que la Fiscalía tome como hipótesis principal del asesinato el trabajo periodístico que realizaba Córdoba.

El homicidio contra Córdoba ocurrió un mes y doce días después del asesinato de Rafael Moreno, en Montelíbano, Córdoba. Al igual que en ese caso, el Gobierno Nacional hoy permanece en completo silencio respecto a lo ocurrido en Nariño. La falta de diligencia de las autoridades locales y entidades nacionales para determinar quiénes fueron los responsables del crimen conduce a la impunidad, que en el caso de homicidios a periodistas es del 82%. En este caso, también es vital que la alcaldía de La Unión pueda establecer medidas preventivas de seguridad para los y las reporteros que quedan en el municipio. Solo con la articulación entre entidades se podrá garantizar la protección de los y las periodistas, los derechos a la libertad de expresión, a la prensa y de acceso a la información a la ciudadanía.

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La FLIP ha podido constatar que el periodista Wilder Córdoba, asesinado en la tarde del 28 de noviembre en La Unión, Nariño, era reconocido por sus denuncias periodísticas y su importante labor de veeduría y liderazgo social. Distintas personas cercanas a Córdoba nos confirmaron que horas antes de su asesinato el comunicador se desplazaba a entrevistar a una de sus fuentes. En lo relacionado con la investigación del crimen, nos preocupa que a pesar de que la Fiscalía envió a sus investigadores la noche del homicidio, hasta ahora no hay ningún pronunciamiento sobre cuáles son las hipótesis dentro de la investigación.

Córdoba era el director del canal de televisión comunitario TV Unión, en donde trabajaba como periodista desde hace más de 12 años. También difundía en sus redes sociales columnas y notas en donde denunciaba asuntos de orden público, del estado de las vías y obras que se realizaban en el municipio. La última noticia que publicó en su perfil de Facebook es el caso de un hombre que fue agredido con un arma blanca en La Unión.

El trabajo de Córdoba incomodaba a ciertos sectores o personas, por eso en varias oportunidades él mismo dio a conocer las intimidaciones que recibía. Por ejemplo, tres días antes de su homicidio, el 25 de noviembre, el periodista recibió un mensaje que le decía que “quería opacar al alcalde” y que “a nadie le importa” las denuncias que realizaba. Esto ocurrió luego de que se publicara en TV Unión una nota periodística sobre la situación que enfrentaba un barrio del municipio por las lluvias y deslizamientos. También, el 26 de agosto de este año, Córdoba afirmó en sus redes que desde un perfil falso le habían dicho que su trabajo “le molestaba a los venteños”. Personas cercanas al comunicador afirman que además de esas intimidaciones, Córdoba habría recibido otras amenazas directas.

Por todo esto, para la FLIP es fundamental que la Fiscalía investigue las amenazas previas que recibió Córdoba y que tenga en cuenta su labor periodística como la principal hipótesis de su asesinato. El ente debe investigar de dónde provinieron las amenazas y así poder encontrar mayores indicios sobre los motivos del homicidio. En Colombia los índices de impunidad en crímenes contra periodistas, especialmente en homicidios, sobrepasa el 90% de los casos. Además, los primeros días en la investigación son primordiales para una adecuada recolección de pruebas que permitan identificar a los responsables y sus motivaciones, por eso es fundamental la diligencia de la Fiscalía al comienzo de la investigación. 

La FLIP tuvo conocimiento de que en el municipio se realizó un consejo de seguridad después del homicidio, además nos comunicamos con la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía. Sin embargo, no ha habido una respuesta clara sobre las acciones que se emprenderán en la investigación ni sobre la articulación entre las entidades para proteger a la prensa local.

Desde la FLIP lamentamos este homicidio y nos solidarizamos con la familia y los allegados a Wilder Córdoba. Con el fin de recolectar información de primera mano, la FLIP realizará una misión a La Unión para poder reunirse con las autoridades locales, periodistas y personas cercanas al reportero.

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Hace un mes exacto silenciaron la voz de Rafael y, hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento ni se conoce si la Fiscalía General de la Nación está investigando el crimen teniendo en cuenta su relación con el trabajo periodístico que hacía Moreno. El periodismo de Rafael era vital para la región, por lo que en la FLIP seguiremos velando para que su asesinato no quede impune.

Conozca en el siguiente video parte del trabajo que hacía Rafael en el sur de Córdoba. 



La FLIP viajó a Montelíbano a conversar con familiares y colegas de Rafael sobre el impacto de su ejercicio periodístico, y de las consecuencias de su asesinato en la prensa local. En nuestra misión comprobamos que silenciaron a una voz con liderazgo del departamento.

Rafael Moreno fue uno de los primeros periodistas que empezó a investigar sobre la corrupción en el sur de Córdoba. Su liderazgo periodístico inspiró a más colegas, desafió a los poderosos y a los violentos, y lo convirtió en una de las voces principales de su región. Por ejemplo, junto a otros colegas, Rafael conformó un equipo que investigaba para informar exactamente cuánto había costado una obra, cuánto tiempo tenía de retraso y quiénes estaban involucrados.

Un ejemplo del periodismo que hacía Rafael es el seguimiento que hizo al estadio que él mismo nombró La eternidad, pues nunca se inauguró. "Esta megaobra debió entregarse hace 2 años y a causa de la corrupción la plata se perdió", contó en uno de sus reportajes de julio de 2021. Por otro lado, uno de sus colegas le dijo a la FLIP que "los que roban hoy en el sur de Córdoba van a robar más tranquilos porque sabían que cuando ponían un contrato, Rafa lo iba a revisar en el SECOP y lo iba a investigar. Hoy yo no sé si va a haber alguien que lo haga", cuenta uno de sus colegas de la región.

Hacemos un llamado a las autoridades y al Gobierno Nacional para que se garantice justicia y verdad frente a este lamentable asesinato.

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Este 6 de octubre, la FLIP interpuso una demanda de reparación directa contra el Ejército y la Policía por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz, ocurrido el 13 de agosto del 2020. Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista. La FLIP, como representante de la familia de la víctima, ha logrado recolectar pruebas y testimonios que confirman que el Ejército disparó contra Liz mientras él cubría los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad Nasa en Corinto, Cauca.

Después de la muerte de Liz, el Ejército aseguró que los disparos contra el comunicador provenían de disidencias de las FARC. Sin embargo, de acuerdo con los análisis forenses, la FLIP puede afirmar que el proyectil que impactó al comunicador concuerda tanto en calibre como en marca con las armas de dotación oficial que estaba portando el Ejército el día del asesinato. Así mismo, las pruebas indican que ese día, durante los enfrentamientos de la fuerza pública con la comunidad, los grupos armados ilegales que operan en la zona no accionaron armas de fuego.

Sumado a esto, en la investigación se evidenció que la fuerza pública obstruyó en reiteradas ocasiones el paso de vehículos y personas que pretendían auxiliar al periodista cuando resultó herido. Miembros del Ejército y del ESMAD impidieron el paso del vehículo de atención médica del cabildo y apuntaron a las personas de la misión médica con un arma. La camioneta que finalmente pudo ingresar al lugar de los hechos para auxiliar a Liz llegó hasta allí porque se encontraba al otro lado de la carretera, donde no había presencia de la fuerza pública. Sin embargo, mientras trasladaban a los heridos al hospital de Corinto, este vehículo también fue agredido por uniformados.

En el departamento del Cauca, al igual que en otras regiones, existe un patrón de agresiones y estigmatizaciones por parte de agentes de la fuerza pública, en contra de  las y los comunicadores indígenas. En escenarios como los procesos de la Minga, estos ataques se presentan con mayor intensidad. 

El impacto colectivo que ha tenido este asesinato en el tejido de comunicaciones y los integrantes de la emisora es profundo. Durante los últimos dos años sus integrantes han sentido temor a ataques o estigmatizaciones, y se han visto obligados a acudir a la autocensura. Así mismo, ha habido una afectación en la comunidad, pues se silenció la voz de todo el pueblo Nasa que habita al norte del Cauca. Liz se formó como comunicador comunitario en el 2010 y desde el 2015 trabajaba en la emisora Nación Nasa de Corinto. Con su labor, visibilizó las luchas indígenas, los procesos culturales del pueblo Nasa y sus problemáticas sociales. Por esto, a través de la demanda esperamos que se reconozcan reparaciones simbólicas y colectivas para la comunidad. 

Dora Muñoz, coordinadora del Tejido de comunicaciones del Cabildo de Corinto, ha mencionado que “asesinar a un comunicador es [...] como asesinar a un sabedor espiritual, porque es intentar callar la voz de la comunidad. Es intentar callar todo este proceso de lucha y de denuncia que se ha venido caminando por varios años y que ha sido a través de estos comunicadores y comunicadoras indígenas”. 

En el 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación indígenas se realiza individualmente, pero también se manifiesta colectivamente debido a la particular forma de organización de las comunidades indígenas”. Además, para ese tribunal, a través de la comunicación los pueblos indígenas pueden ejercer otros derechos como la autonomía y la cultura. 

Por todo eso, la FLIP, como representante de la familia de Abelardo Liz, busca que el Estado colombiano establezca condiciones óptimas para que comunicadores y comunicadoras indígenas puedan ejercer su oficio sin ser víctimas de estigmatizaciones y hechos violentos por parte de la fuerza pública. 

En concreto, solicitamos que se ordene al Ejército y la Policía realizar un acto público de perdón que incluya un reconocimiento expreso de responsabilidad por el homicidio de Liz y por las afectaciones que con ello generaron en la libertad de expresión y en la comunicación indígena. También pedimos que estas dos instituciones expidan un protocolo que garantice y proteja el ejercicio de la libertad de expresión de los comunicadores indígenas, con esto se podrán emprender acciones preventivas. Finalmente también exigimos que se construya un monumento en Corinto que visibilice el liderazgo que tenía Liz en la comunidad como reportero indígena. 

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Hace un año, el 19 de septiembre del 2021, el periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado en Tuluá, Valle del Cauca. A sus 68 años, Montalvo realizaba críticas a la alcaldía local y denunciaba hechos de corrupción y delincuencia; tenía un gran reconocimiento de la comunidad, y durante varias décadas de trayectoria periodística se dedicó a cuestionar las acciones de quienes estaban en el poder. Su homicidio generó un ambiente de autocensura y visibilizó los riesgos a los que se enfrenta la prensa de la región; desde su asesinato, en Tuluá, se han registrado tres amenazas a la prensa y un exilio.

Montalvo empezó en el periodismo a los diecisiete años, en el periódico El País de Cali. También fue reportero de Antena 2, El Caleño, Radio Reloj, La Cariñosa, el semanario El Tabloide y los periódicos locales La Variante y Mercurio. En la última década se dedicó a publicar de forma independiente en dos páginas de Facebook que llevaban su nombre. Allí difundía notas de opinión de su autoría y hacía eco a trabajos periodísticos de varios medios locales y nacionales sobre temas relacionados con la política, la seguridad del municipio y asuntos de tránsito. Seis meses antes de su muerte, según fuentes consultadas por las FLIP, había recibido amenazas por parte de un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Alcaldía. 

Para la Fiscalía, una de las hipótesis es que el asesinato está relacionado con el oficio periodístico de Montalvo. Sin embargo, durante el último año no se ha esclarecido quiénes determinaron el homicidio y cuáles fueron sus motivaciones. Los esfuerzos de la Fiscalía han estado dirigidos a capturar a los autores materiales, que son  el eslabón más débil de toda la cadena criminal. Actualmente ya se dictó una condena de sesenta meses contra uno de los sicarios y otro de ellos está en proceso de ser judicializado. No obstante, se desconoce cuál fue el rol que ejerció cada uno en el crimen.

Para la FLIP, estos avances no desarticulan el riesgo que tienen las y los reporteros que denuncian asuntos de interés local en Tuluá; por lo que no hay una reparación en términos de verdad y reconocimiento del riesgo diferenciado a la prensa local. Es fundamental que el Estado judicialice a toda la cadena delictiva y, así, demuestre su compromiso en la lucha contra la impunidad de este tipo de crímenes.

A un año de su asesinato la FLIP hace un llamado específico a la Fiscalía General para que aumente los esfuerzos en la investigación y que establezca quiénes fueron los autores materiales y cuáles fueron sus móviles.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condena y lamenta profundamente el asesinato del periodista Marcos Efraín Montalvo, ocurrido en la noche del domingo 19 de septiembre en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Montalvo era ampliamente conocido por su trabajo como periodista desde hace más de cuarenta años.

Según ha documentado la FLIP, dentro de la trayectoria de Montalvo han estado medios como El País de Cali, Radio Reloj, La Cariñosa, el semanario El Tabloide y el periódico local La Variante. Desde hace varios años trabajaba de forma independiente y publicaba información de interés público en dos páginas de Facebook que llevan su nombre. En este espacio difundía notas de opinión de su autoría y hacía eco a trabajos periodísticos de varios medios locales y nacionales sobre temas relacionados con el acontecer político y la gestión administrativa local y regional, así como la situación de seguridad del municipio. Las y los reporteros de la región reconocen la labor periodística que Montalvo aún ejercía y el impacto que todos sus años de carrera tenían en la opinión pública del municipio. 

La Fundación hace un llamado a las autoridades para que investiguen este crimen en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta la labor periodística que hacía Montalvo en el municipio. Si bien el alcalde de Tuluá, Jhon Jairo Gómez Aguire, y el Comandante Región 4 Policía, Brigadier General Pablo Ruiz, se refirieron al caso en una rueda prensa brindada en la mañana del lunes 20 de septiembre, no hablaron de las líneas de investigación o hipótesis que se están evaluando este caso.

Dada la gravedad de los hechos, la FLIP realizará una misión al municipio de Tuluá con el fin de recolectar más información sobre este caso. La Fundación expresa sus condolencias a la familia y amigos del periodista y espera que se dé con los responsables en el menor tiempo posible.

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En días pasados, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la aprehensión de un menor de edad que presuntamente es el autor material del homicidio del periodista Felipe Guevara, a quien se le imputaron los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El menor no aceptó su responsabilidad en los hechos y se le impuso medida internamiento preventivo por parte del Juez Quinto Penal para Adolescentes con función de control de garantías de Cali.  

El periodista caleño Felipe Guevara falleció el pasado 23 de diciembre producto de los cuatro impactos de bala que recibió dos días antes en el barrio Mariano Ramos, al oriente de Cali. Este crimen conmocionó a la prensa local y se produjo a pesar de las denuncias que Guevara había hecho ante las autoridades sobre el riesgo a su vida, por motivo del ejercicio periodístico. Sin embargo, durante varios meses las investigaciones no avanzaron de manera oportuna, ni se adoptaran medidas preventivas. 

La FLIP ha documentado el homicidio de Felipe Guevara, y se convierte en el segundo periodista asesinado asociado al ejercicio de la labor periodística registrado durante 2020. En este caso se refleja un factor común con otros casos de homicidios a periodistas: previamente la víctima había recibido amenazas, las cuales no fueron investigadas de manera diligente por la Fiscalía General de la Nación y no se adoptaron medidas eficaces para garantizar la vida e integridad del periodista. 

Casos como el de Felipe Guevara son el reflejo de la desprotección que enfrentan los periodistas en las regiones de Colombia, que se evidencia en la ausencia de implementación de medidas de protección eficaces y la falta de desarrollo de investigaciones serias y oportunas que conlleven a la sanción de los hechos, y con ello se logre desmantelar la fuente de riesgo. 

El 12 de julio de 2017, Felipe Guevara había acudido a la Fiscalía General de la Nación a denunciar amenazas relacionadas con su labor como periodista, pues estas se dieron con ocasión a una serie de publicaciones sobre una banda criminal que operaba en el barrio Mariano Ramos, sector en el que residía el comunicador. La respuesta de la Fiscalía consistió en entregar a Guevara una solicitud de protección policial, dirigida al comandante de la estación de Policía cercana a su domicilio. Sin embargo, la medida resultó ineficiente y la desprotección por parte del Estado obligó al periodista a desplazarse del barrio.

En 2018 y 2020, las amenazas y hostigamientos en contra de Felipe Guevara continuaron, mientras tanto la investigación por amenazas no reportaba avances. En agosto del 2020 Guevara le dijo a familiares y amigos que ya no quería salir de su casa porque no se sentía seguro.

La FLIP hace un llamado especial a la Fiscalía para que priorice el avance del juicio contra el presunto menor que participó en el homicidio de Guevara, en aras de evitar el vencimiento de los términos de la medida de internamiento, que podrían conllevar a la falta de cumplimiento de la sanción respectiva, como ha ocurrido en otros casos de agresiones contra periodistas. 

De igual manera resulta mandatorio que se avance en la investigación de las amenazas y el homicidio contra el periodista, bajo la obligación de debida diligencia aplicable a los casos de violencia contra la prensa, que conlleve a juzgar y sancionar a toda la cadena criminal que participó en los hechos. 

La Fundación se solidariza con los familiares del comunicador y continuará realizando seguimiento a los avances de la investigación, en aras de que este caso no se sume a la larga lista de crímenes contra periodistas que quedan en la impunidad. 

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