La FLIP expresa su preocupación por la desinformación, alrededor de las emisoras de paz, generada por la senadora del partido Centro Democrático María Fernanda Cabal. A través de un trino publicado el pasado 9 de febrero, Cabal afirmó que cinco emisoras están siendo “controladas por excombatientes de las FARC”. Sus declaraciones son irresponsables y ponen en riesgo a los y las periodistas que trabajan en los departamentos que ella menciona: Norte de Santander, La Guajira, Antioquia, Tolima y Bolívar.
Así mismo, la senadora Cabal asume como algo perjudicial que excombatientes de las FARC hagan parte de las emisoras. Esto termina reproduciendo estereotipos sobre los y las firmantes del acuerdo, y los traslada a los y las periodistas que hacen parte de estos medios. Además, cabe aclarar que las afirmaciones de la senadora son falsas, pues en este momento ningún excombatiente reincorporado lidera las emisoras de paz.
Las emisoras de paz, creadas a partir del Acuerdo de Paz con las FARC, se enfocan en producir contenido pedagógico sobre los acuerdos y se encuentran en once municipios que fueron afectados por el conflicto: Florida (Valle), Bojayá (Chocó), Arauquita (Arauca), Puerto Leguízamo (Putumayo), Algeciras (Huila), El Tambo (Cauca), Chaparral (Tolima), Ituango (Antioquia), Convención (Norte de Santander), Fonseca (La Guajira) y San Jacinto (Bolívar). Según RTVC, quienes trabajan en las emisoras pasan por un riguroso proceso de selección que permite verificar su idoneidad.
Los y las candidatas al Congreso y Presidencia deben entender que sus discursos tienen repercusiones en el escenario electoral, donde hay un ambiente de mayor hostilidad para la prensa, en especial la que emite desde territorios en los que aún hay presencia de actores armados. Además le recordamos a la senadora Cabal que como servidora pública tiene el deber de tener una narrativa que genere un ambiente óptimo para el trabajo de la prensa y que contribuya a evitar ataques en su contra. Su voz tiene un gran eco sobre sus seguidores, así que hacemos un llamado a la mesura y a la responsabilidad sobre sus declaraciones.
Una vez firmado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la consolidación de una paz estable y duradera, el 24 de noviembre de 2016, desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expusimos en nuestra agenda de libertad de prensa y paz los puntos del acuerdo relativos a medios de comunicación y libertad de expresión con consideraciones sobre cómo y cuándo se podrían implementar. Cinco años después, analizamos qué ha ocurrido frente a tres puntos fundamentales para la construcción y fortalecimiento del ecosistema de medios en Colombia:
Los tres puntos expuestos y analizados en este documento, tienen que ver con el aporte de los medios de comunicación en la materialización de la paz. La comunicación comunitaria, por ejemplo, es fundamental para tejer lazos en los territorios. La apertura ineludible de convocatorias para que existan nuevas emisoras comunitarias en Colombia es un paso positivo, pero sin acciones de fondo que brinden a estos proyectos radiales garantías para poder funcionar y sostenerse en el tiempo, su propósito desafortunadamente se desdibuja.
Pueden consultar el informe completo aquí
Por otro lado, las emisoras de paz son una muestra de que el Estado sí puede articularse e imprimir suficiente voluntad política para implementar el Acuerdo. Llevar la pedagogía sobre la paz a los territorios a través del medio de comunicación con mayor alcance nacional, la radio, y promover espacios para que estos asuntos se discutan localmente es un paso adelante. Pero persisten las dudas sobre la representatividad de los diferentes actores en las emisoras y de qué ocurrirá con las emisoras después de cumplidos los años que el Acuerdo dispone para su funcionamiento.
El último y tercer punto sobre publicidad oficial no da cabida para mayor análisis pues ha sido un asunto desatendido en la implementación del Acuerdo. Las garantías para la paz pasan también por garantizar que instrumentos como la publicidad oficial no se utilicen para fines ajenos a los de informar a la ciudadanía, como silenciar a los críticos o direccionar líneas editoriales a través de la presión económica.
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