Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las presiones por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y de personas cercanas al mandatario contra los equipos periodísticos de la W Radio y El Espectador. La FLIP pudo documentar que Quintero presionó personalmente a directivos de medios de comunicación y señaló a periodistas de ser opositoras a su gestión como forma de evadir las preguntas acerca de asuntos sobre los cuales debe rendir cuentas.

En hechos conexos a esta situación, funcionarios de la administración intentaron forzar a medios nacionales y locales para mejorar la imagen del alcalde a cambio de pauta. Funcionarios de Telemedellín solicitaron a la W Radio que rectificara una publicación veraz  y que además el medio de comunicación accediera a suscribir y publicar un comunicado conjunto con Telemedellín para difundir como cierta una situación que no correspondía con la realidad. 

En un acto de integridad periodística, Caracol Radio (empresa de la que hace parte La W) rechazó enfáticamente las aspiraciones del alcalde y de sus funcionarios para censurar a la prensa, respaldó a sus reporteras frente a los señalamientos del mandatario, declaró la oferta de pauta como un chantaje inaceptable y se negó a aparecer en un comunicado que pretendía difundir información errada para encubrir  lo sucedido. Por su parte el director de El Espectador tampoco cedió a las presiones judiciales que anunció Quintero y le indicó que se debía comunicar con las periodistas que tenían preguntas por formularle y no con él como director. 

Señalamientos estigmatizantes a periodistas para evadir su deber de ofrecer respuestas sobre asuntos que le competen

Durante la última semana un equipo periodístico de la W Radio ha estado documentando denuncias de mujeres que señalan a Quintero Calle de haber cometido actos de violencia sexual. En la reportería se incluía contrastar las denuncias de las dos mujeres con el alcalde de Medellín. Desde ese momento empezaron las presiones contra los medios de comunicación que estaban investigando el tema y sus fuentes.

Isabel Escobar, periodista de W Radio Medellín, se comunicó con la Alcaldía de Medellín y el secretario de Comunicaciones, Juan José Aux, le contestó que necesitaban dos días para dar una respuesta. Antes de ofrecer su versión, Quintero contactó a Johana Fuentes, subeditora de la W, y le aseguró que estas denuncias eran un ataque político y que únicamente saldría al aire si el medio tenía otros testimonios que soportaran la denuncia. 

Presiones a directivas de medios de comunicación desde la condición de alcalde de Medellín con propósitos personales

Luego de las comunicaciones que Quintero sostuvo con las reporteras de la W, el mandatario tomó contacto con el presidente de Caracol Radio para intentar obstaculizar la publicación. El alcalde de Medellín reiteró los señalamientos a las periodistas como opositoras a su gobierno y de tener intereses políticos sobre la publicación de la nota. Frente a esta situación el medio respaldó a las periodistas.

A pesar de las presiones por parte del alcalde de Medellín, el medio de comunicación decidió publicar las denuncias de las dos mujeres pero, sin mayor explicación, una de las afectadas decidió no responder a la entrevista al aire. Hasta el momento se desconoce si el alcalde o funcionarios de la alcaldía interfirieron en esta decisión, pero la FLIP tiene conocimiento de que una persona cercana al alcalde tomó contacto con la fuente y le mencionó a las periodistas de la W. Hechos que, para ése momento, sólo conocían las periodistas y la fuente. 

Luego, Mariángela Urbina y Viviana Bohórquez, periodistas de Las Igualadas de El Espectador, retomaron la investigación y el 19 de junio se contactaron con Quintero para conocer su versión. El mandatario no respondió a los cuestionamientos pero sí se comunicó con Fidel Cano, director de El Espectador, para persuadirlo sobre la publicación. Cano lo remitió a que respondiera las preguntas que Mariángela y Viviana tenían para él. El Alcalde anunció que iba dejar todo en manos de su abogada y que podían ser sujetos de acciones legales si la publicación afectaba su reputación.

Intento de usar recursos de pauta oficial para propósitos personales

Ante la negativa de la W de suspender la publicación, el 18 de junio funcionarios de Telemedellin (agencia de medios de la alcaldía) se comunicaron con Caracol Radio para ofrecerle un contrato de pauta por cinco millones de pesos en el que se pretendía incluir el compromiso del medio de comunicación de hacerle dos entrevistas a Daniel Quintero en las que se resaltara el lado familiar del alcalde como padre. La gerencia de Caracol Radio Medellín rechazó la oferta argumentando que en la compañía no se hacen este tipo de contratos por publicidad. En entrevista con la W el alcalde aseguró que nadie de su equipo iba a ser despedido por lo ocurrido: “No, no, definitivamente no, esto es absurdo. Yo cuido a mi gente, yo quiero a mi gente, tengo un buen equipo, es un equipo de gente joven, muy joven, sí, pero aquí todos estamos aprendiendo (...) si hubo un error en Telemedellín, se corrige y para adelante”.

Para la FLIP es inaceptable que la alcaldía se escude en una curva de aprendizaje que no exime del cumplimiento de la ley ya que el 20 de mayo la FLIP ofreció un taller sobre los usos de la publicidad oficial y prohibición del uso de la pauta oficial como mecanismo de censura en el que participó el equipo de la Secretaría de Comunicaciones de Medellín. Al taller asistieron nueve funcionarios de la alcaldía, incluyendo a Juan Felipe Upegui, que fue uno de los directamente involucrados en el intento de chantaje a través de la pauta para asegurar un tratamiento favorable al alcalde en Caracol. Además de los ejercicios propios del taller, al final se compartió con los funcionarios una guía de buenas prácticas en el uso de la publicidad oficial. 

Solicitud desde Telemedellín para falsear lo ocurrido

Una vez la W publicó que la “Alcaldía de Medellín ofreció pauta en medio de denuncias contra Daniel Quintero” funcionarios de TeleMedellín solicitaron al medio que rectificara una nota veraz y que además accediera a suscribir un comunicado conjunto para encubrir la gravedad de los hechos y hacer ver el intento de censura como un error común de comunicación. El medio se negó y Telemedellín publicó un confuso comunicado que tampoco obedece a lo ocurrido. 

Sólo hasta el momento en el que la alcaldía agotó todas las opciones para intentar censurar a la prensa, el alcalde finalmente aceptó dar una entrevista a la W.

Ingreso no autorizado a cuentas de periodistas en redes sociales

Entre el martes 23 y el miércoles 24 de junio, Viviana Bohorquez, Juan David Ortiz e Isabel Escobar -periodistas que han estado cubriendo estos hechos- reportaron a la FLIP notificaciones de ingreso a sus cuentas de twitter donde se advierte de inicios de sesión no autorizados desde Antioquia. Agresiones que tienen como común denominador que ocurren contra periodistas que han estado cubriendo las denuncias contra el alcalde Quintero y que suceden en paralelo a todos estos intentos del alcalde y sus funcionarios por censurar a la prensa durante la última semana. De igual forma la periodista Ana Cristina Restrepo también advirtió un funcionamiento atípico en su correo electrónico en el que se frustró la llegada a tiempo de su columna habitual en El Colombiano en la que opinaba sobre las denuncias contra Quintero. 

Estos hechos aumentan la preocupación sobre las garantías a la actividad periodística en Medellín y la activación de acciones invasivas contra periodistas que están cubriendo estas denuncias. 

Una administración que recurrentemente evade el control social de los medios y despliega a funcionarios públicos para atender un asunto que no guarda relación con sus labores en la alcaldía

La FLIP estima que al menos veinte funcionarios entre asesores del alcalde, secretario de comunicaciones, jefe de prensa, funcionarios de Telemedellín y sus respectivos equipos de trabajo han estado disponiendo del tiempo que se les paga con recursos públicos para atender un asunto que si bien concierne a Daniel Quintero no involucra a la Alcaldía de Medellín y por lo tanto es cuestionable el uso de recursos públicos para asuntos que no guardan relación con la función por la cual trabajan en la administración.

Si para algo ha servido este despliegue exagerado de funcionarios es para dilatar y obstaculizar las respuestas a preguntas legítimas que tienen periodistas de distintos medios de comunicación locales y nacionales. Un puñado de funcionarios, que lejos de facilitar que las respuestas de la alcaldía lleguen de forma más eficiente y oportuna a la prensa, parecieran estar a cargo de distraer, evadir y dilatar las respuestas de la administración y del propio Quintero.

Para la FLIP esto lleva a dos escenarios: o no hay control de la información (asunto improbable en una administración tan grande y robusta) o hay una intención deliberada de no responder a quienes ejercen control social a lo público desde los medios de comunicación. Los funcionarios de la alcaldía administran la expectativa de una respuesta con el propósito de dilatar las publicaciones. 

En la documentación de este caso la FLIP pudo corroborar la situación que describen los periodistas. La Fundación intentó contactar al alcalde pero no fue posible. Por esta razón al cierre de este comunicado la FLIP formula públicamente algunas preguntas para que puedan ser incorporadas cuando a bien considere responderlas el alcalde Quintero. 

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La FLIP expresa su preocupación por estas presiones, debido a que un ejercicio diligente en el oficio periodístico, como lo es contrastar la información con las fuentes, no puede convertirse en un escenario oportuno para que los funcionarios públicos intenten ejercer presiones con el fin de impedir la publicación de investigaciones que puedan afectarles. 

La FLIP le exige a Daniel Quintero Calle que cumpla con su obligación de garantizar la libertad de prensa. Esto implica: i) abstenerse de hacer señalamientos estigmatizantes a periodistas que lo cuestionan, ii) permitir el acceso oportuno a información pública de conformidad con la ley 1712 de 2014, iii) prohibir que se ejerzan presiones a medios y periodistas a través de la pauta oficial en todas las entidades a su cargo y sancionar ejemplarmente a quien lo haga, y iv) rechazar públicamente las violencias contra la prensa que ocurran dentro del municipio a su cargo y especialmente aquellas que se dirijan contra los periodistas que han formulado críticas a él o su gestión. 

La FLIP anuncia que hará seguimiento particular a este caso para monitorear que no haya represalias futuras a través de la publicidad oficial y/o acciones que puedan afectar individualmente la estabilidad laboral de las periodistas que han hecho seguimiento a estas denuncias. 

En ausencia de correctivos y sanciones desde la alcaldía, la FLIP solicita a la Procuraduría General de la Nación que investigue lo sucedido con el fin de determinar la responsabilidad de los funcionarios de la administración de Medellín frente a estas presiones contra la prensa con el fin de asegurar que las sanciones disciplinarias correspondientes sean proporcionales a la gravedad de lo aquí denunciado.

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Preguntas que no pudieron formularse al alcalde Daniel Quintero: 

  • ¿En qué consistieron las comunicaciones que se establecieron desde la alcaldía y cuál era el objetivo de las llamadas a los directivos de los medios de comunicación? ¿Por qué no responde a las preguntas de las periodistas y, en cambio, acude rápida e insistentemente a directivos de los medios?

  • ¿En qué soporta los reiterados señalamientos a periodistas como oposición a su gestión que transmitió en al menos dos oportunidades a directivos de Caracol Radio y W Radio? ¿Qué reacción esperaba de parte de sus interlocutores cuando asignaba esas etiquetas estigmatizantes contra las reporteras?

  • ¿A qué tipo de acciones judiciales contra El Espectador hacía referencia en la comunicación con Fidel Cano? ¿Cómo explica el anuncio de una acción judicial sobre un contenido no publicado? ¿Conoce las restricciones de acoso judicial a la prensa cuando se activan desde cargos con responsabilidades públicas?

  • Bajo el entendido de que los señalamientos que se le hacen no guardan relación con su función como alcalde y le atañen de forma personal, ¿cómo justifica el despliegue de funcionarios públicos para atender un asunto personal?

  • El Estatuto Anticorrupción en su artículo 10 dice: “Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación de programas y políticas oficiales, para la promoción de servidores públicos, partidos políticos o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable que pudiese inducir a confusión". ¿Podría explicar cómo su administración garantiza el cumplimiento de esta ley y asigna sanciones a quienes desconozcan ésta obligación? 

  • ¿Cuál es el compromiso de la Alcaldía de Medellín para garantizar la labor periodística de los medios que son críticos a la gestión de la administración? ¿Qué opinión le merece que cuatro periodistas que han hecho seguimiento a las denuncias contra usted reportaran ingresos a sus cuentas de twitter o situaciones anómalas con sus comunicaciones digitales?

  • ¿Cuáles son las políticas adelantadas por la Alcaldía de Medellín para la asignación de contratos de pauta oficial?

  • ¿Cuáles son los correctivos que tomará la Alcaldía de Medellín para sancionar a los funcionarios responsables de proponer contrato de pauta oficial a Caracol Radio, teniendo en cuenta que usted asegura que esa no fue una directriz de la alcaldía? 

 

 

*Este comunicado fue actualizado a las 12:12 pm. del 25 de junio.

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La FLIP respalda a la periodista Natalia Archila en su denuncia por agresión sexual contra Juan Carlos Sánchez, exconcejal de San Gil, Santander.

  • El pasado 14 de mayo la periodista estaba en la emisora Latina Comunicaciones cuando el exconcejal la tomó por la fuerza y la tocó abusivamente con sus genitales.

  • El exconcejal Sánchez ya había sido denunciado por acoso sexual el año pasado por parte de la periodista Diana Cantillo.

  • La FLIP hace un llamado a la Fiscalía a que esclarezca los hechos y se determinen las responsabilidades penales. 

La periodista le relató a la FLIP que el 14 de mayo ella se encontraba en la emisora digital Latina Comunicaciones para comenzar su programa radial de la mañana. Aproximadamente a las 9:30 el exfuncionario, quien tiene un restaurante muy cerca de donde está ubicada Latina Comunicaciones, se acercó a la entrada del medio y le preguntó a la periodista si su jefe estaba. La reportera le respondió que en ese momento el director de la emisora se había ausentado, por lo que, al notar que estaba sola, Sánchez entró a la oficina del medio y la agredió sexualmente. Según Archila, el exconcejal la tomó por la fuerza y la tocó abusivamente con sus genitales.

Debido a que la reportera reaccionó de manera contundente para defenderse, Sánchez se detuvo y abandonó el medio de comunicación. Archila asegura que su programa no solo se transmite por la emisora, sino también a través de Facebook de manera audiovisual y, en ocasiones anteriores, había notado que el exconcejal se conectaba frecuentemente a las transmisiones en vivo. Luego de lo ocurrido, Archila interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Frente a esto, es importante tener en cuenta los antecedentes que involucran al exconcejal con la periodista Diana Cantillo, quien también lo denunció por acoso sexual en febrero del año pasado. Cantillo le comentó a la FLIP que cuando esto ocurrió ella era jefe de prensa de la Alcaldía de San Gil, por lo que tenía cercanía laboral con Sánchez. Manifestó también que los hechos fueron muy similares a los que vivió Archila, por lo que considera la conducta del exconcejal como “sistemática y repetitiva”.

Después de que se hiciera pública la denuncia de Archila, varios medios de comunicación informaron sobre lo sucedido. Uno de los periodistas que se refirió a esta situación fue Fredy Ortiz Gómez, director de El Regional, quien luego de sus publicaciones recibió intimidaciones por parte de Sánchez. A través de su cuenta de Facebook el exconcejal publicó el siguiente mensaje: “… dejo constancia que de sucedernos algo el único responsable es FREDY ORTIZ GOMEZ de la página de facebook el regional” (sic).

Estos señalamientos realizados por el exfuncionario resultan inaceptables y pueden configurar una estrategia de intimidación en contra de los periodistas que están cubriendo esta noticia.

La FLIP se comunicó con Juan Carlos Sánchez para conocer su versión sobre estas agresiones contra la prensa, pero el exfuncionario aseguró que únicamente se referiría al tema ante la Fiscalía. En ese sentido, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos denunciados por Natalia Archila y Fredy Ortiz Gómez para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Esto lo ha dicho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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  • Los medios y periodistas afectados son: La Oreja Roja, Julián Martínez, Gonzalo Guillén y Diana López Zuleta.

  • El ciberataque a La Oreja Roja y los hostigamientos contra los periodistas ocurrieron luego de las denuncias por la participación de José Guillermo “Ñeñe” Hernández en la presunta compra de votos en la segunda vuelta presidencial de 2018. 

  • La FLIP le hace un llamado a la UNP para que tenga en cuenta estos nuevos hechos y a la Fiscalía para que investigue y dé con los responsables.  


La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el ciberataque a la página web del medio de comunicación La Oreja Roja y los hostigamientos contra los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén. La FLIP les solicita a las autoridades competentes que implementen las medidas necesarias para proteger a los reporteros afectados.

El sábado 7 de marzo en la mañana, el portal digital La Oreja Roja sufrió un ciberataque que afectó el funcionamiento del sitio web durante el fin de semana. Según el diagnóstico del equipo de soporte técnico del medio de comunicación, los daños a la página fueron producto de un ataque dirigido en el que se modificó la configuración para afectar su funcionamiento. El equipo de sistemas del medio de comunicación continúa evaluando los daños para identificar otras posibles vulneraciones.

Ese mismo día en la noche, el periodista Julián Martínez denunció que estaba siendo víctima de hostigamientos luego de que un carro lo siguiera hasta su casa y permaneciera estacionado allí por más de media hora. Esta situación se presentó luego de que Martínez se reuniera previamente con el periodista Gonzalo Guillén. Adicionalmente, este lunes 9 de marzo un hombre estuvo siguiendo a la periodista Diana López Zuleta cerca a su casa. La FLIP tiene conocimiento de que otros periodistas están siendo objeto de seguimientos atípicos e intimidantes.

El ciberataque a La Oreja Roja y los hostigamientos contra los periodistas ocurrieron luego de las denuncias por la participación de José Guillermo “Ñeñe” Hernández en la presunta compra de votos en la segunda vuelta presidencial de 2018. (Ver Seis pistas para leer las revelaciones sobre el Ñeñe y Duque y Periodistas denuncian seguimientos ilegales por caso de 'El Ñeñe')

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que estos hechos sean tenidos en cuenta en el estudio de riesgo de los periodistas con el fin de implementar las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. La Fundación le solicita también a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos con el fin de dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La FLIP valora positivamente la disponibilidad de la Procuraduría General de la Nación para brindar acompañamiento a la situación de riesgo que enfrentan los periodistas. 

 

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  • Un juez impuso orden de arresto y multa en contra del periodista Lucio Torres.
  • La orden de arresto se dio después de que el líder religioso Miguel Arrázola y su esposa interpusieran un incidente de desacato.
  • Todo el trámite de tutela estuvo atravesado de irregularidades que afectan directamente al periodista.

 

La FLIP rechaza la orden de arresto por diez días y la multa de diez salarios mínimos impuesta por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena contra el periodista Edison Lucio Torres. La orden del juez fue emitida después de que el periodista se negara a retirar las publicaciones en las que se refiriera a Miguel Arrázola, líder de la iglesia Ríos de Vida, y a su esposa María Paula García Silva.

La orden de arresto se dio después de que Arrázola y su esposa interpusieran un incidente de desacato por el incumplimiento del fallo de tutela. En su decisión, el juez ordenó la eliminación de toda la información publicada en los portales para los que trabaja el periodista y en donde tenga alguna influencia. Además, previno al periodista para que se abstuviera de “incurrir en hechos violatorios de los derechos fundamentales de las personas”. De acuerdo con la entrevista que le concedió al portal Mundo Noticias, en total son ocho publicaciones en las que el periodista se ha referido al líder religioso.

La FLIP tuvo conocimiento de una serie de irregularidades durante el trámite de tutela interpuesto contra el periodista. En primer lugar, pese a que el fallo de tutela fue emitido el 2 de diciembre de 2019, el periodista sólo tuvo acceso a éste hasta el 14 de febrero del 2020. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el desconocimiento del contenido de la sentencia impidió que el periodista pudiera ejercer su derecho a la defensa e impugnar el fallo. Tercero, pese a que el periodista alegó la nulidad del fallo por una evidente violación al derecho fundamental al debido proceso, el Juzgado Trece Civil Municipal de Cartagena, quien tuvo conocimiento de la solicitud de nulidad, rechazó la petición. 

Las órdenes emitidas por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena de eliminar el contenido publicado por el periodista son innecesarias, desproporcionadas y atentan seriamente contra la libertad de expresión y de prensa. En consideración de la FLIP, la decisión del juez desconoce la regulación de la acción de tutela y la jurisprudencia constitucional, las cuales exigen la presentación de una solicitud de rectificación antes de dar trámite a una acción de tutela. Así mismo, cuando exista información desactualizada es posible solicitar la actualización. 

Forzar al periodista a retirar de internet las notas periodísticas y negarle la oportunidad de aportar los documentos que apoyan su reportería, además de violar la libertad de expresión y el debido proceso, también vulneran el derecho que tiene la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de alto interés público.  

Resulta aún más preocupante la orden de arresto por diez días emitida por el juez de tutela. Esta es una medida extrema que funciona como un mensaje disuasorio, que genera intimidación en los periodistas e impide el libre ejercicio de su labor.

La FLIP rechaza esta clase de decisiones y hace un llamado a las autoridades judiciales para que sus fallos se adopten a los estándares internacionales de libertad de expresión y garanticen el debido proceso y el derecho de defensa de los periodistas.

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  • El reportero Wilfer Moreno fue víctima de una amenaza por parte de un hombre que se identificó como comandante del ELN.

  • Moreno se vio obligado a dejar inmediatamente el departamento.

  • La FLIP le solicita a la UNP que tome las medidas necesarias para proteger al periodista.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad del periodista de CNC Noticias, Wilfer Moreno. El reportero fue víctima de una amenaza que lo obligó a desplazarse del municipio de Arauca. La Fundación les solicita a las autoridades que investiguen estos hechos y garanticen la seguridad del periodista.

El pasado jueves 13 de febrero el reportero recibió una llamada en la que un hombre que se identificó como alias “Marcos” lo amedrentó para que suspendiera la transmisión de su espacio informativo durante el paro armado de 72 horas que anunció el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que empieza este 14 de febrero. Cuando Moreno se negó cumplir con la orden, el desconocido lo declaró objetivo militar y le advirtió que tenía que abandonar el departamento en una hora.

Luego de la amenaza, el reportero tuvo que salir de inmediato del municipio para salvaguardar su vida. Esta intimidación se presentó luego de que Moreno cubriera los temas de orden público en el departamento a través de su espacio informativo, en el que denuncia constantemente las acciones delictivas del ELN. El desplazamiento del reportero afecta la pluralidad informativa de los araucanos, debido a que la señal del informativo de CNC llega a los municipios de Fortul, Tame, Saravena, Rondón y Arauca.

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tome las acciones necesarias para proteger a Wilfer Moreno durante el tiempo que se encuentre fuera de Arauca e implemente las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, la FLIP le hace un llamado a la Unidad para que coordine con las autoridades locales la implementación de medidas preventivas con el fin de garantizar el trabajo informativo de los demás reporteros del canal y d otros medios de comunicación.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad estas amenazas con el fin de dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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La FLIP rechaza las amenazas que recibieron los reporteros Ignacio Gómez, Jairo Tarazona, José Luis Mayorga y la periodista Julieth Cano. La FLIP hace un llamado a las autoridades competentes para que protejan a los afectados e investiguen estos hechos con celeridad.

  • Julieth Cano, corresponsal de Noticias Caracol en Cúcuta, recibió una amenaza en su celular.
  • El periodista de RCN Radio Jairo Tarazona recibió un paquete que contenía un panfleto firmado por las Águilas Negras.
  • En lo corrido del año, la FLIP ya documentado 12 amenazas a periodistas.

 

El pasado 4 de febrero la periodista Julieth Cano, corresponsal de Noticias Caracol en Cúcuta, recibió una amenaza a través de un mensaje de texto proveniente de un número desconocido. La reportera ha estado haciendo un amplio cubrimiento sobre la situación de la frontera colombo-venezolana en la capital de Norte de Santander y manifiesta que desde hace varios meses hombres desconocidos la han intimidado a ella y a su equipo periodístico para que no continúen ejerciendo su labor en la frontera. 

A este caso se suma la intimidación que recibieron el pasado 5 de febrero  Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno; Jairo Tarazona, periodista de RCN Radio y José Luis Mayorga, del medio Agencia Reporteros Sin Fronteras. Tarazona recibió en su lugar de trabajo una correspondencia de una empresa de mensajería que opera a nivel nacional. El paquete que tenía como destinatario al reportero contenía un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que aparecía su nombre junto al de Gómez y Mayorga.  Además de los periodistas, en el panfleto aparecen funcionarios, políticos, defensores de derechos humanos y líderes estudiantiles y sindicales. 

Esta no es la primera vez que estos tres reporteros reciben amenazas de este tipo. El 9 de septiembre de 2019, a los periodistas les llegó un panfleto a través de un mensaje de WhatsApp en el que los declaran objetivo militar. Con esta intimidación son 12 las amenazas que la FLIP ha registrado en lo corrido de 2020 y que han afectado a 15 periodistas, es decir, casi dos víctimas por semana.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tenga en cuenta estos hechos en la evaluación de la situación de riesgo de los periodistas amenazados con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Teniendo en cuenta que se tiene información del remitente, la Fundación le exige a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad los hechos para identificar y sancionar a los responsables.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las intimidaciones recibidas por la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y el medio La Silla Vacía para que se elimine de internet información periodística de interés público. Estas solicitudes son contrarias al derecho fundamental a la libertad de expresión.

Entre diciembre y enero, Fecolper ha recibido solicitudes del abogado de Adriana Bernal, fundadora del portal digital KienyKe, para que se elimine el perfil de la empresaria del estudio sobre propiedad de medios elaborado por la federación junto a Reporteros Sin Fronteras. El mencionado perfil incluye información sobre las actividades desarrolladas por Bernal, incluyendo información sobre las deudas de Red Assist, una plataforma fundada por ella, que ofreció servicios a grandes empresas aseguradoras del país.

De acuerdo con el abogado, entre julio y octubre de 2019 se enviaron solicitudes a Fecolper para que actualizara la información del perfil. Sin embargo, Fecolper no tuvo conocimiento de ninguna solicitud hasta diciembre, cuando a través de un correo electrónico el abogado le dijo que parte de la información estaba errada y le solicitó suprimir la totalidad del perfil con el fin de “evitar proceder con trámites litigiosos en aras de resarcir el daño moral causado”. En la solicitud se pide que, en caso de no acceder a la solicitud de eliminación, se proceda con la desindexación de la URL de los motores de búsqueda.

Fecolper contestó manifestando su disposición de actualizar la información contenida en el perfil, sin embargo, en enero el abogado insistió en la solicitud de eliminar o desindexar el perfil con el fin de “evitar proceder con trámites litigiosos”. Ante la amenaza de un proceso de responsabilidad civil, Fecolper accedió a la petición de Bernal de desindexar el perfil de Bernal de la plataforma.

El caso de Fecolper no es el único reportado a la FLIP en el que se ha presionado a través de amenazas de acciones legales buscando la eliminación de una publicación. El medio La Silla Vacía también ha recibido esta clase de intimidaciones por parte de Eliminalia, una empresa dedicada a tratar de eliminar de internet información cierta de sus clientes.

La Silla Vacía publicó una historia en la que denuncia cómo Eliminalia abusa de una ley estadounidense de derechos de autor para censurar medios de comunicación. Después de esto La Silla recibió un correo de Eliminalia en el que le pedía que se eliminara el artículo. La solicitud señalaba que “no queda la menor duda de que su actuación con la publicación que nos ha regalado a fecha de hoy, ha sido maliciosa, lo que también puede ser penado por la ley”.

La FLIP ha tenido noticia de empresas y abogados que ofrecen servicios para eliminar información publicada por medios de comunicación, afectando los derechos de los medios y sus audiencias. Ante la perspectiva del desgaste económico y emocional de esta clase de procesos, los periodistas frecuentemente optan por suprimir la información. Quienes envían esta clase de solicitudes ignoran que la información que se presenta es de interés público y que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al ser empresas o personajes con proyección pública están sometidos al escrutinio público y por lo tanto deben ser más tolerantes a la crítica.

Las medidas de eliminar o desindexar el contenido en línea son innecesarias y desproporcionadas. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, cuando existan reparos sobre información incorrecta, es procedente una solicitud de rectificación. Por otra parte, cuando exista información desactualizada es posible solicitar la actualización.

La FLIP rechaza esta clase de solicitudes y hace un llamado para que se deje de intimidar a la prensa a través de la amenaza de acciones judiciales.

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La FLIP expresa su preocupación por la situación de riesgo de María Eugenia Durango, periodista de estación radial de Ituango, la segunda emisora de pedagogía para la paz en el país, que es operada por la Radio Nacional de Colombia. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que atienda de manera urgente las necesidades de reubicación de la comunicadora en condiciones de seguridad. 

El pasado 24 de enero, la reportera recibió una amenaza a través de un mensaje de WhatsApp en el que le advertían que tenía 24 horas para abandonar el municipio. Luego de esta intimidación, la periodista tuvo que suspender sus labores de reportería y desplazarse para salvaguardar su seguridad y la de su familia. Durango cubría temas culturales del municipio y noticias generales del departamento, y en los últimos días, dada la situación de violencia en el Bajo Cauca Antioqueño, también hacía notas informativas sobre el orden público en la región. 

La periodista estaba desarrollando su labor informativa en medio de las dificultades de seguridad que atraviesa el municipio. Ituango, al norte del departamento de Antioquia, es un corredor estratégico que comunica a la costa caribe con la región del Urabá y el Bajo Cauca Antioqueño, lo que lo convierte en una región atractiva para los grupos al margen de la ley. Actualmente, en este territorio se libra una disputa entre las disidencias de las Farc y otras estructuras ilegales como El Clan del Golfo y Los Caparrapos.   

Durante los últimos días la situación de orden público del municipio se ha agudizado y son constantes las denuncias por extorsiones a los habitantes de la zona y los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. Esta situación de violencia venía siendo denunciada en los últimos días por el equipo periodístico de la emisora de Ituango que se escucha en el dial 92.3 FM. Durango asegura que para tratar estos temas han invitado a líderes sociales y autoridades de la región para que participen en los espacios informativos.

En vista de la inminencia del riesgo al que estaba expuesta la reportera, la FLIP le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que implementara medidas de protección por trámite de emergencia pero la petición fue negada. La Fundación le reitera a la UNP la necesidad de implementar medidas de protección de manera urgente que garanticen la reubicación de la reportera en condiciones de seguridad con el fin de salvaguardar su vida, su integridad y la de su familia. 

Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a fondo este hecho con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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La FLIP reitera su preocupación por los ataques a la prensa durante el cubrimiento del Paro Nacional. En lo corrido del año la Fundación ha registrado siete ataques que han afectado a doce periodistas:

  • En tres situaciones los responsables de las agresiones fueron miembros de la Fuerza Pública.

  • En dos más el autor fue un particular.

  • En otros dos episodios se desconoce al agresor.

Estos son los casos

El pasado 21 de enero, Nikolai Pinilla, periodista de la emisora Radio Rumbo 107.4, fue agredido por cerca de diez miembros de la Policía Nacional mientras cubría las manifestaciones sobre la Avenida de Las Américas en Bogotá. El periodista sufrió heridas en sus manos, nariz y cabeza. Los médicos le ordenaron tres días de incapacidad. El reportero explica que escuchó cuando uno de los policías que estaba en el operativo aseguró que no quería dejar ninguna evidencia. Luego de esto, varios uniformados lo agredieron e intentaron quitarle la cámara con la que estaba haciendo el cubrimiento periodístico.

En el mismo punto de la ciudad, un periodista del medio de comunicación Colombia Informa fue víctima de una agresión física por parte de un policía mientras cubría las movilizaciones. A pesar de que el reportero se encontraba identificado con su chaleco y su credencial de prensa, uno de los uniformados se le acercó a exigirle que se retirara del lugar. El policía empujó al comunicador con su escudo, le pegó con el bolillo a la altura de las costillas y lo amenazó con detenerlo y decomisar el material periodístico si no se retiraba de inmediato.

En otro lugar de Bogotá, sobre la carrera 30, miembros del equipo periodístico de Contravía tuvieron que abandonar el cubrimiento de la manifestación después de que un grupo del ESMAD lanzara un gas lacrimógeno hacia el área desde donde estaban haciendo el registro periodístico. 

Durante las recientes jornadas, la prensa también recibió ataques por parte de manifestantes y personas encapuchadas que agredieron físicamente a los reporteros y obstruyeron su trabajo. 

El pasado 16 de enero, un grupo de manifestantes que cubría las protestas sobre la carrera 30 a la altura de la calle 45 golpeó en el estómago a un reportero de Noticias Caracol y dañó el lente de su cámara con pintura. Los manifestantes, además, amenazaron con seguir agrediéndolos si continuaban registrando lo sucedido. Los periodistas del canal tuvieron que abandonar el cubrimiento. 

El 21 de enero, tres periodistas de medios nacionales en Medellín fueron intimidados por un grupo de manifestantes mientras cubrían la jornada de protestas sobre la avenida Ferrocarril. Los reporteros manifiestan que fueron detenidos por un hombre quien les solicitó identificación y les exigió que se retiraran del lugar, amenazándolos con agredirlos si continuaban grabando. Solamente uno de los afectados permaneció en el cubrimiento.

La FLIP reitera su preocupación por los ataques que se vienen presentando en las manifestaciones del Paro Nacional y le hace un llamado a la Policía Nacional para que sea garante de la labor periodística e investigue disciplinariamente a los uniformados responsables de las agresiones a la prensa. 

La Fundación le solicita a la Personería y a la Defensoría del Pueblo que acompañen y brinden la atención necesaria para garantizar el cubrimiento periodístico en este tipo de escenarios.   

La FLIP también acude a los manifestantes para que no obstruyan la labor periodística. En medio de las deliberaciones sobre temas de interés general, es indispensable que la prensa cuente con suficientes garantías para cubrir expresiones democráticas como la protesta.   

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  • Es la segunda vez, en el último año, que la UNP tiene la iniciativa de reducir el esquema de seguridad de Ricardo Ruidíaz.

  • La FLIP ha registrado siete acciones violentas en contra del periodista desde agosto de 2019.

  • La FLIP le solicita a la UNP que se restablezcan las medidas de protección con las que el periodista contaba en 2019

El pasado 13 de enero la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió reducir las medidas de protección del reportero y defensor de Derechos Humanos Ricardo Ruidíaz, aun cuando las amenazas y los hostigamientos en su contra han sido reiterativos y se han intensificado en los últimos meses. 

Esta decisión es el resultado de una evaluación de nivel de riesgo que se le realizó al periodista. En agosto de 2019 la UNP pretendía disminuir las medidas de protección a Ruidíaz. Por esta razón el periodista decidió interponer una tutela. Un juez ordenó a la UNP que reestableciera el esquema de protección mientras concluía el estudio de nivel de riesgo que estaba en curso. 

A pesar de que la UNP cumplió con lo dispuesto en el fallo de la tutela, la FLIP expresa su preocupación por la situación de riesgo inminente que enfrenta el periodista. Desde el 14 de agosto de 2019 hasta el 7 de enero de 2020, la Fundación ha registrado siete acciones violentas contra el reportero que han puesto en riesgo su vida y su actividad periodística. 

Teniendo en cuenta las fechas en las que se realizó el estudio de riesgo y se notificó el resultado, a la FLIP le preocupa que los más recientes hechos, ocurridos entre diciembre y enero, no fuesen tenidos en cuenta en el análisis.  

Lo anterior es aún más inquietante si se tiene en cuenta que Ruidíaz es el periodista que más amenazas ha recibido en los últimos dos años: durante el 2018 la FLIP registró un total de 21 ataques y en 2019 documentó 12 acciones violentas contra el reportero. En ese sentido, la Fundación considera que Ruidíaz está permanentemente expuesto a situaciones de riesgo inminente y, por esta razón, es cuestionable que la UNP decida disminuir sus medidas de seguridad, aumentando el nivel de exposición de su vida y su integridad. 

Con el fin de garantizar la seguridad y el desarrollo del ejercicio profesional de Ruidíaz, la FLIP le solicita a la UNP que se restablezcan las medidas de protección con las que el periodista contaba en 2019, mientras se hace una revisión exhaustiva de las situaciones de riesgo que ha enfrentado el reportero hasta la fecha. Además, la FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos reportados por el periodista con el fin de llevar a los responsables ante la justicia. Ruidíaz ha manifestado que a pesar de que ha aportado pruebas de las amenazas, la Fiscalía archivó la mayoría de las denuncias sin haber mostrado mayores avances en la investigación.

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