Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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  • El primero de febrero de 2020, La Nación publicó una nota sobre una intervención quirúrgica delicada a la que el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz se había sometido.
  • El alcalde Muñoz se comunicó con la gerente del periódico y le anunció que tomaría acciones legales contra el medio porque, según él, la información era falsa.
  • A partir de esta discusión se avivó una campaña de desprestigio en redes sociales contra La Nación, promovida, en buena medida, por Elizabeth Muñoz Calderón, hermana del alcalde.

 

La FLIP expresa su preocupación por la difusión de mensajes en redes sociales contra el diario La Nación por parte de seguidores del alcalde y rechaza las intimidaciones a través de llamadas telefónicas que denunciaron las directivas del medio de comunicación.

Los ataques se presentaron después de que el periódico publicara información relacionada con la salud de Gorky Muñoz.

El primero de febrero de 2020, La Nación publicó una nota titulada “La verdad sobre la cirugía de Gorky” en la que el medio aseguró que el Alcalde se había sometido a una intervención quirúrgica delicada. En la publicación el periódico sostuvo que tanto la administración como el mandatario habían sido herméticos sobre esta situación y sobre las implicaciones de este procedimiento con relación a la continuidad de Muñoz en sus labores en la alcaldía.

Ese mismo día, el alcalde llamó a la gerente del medio, Adriana Aldana, a recriminarle por la nota publicada, argumentando que la información era falsa y anunció que iba a tomar acciones legales contra el periódico. Según Aldana, el mandatario la intimidó con el siguiente mensaje: “usted no se busque lo que no se le ha perdido, no sabe con quién se está metiendo, usted se está ganando un problema. Cuidese”. 

Sumado a esta situación, a través del grupo de Facebook llamado Amigos de Gorky, Elizabeth Muñoz Calderón, hermana del alcalde, promovió una campaña para que la gente dejara de comprar el periódico. Jesús Antonio Rojas, uno de los editores del medio le manifestó a la FLIP que a la par de esta campaña llegaron varios mensajes a través de redes sociales insultando a columnistas del periódico y declarando persona no grata a uno de los accionistas del medio. 

Al alcalde encargado tampoco le agradan las publicaciones de La Nación 

Adicionalmente, el 8 de febrero La Nación publicó una nota refiriéndose al proceso en Fiscalía contra Wilker Bautista, alcalde encargado de Neiva durante la intervención médica que le hicieron al titular Gorky Muñoz. La nota daba a conocer que Bautista había sido acusado por la Fiscalía de peculado por apropiación a favor de terceros cuando era funcionario de las Empresas Públicas de Algeciras en el 2007. 

Luego de esta publicación, Bautista difundió a través de redes sociales una imagen de la portada del periódico La Nación señalando que el medio publicaba información falsa. Esto, reavivó la campaña contra el medio en redes sociales y los mensajes intimidantes a los integrantes del periódico.

Recomendaciones a la Alcaldía de Neiva

La FLIP le hace un llamado al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, para que asuma un discurso favorable hacia la prensa que contribuya a prevenir situaciones de violencia contra periodistas y medios de comunicación. La intimidad del alcalde, como primera autoridad de un municipio, se reduce notablemente una vez asume su cargo como funcionario público y, por esta razón, tiene la responsabilidad de mostrar mayor tolerancia a la crítica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

La FLIP considera pertinente que tanto el alcalde como los demás funcionarios de su administración tengan claridad sobre el uso de herramientas constitucionales para solicitarles a los medios de comunicación la corrección de alguna información que consideren errada. 

Cuando se publica alguna información imprecisa, los ciudadanos, entre ellos los funcionarios del Estado, tienen el derecho de pedir una rectificación sustentada en pruebas o solicitar una réplica a través del mismo medio de comunicación. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la CIDH ha dicho: “los funcionarios públicos deben abstenerse de estigmatizar a los periodistas y medios de comunicación (...) eso no significa que no puedan controvertir notas u opiniones con las que disienten. Lo que significa es que tienen que hacerlo de manera respetuosa con la libertad de expresión”.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la actitud de Luis Javier Agudelo Guerrero, alcalde de San Cayetano, Norte de Santander, frente a los cuestionamientos del diario Q’hubo. El primer mandatario estigmatizó y amenazó con denunciar penalmente al periodista después de que se hiciera pública una investigación acerca de la posible desaparición de una máquina del municipio.

El pasado sábado 21 de abril, el periódico Q’hubo publicó una nota titulada “Se perdió la retroexcavadora que prevenía desastres en San Cayetano”. En el artículo el periodista Jean Javier García expone la preocupación de la comunidad de este municipio al no conocer el paradero de una retroexcavadora con la que empezó a trabajar la administración en 2010 y valorada en más de 400 millones de pesos.

Como respuesta a la publicación, la secretaria de Planeación, infraestructura y Tic de San Cayetano, Angélica Esteban Acevedo, le envió por chat al periodista una serie de fotografías junto a una retroexcavadora con el fin de mostrar el paradero de la máquina.

En la página web oficial de la alcaldía se publicó, además, una nota titulada “Falsa Noticia Sobre Pérdida De La Retroexcavadora del Municipio de San Cayetano”. A través del artículo institucional, la administración califica como “falsa, incorrecta y deliberadamente manipulada por dicho periódico”, la información difundida por Q’hubo. Según la Alcaldía, la Secretaria se desplazó al taller donde estaría la máquina.  

Adicionalmente, la administración anunció que iniciaría acciones legales en contra del medio de comunicación: “De esta forma se solicitará al periódico amarillista Q’Hubo y al periodista Jean Javier García para que desmienta y haga las correcciones en las publicaciones falsas publicadas en dicho periódico; o de lo contrario se actuará conforme a la ley para estos casos”, se lee en la publicación de la administración municipal.

Luego, el lunes 23 de abril, el periodista se comunicó con el alcalde Agudelo, quien se mostró enojado por la publicación y aseguró que no le iba a dar declaraciones sobre la retroexcavadora. El mandatario, además, le dijo al periodista que lo iba a denunciar por calumnia ante la Fiscalía General de la Nación.  

La FLIP expresa su preocupación por la respuesta de la administración de San Cayetano, debido a que no expresa una postura transparente sobre el paradero de la retroexcavadora sino que se limita a estigmatizar y amedrentar al medio de comunicación. Según conoció la Fundación, la máquina que se ve en las fotografías de la Secretaria no corresponde a la retroexcavadora del municipio ya que tiene un número serial y características físicas diferentes a las que se evidencian en otras fotos del archivo de la comunidad.

La FLIP expresa su preocupación por la respuesta del alcalde, debido a que vulnera los estándares internacionales de libertad de prensa. Las estigmatizaciones van en contra de los deberes de los funcionarios y ponen en riesgo infundado a los reporteros. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH ha sido enfática en declarar que son los funcionarios públicos quienes tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Adicionalmente, la RELE ha dicho que “los funcionarios públicos deben abstenerse de estigmatizar a los periodistas y medios de comunicación (…) eso no significa que no puedan controvertir notas u opiniones con las que disientan. Lo que significa es que tienen que hacerlo de manera respetuosa con la libertad de expresión”.

Sumado a lo anterior, preocupa que el alcalde amenace con tomar acciones penales en contra del periodista, ya que de esta manera busca castigar la crítica a través del sistema judicial. Contrario a lo que se supone que debe ocurrir, el mandatario no pretende aclarar las dudas frente a la problemática. Si el alcalde tiene respuestas frente al caso, una denuncia penal por calumnia no es el camino correcto.

 

 

 

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