Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las constantes restricciones y agresiones a la prensa por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en el cubrimiento de audiencias públicas.

En días pasados, algunos medios de comunicación denunciaron una agresión a la periodista de Caracol Televisión, María Camila Orozco. Estos informaron que un empresario insultó a la reportera y le golpeó la mano, tirándole el micrófono al suelo. Los hechos, que quedaron registrados en video, ocurrieron en los juzgados de Paloquemao el pasado 5 de octubre durante una audiencia en el caso de los Panamá Papers. 

En el proceso de documentación de esa agresión, la FLIP también tuvo conocimiento de una serie de intimidaciones por parte de funcionarios del CTI de la Fiscalía en contra de Orozco. La Juez del caso impidió el ingreso de cámaras de televisión a la sala. Cuando finalizó la diligencia, según relata la periodista, cerca de diez funcionarios del CTI la intimidaron y le ordenaron eliminar el material que había grabado con su celular. Además, le advirtieron que si no borraba los videos, no podía continuar en la sala. A pesar de haber eliminado parte del material que había registrado, fue obligada a salir del lugar.

Este escenario no es una excepción. El 15 de agosto, Yeison Rojas y Julieth Jiménez, periodistas de CM& y La Chiva de Urabá, respectivamente, fueron víctimas de una obstrucción por parte de un funcionario del CTI de la Fiscalía en Apartadó, Antioquia. Ese día se llevó a cabo una audiencia por un escándalo de peculado, en el que están involucrados funcionarios y contratistas del ICBF. Un hombre que se identificó como funcionario del CTI prohibió el ingreso de la prensa y no permitió que los periodistas tomaran fotografías o grabaran videos afuera de los juzgados. Al sentirse respaldados por el CTI, los familiares de los acusados agredieron a los periodistas. Un familiar de una de las capturadas insultó a Jiménez y le tiró el celular al piso.

El 17 de junio, una Juez de control de garantías de Bogotá expulsó de la sala de audiencias a periodistas que cubrían un caso de corrupción en la administración de recursos de Montería. La Juez decidió hacer la audiencia a puerta cerrada como respuesta a la solicitud del fiscal, que argumentó el “alto impacto social” del caso, pues vincula a altos funcionarios públicos. Por estos hechos, la FLIP y la Asociación Colombiana de Medios de Información -AMI- (antes Andiarios) expresaron su preocupación

Para la FLIP, estas situaciones son preocupantes ya que restringen el ejercicio del periodismo. Las constantes obstrucciones de los funcionarios del CTI violan el derecho a acceder a la información. De acuerdo con la Ley 1712 de 2014, toda información en posesión, control o custodia de los servidores públicos es de carácter público y su acceso debe permitirse a todos los ciudadanos.

El carácter público de las audiencias implica que la comunidad, los medios de comunicación y los vinculados al proceso puedan tener acceso a ellas. La publicidad de los procesos es un principio que debe regir cualquier actuación y sólo por excepciones debidamente respaldadas por la Ley, puede limitarse.  Los medios de comunicación en las audiencias hacen seguimiento a la correcta administración de justicia y son una garantía al debido proceso.

La FLIP exhorta a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura a que tomen medidas para reducir las cada vez más frecuentes restricciones a la prensa en audiencias públicas. El accionar de los funcionarios del CTI trasgrede la transparencia en los procesos judiciales. 

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena y lamenta la muerte de la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien falleció ayer después de enfrentamientos entre comuneros del Pueblo Kokonuko y agentes del ESMAD en Puracé, Cauca.

Vásquez Astudillo murió en el hospital San José de Popayán como consecuencia de heridas ocasionadas con armas de largo alcance, según dijeron autoridades indígenas del Cauca a la FLIP. Los enfrentamientos se dieron en el sector de Aguatibias, Puracé, en medio de un operativo de desalojo de tierras por parte de la Policía Nacional en reacción a las acciones de la Minga de Liberación de la Madre Tierra por parte de la Guardia Indígena del Pueblo Kokonuko.

La FLIP está verificando si Vásquez se encontraba realizando labores periodísticas durante los hechos. Efigenia Vásquez fue una comunicadora reconocida por su amplia trayectoria en medios de comunicación indígenas del Cauca. La FLIP resalta el trabajo de los medios indígenas y comunitarios en las regiones del país.

La Fundación exige a la Policía Nacional que investigue los hechos y a los agentes involucrados en el operativo. Así mismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación que procese y sancione a quienes ordenaron accionar el arma de fuego que acabó con la vida de la comunicadora.  

Antecedentes:

La FLIP expresa su preocupación por las constantes agresiones durante las confrontaciones entre la comunidad y miembros de la Fuerza Pública en el contexto de manifestaciones sociales. La Fundación ha documentado varias agresiones en las que existen actos deliberados de la Fuerza Pública con el fin de censurar e impedir el registro de las protestas.  

El pasado 9 de mayo, Pedro García, colaborador del periódico El Turbión, y quien, según su familia, se encontraba tomando fotografías durante la Minga Comunitaria de Liberación de la madre Tierra, resultó gravemente herido por un impacto de bala en uno de sus glúteos.

Luego, el 12 de julio, en una jornada de enfrentamientos entre comuneros y policías, la emisora Renacer Kokonuko se quedó sin servicio de energía desde aproximadamente las 6 de la mañana. La empresa de energía no informó que estuvieran programados cortes eléctricos. Ese mismo día, periodistas de Caracol Televisión fueron agredidos con piedras durante el cubrimiento de la Minga en Puracé.

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La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– condena los ataques de agentes de la Policía Nacional en contra de periodistas y personal que integraba una comisión humanitaria de carácter civil, organismos internacionales y defensores de los derechos humanos en Nariño. Los hechos ocurrieron hacia las 2 de la tarde del domingo 8 de octubre en la vereda de Tandil, en inmediaciones de Tumaco.

La FLIP documentó que en terreno se encontraban desplegados equipos periodísticos de la Revista Semana, El Espectador, Contagio Radio, Vice Colombia/Pacifista y City Tv/El Tiempo.  Tanto la misión humanitaria como los periodistas se encontraban cerca del lugar donde el pasado jueves 5 de octubre seis campesinos fueron asesinados en situaciones que aún se investigan y ya han sido atribuidas a la Policía Nacional.

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que aceptó que sus agentes dispararon granadas de aturdimiento contra los civiles. Sin embargo, según documentación recibida por la FLIP a través de personas que estuvieron en el lugar, los uniformados dispararon armas de fuego y bombas aturdidoras en varias ocasiones a una distancia de no más de 20 metros.

Al respecto la FLIP:

1.      Informa que las explicaciones de la Policía son insuficientes. En algunos apartes falta a la verdad y pretende justificar una acción policial abiertamente desproporcionada. El número de personas que integraban la misión era significativamente menor, la misión humanitaria y periodística era de conocimiento previo de mandos policiales en terreno y además de las granadas aturdidoras se presentaron ráfagas, al parecer, de fusil. 

2.      La misión civil en terreno no tenía capacidad de representar riesgo alguno para el despliegue de la fuerza pública en la zona, esta situación le resta legitimidad y proporcionalidad a la respuesta violenta de la Policía. Fue un ataque a civiles, con plena conciencia de que lo eran y sin justificación alguna.

3.      Recuerda que la masacre de campesinos en Tumaco es un hecho de enorme gravedad que despierta un interés legítimo de cubrimiento periodístico. Al Estado en su conjunto le corresponde brindar garantías para que las misiones periodísticas en terreno puedan desarrollar su labor de informar a la sociedad sobre lo que está sucediendo.

4.      Resalta que este deber de garantía se acentúa en el caso de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta no sólo su labor misional sino también el hecho de que la masacre de campesinos que investigaba misión humanitaria y los equipos periodísticos sea atribuida a la Policía Nacional.

5.      Exige que el ataque de la Policía a periodistas y la obstrucción al cubrimiento periodístico sea objeto de investigación desde la censura y el miedo que se impone con estos actos.  Se trata de un caso grave en el que existe la posibilidad de encubrimiento policial a serias denuncias en su contra, o el despliegue de agentes policiales negligentes y arbitrarios que desconocen estándares básicos de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

6.      Exige al Gobierno Nacional explicaciones sobre lo sucedido incluyendo: la pronta asignación de sanciones ejemplarizantes, asumir responsabilidad al interior de los cuerpos policiales y dar instrucciones de plenas garantías al cubrimiento periodístico de conformidad con los estándares internacionales a los que está obligado.

7.      Solicita al Ministerio Público, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, así como a todas las bancadas del Congreso de la República, iniciar acciones de su competencia para que la investigación de los hechos sucedidos en Tumaco cuente con garantías a la libertad de prensa.

Estos hechos ponen en riego el derecho a una sociedad informada sobre asuntos de interés público y marcan acciones de censura por parte de agentes estatales. Recuperar la sana y democrática vigilancia periodística sobre lo público es entonces una prioridad.

En lo que va corrido del año, la FLIP ha documentado 18 casos en los que agentes de la Policía y las fuerzas militares han agredido a la prensa. De estos, 8 han ocurrido en medio de manifestaciones sociales. En julio, una periodista fue agredida e intimidada en zona rural de Meta durante el cubrimiento de los enfrentamientos entre campesinos y fuerza pública por la erradicación forzada de coca. Así mismo, en mayo un periodista resultó gravemente herido por parte de uniformados que lo agredieron con arma de fuego mientras cubría una movilización de indígenas en el Cauca.

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Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los recientes episodios de estigmatización y violencia contra periodistas en Colombia e insta al Estado a fortalecer las medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en estos casos.

De  acuerdo con la información disponible, el 5 de junio de 2017 el subsecretario del senado Saúl Cruz denunció ante el plenario del Congreso haber sido víctima de una agresión del equipo reporteril del noticiero Noticias Uno. El equipo se encontraba cubriendo las elecciones a magistrados de la Corte Constitucional de ese país. Varios senadores tomaron por cierta la denuncia y plantearon la necesidad de investigar los hechos y establecer sanciones penales en contra los reporteros. La senadora Rosemary Martínez, del partido Cambio Radical, habría ordenado "que se haga una investigación […] sino va a venir el ELN disfrazado de doctor y nos va a masacrar en este Congreso". Posteriormente, videos y testimonios revelaron que el subsecretario habría fingido la agresión física. La Procuraduría General de la Nación habría iniciado una investigación disciplinaria y ordenado la suspensión de Saúl Cruz por tres meses de su cargo.

Posteriormente, de acuerdo con la información recibida, el 19 de junio los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie fueron secuestrados en el norte del Departamento de Santander por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los periodistas fueron  liberados el día 24 del mismo mes y entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Según la información recibida, el 14 de julio, el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe, a través de su cuenta en Twitter, acusó al periodista de la Revista Semana Daniel Samper Ospina de ser "violador de niños". En una columna posterior el senador colombiano ratificó su afirmación anterior e indicó que "el referido periodista maltrató a una niña de tres meses de nacida, hizo asociación pública de su nombre con drogas ilícitas, y atentó contra la honra de su madre y de su familia". Las acusaciones contra Samper fueron rechazadas a través de diversos comunicados de prensa por la Federación de Periodistas de Colombia (FECOLPER), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y mediante una carta pública firmada por reconocidas personalidades, juristas y periodistas del país. Los distintos pronunciamientos alertaron sobre la falta de fundamento de las acusaciones y repararon además en el riesgo que suponían para el comunicador.

Días previos, la periodista Claudia Gurisatti, directora de Noticias RCN y de NTN24, denunció haber sido víctima de una campaña de hostigamiento a través de redes sociales, que podría poner en riesgo su integridad personal.

La situación de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia fue objeto de una audiencia pública en el marco del 163 periodo de sesiones de la CIDH celebrado en Lima, Perú. En esta audiencia la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recibió información por parte de organizaciones de la sociedad civil y del Estado colombiano sobre este tema. En particular, la sociedad civil afirmó que, si bien durante 2016 no se registraron asesinatos contra periodistas en el país, persistían otras formas de agresiones, como secuestros, presiones indebidas, hostigamiento, y declaraciones estigmatizantes.  Por su parte, el Estado ratificó su compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia e informó sobre las medidas adoptadas para fortalecer los mecanismos de protección e investigación existentes.

La Relatoría Especial recuerda al Estado colombiano que tiene la obligación de prevenir, proteger, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, y en particular, de aquellos que hayan sido objeto de intimidación, amenazas u otro acto de violencia. La obligación de prevenir, supone – entre otras- la de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, lo cual "requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia". En este sentido, los funcionarios públicos deben promover de manera activa el pluralismo y la tolerancia propios de una sociedad democrática.

En la Resolución AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el marco de su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones, los Estados miembros de la Organización reafirmaron que "la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento", e instaron a implementar medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en esta materia.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000, establece que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Vea aquí el comunicado de la RELE.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena los hechos en los que resultó herida Heliana Montoya, periodista colombo-argentina de la Red de Medios Alternativos – Agencia Colombiana de Prensa Popular (REMA-Acpp), por parte de agentes de la Policía Nacional.

El jueves 13 de julio, Montoya se dirigió a la vereda La Reforma, municipio de Puerto Rico, Meta, para hacer cubrimiento de la erradicación forzada de cultivos de coca por parte de agentes de la Policía Antinarcóticos y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). En estas jornadas, que se prolongaron hasta el pasado viernes 21 de julio, sucedieron varios enfrentamientos violentos entre los campesinos de la región y agentes de la Fuerza Pública.

Montoya, quien portaba chaleco de prensa y cámara de video que la identificaban como periodista, informó a la FLIP que agentes de la Policía dispararon balas de goma y gases lacrimógenos en su contra hiriéndola en el omoplato derecho, el pecho y la pierna izquierda. Según el relato de la reportera, el motivo de la agresión fue impedir que ella registrara los enfrentamientos con su cámara. (Vea aquí el video).

La Fundación rechaza estos hechos ocurridos en el sur del Meta.  La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en su informe anual de 2012, resalta que es necesario que se “adopten mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra quienes trabajan en medios de comunicación, incluida la capacitación de funcionarios públicos, en especial las fuerzas policíacas y de seguridad y si fuere necesario, la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión”.

En numerosas oportunidades la FLIP intentó comunicarse con la Policía para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta. En consecuencia, la FLIP informó al responsable de atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, del área de Derechos Humanos de esta entidad, quien afirmó que se tramitará el caso para tomar las acciones pertinentes.

La Fundación hace un llamado a los integrantes de la Policía para que brinden las garantías necesarias para el cubrimiento periodístico de estos hechos de interés público y exige a la entidad que inicie las medidas conducentes a determinar la responsabilidad de los uniformados que participaron en el operativo.

 

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – expresa su preocupación por las amenazas y las dilaciones judiciales que han afectado a Víctor Ballestas y David Romero, luego de denunciar a los policías que los agredieron el pasado cuatro de agosto. 

Los periodistas de CityTV continúan recibiendo amenazas a través de las redes sociales. El 26 de agosto, Ballestas recibió varias intimidaciones provenientes de la cuenta de twitter @MunozFm6248508, en la que el agresor se hace llamar "Fercho Picapiedra.": “segui molestando policías y dormiras en un caño un dia e estos hijo de puta malpario” y “ chilla como nena pedaso e mierda ca ves que salgas a la calle ya veras malpario” (SIC). 

Los periodistas también advierten que existen irregularidades en el proceso que lleva la Fiscalía por lo sucedido en el mes de agosto. A pesar de que los policías y los reporteros interpusieron denuncias por las agresiones de las que fueron víctimas, la entidad judicial aún investiga los casos de manera independiente.

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que unifique los procesos penales con el fin de salvaguardar las garantías procesales para ambas partes. La organización le recuerda también a la entidad la importancia de la celeridad en las investigaciones con el fin de sancionar a los responsables y evitar que estos hechos se repitan.

La FLIP reitera su preocupación por los riesgos a los que están expuestos los periodistas derivados de las amenazas y espera que en los próximos días se les brinde la protección adecuada para continuar desempeñando su oficio.

Este miércoles siete de septiembre se realizará un debate de control político en la comisión segunda de la Cámara de Representantes en el que se discutirá sobre la problemática de las agresiones contra periodistas por parte de miembros de la Fuerza Pública. 

 
 
 
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Terminó el paro de camioneros y el balance en términos de libertad de prensa no es bueno. La violencia y la censura contra periodistas no se deben repetir en futuras movilizaciones sociales. El director de la FLIP la escribe esta carta abierta a la Asociación Colombiana de Camioneros. 

Bogotá, 22 de julio de 2016

Directores y miembros de la Asociación Colombiana de Camioneros

La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– es una organización de la sociedad civil que desde hace 20 años tiene como misión la promoción de la libertad de expresión en Colombia, así como la defensa del derecho a informar y a opinar de los periodistas.  Dentro de esta labor, la FLIP tuvo conocimiento de algunas agresiones contra la prensa que se presentaron durante los 45 días del paro de transportadores en diferentes regiones del país. En esos días, la Fundación documentó 6 agresiones por parte de los manifestantes que afectaron a ocho periodistas.

El jueves 7 de julio, dos periodistas de Manizales, Yesid López y Albeiro Giraldo, fueron agredidos durante las protestas que se realizaron en la ciudad. Cuando los manifestantes se encontraban en la Plaza de Bolívar haciendo sonar la bocina de sus vehículos, López se acercó a uno de ellos para indagar por qué lo hacían. El conductor respondió enfurecido, trató al periodista de guerrillero e incitó a sus compañeros para que lo golpearan.

Giraldo, que es camarógrafo corresponsal de CM& en Manizales, se acercó para proteger a López y registrar con su cámara las agresiones. En ese momento los manifestantes atacaron por la espalda, le dañaron su equipo de trabajo y lo empujaron hacia el tumulto donde estaban agrediendo a López. Habitantes del sector ayudaron a los dos reporteros y los mantuvieron a salvo en uno de los establecimientos comerciales del sector.

El 12 de julio, Javier Jules, periodista de RCN Radio, se encontraba frente al Ministerio de Transporte en la ciudad de Bogotá. Cuando vio las pancartas de los manifestantes se acercó para entrevistar al gremio de transportadores, quienes se negaron a dar declaraciones y le lanzaron cascaras de fruta. Minutos después llegó el conductor de la emisora en el vehículo con los logos del medio de comunicación y también le arrojaron residuos de alimentos.

Uno de los departamentos donde se presentaron mayores obstrucciones al trabajo periodístico fue Boyacá. De la región conocimos reportes que sobre la vía que comunica a los municipios de Sogamoso y Tunja se presentaron intentos de hurto de equipos, agresiones, tanto físicas como verbales; y maltrato hacia medios de comunicación nacionales, en especial Caracol y RCN.

El 15 de julio los periodistas María Camila Orozco del noticiero CM& y Juan Jacobo Castellanos de Caracol Noticias, se trasladaron a Duitama para cubrir el funeral de Luis Orlando Saiz, asesinado el 12 de julio por el Esmad durante una manifestación. Cuando los reporteros llegaron al lugar, varios transportadores los insultaron y los obligaron a irse. Por la difícil situación de orden público, los periodistas abandonaron el municipio con la protección del ejército.

Dos hechos más se presentaron el 20 de julio contra periodistas de Caracol Radio. Andrea Cardona, corresponsal de la emisora en Manizales, hizo el cubrimiento de la marcha de ese día en la ciudad. Cuando llegó al lugar de los hechos, notó que los manifestantes le lanzaron objetos a una camioneta y ella se acercó a entrevistar al conductor del vehículo, pero uno de los miembros de la protesta la obstruyó e intentó arrebatarle su grabadora.

Ese mismo día, Alexei Castaño, periodista de la misma cadena radial en Bogotá, fue agredido por un sector de los manifestantes. Cuando el reportero se encontraba haciendo cubrimiento de las protestas, recibió agresiones físicas y luego fue rodeado por varias personas que lo obligaron a eliminar el material periodístico obtenido durante el desarrollo de su actividad.

Desde la FLIP expresamos nuestra preocupación por todos estos hechos ocurridos durante las manifestaciones del paro de camioneros que ustedes, como dirigentes gremiales, lideraron y mantuvieron adelante. En el mismo sentido, les recordamos a los miembros del gremio transportador que retirar a un periodista del escenario noticioso, el decomiso de equipos y la obstrucción al cubrimiento periodístico constituyen hechos graves de censura previa, prohibida por la constitución política de Colombia y por los tratados internacionales de derechos humanos.

En este sentido, esperamos que la Asociación Colombiana de Camioneros se comprometa a garantizar el derecho a la libertad de prensa y el libre ejercicio de los periodistas en las protestas y manifestaciones futuras, y sobre todo en sus actividades cotidianas.

Es importante resaltar que las manifestaciones sociales y la protesta, si bien son una garantía de la libertad de expresión y del reclamo público de otros derechos, también se tratan de situaciones que despiertan un interés general de la sociedad colombiana y por lo tanto deben respetar el derecho del resto de la sociedad a estar informada. Por esta razón, el respeto por el derecho a la protesta social implica también que, quienes hacen uso de éste, garanticen la no interferencia de otras libertades como el desarrollo de la actividad periodística. 

 

Atentamente,

 

PEDRO VACA VILLARREAL

Director Ejecutivo

Fundación para La Libertad de Prensa

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La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – rechaza los ataques físicos y verbales que han sucedido contra varios periodistas durante las manifestaciones del paro agrario en diferentes regiones del país.

El martes 31 de mayo Oswaldo Pérez, editor de fotografía del diario El País, viajó hacia La Agustina, Cauca para cubrir las manifestaciones de la minga indígena. Cuando se encontraba en el lugar de los hechos, algunos manifestantes le impidieron al periodista tomar fotos y lo rociaron con gasolina. Además, el vehículo en el que se transportaba fue apedreado.

Otros tres hechos se presentaron en el occidente de Caldas, Norte de Cauca y en el occidente de Valle del Cauca. En estas regiones los periodistas de diferentes medios de comunicación recibieron agresiones verbales en medio del cubrimiento, se les impidió tomar fotos y realizar entrevistas.

La FLIP expresa su preocupación por los hechos ocurridos durante las últimas manifestaciones y espera que se garantice el derecho a la libertad de prensa en las jornadas de los próximos días. Al respecto, los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH hicieron un llamado a las autoridades en 2013 “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.”

En 2013 la FLIP registró, en un periodo de 75 días, 44 agresiones contra periodistas que cubrían manifestaciones. La Fundación le hizo un llamado a la Fuerza Pública, responsable del 75% de los ataques, para que brindara las garantías necesarias para el desarrollo del oficio.

En el mismo sentido, la FLIP le recuerda a los manifestantes que el retiro del escenario noticioso, el decomiso de equipos y la obstrucción al cubrimiento periodístico constituyen hechos graves de censura previa, prohibida por la constitución política de Colombia. Es importante tener en cuenta que las manifestaciones sociales representan expresiones de alto interés público sobre las cuales la sociedad necesita estar informada.

La FLIP reconoce la pronta reacción de organizaciones como el Cric y la Onic, quienes rechazaron las agresiones de las que fueron víctimas los reporteros y asumieron el compromiso de no repetición. Sin embargo, considera problemático que se continúen exigiendo credenciales de prensa para hacer cubrimiento. Si bien es razonable sugerir que los periodistas estén identificados, esta no puede ser una condición ni un criterio de exclusión para obstruir el trabajo periodístico.

La FLIP recomienda que durante el cubrimiento de las manifestaciones, los periodistas usen vestimenta que los diferencie de la fuerza pública, respeten los cordones de seguridad dispuestos por las autoridades y procuren mantenerse como observadores de la protesta.  

 

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Hoy, 12 de agosto de 2010, hacía las 5:30 de la mañana, explotó un carro bomba frente a las instalaciones de la sede nacional de la cadena Caracol Radio, al norte de Bogotá. No hubo muertos y las autoridades aún no señalan responsables.

Según las primeras informaciones dadas a conocer por las autoridades, se trató de un automóvil color gris, marca Chevrolet Swift, cargado con 50 kilos de explosivo anfo. El vehículo fue dejado frente del edificio de Caracol Radio, en la calle 67 con carrera séptima en Bogotá, donde también quedan oficinas empresariales y financieras.

Caracol es una de las cadenas radiales más importantes del país y en ese edificio funcionan todas sus emisoras que emiten desde Bogotá, entre ellas W Radio. En el tercer piso de la edificación se encuentra también la sede de la agencia internacional de noticias EFE y en otro piso está ubicada la oficina de Gómez-Pinzón Zuleta Abogados, entidad que presta servicios legales pro bono a diversas organizaciones, entre ellas la FLIP. El edificio y decenas de locales comerciales aledaños fueron afectados y resultaron con sus vidrios rotos.

Hasta ahora han sido reportadas nueve personas con heridas leves por esquirlas, se trata de transeúntes y pasajeros de un bus de servicio público que pasaba a esa hora por el lugar. Los periodistas del servicio informativo de Caracol que a esa hora se encontraban en el edificio para la emisión de noticias de la mañana no sufrieron ningún tipo de lesión. Tras ocurrir el hecho, los escoltas del esquema de seguridad de Darío Arismendi, director del programa “6 am hoy por hoy”, decidieron sacar al periodista del lugar y refugiarlo en otro sitio de la ciudad.

Arizmendi, que emitía en ese momento, se refirió al hecho y señaló: “quienes piensan que vamos a callarnos (por este atentado) están muy equivocados, vamos a seguir adelante. Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa y al trabajo que realizamos en Caracol”.

No obstante, aún no hay certeza si el caso está relacionado con el trabajo periodístico de la cadena radial.

Hacía las siete de la mañana el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se hizo presente en el lugar para evaluar los daños y recibir el parte de las autoridades. Santos señaló que este hecho, como todo acto terrorista, busca aterrorizar a la población, pero que su gobierno “no va a bajar la guardia” en materia de seguridad. También afirmó que las autoridades van a investigar el origen y responsables de este atentado. Finalmente, el Presidente manifestó su apoyo y solidaridad a la cadena Caracol y pidió a sus periodistas “informar sin hacerle el juego al terrorismo”.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, César Augusto Pinzón, también llegó al sitio y dijo que aún es muy prematuro señalar a algún responsable de este atentado. “Estamos estudiando todas las hipótesis, en este momento sería muy ligero señalar alguna en particular pero estamos investigándolas”, comentó.

El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, se pronunció en apoyo a los periodistas. “Reitero el apoyo a la cadena radial e igualmente a todos sus miembros, a todos nuestra solidaridad”. El Alcalde también dijo que hacia el mediodía se habrá normalizado el tráfico en el lugar de la explosión, pues en este momento se encuentra bloqueada la carrera séptima, una de las más importantes de la capital.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lamenta y rechaza este atentado y toda forma de terrorismo contra los medios de comunicación y la ciudadanía en general. La FLIP envía un saludo de solidaridad y apoyo a todos los periodistas de Caracol Radio. Se hace un llamado a todas las autoridades y al gobierno nacional para que investiguen los hechos y encuentren a los responsables. Así mismo, solicita a la Policía brindar todas las medidas de protección necesarias para los periodistas de la cadena Caracol. La FLIP estará atenta el desarrollo de este hecho.

 
 
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La Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP publica este 9 de febrero, día del periodista, su informe anual en el que hace una radiografía de la situación de la libertad de prensa en el 2012. La FLIP ve con preocupación que se hayan registrado un total de 158 agresiones directas contra periodistas en el ejercicio de su oficio, entre las que se incluye el asesinato de Guillermo Quiroz en San Pedro, Sucre; el atentado contra Fernando Londoño en Bogotá; la amenaza colectiva a 10 periodistas de Santa Marta, Magdalena; el desplazamiento forzado de 6 reporteros y el exilio de uno. 

Si bien las condiciones de seguridad para periodistas en otros países de América Latina, como México, Honduras y Brasil son muy delicadas, Colombia es uno de los lugares más peligrosos para el periodismo, especialmente a nivel local. Igualmente preocupa el estado de impunidad en que se encuentran varias investigaciones. 

En 2012 prescribieron dos casos de asesinatos de periodistas: el de José Domingo Cortés Soto, del Diario del Otún, baleado el 15 de noviembre de 1992 en Valencia, Córdoba; y el de John Félix Tirado Castañeda de la emisora Ondas del Urrá, ocurrido el 5 de agosto del mismo año en Cartago, Valle. Esto significa que, de los 140 periodistas asesinados desde 1977, hay 59 casos que ya prescribieron. 

Las investigaciones por las interceptaciones y seguimientos a periodistas por parte del DAS, parecen haber entrado en un letargo. Se dieron condenas contra mandos medios de la entidad, pero las investigaciones a funcionarios de alto nivel siguen sin mostrar avances. 

Por otro lado, se destacan ciertos avances en el caso de Jineth Bedoya, que fue declarado crimen de lesa humanidad, así como en los de Orlando Sierra y Jaime Garzón, ambos en etapa de juicio.

La FLIP registró el incremento de procesos judiciales contra periodistas como método de censura. En el 2012 la inquietud ha llegado al extremo con la condena dada por el Tribunal Superior de Cundinamarca contra el periodista de Fusagasugá, Luis Agustín González, por el delito de injuria tras cuestionar en un editorial las aspiraciones políticas de una reconocida dirigente del departamento. Igualmente notorio, entre otros, fue el caso ocurrido en agosto, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anunció una denuncia penal contra la columnista de El Espectador, Cecilia Orozco, por criticar el trabajo de esta Corporación. Al final, la Corte se retractó. 

La FLIP destaca que en el 2012 los roces entre periodismo y fuerza pública se acentuaron. La muerte de Guillermo Quiroz involucró a miembros de la Policía en hechos que están por esclarecerse. A su vez, se dieron agresiones en Bogotá, Arauca y Santander. Por otro lado, se resalta la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de condenar a Colombia por las agresiones cometidas por miembros del Ejército al camarógrafo Richard Vélez, en 1996, y por la falta de justicia en el esclarecimiento de los hechos. 

Por último, en el 2012 se dieron algunos avances en el reconocimiento de los periodistas que han sido afectados por el conflicto. En el marco de la Ley de Víctimas, la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas reconoció a los periodistas como una población beneficiaria de reparación colectiva y, la Alcaldía de Bogotá, a través del Centro de Memoria Distrital, hizo un monumento a los afectados por el conflicto, dentro de las que se incluyó a los periodistas.

Lea aquí el informe completo en línea.

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