Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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El 11 de mayo de 2017, el periódico santandereano Vanguardia Liberal publicó una caricatura llamada “Modus operandi”. En enero de este año, el caricaturista Diego García fue notificado de una denuncia penal por injuria y calumnia en su contra. El denunciante es el alcalde de Floridablanca, Héctor Guillermo Mantilla. García fue citado por la Fiscalía a audiencia de conciliación el próximo 21 de junio. La FLIP acompañará al caricaturista en su defensa.

En el momento en que fue publicada la caricatura, varios medios de comunicación habían denunciado irregularidades en la adjudicación del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Vanguardia Liberal informó que el Comité de Transparencia por Santander habría advertido que los contratos del PAE se habrían adjudicado sin realizar licitación. La caricatura de García da cuenta de esta situación.

Este tipo de denuncias son frecuentemente utilizadas como forma de acoso judicial a periodistas, y más recientemente a caricaturistas (Así fue el intento de censura a Matador), para presionarlos o intimidarlos por sus publicaciones. Si bien las personas tienen derecho a buscar justicia cuando consideren que se ha cometido un delito, estos caminos no deben usarse como forma de censura. De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, leyes como las que penalizan la injuria y la calumnia “no deben convertirse en mecanismos indirectos tendientes a impedir la circulación de ideas y opiniones. Por el contrario, el libre debate democrático y el pluralismo exigen un margen de tolerancia a la manifestación de ideas, informaciones y opiniones que puedan considerarse ofensivas, particularmente respecto de la función pública y de quienes la ejercen”.

Es importante resaltar que los funcionarios deben ser tolerantes a la crítica, por haberse sometido voluntariamente al escrutinio ciudadano de sus acciones. En una sociedad democrática es necesario que la prensa pueda hacer un control fuerte de los poderes del Estado. Así lo han declarado de forma reiterada la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las acciones penales no son la mejor ni más eficiente manera de disputar lo publicado por la prensa. La FLIP hace un llamado al señor Mantilla y, en general, a los funcionarios, para que resuelvan de forma más democrática y menos intimidante sus cuestionamientos. Si consideran que lo publicado es inexacto o erróneo pueden recurrir a solicitudes de rectificación.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas de las que fue víctima el periodista ambiental y les solicita a las autoridades responsables de la seguridad de los reporteros que proporcionen las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de labor periodística de Castaño.

El jueves primero de marzo el reportero fue amenazado a través del siguiente mensaje en Twitter: "@MONOCASTAO Abrite de acá con tus denuncias, pirobo, dejá explotar la naturaleza que pa eso es, capitalismo siempre. Ayer te vimos pagando en la Comercial Papelera, cuidado sigues azarando el parche" (sic). El trino fue publicado por el usuario @RodrigoDuet8, quien se identifica en Twitter como Rodrigo Duarte.

La intimidación se produjo luego de que el 28 de febrero Castaño publicara un artículo en los portales Mongaybay y Natural Press, en los que denuncia el asesinato sistemático de líderes ambientales, indígenas y sociales en Colombia durante 2017. El artículo, además, señala la falta de atención a esta problemática por parte del gobierno y hace un recuento de los últimos asesinatos sistemáticos de líderes regionales.

Alberto Castaño, director de Natural Press, ha trabajado durante varios años en denuncias sobre problemáticas ambientales que afectan a comunidades vulnerables. Estas investigaciones, que pueden afectar los intereses de empresas, funcionarios y grupos ilegales; podrían representar un riesgo inminente para el desarrollo de la labor periodística del reportero.

La FLIP hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que inicie el estudio de nivel de riesgo del periodista con el fin de determinar las medidas necesarias para la protección de su vida y su integridad.

La Fundación le solicita al área de delitos informáticos de la Policía Nacional que a través del usuario en Twitter identifique al agresor para dar con su paradero. En ese mismo sentido, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que investigue el origen de esta amenaza y sancione al responsable de este hecho.

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Por Pedro Vaca Villarreal*

Desde hace varios años, el líder político usa la marca de este canal como una especie de comodín proselitista, olvida que de ser presidente le corresponde garantizar la libertad de expresión.

Un estudiante hace cuatro preguntas pertinentes en la contienda electoral, pero incómodas para Gustavo Petro. La respuesta tiene como antesala etiquetarle como “una pregunta tipo RCN”. Hay risas y aplausos del auditorio, pero lágrimas en la democracia porque aprovecha el momento para criticar al canal pero no responde a las preguntas. En otro momento, Gustavo Petro recuerda el asesinato de un líder comunitario en Buenaventura y, sin un motivo serio, nombra también al canal dando a entender que RCN no habló del tema, cuando en realidad sí lo ha hecho. Gustavo Petro quiere recibir una ovación y dice “de eso no se habla en RCN”.

Señor candidato Gustavo Petro, yo creo que usted no ve mucho al canal RCN, y no está mal, la libertad de prensa también supone que las audiencias escojan a través de qué medios quieren informarse. También permite este derecho que las personas hagan críticas sobre la forma como estos canales cubren la información. Pero si hay algo que va en contra de esta garantía constitucional es que un personaje público, que aspira a ocupar un cargo de elección popular, propicie un clima adverso para la libertad de prensa.

La democracia permite el disenso, pero los señalamientos sistemáticos e injustificados se parecen más a la persecusión y son peligrosos, no solo para los medios, sino sobre todo para los periodistas que los representan. Cada vez que Gustavo Petro usa la imagen de RCN para asociarla a un problema concreto, está dando una licencia no explícita para que sus adeptos o seguidores ataquen al canal, o a los reporteros que llevan un chaleco que los identifica como representantes de ese medio. ¿Usted sabe lo jodido que es llevar un chaleco de un medio de comunicación en Colombia?, ¿sabe acaso qué implica para el reportero que se queda en Buenaventura que usted lo exponga como alguien que contamina la sociedad?

En la democracia colombiana NO sobran medios, antes faltan. Si usted aspira a liderar este país debería concentrarse en el déficit de información, no a pontificar sobre lo bueno y lo malo del periodismo en lo poco que hay. Ayer, El Tiempo anunció que Llano Siete Días cerrará, a lo mejor para usted es una buena noticia, porque sale un medio de un empresario. Pero para la democracia es fatal. No sé si le doy una buena o mala noticia, pero debe saber que si es presidente, le corresponderá garantizar la libertad de expresión de RCN y sus palabras de campaña pueden pesarle mucho a futuro.

Usted tiene razón en que Colombia es un país donde los grandes medios tienen intereses cruzados con otros sectores de la economía y que esto puede impactar, no solo en el caso de RCN, sino en muchos otros sectores, la información que reciben los colombianos. Pero ese planteamiento no es excusa para arremeter contra un medio y sus trabajadores. Usted se equivoca situando su liderazgo como un tribunal de ética periodística, un asunto importantísimo, pero que debe estar muy alejado de los políticos. A usted no le corresponde ese debate. Ojalá tenga la entereza democrática para reconocerlo.

Cuando en medio de sus seguidores habla despectivamente de los periodistas presentes, incentiva en sus votantes un rechazo al pluralismo. Su teoría de la democratización y la diversidad se podría ir al piso si alguno de sus seguidores lleva su invitación de rechazo a la práctica. Piense en lo que hace Uribe con Daniel Coronell y lo que hace usted con RCN y no se extrañe si se ve reflejado en el mismo espejo.

Su aspiración presidencial me obliga a invitarlo a comprender el porqué de mi reclamo. Bien sea para que milite en la cancha de la libertad de expresión o para dejar constancia de que lo intentamos. Si usted está tan interesado en la información de los colombianos, me gustaría conocer sus propuestas para conectar a los 6.9 millones de Colombianos que viven en regiones en las que no circula información local, o qué hacer en un país donde la radio militar dobla en número a la radio pública civil, donde se registran 310 agresiones contra la prensa, donde la autocensura es enorme, donde no hay condiciones para hacer ni el periodismo que a usted le gustaría, ni ningún otro.

Este episodio me lleva a invitarlo a usted y al resto de candidatos a que desayunemos un día para conversar sobre el rol de un presidente para garantizar la libertad de expresión. No pretendo obstaculizar la carrera de ningún candidato a la presidencia, quiero que quien llegue a ser presidente conozca sus obligaciones con respecto al derecho que me encomendaron cuidar en la FLIP. De momento, por lo que veo en campaña, usted no va por buen camino. Es decisión suya si quiere o no sintonizar su propuesta de país con los estándares de libertad de expresión.

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La campaña #VotoInformado está invitando a los candidatos a que asuman compromisos públicos de respeto a la libertad de prensa. En el conteo de agresiones que hemos realizado en periodo electoral, Petro se ubica en el primer lugar al lado de Alejandro Ordóñez. Vea más información aquí.

*Director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP.

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Thursday, 01 March 2018 14:43

¿El suyo será un #VotoInformado?

Por más de 21 años, la Fundación para la Libertad de Prensa ha trabajado en pro de los periodistas en Colombia. Y al hacerlo, esta organización ha defendido el derecho de los ciudadanos a estar informados. En época electoral, las personas requieren de información para poder tomar decisiones. No obstante, también es un tiempo en el que los intereses políticos y la violencia ponen en riesgo el acceso a información importante para poder elegir.

La campaña #VotoInformado es un esfuerzo de la FLIP para que candidatos, periodistas y la ciudadanía en general, se articulen en la defensa de la libertad de prensa como mecanismo para tomar decisiones informadas.

Como parte de esta iniciativa, la Fundación envió 30 cartas a candidatos de Cámara y Senado, y próximamente le enviará un mensaje similar a los candidatos presidenciales, en la que se les invita a asumir los siguientes compromisos:

 

  1. Rechazar públicamente que se realicen declaraciones que estigmaticen o pongan en peligro a medios de comunicación o periodistas.

  2. Comprometerse públicamente, por medio de la etiqueta #VotoInformado, a que, en caso de tener inconformidades con el cubrimiento hecho sobre ellos o sobre su campaña o la colectividad que representa, las expresará a través de solicitudes de rectificación, acompañadas de las respectivas pruebas.

  3. Promover entre sus seguidores, adeptos y los miembros de su campaña o la colectividad que representa, el respeto por el trabajo de los medios de comunicación y periodistas.

 

Desde que empezó el 2018, adicional al monitoreo constante que hace la FLIP a las violaciones a la libertad de prensa, la FLIP viene prestando especial atención a los señalamientos, estigmatizaciones, acusaciones y agresiones por parte de los candidatos a los medios o los periodistas.

El conteo, hasta ahora, va así:

Los precandidatos a la presidencia Alejandro Ordóñez y Gustavo Petro, encabezan el Censurómetro de la FLIP con 3 ataques a la prensa cada uno. En el caso de Ordóñez sus ataques se concentran en la estigmatización de periodistas. Así lo hizo con Ramiro Bejarano, Daniel Coronell, Yohir Akerman y Ricardo Silva.

Por su parte, los ataques de Gustavo Petro fueron a Revista Semana, al periodista Darío Arizmendi, de Caracol Radio, además de sus señalamientos contra el canal RCN.

Carlos Caicedo, precandidato a la presidencia de la República, hizo señalamientos contra la Silla Vacía y su directora Juanita León. La candidata al Senado Leszli Kálli por el Centro Democrático, también hizo varias acusaciones injustificadas contra este medio.

Finalmente, están los candidatos al Senado Miguel Gómez, del Partido Conservador, y Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático. En el caso de Gómez, a través de su cuenta de Twitter, publicó un ataque general a los medios del país. Por su parte, Uribe Vélez realizó un intento de obstrucción a un periodista de Noticias UNO.

 

Queremos que los ciudadanos reflexionen sobre la importancia del periodismo como una herramienta para entender el acontecer nacional y un apoyo útil a la hora de decidir su voto. Son las preguntas incómodas de los reporteros, las críticas de los columnistas, los debates al aire en los medios los que posibilitan entender un poco más quién es la persona que aspira a representar a una colectividad durante los próximos 4 años.

Entendemos que para muchos candidatos esto puede ser incómodo, pero esa exposición hace parte de el rol que rodea a los funcionarios públicos. Su intimidad es menor y, adicionalmente, su papel les exige promover un clima favorable para la libertad de prensa.

Invitamos a los ciudadanos a que se unan a esta campaña, nos ayuden a monitorear a los candidatos y le exijan a aquellos por los que planean votar que asuman compromisos por la defensa de la libertad de prensa con la etiqueta #VotoInformado y la cuenta @Flip_org.

Vea aquí la carta que se está enviando a los candidatos.

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El pasado 7 de febrero se conoció un video en el que se ve cómo Mario Uribe, secretario de Desarrollo e Industria de Sabana de Torres, Santander, aborda y agrede a Humberto Muñoz, panelista del programa “Al paredón con Ramón”. Uribe le quita las llaves de la motocicleta en la que se desplazaba, lo insulta y lo golpea en la cara. “Usted es lo que es un bocón. No me joda la vida, vaya busque trabajo, usted es un vividor. Yo sí sé trabajar” (sic.), sentenció violentamente Uribe.

Dos días después de la agresión, Jesús Niño, uno de los dirigentes del canal de televisión Sabana T.V., informó al director del programa “Al paredón”, Ramón Sandoval, que se “finalizaba” su espacio en la parrilla de programación. Si bien la decisión de cerrar el espacio coincide con la golpiza de Mario Uribe, en conversación con la FLIP, Niño afirmó que la decisión no tiene que ver con el secretario sino que está relacionada con problemas técnicos y administrativos que está enfrentando el canal.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la agresión que cometió Uribe en contra de Muñoz. Además, la Fundación expresa preocupación por el cierre de un espacio de opinión y debate en el se discutían temas de relevancia local.  

El comentarista Humberto Muñoz considera que la golpiza que recibió podría estar relacionada con algunos comentarios que realizó en el programa de televisión “Al paredón con Ramón”. En una de las emisiones Muñoz criticó la idoneidad de Uribe para ocupar el cargo de secretario de desarrollo: “nos contaron que al señor secretario no le gusta ni ir a reuniones ni hablar en público”. Por su parte, Sandoval afirmó a la FLIP que una semana atrás Uribe también le habría reclamado por los comentarios del programa y lo habría buscado para resolvieran el asunto a los puños.

A la FLIP le preocupa que un funcionario agreda verbal y físicamente a un periodista como respuesta a las críticas. Más aun cuando el periodista es una persona mayor. Las acciones del secretario generan un clima vulnerable para la prensa en el municipio de Sabana de Torres, ya que otros podrían entenderlas como autorizaciones o incitaciones para atacar a los periodistas. La Fundación le recuerda a Uribe que si tiene desacuerdos con la prensa, puede expresarlos de manera responsable a través de mecanismos democráticos como la solicitud de rectificación.

Por otra parte, es desafortunado que un espacio de opinión y debate salga del aire coincidencialmente después de estos hechos. Sabana T.V. es el canal de televisión local del municipio y el cierre de programas genera un clima de desinformación y silencio en esta región de Santander. Es derecho de los ciudadanos acceder a información local y con el cierre de espacios periodísticos se estaría violando este derecho.

Hasta el momento de publicación de este comunicado, la FLIP no pudo comunicarse con el secretario Uribe.

En 2017, el 25% de las agresiones a la prensa vinieron de funcionarios públicos. Vea más detalles en el Informe anual Estado Depredador.

 

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Durante el año 2017 los poderes ejecutivo, legislativo y judicial faltaron a su deber de garantes de la libertad de prensa y tomaron conscientemente acciones de censura. Casos a nivel nacional encabezados por el presidente de la República, el Congreso y las cortes son la superficie de un problema profundo en el que los poderes públicos locales también restringen la libertad de expresión.

 La violencia sin protección ni sanciones; la pauta oficial que compra silencios; la estigmatización de la prensa como respuesta a las críticas;  la violencia estatal y letal contra periodistas;  las decisiones judiciales que abren la puerta a la censura y, sobretodo, aquellos extensos territorios carentes de información local nos llevan a la conclusión de que es necesario explicar este “Estado depredador” de la libertad de expresión en Colombia con el fin de que las instituciones públicas dejen de acudir a la censura y se sitúen en el lugar que les corresponde: la garantía de una deliberación pública libre.

En 2017 la FLIP documentó 310 ataques a la libertad de prensa que afectaron a un total de 368 periodistas (un incremento del 43,5% con respecto al número de ataques del año anterior). Además, el 8 de octubre, durante una protesta en Puracé, Cauca, asesinaron a la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien se encontraba cubriendo una protesta que derivó en  enfrentamientos entre los indígenas y el ESMAD.

Vea aquí el informe completo: ESTADO DEPREDADOR

Los detalles de estos 310 casos ofrecen un panorama preocupante para el periodismo. Y si se mira hacia el futuro del país, marcado por la accidentada implementación del  acuerdo de paz, y la incierta revitalización del diálogo con el ELN, hará falta atención a los riesgos que enfrentan los reporteros y las reporteras que tienen la tarea de contar qué está pasando en las regiones más apartadas, cómo se está aprovechando la inversión, de qué forma se está leyendo el país en esos territorios y cuáles son las urgencias de la población.

El problema es que los encargados de atender a las soluciones para ofrecer garantías al periodismo, en la mayoría de los casos, son su principal obstáculo. Los guardianes de nuestras libertades terminan siendo los primeros censuradores. Hoy, quién está al acecho del periodismo libre son los políticos, el presidente, el congresista, el juez, el alcalde, la personera, los diputados, el concejal y en general: los funcionarios públicos que ignoran sus responsabilidades con tal de silenciar a sus críticos.

Pero si de silencios se trata, el peor de todos puede venir del interior de los medios. Las denuncias acompañadas con la etiqueta #MeToo / #YoTambién han llegado al periodismo y ahora es tiempo de actuar para que la violencia sexual, dentro y fuera de las salas de redacción, sea denunciada.

Aquí está involucrada la sociedad en su conjunto, que no siempre es solidaria con las víctimas. Los medios de comunicación no solo tienen la tarea de construir espacios seguros para las mujeres periodistas, sino que además tienen que procurar que las periodistas hagan la reportería, libres de cualquier tipo de violencia. En esta línea, se deben construir garantías para que las mujeres denuncien la discriminación, el maltrato, el abuso y el acoso sexual sin temor a que la justicia o el poder de sus fuentes terminen en su contra.

En este informe se llama la atención sobre el papel de los miembros de la Fuerza Pública, quienes al menos en 15 protestas sociales enfocaron sus bolillos, sus bombas aturdidoras y sus armas de salva hacia los periodistas que estaban registrando los enfrentamientos.

Pero las agresiones directas por parte de los uniformados son parte de una crisis más grande. Las emisoras indígenas en el Cauca no solo han tenido que soportar históricamente el asedio de ambas partes del conflicto, sino que además se enfrentan a los obstáculos administrativos.

 

¿Quién es el responsable? La libertad de prensa tiene muchos depredadores, y uno de ellos ha sido el presidente Juan Manuel Santos.

En 8 años de gobierno, el presidente sacó a relucir su experiencia como experiodista para disfrazar su deber de responder a las críticas con irónicas clases de “buen periodismo”,  prometió cambios históricos que nunca dieron su primer paso y desperdició el tiempo, y la plata,  para atender a las urgencias de los medios en un país que ha sido silenciado por varias décadas de conflicto.

 

Este es un recorrido rápido por la taxonomía de la censura en Colombia. Los líderes que se disponen a legislar y gobernar durante los próximos cuatro años deberían alinear sus agendas para que este ecosistema tenga una mejor cara en el corto y mediano plazo.

En este año de elecciones, desde la FLIP le hacemos un llamado a todos los candidatos, sin excepción, para que sus discursos generen un ambiente favorable para la libertad de expresión, que sus diferencias con los medios se expresen a través de debates libres de señalamientos injustificados, que sus cuentas, desde ya, sean siempre claras, para que los medios y los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. Deberían proponerse, en últimas, no parecerse a muchos de sus predecesores, los predadores.

Descargue aquí el informe completo: ESTADO DEPREDADOR

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por el clima adverso para la libertad de expresión que se está consolidando con relación a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año en Colombia.

 

En el 2015 se registraron 147 agresiones contra la libertad de prensa. Esta cifra aumentó en el 2016 a 216 y, a pocos días de que termine el 2017, la FLIP ya ha registrado 300 ataques. El aumento en amenazas es alarmante. El año pasado 89 periodistas fueron amenazados, este año la cifra ya supera los 130. Esto representa un aumento del 32 % en un año.

Las agresiones contra la prensa cometidas por funcionarios públicos y políticos también han aumentado. En lo corrido del año se han documentado 70 de estos ataques. Esto es el 25% de la totalidad de agresiones documentadas por la FLIP. La agresión más frecuente de funcionarios es la estigmatización. Este año van 24 casos. Estos hechos convierten a los servidores públicos en uno de los mayores agresores de la libertad de expresión en Colombia por encima de los grupos armados ilegales.

En el periodo electoral que se aproxima es crucial garantizar que la deliberación pública transcurra sin restricciones ni presiones para un voto informado. La FLIP considera que este debate electoral podría verse contaminado por un ambiente de agresiones contra los medios y estigmatizaciones difundidas masivamente a través de internet.  

De manera creciente, funcionarios y políticos y otros líderes públicos, están encontrando réditos políticos en estigmatizar y señalar de manera violenta a quienes opinan e informan a través de medios de comunicación. Esta actitud es una característica trazable en todas las tendencias ideológicas que participan de la contienda electoral y pone en riesgo a periodistas en todas las regiones de Colombia.

La FLIP hace un llamado a los partidos políticos y a los candidatos a cargos de elección popular a que se abstengan de hacer señalamientos estigmatizantes contra los medios y el trabajo periodístico. Así mismo, a que respondan a las críticas de manera responsable velando porque sus declaraciones no limiten la libertad de expresión de quienes les critican. “Los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento,” dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El voto informado en las próximas elecciones tampoco será posible sin mayor transparencia en la financiación de las candidaturas. Es necesario que candidatos y partidos divulguen detalles del  flujo de recursos de parte de particulares hacia las campañas, así como de las campañas hacia los medios de comunicación, especialmente en pagos asociados a publireportajes, publicidad política pagada y anuncios de campaña en televisión, prensa, radio, medios digitales, Facebook, Twitter, Instagram entre otros.

La FLIP es consciente de la importancia de las decisiones que tendrán que tomar los colombianos en las próximas elecciones. Para que estas decisiones sean libres y democráticas, se requiere proteger la discusión pública y los derechos a informar y a ser informados.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en contra de las instalaciones de la emisora Renacer Kokonuko en el municipio de Puracé, Cauca.

El pasado viernes 3 de noviembre, a las 5:30 pm, agentes de la Policía Nacional y del ESMAD atacaron con piedras y gases lacrimógenos las instalaciones de la emisora indígena Renacer Kokonuko. Según Lucelida Quilindo, coordinadora de Renacer, los uniformados arremetieron contra las puertas, ventanas y el techo de las instalaciones. Los daños incluyen seis vidrios rotos y ocho tejas destruidas. Durante el ataque, que duró cerca de media hora, los dos comunicadores que se encontraban en la emisora tuvieron que protegerse y por unos minutos se vieron obligados a salir del aire.

Según información que conoció la FLIP, desde el medio día se desarrollaban confrontaciones entre la fuerza pública y comuneros en el predio de Aguas Tibias, donde el pasado 8 de octubre la comunicadora Efigenia Vásquez, fue asesinada. La emisora Renacer Kokonuko, además de la programación habitual, había estado compartiendo con sus oyentes el comunicado del cabildo en el que se convocaba a la comunidad a unirse a la manifestación. Los comuneros del resguardo reclaman la propiedad colectiva del predio Aguas Tibias, que actualmente está en poder de un privado.

No es la primera vez que el ESMAD ataca la emisora. En junio de este año, en una jornada de manifestaciones, agentes del ESMAD rodearon las instalaciones del medio e intentaron ingresar a la fuerza. Un mes después, también en el contexto de una protesta, la emisora se quedó sin energía eléctrica. Según los comunicadores y las autoridades, este corte fue ordenado por la Fuerza Pública para impedir el cubrimiento de la manifestación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, determinó que “es crucial para garantizar de manera adecuada el derecho de protesta y a manifestarse públicamente que se facilite la tarea de los periodistas, camarógrafos y reporteros que se encuentren ejerciendo sus labores en estos contextos y que no sufran actos de fuerza arbitrarios por parte de los funcionarios policiales o estatales ni el secuestro de sus materiales de trabajo y registro, en todos sus soportes”.

La FLIP solicita a la Policía Nacional que investigue los hechos ocurridos el pasado 3 de noviembre y que suspenda a los responsables de ataque contra la prensa en el Cauca. Además, es necesario que los agentes asuman una actitud de respeto a la prensa, en especial en el contexto de la protesta social.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las acusaciones realizadas por la Representante a la Cámara por el Centro Democrático María Fernanda Cabal a la columnista de El Heraldo, Claudia Ayola, y al portal periodístico Verdad Abierta.

El pasado 29 de octubre, la congresista Cabal publicó la columna titulada “El Raponazo de Las Pavas (III)” en su página web. En su entrada de blog, la Representante expresa su postura frente al emblemático caso de disputa territorial entre campesinos y la empresa palmífera Aportes San Isidro por el predio Las Pavas. Cabal escribió: “En el frente periodístico cuentan con Claudia Ayola, cronista de El Heraldo, quien se encarga de la desinformación correspondiente, para hacer creer a la opinión pública que Las Pavas es de Asocab y no de quien la compró legítimamente en Marzo de 2017. Igualmente tienen de cómplice al portal Verdad Abierta, financiado por el filántropo maquiavélico George Soros”.

En dicho artículo, la Representante del Centro Democrático hace varios señalamientos a quienes, a su juicio, son los “protagonistas del asalto”: el sacerdote jesuita Francisco de Roux; los abogados Juan Felipe García Arboleda y Roberto Carlos Vidal López; el fundador de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), Misael Payares; las exdirectivas del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Miriam Villegas y Jhenifer Mojica; finalmente, los periodistas de Verdad Abierta y la columnista Claudia Ayola.

Los periodistas han hecho un cubrimiento constante de esta situación a través de los años. Ayola, en distintas columnas en el periódico El Heraldo de Barranquilla, ha compartido las complejidades de la disputa de estas tierras baldías y los distintos actores que han participado en el proceso, desde la región donde se desarrolla. Verdad Abierta, por su lado, desde el 2011 ha hecho un seguimiento del pleito jurídico, de las víctimas y de las distintas amenazas que se han dado en este proceso de reclamación de tierras.

La FLIP expresa su preocupación por las afirmaciones de Cabal, debido a que relaciona la labor periodística de los reporteros con actos delictivos y señala a los medios de responder a intereses particulares sin aportar las pruebas que soporten esta acusación. La congresista desconoce el trabajo de investigación de los medios de comunicación que hacen cubrimiento a esta situación.

Teniendo en cuenta el ambiente polarizado que vive el país y el contexto actual en el que se avecina el inicio de las campañas electorales de 2018, estas declaraciones ponen en riesgo a los periodistas señalados, debido a que los puede situar en uno de los espectros de la contienda electoral y hacerlos blanco de algún tipo de ataque por su labor. La FLIP le recuerda a la congresista Cabal su deber como servidora pública para garantizar, a través de su discurso, un ambiente favorable para el desarrollo de la labor periodística.

En este contexto, la FLIP le recuerda a los funcionarios públicos su deber de abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes en contra de los medios de comunicación y de los periodistas. En su informe anual de 2010, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

Esto no quiere decir que los funcionarios no puedan controvertir la información que transmiten y producen los medios de comunicación. La FLIP les recuerda que lo pueden hacer de manera respetuosa con la libertad de expresión, a través de mecanismos como la solicitud de réplica o la rectificación.

Para la Fundación es preocupante que, en lo que va corrido del año, se hayan documentado 65 ataques a la prensa en los que el agresor es un funcionario público. La agresión más constante es la estigmatización, lo que demuestra que los servidores del Estado están aprovechando los escenarios de debate para agredir a la prensa. Intentan callar las críticas con señalamientos y estigmatizaciones a los periodistas.

La FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue las declaraciones estigmatizantes de la Representante y al comité de ética del Centro Democrático para que haga un llamado de atención a Cabal por este tipo de señalamientos que ponen en riesgo el trabajo periodístico.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza y condena el robo del que fue víctima la Agencia de Prensa Rural en Bogotá.

El 25 de octubre, en la madrugada, delincuentes ingresaron a la casa de la Corporación para el desarrollo de la educación y la investigación social (Corpeis), violentaron las entradas y se dirigieron únicamente a la oficina de Prensa Rural. Allí robaron un computador Mac, un disco duro y un kit de luces. Los periodistas fueron informados por el personal de seguridad cuando la alarma se activó.

El robo podría ser un ataque dirigido ya que los delincuentes no tomaron objetos de valor de otras oficinas, atravesaron toda la edificación y llegaron hasta el lugar donde está ubicada la sede de Prensa Rural, en el segundo piso. De acuerdo con la información que logró obtener la FLIP, para llegar hasta las instalaciones del medio se debe conocer con exactitud su ubicación e identificar el momento apropiado para ingresar.   

A pesar de que en el computador no había información sensible, en el disco duro sí estaban guardadas maquetas de trabajos que está realizando la Agencia. Prensa Rural ha estado trabajando en varios proyectos relacionados con la construcción de memoria en algunos departamentos del país, el proceso de erradicación de coca, el encuentro nacional de víctimas de la Unión Patriótica y el encuentro nacional de Reserva Campesina.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de principios sobre libertad de expresión dispuso:  “la destrucción material [o robo] de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La Fundación rechaza estos intentos de censurar a un medio alternativo y el robo de información sensible. Los responsables del robo pueden acceder a la información de Agencia de Prensa Rural y así se violaría el secreto profesional. La seguridad de los reporteros y de sus fuentes pueden estar en riesgo.

La FLIP insta a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a que investigue los hechos y así se pueda hacer justicia con las sanciones adecuadas. La Fundación le solicita, además, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo a la Agencia de Prensa Rural con el fin de determinar las medidas apropiadas para proteger las instalaciones del medio.

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