Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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  • Desde el pasado 20 de mayo los reporteros han registrado las violaciones a los derechos humanos contra cerca de 80 comunidades campesinas.

  • A los a periodistas se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques contra su vida.

  • La FLIP le exige al Ejército que investigue los hechos y que imparta instrucciones precisas sobre el cumplimiento de su deber como garante de la libertad de prensa

 

La FLIP expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas de Voces del Guayabero Fernado Osorio y Edilson Álvarez, quienes denuncian haber sido intimidados y detenidos irregularmente por miembros del Ejército Nacional mientras cubrían los operativos de erradicación forzada en el Meta. La Fundación le exige a las autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias para proteger a los comunicadores y sancionar a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa.

Osorio le manifestó a la FLIP que el siete de agosto fue intimidado por integrantes del Ejército Nacional mientras realizaba el cubrimiento de un operativo de erradicación forzada en la vereda Nueva Colombia del municipio de Vistahermosa, Meta. En la denuncia que el comunicador dirigió a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación aseguró que miembros del Ejército lo señalaron de ser guerrillero y le afirmaron que la próxima vez “no le volarían solo un dedo”.

Es importante recordar que el pasado cuatro de junio, mientras Osorio hacía otro cubrimiento periodístico en la vereda Tercer Milenio, recibió dos impactos de fusil que le destrozaron tres dedos. Por estos hechos la FLIP le solicitó al Ejército Nacional información sobre las sanciones a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa. El pasado seis de agosto la institución respondió que la oficina jurídica estaba adelantando las investigaciones disciplinarias y que el proceso apenas se encontraba en etapa preliminar.

Adicionalmente, Álvarez y Osorio aseguran que el ocho de agosto fueron detenidos durante seis horas por integrantes del Ejército en una casa de la vereda de Nueva Colombia. Los periodistas estaban en ese sector para cubrir la detención de un grupo de campesinos. Los dos reporteros aseguran que los uniformados los señalaron de ser guerrilleros y les dijeron que “no dieran papaya” porque los iban a matar.

Las amenazas, las detenciones y los ataques directos que han sufrido los comunicadores de Voces del Guayabero durante el cubrimiento de los operativos de erradicación forzada en esta región dan cuenta de la falta de garantías para ejercer su labor informativa. Desde el pasado 20 de mayo los reporteros han registrado las violaciones a los derechos humanos contra cerca de 80 comunidades campesinas que se encuentran en riesgo por las acciones militares de la fuerza pública.  

La FLIP rechaza las violaciones a la libertad de prensa denunciadas por los comunicadores de Voces del Guayabero, a quienes se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques contra su vida. En ese sentido, la Fundación le exige al Ejército Nacional que investigue con celeridad a los uniformados responsables y se emitan las sanciones correspondientes. Adicionalmente, le solicita que se impartan instrucciones precisas sobre el cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa en este tipo de escenarios donde la presencia de equipos periodísticos es un necesaria para la transparencia alrededor de los operativos militares. 

La FLIP les reitera a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo la necesidad de crear un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de estas situaciones de violencia contra la labor periodística. 

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación de riesgo de los reporteros con el fin de implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y su integridad.

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La FLIP rechaza las intimidaciones contra Alejandra Herrera, periodista de RCN Radio en Neiva, quien denunció la violencia sexual contra una menor de edad en Putumayo. La Fundación les solicita a las autoridades que garanticen la seguridad de la reportera e investiguen a los responsables de estas amenazas. 

El pasado 7 de julio la reportera publicó a través de su cuenta de Facebook información sobre una menor que habría sido víctima de violencia sexual y posteriormente habría sido asesinada. La denuncia de Herrera aportaba información distinta a la que habían entregado  las autoridades, quienes señalaban que la niña se había suicidado dos días antes en Puerto Guzmán, Putumayo.  

Luego de publicar la denuncia, la reportera recibió una llamada por parte de un oficial de la Policía Nacional, quien le advirtió con un tono intimidante que era de público conocimiento que la niña no se había suicidado, pero que Herrera debía eliminar la publicación para evitar problemas. Ese mismo día, la mamá de la menor le envió una nota de voz a la periodista en la que la recriminó por la publicación y la amenazó: “si usted estuviera aquí en este momento yo creo que le metería su par de puños para que aprendiera a ser seria”. 

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie la evaluación de riesgo de la periodista con el fin de implementar las medidas de seguridad adecuadas para proteger su vida y su integridad. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

 

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  • Los periodistas cubrían las manifestaciones de la comunidad campesina en el sur del Meta.

  • Tres comunicadores fueron agredidos con armas del Ejército y la Policía.

  • Las autoridades no han anunciado investigaciones para sancionar a los responsables. 

 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza de manera contundente los ataques denunciados por los comunicadores de Voces del Guayabero por parte de miembros de la fuerza pública. La FLIP le solicita a la Policía y al Ejército Nacional que se pronuncien sobre estos hechos para que la sociedad civil pueda conocer las investigaciones en el interior de las instituciones. 

Miembros del Ejército confirmaron que hasta el momento solo se han hecho unas averiguaciones iniciales sobre los sucedido. La falta de transparencia frente a estas investigaciones puede ser entendida por otros uniformados como un mensaje de tolerancia ante futuras situaciones de violencia contra la prensa. Esto fortalece los índices de impunidad en los procesos penales y disciplinarios. 

Durante los primeros días de junio tres periodistas del colectivo de comunicaciones Voces del Guayabero fueron agredidos por miembros de la fuerza pública mientras cubrían las protestas que adelantaba la comunidad campesina de la región del Guayabero en el sur del Meta. Los reporteros denuncian que fueron impactados por proyectiles que fueron disparados por miembros del Ejército y la Policía Nacional. Sin embargo, las autoridades no han anunciado investigaciones para sancionar a los responsables.

Desde el 20 de mayo los miembros de Voces del Guayabero se encontraban cubriendo los operativos de erradicación forzada que realiza la fuerza pública en la región del río Guayabero, ubicada entre los departamentos de Meta y Guaviare. Días después,  el 4 de junio, los periodistas Edilson Álvarez, María Alejandra Lamprea y Fernando Osorio tomaron sus cámaras, se vistieron con su chaleco de prensa con logo del medio Voces del Guayabero y salieron a cubrir la manifestación que adelantaba la comunidad campesina en la vereda Tercer Milenio, en el municipio de Vistahermosa, Meta. 

Los comunicadores le relataron a la FLIP que, en medio de la arremetida del Ejército contra la comunidad, ellos se dispersaron por la zona para hacer su cubrimiento informativo y se volvieron a encontrar tiempo después para darse cuenta de que Osorio había recibido dos impactos de fusil provenientes de miembros del Ejército Nacional. “El primer impacto me dio en la mano derecha y me destrozó tres dedos, el segundo dio en la maleta y me atravesó la cámara. En ese momento me lancé a un caño para protegerme. A ellos no les importó que llevara mi chaleco de prensa”, relata Osorio, quien agrega que identificó que los disparos provenían de militares. El reportero fue atendido de inmediato por enfermeros de la misma comunidad, pero hasta el momento no ha podido acceder a un servicio de salud que le permita la reconstrucción de su mano.

En ese momento Álvarez se acercó también a sus compañeros y les informó de un fuerte dolor, producto de los impactos de balas de goma que le habían lanzado agentes del ESMAD a menos de 25 metros de distancia, según relata el comunicador. Cuando hicieron la revisión de los disparos en el cuerpo del reportero, fue posible identificar que tenía tres hematomas en su espalda. 

Once días después se presentó otra situación de violencia contra el colectivo de comunicaciones. El 15 de junio agentes de la Policía agredieron a la reportera María Alejandra Lamprea durante su trabajo informativo: “Estaba a unos cuarenta metros del ESMAD cubriendo, cuando de pronto sentí un golpe en uno de mis glúteos. Me pegaron con un corcho y también me reventaron uno de mis dedos. Aún me molesta un poco para caminar”, asegura la comunicadora. 

“A los de las cámaras hay que darles más duro”

Osorio y Álvarez aseguran que los ataques físicos se presentaron luego de que, durante varios días, los miembros de la fuerza pública los amenazaran y los estigmatizaran: “Uno los escuchaba decir que a los de las cámaras había que darle más duro”, relata Álvarez. “Varias veces escuché cómo nos señalaban de ser guerrilleros”, afirma Osorio. Los ataques dirigidos contra los comunicadores y sus dispositivos periodísticos se presentaron luego de que el equipo de Voces del Guayabero registrara las acciones violentas de los uniformados contra la comunidad.  

Al respecto, Alex Ruíz, vocero de las comunidades de la región del Guayabero, sostiene que los comunicadores de Voces del Guayabero tienen cientos de videos donde se denuncian estas violaciones a los derechos humanos durante el desarrollo de los operativos de erradicación en la zona. Sin embargo, Ruiz sostiene que, debido a las dificultades para el acceso a internet, este material no se ha podido publicar a través de las páginas del medio: “para tener una buena conexión hay que viajar al menos tres horas desde el lugar donde estamos cubriendo”, relata Ruiz. Por esta razón, los videos se han difundido por WhatsApp y a través de las redes de otras organizaciones defensoras de derechos humanos. 

En este contexto nació Voces del Guayabero con el fin de informar sobre las dificultades que enfrentan 80 comunidades campesinas de esta región del país para hacerle frente a la escasa oferta mediática del sur del Meta y el norte del Guaviare. Según el proyecto de Cartografías de la Información, en los municipios de Vistahermosa, La Macarena y Puerto Rico en el Meta, que hacen parte del sector del Guayabero, los únicos medios que existen son las emisoras de la fuerza pública, que difunden información con un interés institucional. Adicionalmente, Cartografías de la Información también alerta sobre la limitación para el acceso a internet en departamentos como Guaviare, esto se convierte en un inconveniente para el desarrollo de proyectos informativos digitales como Voces del Guayabero. 

La FLIP expresa su preocupación por los ataques y los señalamientos emitidos por miembros de la fuerza pública en contra de los comunicadores de Voces del Guayabero, a quienes se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques a su integridad y a sus dispositivos periodísticos. En ese sentido, la Fundación le hace un llamado a la Policía y al Ejército para sancionar a los responsables y se impartan instrucciones precisas a los uniformados de ambas instituciones dirigidas al cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa y conciban la presencia de equipos periodísticos como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que establezca un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de estas situaciones de violencia contra la labor periodística. 



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La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, desde el momento de su creación, se ha enfocado en el análisis del fenómeno de la censura y su transformación a través de los años. Por ejemplo, las nuevas tecnologías y los cambios en el contexto sociopolítico han hecho que la clasificación de las agresiones a la prensa deba modificarse. 

Por eso la FLIP ha agrupado los ataques a periodistas en cuatro categorías: 

  • Acoso judicial.

  • Ataques directos.

  • Dificultades en el acceso a la información. 

  • Censura que se da exclusivamente en internet. 

Las siguientes fichas presentan y explican los tipos de agresión incluidos en estas categorías. 

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La investigación Chuzadas sin cuartel, publicada por Revista Semana el 11 de enero de 2020, revela que distintas unidades del Ejército Nacional ejecutaron un plan para amenazar y realizar interceptaciones ilegales contra periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados, políticos y otros funcionarios públicos. Esta vigilancia se estaría realizando desde las instalaciones militares, precisamente para blindarse de allanamientos de la justicia y de los medios de comunicación, según el testimonio de un militar citado en la investigación.

La publicación entrega información sobre la persecución contra Alejandro Santos, director de Revista Semana, y varios de sus periodistas, por parte del Ejército a través del envío de sufragios y lápidas, amenazas y de vigilancia ilegal a medios físicos y digitales. Sin embargo, los ataques no estaban únicamente dirigidos a los periodistas de este medio.

Según la investigación, el Ejército compró por cerca de tres mil millones de pesos (930.000 USD) una plataforma tecnológica llamada Hombre Invisible, a una empresa española representada en Colombia por un exoficial de la Armada Nacional. “Más allá de las innumerables irregularidades en la licitación y la evidente asignación a dedo de ese contrato, esta herramienta nos permite hacer de todo: meternos a cualquier computador, acceder a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, descargar conversaciones de chat archivadas o borradas, fotos y en general lo que tenga almacenado en la memoria de la máquina infectada”, revela el medio. 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que la interceptación de comunicaciones tiene un efecto inhibitorio que afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión, ya que sin un espacio libre de injerencias ilegales el derecho a la libertad de expresión no puede ser ejercido plenamente.

La situación de riesgo contra los periodistas ha incrementado de manera exponencial en los últimos dos años, en 2018 la FLIP documentó que 257 periodistas fueron amenazados y 178 durante el 2019. En este contexto de escalada de las amenazas resulta especialmente dramático que nuevamente sea el Ejército la institución que está involucrada en intimidaciones, amenazas e interceptaciones a periodistas.

El primero de mayo de 2013 el periodista investigativo de Revista Semana, Ricardo Calderón, fue víctima de un atentado mientras se trasladaba en la vía que comunica a Girardot y Bogotá. Previo al intento de homicidio, el reportero había sido víctima de seguimientos y sus fuentes habían sido acosadas por la investigación periodística titulada Tolemaida Resort, donde se detallaron los privilegios que de manera ilegal tenían varios militares.  

Posteriormente, a principios de 2014, Revista Semana reveló que, bajo la fachada de un Café Internet, operaba una sala de operaciones de inteligencia conocida como “Andromeda”, donde se realizaron seguimientos a los representantes del gobierno que hacían parte del equipo negociador durante los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las Farc. En esa investigación el medio reveló que dentro de las personas que estaban siendo víctimas de vigilancia se encontraban periodistas y medios de comunicación. 

El caso más reciente donde ha habido confirmación de vigilancia contra comunicadores se conoció en diciembre del 2019, cuando se confirmaron las interceptaciones ilegales contra la periodista Vicky Dávila por parte de la Fiscalía General de la Nación. En ese momento, la FLIP publicó una alerta por el peligro de las chuzadas contra periodistas.

A pesar de que repetidamente las autoridades han negado las acciones de vigilancia contra periodistas, la realidad ha mostrado, con suficiente evidencia, que esta forma de agresión es constante. Las investigaciones de las autoridades también dan resultados suficientes, con los que se mantiene el ambiente de intranquilidad y desconfianza. 

Estas revelaciones suponen un nuevo episodio de vigilancia estatal, masivo e ilegal cuyo alcance todavía no es posible establecer y revive los temores que surgieron cuando se conocieron los actos delictivos realizados por el órgano de seguridad DAS. 

La FLIP se solidariza con Revista Semana, sus directivas y reporteros, y rechaza de manera contundente todo tipo de intimidación y espionaje ilegal. Estas acciones, violatorias de la Constitución y la ley penal, ponen en peligro y afectan los derechos de los periodistas y ponen en jaque el ejercicio libre del periodismo.

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La FLIP rechaza los ataques a la prensa por parte de la Policía Nacional durante el cubrimiento del paro nacional del 21 de noviembre. De los catorce casos registrados por la FLIP en Cali, Bogotá, Medellín, Valledupar y Santander de Quilichao, ocho tuvieron como agresores a miembros de la Policía. A pesar de los compromisos públicos de la institución de garantizar el ejercicio libre y pacífico del periodismo, la Policía Nacional se consolida como la principal agresora de la prensa durante el cubrimiento de la protesta social.

El 21 de noviembre se registraron detenciones arbitrarias, agresiones físicas, hostigamientos y daño de equipo periodístico por parte de uniformados. Entre los casos más graves está el del periodista independiente Andrés Bayona, víctima de graves agresiones físicas y de detención arbitraria. A pesar de necesitar atención médica, miembros de la Policía lo retuvieron sin darle explicaciones sobre el proceso que se estaba adelantando. Por su parte, el periodista Andrés Matheo Agudelo, fotógrafo independiente, también fue detenido arbitrariamente durante aproximadamente tres horas por miembros del Esmad en Medellín, debido a que no contaba con un documento que lo identificara como periodista de un medio de comunicación. Durante su detención, miembros de la Policía revisaron en varias ocasiones el material periodístico de su cámara.

El periodista Santiago Andrade de la revista Rolling Stones y el periodista independiente Javier Ruíz también fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional durante el cubrimiento de la marcha en la Plaza de Bolívar. Andrade recibió un fuerte impacto en su cabeza que ocasionó una herida que debió ser suturada con cuatro puntos. En el caso de Ruíz, miembros del Esmad lo hostigaron, dañaron sus audífonos y revisaron el material que habría registrado con su cámara.

Otros ataques con gases lacrimógenos o chorros de agua a presión fueron dirigidos directamente contra grupos de periodistas en el ejercicio de su labor informativa, algunos de ellos quedaron registrados en video. La periodista Stephanie Valencia, de CityTV, y su equipo fueron víctimas de uno de estos ataques.

Con el fin de prevenir este tipo de hechos de violencia, el miércoles 20, la FLIP se reunió con miembros del área de derechos humanos de la Policía Nacional y con la subdirección del Esmad. Durante el encuentro, los uniformados dieron a conocer las acciones emprendidas para garantizar la labor periodística durante las manifestaciones. Sin embargo, dichas acciones demuestran nuevamente ser insuficientes. Por esta razón, la Fundación pondrá en conocimiento de las autoridades las agresiones registrados durante el cubrimiento del paro para que inicien las investigaciones.

La FLIP rechaza los ataques contra la prensa que se presentaron durante la jornada de movilizaciones y le exige a la Policía Nacional que tome las acciones necesarias para identificar a los agentes responsables de estas agresiones y emitir las sanciones correspondientes. La ausencia de resultados ejemplares representa un mensaje equivocado para los demás miembros de la fuerza pública y pueden ser entendidos como un acto de tolerancia a la violencia contra la prensa durante el cubrimiento de manifestaciones.

La FLIP le recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber frente al cumplimiento del Código de Policía, que establece en su artículo 21 que cualquier ciudadano pueda grabar los procedimientos policivos sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía conciba la presencia de los periodistas y medios de comunicación en sus operativos como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP hace un fuerte llamado a la Policía Nacional para que garantice la labor de la prensa en estos escenarios. A partir de su condición como funcionarios del Estado, los uniformados tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información de interés general, como lo son las movilizaciones sociales. 

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La FLIP expresa su preocupación por el exilio de los periodistas de Caracol Televisión en Cali, Eduardo Manzano y Alexander Cárdenas, y por las amenazas contra el reportero de este mismo medio Arlex Piedrahita. La Fundación le hace un llamado a las autoridades para que investiguen los hechos y garanticen la seguridad de los comunicadores.

Después de los hostigamientos de los que fueron víctimas Alexander Cárdenas y Eduardo Manzano, los dos reporteros decidieron salir del país. El pasado 19 de septiembre dos hombres desconocidos fueron hasta la casa de la hermana de Cárdenas, en donde se estaba hospedando el camarógrafo, con el fin de conocer su paradero. Luego, el 27 de octubre, Manzano fue interceptado por un hombre en una moto que lo siguió por varias cuadras cuando el periodista conducía su vehículo

Posteriormente, el 28 de octubre, el periodista Arlex Piedrahita recibió una amenaza en la que le decían que lo tenían ubicado y que debía abandonar su medio de comunicación y la ciudad donde desarrolla su labor periodística. El periodista recibió esta intimidación un día después de que regresara a trabajar luego de las amenazas ocurridas el 1 y 4 de agosto de este mismo año contra él y sus compañeros Eduardo Manzano, Alexander Cárdenas y otros dos reporteros. Las intimidaciones contra los reporteros han sido producto del cubrimiento de la problemática de cultivos ilícitos en el Cauca y las denuncias que han hecho sobre la presencia de los carteles mexicanos, aliados con las disidencias de las Farc en ese departamento. 

Las constantes amenazas y el incumplimeinto por parte de la Policía Nacional para la implementación de las rondas policiales obligaron a  Manzano y a Cárdenas a abandonar el país para salvaguardar su integridad y las de sus familias. De la misma manera, Piedrahita continúa enfrentando la misma situación de riesgo sin recibir atención oportuna por parte de las autoridades. A esto se suma que las medidas que otorgó la Unidad Nacional de Protección (UNP) a los reporteros son insuficientes y no tuvieron en cuenta los hechos ocurridos el 19 de septiembre y el 27 y 28 de octubre. 

La FLIP expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas y le solicita a la Unidad Nacional de Protección que refuerce por trámite de emergencia las medidas de seguridad para el periodista Arlex Piedrahita y tenga en cuenta los nuevos hechos en el estudio de seguridad de Cárdenas y Manzano con el fin de implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Además, le exige a la Policía Nacional que cumpla con los tiempos y la frecuencia de las medidas de protección establecidas por la institución.  

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad estas amenazas y, de esa manera, dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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La FLIP rechaza el decomiso de cerca de 900 ejemplares de los periódicos Entre Líneas y Nostoca en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, por parte de miembros de la Policía local. La Fundación le solicita a las autoridades que investiguen lo sucedido y sancionen a los funcionarios responsables de los operativos.

La FLIP conoció que el viernes 25 de octubre miembros de la Policía de Tocancipá decomisaron cerca de 400 ejemplares del periódico regional Entre Líneas, que llega a 15 municipios de Cundinamarca y desde hace tres años se distribuye en Tocancipá. Los uniformados también decomisaron cerca de 500 copias del periódico local Nostoca que lleva un año circulando en este municipio. 

De acuerdo con Angy Alayón y Miguel Castañeda, directores de los periódicos Nostoca y Entre Líneas respectivamente, esta situación se presentó luego de que el Comité de Garantías Electorales prohibiera la circulación de cualquier tipo de propaganda electoral entre el 25 y el 27 de octubre. Este comité está conformado por el alcalde o su delegado, el comandante de la Policía, el personero, el registrador municipal y representantes de partidos políticos del municipio. Esta situación se presentó aun cuando la misma alcaldía de Tocancipá emitió una circular el 24 de octubre, en la que hace referencia a la Ley 163 de 1994, donde se prohíbe la circulación de propaganda política y electoral únicamente el día de las elecciones. 

La FLIP intentó comunicarse con el alcalde del municipio, ​​Walfrando Adolfo Forero, para conocer su versión sobre lo sucedido, pero no atendió a los llamados. Por esta razón, la Fundación se comunicó directamente con el Sargento Franco, comandante de la estación de Policía de Tocancipá, quien se abstuvo de dar declaraciones, argumentando que no lo haría a través de una comunicación telefónica.  

Situación similar se presentó dos días antes de las votaciones en el municipio de Girardota, Antioquia. El director del periódico local Girardota Crítica, Daniel Largo, denunció que se impidió la circulación de cerca de 400 ejemplares del periódico que según uno de sus distribuidores habrían sido recogidos por miembros de la Policía Nacional. 

Al respecto, el comandante de la Policía de ese municipio, capitán José Cortinez, aseguró que los agentes atendieron a una denuncia de miembros de la comunidad, quienes reportaron que la edición del periódico contenía publicidad política que estaría siendo repartida por menores de edad. Sin embargo, cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron una bolsa negra llena de ejemplares del periódico. El capitán Cortinez asegura que la Policía no decomisó esos periódicos y que fueron los mismos ciudadanos que denunciaron quienes se quedaron con los ejemplares.

Largo manifiesta que la distribución de su periódico no la realizan menores de edad y que hasta ahora desconoce qué pasó con los ejemplares que estaban listos para repartirse en el municipio. Esta situación obstaculizó la libre circulación de información que es esencial para que la ciudadanía pueda ser partícipe del debate público sobre todo en temas tan importantes como las elecciones regionales.

La FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación que investigue el actuar de los funcionarios públicos de la alcaldía de Tocancipá responsables de tomar la decisión de recoger los ejemplares de los periódicos. Así mismo, la Fundación le solicita a la Policía Nacional que investigue disciplinariamente a los agentes que efectuaron el decomiso. 

La FLIP también hace un llamado a la Policía Nacional para que aclare las razones por las que los uniformados en Antioquia permitieron que la ciudadanía recogiera irregularmente y retuviera los ejemplares del periódico Girardota Crítica. Es sumamente importante que las autoridades tengan clara la legislación entorno a la libertad de expresión y garanticen la libre circulación de información que es de interés público para los ciudadanos. 

Sobre lo anterior, la Comisión Interamericana de los Derechos humanos ha dicho que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

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Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las agresiones físicas y los daños a los equipos periodísticos de los que fueron víctimas varios reporteros por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y de manifestantes que hicieron parte de las movilizaciones estudiantiles en Bogotá. Los ataques contra los comunicadores se presentaron en varios puntos de la ciudad. 

El pasado 31 de octubre dos camarógrafos de CityNoticias fueron agredidos cuando cubrían las manifestaciones de los estudiantes universitarios entre las estaciones de transmilenio Calle 76 y Héroes. Jessica Leaño, reportera de este noticiero, y Juan Leiva, el camarógrafo que la acompañaba, aseguran que fueron víctimas de obstrucciones durante el cubrimiento. Según los reporteros, inicialmente los manifestantes intentaron tapar el lente de la cámara para evitar el registro y, luego, les hurtaron el receptor, un dispositivo que transmite el audio del micrófono inalámbrico a la cámara, lo que impidió que la periodista continuara con la transmisión. Adicionalmente, Leaño afirma que los agresores la golpearon con una piedra en su pierna derecha. 

Edward Moreno, otro de los camarógrafos de CityNoticias, fue agredido en el rostro por parte de un encapuchado, quien le intentó quitar la cámara mientras transmitía en vivo la movilización sobre la Avenida Caracas con calle 76. En medio de la agresión el cubo del micrófono de la cámara que tiene el logo del medio fue destruido. 

En este mismo sector, el periodista de Canal Capital, Juan Sebastián Sandoval, fue agredido verbalmente por varios manifestantes quienes además le golpearon el micrófono, le lanzaron agua y le taparon el lente de la cámara para impedir el registro. El reportero asegura que minutos después, en inmediaciones a la Universidad Pedagógica, agentes del ESMAD lo aislaron del cubrimiento periodístico con el escudo de dotación y le impidieron grabar las movilizaciones en ese lugar. 

Una situación similar vivió el fotógrafo independiente Sebastián Benavides cuando tomaba imágenes de la detención de algunos manifestantes a las afueras de la Universidad Pedagógica. El periodista manifiesta que varios agentes lanzaron gases lacrimógenos a un grupo de cerca de 50 personas, entre las que había prensa y manifestantes. Luego lo empujaron a él con el escudo y le pegaron varias veces a su cámara. Según Benavides, las agresiones se presentaron aun cuando el reportero se identificó como prensa ante los uniformados. 

La FLIP rechaza las agresiones contra los reporteros durante el cubrimiento de las manifestaciones y le exige a la Policía Nacional que tome los correctivos necesarios para identificar a los agentes responsables de las obstrucciones y se inicien los procesos disciplinarios para emitir las sanciones correspondientes. 

Adicionalmente, la FLIP le hace un llamado a la Policía Nacional para que garantice la labor de la prensa en estos escenarios. A partir de su condición como funcionarios del Estado, los uniformados tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información sobre las movilizaciones sociales, que son un tema de interés general.

Estas agresiones contra la prensa afectan el derecho constitucional que tienen los ciudadanos de recibir información oportuna sobre hechos de interés público. En este sentido, la Fundación también le hace un llamado a los diferentes movimientos estudiantiles para que no se conviertan en los principales agresores contra la prensa en este tipo de escenarios. Resulta paradógico que se presenten obstrucciones a la prensa para el cubrimiento de una expresión democrática como lo es la manifestación social, la cual necesita ser difundida a través de los medios de comunicación con el fin de que se difundan las exigencias de distintos sectores sociales. Los ataques contra la prensa en este tipo de escenarios afectan la deliberación libre, abierta y plural que necesita cualquier sociedad democrática. 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifiesta su preocupación por los casos de obstrucción al cubrimiento periodístico que ha registrado durante las elecciones locales que se han llevado a cabo desde las 8:00 am de hoy. Con corte a la 1:00 pm, la FLIP ha tenido conocimiento de nueve casos en los que se le ha impedido a la prensa el acceso a los puestos de votación.

En varias regiones, miembros de la Policía Nacional y funcionarios de la Registraduría han impedido el desarrollo del trabajo periodístico. Si bien en algunos casos las obstrucciones se superaron, en otros, como en el puesto de votación de Atalaya en Cúcuta, ante la intransigencia de las autoridades, los reporteros se vieron obligados a retirarse. En este caso, agentes de la Policía obstaculizaron el trabajo de los reporteros Orlando Carvajal y Juan Pablo Cohen con acciones que incluyeron retención de la cédula de ciudadanía por un lapso amplio, impedimento para hacer registros audiovisuales e, incluso, una amenaza de comparendo a Cohen por supuesto irrespeto a la autoridad.  

La FLIP se puso en contacto con el Coronel Palomino de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien sostuvo que no se permitirán grabaciones que violen la intimidad de los votantes. En efecto, los periodistas no pueden hacer registros de los tarjetones, sin embargo, es importante recordar que son libres de entrar a los puestos de votación y cubrir lo que ocurre en los lugares de sufragio. En este caso, el registro fotográfico que realizaban los reporteros correspondía a los rostros de los electores y no a sus decisiones. La decisión del Coronel puede acarrear sanciones ya que se estaría incurriendo en censura. 

En el puesto de votación Claustro de la Encarnación en Popayán una teniente de la Policía Nacional le solicitó al periodista Cristian Cuellar de Unicauca Estéreo una acreditación de prensa expedida por la Registraduría Nacional para dejarlo ingresar a cubrir en el puesto de votación, aun cuando Castellanos iba identificando con los logos del medio de comunicación. En Colombia ninguna norma exige que los periodistas tengan este tipo de credenciales para ejercer su trabajo. Tal exigencia sería una restricción ilegítima a la libertad de prensa.

En Bucaramanga, la periodista Ana León de La Silla Vacía fue víctima de una obstrucción al trabajo periodístico mientras grababa una posible irregularidad electoral ocurrida cerca 200 metros del puesto de votación del Colegio Miraflores en el barrio Morrorrico ubicado en la comuna 14 de Bucaramanga. La periodista fue abordada por varias personas que se encontraban en el lugar y quienes le dijeron que no podía grabar por ser una propiedad privada y llamaron a la Policía. León asegura que los uniformados le dijeron que tenía que borrar los vídeos y amenazaron con capturarla si no lo hacía. Ante la negativa de la periodista para borrar el material, el policía decidió hacer una anotación sobre lo sucedido.  

En otro caso, en San José del Guaviare, funcionarios de la Registraduría impidieron que periodistas de Caracol Radio entrevistaran a votantes y jurados de votación. La FLIP se comunicó con uno de los delegados de la Registraduría en Guaviare, quien dijo que los periodistas sólo estaban autorizados por la entidad para realizar tomas generales y no entrevistas. La FLIP también se comunicó con la Jefe de Prensa de la Registraduría Nacional, quien dijo que los periodistas pueden realizar entrevistas, pero sólo a los votantes. Ambas posiciones son erróneas, ya que la ley no establece ninguna restricción en este sentido.

Es necesario recordar que la jornada electoral que se desarrolla el día de hoy es de absoluto interés público y los periodistas tienen derecho a estar en los puestos de votación; a utilizar sus equipos de registro como teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de video siempre y cuando no interfieran con la labor de los testigos electorales y no afecten el derecho de los ciudadanos a ejercer el voto secreto. La obstrucción al cubrimiento periodístico es un hecho grave que se considera como censura previa que puede constituir delitos y faltas disciplinarias. 

Las constantes obstrucciones por parte de funcionarios y fuerza pública son resultado del desorden institucional que han promovido las entidades del Gobierno y el Estado. El Decreto 1924 de 2019, expedido por el MinInterior, limita injustificadamente el ejercicio periodístico y promueve la censura a la prensa. Sumado a lo anterior, existe un desconocimiento generalizado acerca de las garantías internacionales y constitucionales en el ejercicio periodístico. Los servidores públicos deben recibir capacitaciones para no obstaculizar la libertad de prensa y evitar que la ciudadanía no acceda a información relevante. 

La FLIP reitera los llamados que ha hecho a la Policía Nacional y a la Registraduría para que garanticen el libre desarrollo del cubrimiento periodístico de las elecciones locales. De la misma manera, la FLIP solicita a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo que acompañen e investiguen este tipo de hechos para garantizar el derecho a la información de toda la ciudadanía. 

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