Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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La FLIP tuvo acceso a documentos filtrados que revelan que el Estado utiliza —y planea adquirir— tecnologías y software espías para vigilar la actividad en línea y recolectar información del espacio público virtual. Las fuerzas militares justifican estas prácticas supuestamente para proteger la “seguridad nacional” sin reconocer que vulneran los derechos humanos. El uso indiscriminado y masivo de estas herramientas tecnológicas en contra de periodistas, medios de comunicación y cualquier persona con presencia digital en el país afectan la libertad de expresión y la privacidad.
Estas actividades se institucionalizaron en 2019, en el Manual de técnicas militares para el monitoreo de fuentes abiertas, un documento reservado que incluye los lineamientos para la inteligencia sobre fuentes abiertas y la vigilancia de contenidos que periodistas y medios publican sobre las instituciones de las fuerzas militares. Para ello, utilizan programas que analizan las redes sociales, monitorean publicaciones, verifican imágenes, rastrean correos, obtienen geolocalizaciones, buscan personas y extraen información sensible.
A pesar de las decisiones judiciales que protegen la libertad de expresión en Colombia, el Estado ha hecho caso omiso y ha adquirido y empleado tecnologías aún más invasivas y sofisticadas para continuar con sus labores de vigilancia, espionaje, recolección de datos, perfilamiento y ciberpatrullaje. Y pretenden hacerlo a largo plazo, ya que según el Plan de Adquisiciones del 2023, el Comando General de las Fuerzas Militares tiene la intención de adquirir herramientas cada vez más novedosas, como un sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia artificial. Esto sin escatimar en el presupuesto, pues el costo de tal procedimiento supera los 3.500 millones de pesos y, por otro lado, ha tercerizado actividades de vigilancia en contratos que alcanzan los 35 millones de pesos.
Una de las periodistas afectadas por estas acciones de inteligencia es María Alejandra Villamizar, quien se volvió objeto de estas vigilancias luego de que en 2019 entrevistara al comandante del ELN, Pablo Beltrán. El Ejército argumentó que el espionaje era para, supuestamente, obtener información relacionada con la fuente de la reportera; sin embargo, también recolectaron datos privados como números de teléfono, su historial académico y laboral, e incluso, datos de su matrimonio y fotos de su carro.
La FLIP accedió a un documento reservado que reveló varias inconsistencias y omisiones en este caso. Una investigación hecha por la Inspección General de las Fuerzas Militares, en 2021, confirmó que la fuerza pública abusó de sus capacidades y que las actividades de búsqueda y de inteligencia se realizaron sin la operación de los superiores. Así mismo, se desviaron de su propósito inicial, pues fue empleada en contra de personas que no constituyen una amenaza real, como las y los periodistas.
Esto demuestra que el Ejército no realiza estudios sobre el impacto que tienen estas tecnologías en los derechos humanos, pues aseguran que la información en el espacio electromagnético está disponible para su uso y que está relacionada con fenómenos de criminalidad descritos en los planes de operaciones. Además, el Ejército no revela la información de sus auditorías internas sobre la inteligencia militar ni le informa a quienes perfila sobre tales actividades.
Conozcan aquí la investigación completa
A su vez, el Estado celebró millonarios contratos para vigilar a medios de comunicación y las redes sociales. El Estado contrató a la empresa MYMCOL S.A.S. por 35 millones de pesos para analizar, monitorear y hacer inteligencia permanente a medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales. Entre ellos se encuentran las cadenas básicas de RCN y Caracol, La W, La FM, El Tiempo, El Espectador, La República, La Patria (Manizales), El Universal (Cartagena), Revista Semana, La Silla Vacía, Canal Uno, CNN, The New York Times, Le Monde, entre otros. Este monitoreo inició en 2019 y se ha hecho de manera continua —las 24 horas del día y de lunes a domingo— y ha identificado los temas que marcaron tendencia o que están relacionados con el sector Defensa y las fuerzas militares. Además, la fuerza pública etiqueta a los medios y a sus contenidos con calificativos como “positivo”, “negativo” o “neutro”, bajo sesgos arbitrarios y que promueven la estigmatización de la prensa. Algo similar ocurrió en 2019, cuando el Estado perfiló a más de 400 cuentas de Twitter, entre las que había periodistas.
Es evidente que las autoridades minimizan los impactos sobre los derechos humanos de las personas que están bajo el monitoreo de fuentes abiertas, en especial cuando recae en las y los periodistas que informan acerca de asuntos de interés público. Distintos organismos internacionales, como Naciones Unidas o la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado que la vigilancia indiscriminada vulnera los derechos de las personas y afecta su vida privada. Por su parte, el Consejo de Estado ha alertado que las labores de inteligencia vulneran las garantías de la prensa y promueven la estigmatización.
Es urgente que la sociedad colombiana discuta la posibilidad de promover ajustes normativos y una política pública que regule el uso de la inteligencia sobre fuentes abiertas, en cuanto a los procedimientos, los estándares sobre recolección de datos y los límites de la vigilancia en línea contra grupos sociales determinados, como la prensa. Esto es importante, ya que el marco jurídico no precisa los alcances de la vigilancia en línea y la Ley de Inteligencia no define de manera legal la duración ni los límites del monitoreo cuando se trata de “fuentes abiertas de información”. Además, las autoridades deben garantizar la transparencia sobre la adquisición de tecnologías con capacidad de vigilancia.
Por ello, la FLIP le solicita al Presidente de la República y al ministro de Defensa que emprendan acciones para asegurar que las actividades de inteligencia cumplan con los estándares de derechos humanos, sobre todo aquellas relacionadas con la información que circula en Internet. Así mismo, es importante garantizar la no repetición de actividades perfilamientos y vigilancia indiscriminada, y que las fuerzas militares prescindan de la vigilancia y evaluación de contenidos periodísticos bajo parámetros de guerra.
Ciudad de México, a 28 de octubre del 2021.- Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia temática solicitada por 8 organizaciones de la región para pedir a la Comisión que priorice el desarrollo de estándares interamericanos y recomendaciones a los Estados ante el enorme riesgo que representa la adquisición e implementación de tecnologías con capacidades de vigilancia sin un escrutinio adecuado respecto al impacto que tienen en los derechos humanos a la libertad de expresión, de prensa, de privacidad, de igualdad y no discriminación, entre otros. Así mismo, que se adhiera al llamado realizado por la Oficina de la Alta Comisionada de ONU respecto de una moratoria inmediata para la venta y uso de tecnologías que conllevan un alto riesgo para los derechos humanos, hasta que se establezcan las salvaguardias adecuadas.
Las organizaciones de la sociedad civil explicaron que existe una tendencia preocupante a nivel mundial y regional respecto al uso de tecnologías de vigilancia como forma de generar respuestas a un amplio rango de desafíos sociales, incluyendo la seguridad pública, el control de las fronteras, la respuesta a la pandemia, el monitoreo de las protestas sociales, el acceso a los servicios públicos, entre otros, sin que se evalúe si su impacto resulta en una afectación desproporcionada y, por tanto, ilegítima a los derechos como la privacidad, libertad de expresión y reunión, igualdad.
Si bien la CIDH ha reconocido el riesgo que poseen las tecnologías de vigilancia para los derechos humanos y ha remarcado la obligatoriedad de asegurar el cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, las organizaciones expresaron que ante el enorme y rápido crecimiento de estas tecnologías y la falta de información y control, esos estándares resultan insuficientes para prevenir afectaciones, por lo cual existe una imperiosa necesidad que la CIDH avance hacia la generación de estándares aplicables a los procesos en que los Estados adquieren, desarrollan y utilizan tecnologías con capacidades de vigilancia.
Sobre esta necesidad de intervención concreta solicitada a la CIDH, las organizaciones expusieron diversas situaciones que demuestran el enorme riesgo que estas tecnologías conllevan en un marco de implementación sin evaluación, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la justicia.
Una de las características que convierte a las invasiones a la privacidad a través de la utilización de tecnologías de vigilancia en un particular desafío para los derechos humanos, es el hecho de que las víctimas de este tipo de acciones usualmente no tienen conocimiento de que su intimidad está siendo vulnerada, lo cual impide la protección de sus derechos humanos o el acceso a la justicia, expresaron las organizaciones. Dicha situación fue ejemplificada en el caso de México, señalando que el Estado ha aumentado su capacidad tecnológica bajo argumentos de seguridad pública, lo que ha desembocado en una vigilancia encubierta sobre la ciudadanía, que no cuenta con contrapesos institucionales ni controles democráticos. Puntualmente se destacó la implementación de Pegasus, un malware de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group, el cual, una vez instalado silenciosamente en un teléfono móvil, permite al atacante ejercer una vigilancia prácticamente absoluta del objetivo con la capacidad de recopilar y almacenar cualquier tipo de comunicación almacenada en el dispositivo, obtener la localización geográfica del teléfono, registrar todo lo que es tecleado e, incluso, permite activar la cámara o micrófono del dispositivo sin que exista ningún indicio para el usuario. El resultado, expresaron, ha sido la corrupción generalizada y la vigilancia ilegal sistemática en contra de la sociedad civil perpetrada por agentes del Estado de donde se vieron especialmente afectados periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. A pesar de que estos hechos fueron plenamente documentados, a más de 4 años de las primeras revelaciones y denuncias, el Estado no ha esclarecido los hechos ni garantizado el derecho a la verdad.
Las organizaciones también expresaron que el Estado mexicano debe cumplir con los compromisos asumidos en el marco del cuarto plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que implica realizar adecuaciones en marcos regulatorios y operativos para el uso de tecnologías de intervención de comunicaciones, acceso a datos conservados y geolocalización.
Similarmente, se indicó que en Colombia el Estado también ha utilizado el argumento de la seguridad pública para justificar actividades de ciberpatrullaje, cuya actividad no encuentra base en ninguna norma de carácter legal y respecto de la cual no existe claridad sobre los parámetros de su ejecución, ni cuáles son sus controles y los mecanismos de garantía para las personas. Acorde a las organizaciones, este accionar implica una actividad de vigilancia tendiente a perfilamientos con un impacto diferenciado en los periodistas y defensores de derechos humanos que, además, genera una peligrosa categorización de información y opiniones críticas que afecta a posturas no oficiales. Se destacó que esto es especialmente preocupante dada la situación de vigilancia ilegal sistemática en el país, la cual está arraigada en prácticas de vigilancia ilegítimas e ilegales por parte de las fuerzas armadas. A ello se suma la alarma por la contratación de tecnologías de monitoreo masivo de fuentes abiertas que permiten realizar perfilamientos de personas, así como de intervención en conversaciones privadas.
Los ejemplos mencionados no son situaciones aisladas, sino que se replican a lo largo de toda la región, destacándose además las capacidades técnicas crecientes de interceptación de comunicaciones en investigaciones criminales, que se producen bajo normativa desactualizada, sin adecuada supervisión y limitación de sus fines; la retención de datos y metadatos por proveedores de servicios de internet; el despliegue masivo de televigilancia en espacios públicos sin un marco normativo adecuado; el despliegue masivo en espacios públicos de tecnologías de biometría, en especial el reconocimiento facial como mecanismo de control de la población.
Particularmente se advirtió acerca de los riesgos de la implementación del reconocimiento facial que pueden traducirse en reconocimientos fallidos, discriminaciones arbitrarias y falsos positivos, con impactos profundos en el ejercicio de derechos. De hecho, una investigación reciente del Consorcio Al Sur identifica 38 iniciativas de uso de reconocimiento facial repartidas en 9 países latinoamericanos. En más del 60% de los casos no existe una base legal específica que avale la implementación de estas tecnologías. Al respecto se indicó que los sistemas implementados en la región ya han registrado errores que resultaron en graves consecuencias para las personas afectadas. El reconocimiento facial nos quita control sobre nuestro rostro, avalando un uso potencialmente contra nuestros propios intereses, además se trata de un dato que no es posible sustituir si se pierde el control. La posibilidad de estar bajo vigilancia constante, además, incentiva el silenciamiento y la autocensura, riesgos gravísimos para las sociedades democráticas.
Como se pudo observar a través de las diferentes exposiciones, la adquisición y uso de tecnologías por parte de los Estados es cada vez más recurrente en la región, destacando que este vacío legal está permitiendo que las capacidades de vigilancia masiva que adquieren los estados someten a la ciudadanía a una vigilancia indiscriminada, que implica una interferencia sistemática en el derecho a la intimidad y sus derechos conexos, sin contar con herramientas jurídicas de protección.
En ese sentido, se hizo referencia a la decisión de la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH y la relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas al llamar a la moratoria del uso masivo de ciertas tecnologías, ya que cuando se utiliza para la vigilancia del espacio público y el combate del delito común erosionan la autonomía de las personas en favor de un sistema que pretende el control absoluto.
Dentro del escenario expuesto, se enfatizó que el actual contexto de la pandemia ha profundizado esta problemática, en tanto ha generado un incremento significativo del uso de las herramientas tecnológicas a la par que ha bajado el escrutinio de las mismas, presentándolas como necesarias para responder a un problema de salud pública. En ese sentido, las organizaciones se refirieron a “Estamos Vigilando”, un proyecto desarrollado en el marco de la pandemia que llevan adelante CEJIL, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Derechos Digitales, Open Knowledge Brasil y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA en El Salvador (IDHUCA), para destacar que se ha constatado que no existe información de acceso público suficiente que permita evaluar el impacto del uso de estas tecnologías con capacidades de vigilancia para generar estrategias de protección de los derechos humanos.
Por su parte, Scott Campbell de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refirió al alto nivel de vigilancia que hay sobre la ciudadanía y enunció: "El nivel sin precedente de la vigilancia de los Estados es incompatible con los derechos humanos. No tenemos conciencia sobre la cantidad de información de nuestra vida que se recolecta, usa y comparte".
Las organizaciones participantes enfatizaron que la CIDH tiene la oportunidad histórica de liderar un diálogo donde se generen directrices de debida diligencia para regular los procesos de adquisición e implementación de tecnologías con capacidades de vigilancia aplicables a toda la región como formas de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana.
Finalmente, las organizaciones participantes solicitaron a la CIDH que:
Organizaciones firmantes y peticionarias de la audiencia:
La audiencia completa se puede ver, aquí.
A finales de abril y comienzos de mayo de este año, durante los días más fuertes de las manifestaciones sociales, el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares comenzaron una campaña para atacar a quienes los critican y cuestionan. Para hacer esto, se valieron de videos y publicaciones en redes sociales pero también de estrategias de ciberpatrullaje y vigilancia en línea. Estas acciones emprendidas por el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares, en las que se han invertido más de 21 mil horas, no han tenido ningún contrapeso ni control institucional, y se agrandan en medio de mentiras y de opacidad.
El 6 de mayo, las redes sociales y la página web del Ministerio de Defensa y otras entidades adscritas amanecieron vestidas de negro. El último mensaje que aparecía en sus redes era: “Intento de bloqueo”. Parecía un ciberataque. De las 6 a las 9 de la mañana, ningún funcionario estaba autorizado para atender a periodistas ni medios de comunicación. A las 9, las redes se restablecieron y comenzó la campaña “La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad”. Se publicó un video en el que una voz en off decía “nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie”. Luego, el ministro de Defensa Diego Molano y los comandantes de todas las fuerzas militares mencionaron algunas noticias que, a su juicio, consideraron falsas y recalcaron el valor de su trabajo en la protección de los colombianos. En el video se omitió, por completo, la aclaración de que nunca hubo un ciberataque real y que todo este espectáculo hacía parte de su estrategia para llamar la atención de la ciudadanía. Esta era una campaña contra las mentiras que inició con una mentira.
La campaña #ColombiaEsMiVerdad partió de la creación de un enemigo: los y las usuarias de redes sociales que criticaban o cuestionaban el accionar de la fuerza pública, especialmente, durante el paro nacional. Con esto, iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet. No es claro bajo qué criterios definen qué es cierto y qué no. Sin embargo, el MinDefensa anunció que entre el 28 de abril y el 27 de junio identificó 157 noticias falsas a través de acciones de ciberpatrullaje. Así lo documentamos con nuestro pódcast 'Ciberpatrullaje:el nuevo juez de la verdad'.
Desde la FLIP enviamos 12 derechos de petición a 9 entidades con el fin de conocer cómo se están realizando esos ciberpatrullajes, qué instituciones están a cargo de estas actividades y cuáles son los procedimientos de identificación de “noticias falsas”. Además, comparamos las respuestas con las que le entregaron a la Fundación Karisma, quien también está investigando este tema. Con la información que nos dieron, surgieron más preocupaciones.
Primero, sabemos que se creó un PMU-Ciber conformado por: El Centro Cibernético Policial (CCP), el ColCERT (Grupo de Respuesta a emergencias cibernéticas, el MinTIC, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares (CCOC) y la Fiscalía. A la FLIP le aseguraron que son todas las entidades del PMU-Ciber las que identifican y contrastan la información falsa. Sin embargo, el MinTIC y el COLCERT le dijeron a Karisma que no realizan actividades de ciberpatrullaje ni monitoreo de la actividad de las personas en Internet.
Segundo, el Ministerio de Defensa respondió que los criterios que se utilizaron en el marco de esta campaña se guiaron por noticias previamente chequeadas por ColombiaCheck y El Detector de Mentiras de la Silla Vacía. Pero, el CCP afirmó que la información la verifican y la validan a través de labores de campo en el lugar en donde se originó el contenido.
No son claras las funciones ni responsabilidades que tiene a su cargo cada institución que hace parte del PMU-Ciber. Tampoco, qué información personal o sensible conservan y transfieren, ni cuál es el procedimiento que llevan a cabo para identificar y verificar los contenidos que terminan siendo insumo para investigaciones penales o disciplinarias. Y aquí hay otro problema, ¿qué investigaciones penales se están desarrollando con base en estos ciberpatrullajes?
Consulte aquí todos los soportes de esta investigación.
En el video de #ColombiaEsMiVedad, afirmaron que la información falsa es terrorismo digital. Pero, en el código penal no existe este delito. El Ministerio de Defensa afirmó que el CCP tiene atribuciones para indicar si “rumores a través de redes sociales que fomenten violencia o mientan sobre acciones de la fuerza pública” configuran o no terrorismo digital. Luego, también afirman que “sobre campañas de desinformación que generan una denuncia por adecuarse a tipologías penales, se le informa directamente a la Fiscalía General de la Nación”. Y la Fiscalía, por su parte, advierte que estas noticias falsas pueden configurar el delito de calumnia.
En un contexto en el que el Ejército Nacional utiliza sus recursos para perfilar e identificar a líderes, ciudadanos y periodistas, alerta que miembros de la fuerza pública puedan recolectar y conservar datos personales sensibles de quienes consideran críticos. Sobre todo, cuando ya existe jurisprudencia nacional que reconoce que las opiniones son datos sensibles. Hay que recordar, además, que la CIDH le recomendó al Estado colombiano garantizar la no repetición de acciones de perfilamientos y esto no se está cumpliendo.
Estas acciones emprendidas desde el Ministerio de Defensa no han tenido un contrapeso institucional, real y efectivo, que ejerza veeduría, exija mecanismos de rendición de cuentas y garantice la transparencia y los derechos humanos. Al criminalizar las voces críticas se institucionaliza un discurso de estigmatización y censura arbitraria contra quienes denuncian irregularidades en las instituciones, rotulando esta información como falsa. Además, se genera un efecto inhibidor en la prensa que deja de publicar información sobre el accionar de la fuerza pública por el temor a represalias.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) está recolectando de manera masiva y sin autorización datos altamente sensibles de la periodista Claudia Julieta Duque y posiblemente de otros periodistas.
El lunes 25 de octubre, la FLIP tuvo acceso a más de 25 mil registros recolectados por la UNP entre febrero y agosto del 2021 por medio del GPS instalado en el carro de protección asignado a la periodista. El monitoreo es permanente y detallado, y en ocasiones es realizado cada 15 o 30 segundos e incluye datos de los movimientos de la periodista como fecha, hora, direcciones exactas, y localización de Google Maps. Estos son datos personales y sensibles que requieren un consentimiento informado que nunca ha sido autorizado por Duque. Esta información afecta su seguridad, la de sus familiares y sus fuentes.
La información recolectada por la UNP es más de la estrictamente necesaria para proteger a sus beneficiarios. Además, no existe un documento público que informe a los protegidos de los monitoreos y la Unidad negó a la FLIP información al respecto, alegando reserva legal. Por eso, solicitamos a la entidad una respuesta pública frente a estos hechos de alta gravedad y que informe si el monitoreo se hace a todos los y las periodistas que tienen asignados vehículos como parte de su esquema de protección. De ser así, pedimos que se entregue a cada periodista la información recolectada.
También hacemos un llamado a los órganos de control para que investiguen estos hechos y la falta de transparencia por parte de la UNP sobre qué información recolecta el GPS, qué tratamiento se le da y cómo se expresa el consentimiento de las y los beneficiarios.
En la FLIP rechazamos este nuevo episodio de monitoreo hacia Claudia Duque y respaldamos su solicitud para que se retire el GPS del vehículo o se le asigne uno nuevo.
Para conocer más pueden acceder a la carta emitida por la FLIP haciendo clic en el siguiente enlace
El 16 julio de 2020, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que de ser aprobado por el Senado, el Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, deberán presentar un informe para determinar si la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia fue utilizada para fines de vigilancia o inteligencia ilegal a la población civil. También tendría por objeto identificar si entre los afectados habría defensores de derechos humanos, periodistas, personal judicial y miembros de la oposición.
Esta alerta se emitió después de que Revista Semana publicara su investigación “Carpetas secretas”, en la que denuncia las acciones de vigilancia y perfilamiento por parte del Ejército colombiano a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales e internacionales, políticos, líderes sindicales, y otros miembros de las fuerzas armadas. Luego de la denuncia pública, persisten las dudas sobre el posible uso de la asistencia internacional ofrecida por los Estados Unidos para adelantar estas labores ilegales de vigilancia.
Este tema ha despertado la preocupación de los congresistas de Estados Unidos y al menos 100 de ellos le solicitaron al Secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, que le exija al gobierno de Iván Duque que se comprometa con la implementación del Acuerdo de paz para de proteger a los defensores de derechos humanos, incluidos los periodistas. Sin embargo, hasta la fecha no hay una respuesta pública del Gobierno sobre esta petición.
Hasta el momento el Gobierno colombiano no ha revelado los hallazgos de los procesos disciplinarios y penales que anunció en mayo de 2020 cuando se publicó la denuncia ni ha dado respuesta a los derechos de petición presentados por la FLIP y los periodistas afectados. En ese sentido, la Fundación considera indispensable y oportuno que la cooperación internacional le solicite al Gobierno de Iván Duque celeridad en los resultados de las investigaciones con el fin de proteger a los reporteros que se encuentran en riesgo por estas acciones de vigilancia. Al respecto es importante que las autoridades estadounidenses adelanten una veeduría exhaustiva de estos procesos con el fin de que los resultados permitan conocer la verdad sobre los responsables de las labores de inteligencia y cuál fue el alcance de las mismas.
Para la FLIP es importante que este reporte contenga información detallada sobre la participación de los agentes estatales colombianos en las labores de vigilancia dirigidas a la prensa, que detalle las actividades, los objetivos y su alcance con el fin de identificar la cadena de mando involucrada en estas acciones. Adicionalmente, de acuerdo a lo planteado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el informe deberá dar cuenta del uso de recursos de asistencia al sector de seguridad para estas labores proveniente de ese país y la respuesta por parte del Departamento de Estado y la Dirección de Inteligencia Nacional frente a estas denuncias. En ese sentido, se espera que el reporte responda a las siguientes preguntas, formuladas por los reporteros afectados, al Estado colombiano:
La FLIP valora positivamente el compromiso de las autoridades estadounidenses por adelantar acciones de veeduría alrededor de estas denuncias que involucran a las fuerzas armadas de Colombia. Esto envía un mensaje contundente de rechazo frente a este tipo de acciones antidemocráticas y pone de manifiesto la necesidad de que haya celeridad en las investigaciones por parte del Gobierno colombiano y las autoridades judiciales.
Para la FLIP es indispensable el esclarecimiento del alcance de estas prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia militar para evaluar el riesgo que estas representan para los periodistas. Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país.
En este sentido, la FLIP le hace un llamado al Departamento de Estado y a la Dirección de Inteligencia Nacional para que de ser el caso publiquen sus hallazgos con el fin de que sean tenidos en cuenta en las investigaciones que el Estado colombiano está adelantando. Este insumo puede ser vital para agilizar las investigaciones disciplinarias y penales, así como las evaluaciones de riesgo a cargo de la Unidad Nacional de Protección, de manera que se adopten las medidas de seguridad necesarias para proteger a los periodistas que han sido víctimas de violaciones a la libertad de prensa por parte del Estado.
La Fundación también reitera el llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que avancen rápidamente en las investigaciones con el fin de esclarecer los hechos, determinar los niveles de responsabilidad de los agresores y asignar las sanciones correspondientes.
3 de mayo de 2020
Ante la revelación de Revista Semana de que el Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático en el que la mayoría de sus blancos eran periodistas, nacionales e internacionales, políticos, generales, oenegés y sindicalistas –por lo menos unas 130 víctimas–, un grupo de periodistas perfilados por inteligencia militar y respaldados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifestamos nuestro rechazo. Pero más que ello tenemos preguntas, pues a pesar de la información disponible no logramos comprender el alcance de estas acciones ilegales ordenadas desde una fuerza que tiene la obligación de garantizar nuestra labor periodística, no de perseguirnos y estigmatizarnos:
Según la investigación de revista Semana, inteligencia militar ejecutó un programa de seguimiento ilegal, por ello exigimos que se le entregue toda la información captada de manera inconstitucional a cada uno de los perfilados.
Hoy 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, demandamos un pronunciamiento del gobierno del presidente Iván Duque y le recordamos las obligaciones del Estado colombiano para garantizar la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo, pilares de una sociedad democrática.
Firman
Periodistas blanco de perfilamiento militar:
Juan Forero, The Wall Street Journal
Nicholas Casey, corresponsal de The New York Times
Yolanda Ruiz Ceballos, RCN Radio y columnista de El Espectador
María Alejandra Villamizar, Caracol Radio y Caracol TV
Daniel Coronell, Univisión
Ignacio Gómez, Noticias Uno
Dayana Rodríguez Bernal, Radio Nacional de Colombia
Equipo de Rutas del Conflicto: Óscar Parra, Lidha Beltrán Valero, Luisa María Rincón Guzmán, Paula Andrea Hernández Vargas, María del Pilar Puentes Espinosa, David Leonardo Riaño Valencia, Silvia Natalia Corredor Rodríguez, María Jimena Neira Niño, Alvaro Andrés Avendaño Alba, Juan Pablo Gómez Peña, Carol Lizeth Sánchez Fonnegra, Nicole Acuña Cepeda, Juana Teresa Callejas, Fernanda Barbosa dos Santos, Germán Alejandro Ballesteros Coral, Santiago Luque Pérez, Ricardo Sánchez Gómez, Richard Stiven Romero Trochez, Daniela Aguirre
John Otis, corresponsal de NPR y del Comité para la Protección de los Periodistas -CPJ-
Stephen Ferry, independiente
Camilo Poveda, Blu Radio
Andrés Cardona Cruz, fotorreportero, Florencia
Federico Ríos, fotoperiodista
Nicolás Bedoya, fotoperiodista
Christian Escobar Mora, fotoperiodista
Karem Racines, periodista independiente que escribe para La Liga Contra el Silencio
Ginna Morelo, La Liga Contra el Silencio
Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-
Esta petición la respaldan:
Jineth Bedoya Lima, Premio Unesco Guillermo Cano 2020 y SubEditora de El Tiempo
Cecilia Orozco, Noticias Uno
Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabo
José Manuel Acevedo, Noticias RCN
Juanita León, directora de La Silla Vacía
Maria Teresa Ronderos, Junta Directiva del Comité para la Protección de Periodistas -CPJ.
Camilo Acosta, La Liga Contra el Silencio
Camilo Sánchez, La Liga Contra el Silencio
José Díaz, La Liga Contra el Silencio
Sara Castillejo, La Liga Contra el Silencio
Jeanneth Valdivieso, La Liga Contra el Silencio
Fidel Cano, director de El Espectador
Gustavo Gómez, Caracol Radio
Diana Calderón, Caracol Radio
Érika Fontalvo, directora de El Heraldo
Diana Durán, El Espectador
Néstor Morales, Blu Radio
Camila Zuluaga, Blu Radio y Noticias Caracol
Damián Esteban Landínez Cañón, Blu Radio
Mabel Lara, Noticias Uno
Darío Fernando Patiño, periodista
Rodrigo Uprimny, columnista El Espectador
José Guarnizo, periodista independiente
Ernesto Cortés, editor general de El Tiempo
Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol
Alberto Medina, subdirector de Noticias Caracol
Fernando Ramírez, editor de Noticias de La Patria
Camilo Vallejo, columnista de La Patria
Omar Rincón, crítico de tv, El Tiempo
Esperanza Rico L. directora del Sistema Informativo de RCN Radio
Francisco Leal Mateus, periodista y abogado independiente
Jairo Ernesto Tarazona, periodista de RCN Radio
Dora Montero, periodista de Noticias RCN y Presidenta de CdR
Sinar Alvarado, columnista en The New York Times
Nathan Jaccard, editor Latam OCCRP
Claudia Julieta Duque, Radio Nizkor
Carlos Eduardo Huertas, director Connectas
Patricia Gomez, RCN
Juan David Laverde, periodista de Noticias Caracol
Juan Diego Restrepo E., Verdad Abierta
Bibiana Ramírez, VerdadAbierta
Olga Behar, periodista independiente
Carmen Rosa Pabón, periodista Arauca
Sara Trejos, Presunto Podcast
Maru Lombardo, Presunto Podcast
Santiago Rivas, Presunto Podcast
Javier Osuna, director Fahrenheit 451
Lorenzo Morales, colaborador de La Liga Contra el Silencio y Cerosetenta
Óscar Durán, CrossmediaLab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
Juan Camilo Maldonado, Mutante
Elizabeth Otálvaro, Mutante
Natalia Ospina, Mutante
María Claudia Dávila, Mutante
Luisa Rengifo, Mutante
Laura Cruz, Mutante
Juliana Castellanos, directora Unidad de Investigación Periodística del Poli
Alejandro Gómez Dugand, Cerosetenta
Natalia Arenas, Cerosetenta
Tania Tapia, Cerosetenta
Manuela Saldarriaga,Cerosetenta
María Fernanda Fitzgerald, Cerosetenta
Sebastián Payán, Cerosetenta
Natalia Botero Duque, fotoperiodista
Betty Martínez, Diario del Norte y TuuPutchika en La Guajira
Jorge Cárdenas, periodista Villavicencio
Adriana Villegas, columnista de La Patria
Alejandro Samper Arango, columnista de La Patria
Martín Franco Vélez, columnista de La Patria
Fabio Posada, periodista independiente
Julián Martínez, periodista independiente
Cesar Molinares, periodista independiente
Catalina Loboguerrero, periodista independiente
Camilo Jiménez Santofimio, periodista independiente
Óscar Sánchez, periodista independiente
Carlos Chica, defensor de audiencias del Canal Capital
Mauricio Beltrán, director de Fedemedios
Claudia Marcela Mejía, periodista independiente
María Paulina Baena, La Pulla
Patricia Nieto, periodista de Hacemos Memoria Universidad de Antioquia
Karim Ganem Maloof, El Malpensante
Maryluz Vallejo, Directo Bogotá
Belén Pardo, Vokaribe Radio
Ivan Mercado, Vokaribe Radio
Patricia Rendón, Vokaribe Radio
Walter Hernández, Vokaribe Radio
Alfredo González, Vokaribe Radio
Octavio González, Vokaribe Radio
Equipo editorial Actualidad Panamericana
PACIFISTA!
La Cola de Rata
Carolina Guerrero, Radio Ambulante
Daniel Alarcón, Radio Ambulante
David Trujillo, Radio Ambulante
Camila Segura, Radio Ambulante
Laura Rojas Aponte, Radio Ambulante
Constanza Bruno, periodista independiente
Fernanda Pineda, fotorreportera
Natalia Guerrero Ulloa, periodista independiente
Santiago Wills, periodista independiente
Andrea Aldana, periodista de El Poder en Semana TV / Investigadora Fundación Paz y Reconciliación Colombia
Paula Thomas, Reojo colectivo
Charlie Cordero, Reojo colectivo
Santiago Mesa, Reojo colectivo
Andrés Buitrago, Reojo colectivo
Gerald Bermúdez, periodista y fotorreportero freelance
Andrés Páramo, periodista independiente
Diego Alarcón, periodista independiente
Laila Abu Shihab Vergara, periodista independiente
Carlos Cortés Castillo, La Mesa de Centro
MaryLuz Avendaño, periodista independiente
César Rojas Ángel, periodista independiente
Gloria Castrillón, Colombia 2020 de El Espectador
Natalia Herrera, Colombia 2020 de El Espectador
Laura Dulce Romero, Colombia 2020 de El Espectador
Beatriz Valdes, Colombia 2020 de El Espectador
Nicolás Sánchez, Colombia 2020 de El Espectador
Sebastián Forero, Colombia 2020 de El Espectador
Carolina Ávila, Colombia 2020 de El Espectador
Edinson Bolaños, Colombia 2020 de El Espectador
Valentina Parada, Colombia 2020 de El Espectador
Ramiro Bejarano Guzmán, columnista de El Espectador
Alexánder Marín, editor sección Bogotá, El Espectador
Sergio Silva, El Espectador
Alejandra Bonilla Mora, El Espectador
David Tarazona, Cuestión Pública
Diana Salinas, Cuestión Pública
Claudia Báez, Cuestión Pública
Mariana Escobar Roldán, periodista independiente
Natalia Arbeláez, La Silla Vacía
Laura Ardila, La Silla Vacía
Blanca Berrío, periodista de Zenú Radio
Angélica Cuevas, periodista independiente
Tatiana Pardo, periodista independiente
Andrés Bermúdez, periodista independiente
Alejandro Pino, director editorial de Publimetro
German Calvo, Cuarto de Hora
Cindy Morales, periodista
Rafael Quintero, editor de datos de El Tiempo
Julio César Guzmán, editor de El Tiempo
Carlos Solano, director de la Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo
Juan David López, periodista de El Tiempo
Ricardo Galán, director de Libreta de Apuntes
José Marulanda, periodista de Unicauca Estéreo
José Gabriel Celis, Rotonda Deportiva
Felipe Restrepo Pombo, escritor, editor y periodista
Sandra Castro, Red de Medios Alternativos y Populares
Jorge Luis Galeano Bolaños, director de Hechoencali.com
Laura Sofía Mejía, directora y cofundadora de Baudó Agencia Pública
Victor Hugo Soto Galeano, fotoperiodista y cofundador de Baudó Agencia Pública
Angie Salazar Marmolejo, Comunicación externa y digital de Baudó Agencia Pública
Mateo Medina Abad, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Javeriana
Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario
Beatriz Elena Marín Ochoa, presidenta de la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación -Acicom-
Red de Corresponsales de la FLIP: Javier Jules (Bogotá), Sonia Godoy (Cauca), Orlado Cetina (Huila y Amazonas), Luis Oñate (Magdalena), Germán Arenas (Putumayo), Carmen Rosa Pabón (Arauca), Jorge Cárdenas (Meta), Betty Martínez (La Guajira), César Pizarro (San Andrés), Ángel Romero (Norte de Santander), Ricardo Cipagauta (Boyacá), Juan Pablo Sánchez (Caquetá), Ana María Saavedra (Valle del Cauca), Máryuri Trujillo (Tolima), Yeison Rojas (Urabá Antioqueño), Félix Quintero (Santander).
Miguel Orlando Alguero, La Patria
Blanca Eugenia Giraldo, La Patria
Julián Guerrero, Revista Cartel Urbano
Alejandro Villegas Oyola, RCN Radio
Angélica Latorre Coronado, periodista independiente
Diego Delgado, coordinador de Documental Amarillo
Carol Valencia, Consejo de Redacción (CdR)
Diana Carolina Ampudia Castillo, Red+ Noticias
Santiago Restrepo, ingeniero aeronáutico e investigador independiente
Priyanka Arias, SOS Mamá (Encuentroradio.co)
Valeria Murcia, El Colombiano
Luis Carlos Vélez, periodista
Luz María Tobón Vallejo, periódico El Mundo
Luis Carlos Gómez, editor general de Colprensa
José Luis Peñarredonda, periodista independiente
Paula Pinzón, periodista independiente
David Pereañez, periodista independiente
María Isabel Moreno, periodista independiente
Edison Henao, periodista independiente
Miren Vitore Magyaroff, Publimetro
Jénnifer Mejía, periodista independiente
Valentina Arango, periodista independiente
Laura Castrillón, periodista independiente
Gonzalo Guillén, La Nueva Prensa
Diana López zuleta, La Nueva Prensa
Julián F. Martínez, La Nueva Prensa
Daniel Mendoza Leal, La Nueva Prensa
Juan Trujillo, La Nueva Prensa
Jorge A. Sánchez Vargas, periodista independiente
Wílver Raíllo Pitalúa, director programa radial Ciudad Global
Jamie Paola López Albarracín, estudiante de último semestre de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario.
Fátima Martínez, profesora de Periodismo del Programa de Periodismo de la Universidad del Rosario y directora del medio digital universitario de la facultad PlazaCapital.co
Red Colombiana de Periodismo Universitario y sus medios integrantes: Datéate al minuto, Tinta Negra (Uniminuto Bogotá), Unimedios (Universidad Santiago de Cali), Un Pretexto (Universidad de Boyacá), Norte Urbano (Uniminuto Bello), Ciudad Vaga (Universidad del Valle), En Primera Persona (Universidad Católica de Pereira), Periódico 15 (Universidad Autónoma de Bucaramanga), Entre Nos, El Anzuelo Medios (Universidad de Ibagué), Contexto (Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín), De la Urbe (Universidad de Antioquia), Sextante (Universidad Católica Luis Amigó), Unisabana Medios (Universidad de La Sabana), Bitácora, Nexos (Universidad EAFIT), Página, UniDiario, La UM Central (Universidad de Manizales), Unicomedio, Unicomfacauca Radio (Unicomfacauca), CrossmediaLab (Universidad Jorge Tadeo Lozano – Bogotá), Conexión Lasallista (Corporación Universitaria Lasallista), Ágora, Miradas y Voces (Universidad de Pamplona), Plataforma, Estación V (Universidad Pontificia Bolivariana – Bucaramanga), Universidad Tecnológica de Pereira
Periodistas internacionales:
Mónica González, periodista independiente, Chile
Peter Limbourg, director general de la Deutsche Welle
Carsten von Nahmen, director de la Deutsche Welle Akademie
Rodrigo Villarzú, director DW Akademie América Latina
Fabiola Gutiérrez, La Pública, Bolivia
Marcela Turati, periodista independiente, México
Miguel Dimayuga, fotorreportero revista Proceso, México
Lise Josefsen Hermann, periodista freelance, Ecuador, Dinamarca
Raul Romero fotorreportero, Venezuela
Nicola Frioli, fotógrafo, Italia
Sara Aliaga T., fotorreportero, Bolivia
Román Camacho, fotoperiodista, Venezuela
Desirée Esquivel, periodista en Ciencia del Sur, Paraguay
Isabela Ponce, GK, Ecuador
Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, Venezuela
Fabiola Torres, Salud con Lupa, Perú
Thelma Gómez, periodista independiente, México
Francesco Manetto, El País de España
Catalina Oquendo, El País de España
Santiago Torrado, El País de España
Pere Ortín, periodista y documentalista, director Altair Magazine, España
Paulette Desormeaux, periodista independiente, Chile
Diego Salazar, periodista independiente, Perú
Periodistas Sin Cadenas, Ecuador
La Barra Espaciadora, Ecuador
Martha Pskowski, editora de Latin America News Dispatch con sede en Nueva York
Liza López, directora de Historias que laten, Venezuela
Jonathan Gutiérrez, editor de Historias que laten, Venezuela
María Fernanda Rodríguez, corresponsal de El Pitazo y de IPYS Venezuela
Rafael Sulbarán, periodista independiente de Venezuela
APIC, Asociación de Prensa Internacional en Colombia
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