Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Ciudad de México, a 28 de octubre del 2021.- Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia temática solicitada por 8 organizaciones de la región para pedir a la Comisión que priorice el desarrollo de estándares interamericanos y recomendaciones a los Estados ante el enorme riesgo que representa la adquisición e implementación de  tecnologías con capacidades de vigilancia sin un escrutinio adecuado respecto al impacto que tienen en los derechos humanos a la libertad de expresión, de prensa, de privacidad, de igualdad y no discriminación, entre otros. Así mismo, que se adhiera al llamado realizado por la Oficina de la Alta Comisionada de ONU respecto de una moratoria inmediata para la venta y uso de tecnologías que conllevan un alto riesgo para los derechos humanos, hasta que se establezcan las salvaguardias adecuadas.

Las organizaciones de la sociedad civil explicaron que existe una tendencia preocupante a nivel mundial y regional respecto al uso de tecnologías de vigilancia como forma de generar respuestas a un amplio rango de desafíos sociales, incluyendo la seguridad pública, el control de las fronteras, la respuesta a la pandemia, el monitoreo de las protestas sociales, el acceso a los servicios públicos, entre otros, sin que se evalúe si su impacto resulta en una afectación desproporcionada y, por tanto, ilegítima a los derechos como la privacidad, libertad de expresión y reunión, igualdad. 

Si bien la CIDH ha reconocido el riesgo que poseen las tecnologías de vigilancia para los derechos humanos y ha remarcado la obligatoriedad de asegurar el cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, las organizaciones expresaron que ante el enorme y rápido crecimiento de estas tecnologías y la falta de información y control, esos estándares resultan insuficientes para prevenir afectaciones, por lo cual existe una imperiosa necesidad que la CIDH avance hacia la generación de estándares aplicables a los procesos en que los Estados adquieren, desarrollan y utilizan tecnologías con capacidades de vigilancia.  

Sobre esta necesidad de intervención concreta solicitada a la CIDH, las organizaciones expusieron diversas situaciones que demuestran el enorme riesgo que estas tecnologías conllevan en un marco de implementación sin evaluación, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la justicia.

Una de las características que convierte a las invasiones a la privacidad a través de la utilización de tecnologías de vigilancia en un particular desafío para los derechos humanos, es el hecho de que las víctimas de este tipo de acciones usualmente no tienen conocimiento de que su intimidad está siendo vulnerada, lo cual impide la protección de sus derechos humanos o el acceso a la justicia, expresaron las organizaciones. Dicha situación fue ejemplificada en el caso de México, señalando que el Estado ha aumentado su capacidad tecnológica bajo argumentos de seguridad pública, lo que ha desembocado en una vigilancia encubierta sobre la ciudadanía, que no cuenta con contrapesos institucionales ni controles democráticos. Puntualmente se destacó la implementación de Pegasus, un malware de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group, el cual, una vez instalado silenciosamente en un teléfono móvil, permite al atacante ejercer una vigilancia prácticamente absoluta del objetivo con la capacidad de  recopilar y almacenar cualquier tipo de comunicación almacenada en el dispositivo, obtener la localización geográfica del teléfono, registrar todo lo que es tecleado e, incluso, permite activar la cámara o micrófono del dispositivo sin que exista ningún indicio para el usuario.  El resultado, expresaron, ha sido la corrupción generalizada y la vigilancia ilegal sistemática en contra de la sociedad civil perpetrada por agentes del Estado de donde se vieron especialmente afectados periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. A pesar de que estos hechos fueron plenamente documentados, a más de 4 años de las primeras revelaciones y denuncias, el Estado no ha esclarecido los hechos ni garantizado el derecho a la verdad. 

Las organizaciones también expresaron que el Estado mexicano debe cumplir con los compromisos asumidos en el marco del cuarto plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que implica realizar adecuaciones en marcos regulatorios y operativos para el uso de tecnologías de intervención de comunicaciones, acceso a datos conservados y geolocalización.

Similarmente, se indicó que en Colombia el Estado también ha utilizado el argumento de la seguridad pública para justificar actividades de ciberpatrullaje, cuya actividad no encuentra base en ninguna norma de carácter legal y respecto de la cual no existe claridad sobre los parámetros de su ejecución, ni cuáles son sus controles y los mecanismos de garantía para las personas. Acorde a las organizaciones, este accionar implica una actividad de vigilancia tendiente a perfilamientos con un impacto diferenciado en los periodistas y defensores de derechos humanos que, además, genera una peligrosa categorización de información y opiniones críticas que afecta a posturas no oficiales. Se destacó que esto es especialmente preocupante dada la situación de vigilancia ilegal sistemática en el país, la cual está arraigada en prácticas de vigilancia ilegítimas e ilegales por parte de las fuerzas armadas. A ello se suma la alarma por la contratación de tecnologías de monitoreo masivo de fuentes abiertas que permiten realizar perfilamientos de personas, así como de intervención en conversaciones privadas.

Los ejemplos mencionados no son situaciones aisladas, sino que se replican a lo largo de toda la región, destacándose además las capacidades técnicas crecientes de interceptación de comunicaciones en investigaciones criminales, que se producen bajo normativa desactualizada, sin adecuada supervisión y limitación de sus fines; la retención de datos y metadatos por proveedores de servicios de internet; el despliegue masivo de televigilancia en espacios públicos sin un marco normativo adecuado; el despliegue masivo en espacios públicos de tecnologías de biometría, en especial el reconocimiento facial como mecanismo de control de la población. 

Particularmente se advirtió acerca de los riesgos de la implementación del reconocimiento facial que pueden traducirse en reconocimientos fallidos, discriminaciones arbitrarias y falsos positivos, con impactos profundos en el ejercicio de derechos. De hecho, una investigación reciente del Consorcio Al Sur identifica 38 iniciativas de uso de reconocimiento facial repartidas en 9 países latinoamericanos. En más del 60% de los casos no existe una base legal específica que avale la implementación de estas tecnologías. Al respecto se indicó que los sistemas implementados en la región ya han registrado errores que resultaron en graves consecuencias para las personas afectadas. El reconocimiento facial nos quita control sobre nuestro rostro, avalando un uso potencialmente contra nuestros propios intereses, además se trata de un dato que no es posible sustituir si se pierde el control. La posibilidad de estar bajo vigilancia constante, además, incentiva el silenciamiento y la autocensura, riesgos gravísimos para las sociedades democráticas.

Como se pudo observar a través de las diferentes exposiciones, la adquisición y uso de tecnologías por parte de los Estados es cada vez más recurrente en la región, destacando que este vacío legal está permitiendo que las capacidades de vigilancia masiva que adquieren los estados someten a la ciudadanía a una vigilancia indiscriminada, que implica una interferencia sistemática en el derecho a la intimidad y sus derechos conexos, sin contar con herramientas jurídicas de protección. 

En ese sentido, se hizo referencia a la decisión de la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH y la relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas al llamar a la moratoria del uso masivo de ciertas tecnologías, ya que cuando se utiliza para la vigilancia del espacio público y el combate del delito común erosionan la autonomía de las personas en favor de un sistema que pretende el control absoluto.

Dentro del escenario expuesto, se enfatizó que el actual contexto de la pandemia ha profundizado esta problemática, en tanto ha generado un incremento significativo del uso de las herramientas tecnológicas a la par que ha bajado el escrutinio de las mismas, presentándolas como necesarias para responder a un problema de salud pública. En ese sentido, las organizaciones se refirieron a “Estamos Vigilando”, un proyecto desarrollado en el marco de la pandemia que llevan adelante CEJIL, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Derechos Digitales, Open Knowledge Brasil y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA en El Salvador (IDHUCA), para destacar que se ha constatado que no existe información de acceso público suficiente que permita evaluar el impacto del uso de estas tecnologías con capacidades de vigilancia para generar estrategias de protección de los derechos humanos.

Por su parte, Scott Campbell de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refirió al alto nivel de vigilancia que hay sobre la ciudadanía y enunció: "El nivel sin precedente de la vigilancia de los Estados es incompatible con los derechos humanos. No tenemos conciencia sobre la cantidad de información de nuestra vida que se recolecta, usa y comparte".

Las organizaciones participantes enfatizaron que la CIDH tiene la oportunidad histórica de liderar un diálogo donde se generen directrices de debida diligencia para regular los procesos de adquisición e implementación de tecnologías con capacidades de vigilancia aplicables a toda la región como formas de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. 

Finalmente, las organizaciones participantes solicitaron a la CIDH que:

  • Se adhiera con un pronunciamiento público al llamado realizado por la Oficina de la Alta Comisionada de ONU respecto de la prohibición de tecnologías que no pueden operar sin cumplir con los estándares internacionales y el pedido de una moratoria inmediata para la venta y uso de tecnologías que conllevan un alto riesgo para los derechos humanos, hasta que se establezcan las salvaguardias adecuadas;
  • Exhorte a los Estados a garantizar que el uso de tecnologías con capacidades de vigilancia se ajuste al respeto de los derechos humanos y que cualquier injerencia en el derecho a la privacidad y otros derechos humanos esté prevista por la ley, persiga un objetivo legítimo, cumpla con los principios de necesidad y proporcionalidad.
  • Exhorte a los Estados a implementar procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos respecto de quienes diseñan, desarrollan, despliegan, venden, obtienen o explotan tecnologías con capacidad de vigilancia. Un elemento clave de la diligencia debida en materia de derechos humanos debe ser la realización de evaluaciones periódicas y exhaustivas del impacto sobre los derechos humanos.
  • Inicie un proceso regional de consulta para establecer un set de directrices interamericanas que guíen los procesos de adquisición y uso de tecnologías con capacidades de vigilancia, fundadas en los principios de legalidad, necesidad  y proporcionalidad, que debieran ser los parámetros inspiradores de las políticas de vigilancia, tanto para cuerpos de inteligencia como para cuerpos de policía, independientemente de las tecnologías utilizadas, para mantener la vigencia del respeto de los derechos reconocidos por la Convención Americana.
  • Que, respecto de México, exhorte al Estado a dar cumplimiento a los compromisos asumidos para transparentar las contrataciones de sistemas de vigilancia, llevar a cabo una investigación diligente y exhaustiva que garantice el derecho a la verdad de la sociedad y llevar a cabo las reformas necesarias para establecer controles en la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia en México y ofrecer al Estado Mexicano asistencia técnica para la implementación de dichos compromisos.
  • Que, respecto de Colombia, exhorte al Estado a cesar la vigilancia a partir del uso de tecnologías de fuentes abiertas, la categorización policial de contenidos como “falsos” y la asignación de calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan a través de internet.

 

Organizaciones firmantes y peticionarias de la audiencia: 

  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
  • Fundación Karisma de Colombia
  • Artículo 19 México y Centroamérica
  • Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)
  • Derechos Digitales 
  • Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
  • Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) 
  • Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.

 La audiencia completa se puede ver, aquí.

 

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A finales de abril y comienzos de mayo de este año, durante los días más fuertes de las manifestaciones sociales, el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares comenzaron una campaña para atacar a quienes los critican y cuestionan. Para hacer esto, se valieron de videos y publicaciones en redes sociales pero también de estrategias de ciberpatrullaje y vigilancia en línea. Estas acciones emprendidas por el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares, en las que se han invertido más de 21 mil horas, no han tenido ningún contrapeso ni control institucional, y se agrandan en medio de mentiras y de opacidad. 

El 6 de mayo, las redes sociales y la página web del Ministerio de Defensa y otras entidades adscritas amanecieron vestidas de negro. El último mensaje que aparecía en sus redes era: “Intento de bloqueo”. Parecía un ciberataque. De las 6 a las 9 de la mañana, ningún funcionario estaba autorizado para atender a periodistas ni medios de comunicación. A las 9, las redes se restablecieron y comenzó la campaña “La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad”. Se publicó un video en el que una voz en off decía “nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie”. Luego, el ministro de Defensa Diego Molano y los comandantes de todas las fuerzas militares mencionaron algunas noticias que, a su juicio, consideraron falsas y recalcaron el valor de su trabajo en la protección de los colombianos. En el video se omitió, por completo, la aclaración de que nunca hubo un ciberataque real y que todo este espectáculo hacía parte de su estrategia para llamar la atención de la ciudadanía. Esta era una campaña contra las mentiras que inició con una mentira. 

La campaña #ColombiaEsMiVerdad partió de la creación de un enemigo: los y las usuarias de redes sociales que criticaban o cuestionaban el accionar de la fuerza pública, especialmente, durante el paro nacional. Con esto, iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet. No es claro bajo qué criterios definen qué es cierto y qué no. Sin embargo, el MinDefensa anunció que entre el 28 de abril y el 27 de junio identificó 157 noticias falsas a través de acciones de ciberpatrullaje. Así lo documentamos con nuestro pódcast 'Ciberpatrullaje:el nuevo juez de la verdad'.

Desde la FLIP enviamos 12 derechos de petición a 9 entidades con el fin de conocer cómo se están realizando esos ciberpatrullajes, qué instituciones están a cargo de estas actividades y cuáles son los procedimientos de identificación de “noticias falsas”. Además, comparamos las respuestas con las que le entregaron a la Fundación Karisma, quien también está investigando este tema. Con la información que nos dieron, surgieron más preocupaciones

Primero, sabemos que se creó un PMU-Ciber conformado por: El Centro Cibernético Policial (CCP), el ColCERT (Grupo de Respuesta a emergencias cibernéticas, el MinTIC, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares (CCOC) y la Fiscalía. A la FLIP le aseguraron que son todas las entidades del PMU-Ciber las que identifican y contrastan la información falsa. Sin embargo, el MinTIC y el COLCERT le dijeron a Karisma que no realizan actividades de ciberpatrullaje ni monitoreo de la actividad de las personas en Internet.

Segundo, el Ministerio de Defensa respondió que los criterios que se utilizaron en el marco de esta campaña se guiaron por noticias previamente chequeadas por ColombiaCheck y El Detector de Mentiras de la Silla Vacía. Pero, el CCP afirmó que la información la verifican y la validan a través de labores de campo en el lugar en donde se originó el contenido.

No son claras las funciones ni responsabilidades que tiene a su cargo cada institución que hace parte del PMU-Ciber. Tampoco, qué información personal o sensible conservan y transfieren, ni cuál es el procedimiento que llevan a cabo para identificar y verificar los contenidos que terminan siendo insumo para investigaciones penales o disciplinarias. Y aquí hay otro problema, ¿qué investigaciones penales se están desarrollando con base en estos ciberpatrullajes?

Consulte aquí todos los soportes de esta investigación.

En el video de #ColombiaEsMiVedad, afirmaron que la información falsa es terrorismo digital. Pero, en el código penal no existe este delito. El Ministerio de Defensa afirmó que el CCP tiene atribuciones para indicar si “rumores a través de redes sociales que fomenten violencia o mientan sobre acciones de la fuerza pública” configuran o no terrorismo digital. Luego, también afirman que “sobre campañas de desinformación que generan una denuncia por adecuarse a tipologías penales, se le informa directamente a la Fiscalía General de la Nación”. Y la Fiscalía, por su parte, advierte que estas noticias falsas pueden configurar el delito de calumnia. 

En un contexto en el que el Ejército Nacional utiliza sus recursos para perfilar e identificar a líderes, ciudadanos y periodistas, alerta que miembros de la fuerza pública puedan recolectar y conservar datos personales sensibles de quienes consideran críticos. Sobre todo, cuando ya existe jurisprudencia nacional que reconoce que las opiniones son datos sensibles. Hay que recordar, además, que la CIDH le recomendó al Estado colombiano garantizar la no repetición de acciones de perfilamientos y esto no se está cumpliendo.

Estas acciones emprendidas desde el Ministerio de Defensa no han tenido un contrapeso institucional, real y efectivo, que ejerza veeduría, exija mecanismos de rendición de cuentas y garantice la transparencia y los derechos humanos. Al criminalizar las voces críticas se institucionaliza un discurso de estigmatización y censura arbitraria contra quienes denuncian irregularidades en las instituciones, rotulando esta información como falsa. Además, se genera un efecto inhibidor en la prensa que deja de publicar información sobre el accionar de la fuerza pública por el temor a represalias.

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La Unidad Nacional de Protección (UNP) está recolectando de manera masiva y sin autorización datos altamente sensibles de la periodista Claudia Julieta Duque y posiblemente de otros periodistas. 

El lunes 25 de octubre, la FLIP tuvo acceso a más de 25 mil registros recolectados por la UNP entre febrero y agosto del 2021 por medio del GPS instalado en el carro de protección asignado a la periodista. El monitoreo es permanente y detallado, y en ocasiones es realizado cada 15 o 30 segundos e incluye datos de los movimientos de la periodista como fecha, hora, direcciones exactas, y localización de Google Maps. Estos son datos personales y sensibles que requieren un consentimiento informado que nunca ha sido autorizado por Duque. Esta información afecta su seguridad, la de sus familiares y sus fuentes.

La información recolectada por la UNP es más de la estrictamente necesaria para proteger a sus beneficiarios. Además, no existe un documento público que informe a los protegidos de los monitoreos y la Unidad negó a la FLIP información al respecto, alegando reserva legal. Por eso, solicitamos a la entidad una respuesta pública frente a estos hechos de alta gravedad y que informe si el monitoreo se hace a todos los y las periodistas que tienen asignados vehículos como parte de su esquema de protección. De ser así, pedimos que se entregue a cada periodista la información recolectada.

También hacemos un llamado a los órganos de control para que investiguen estos hechos y la falta de transparencia por parte de la UNP sobre qué información recolecta el GPS, qué tratamiento se le da y cómo se expresa el consentimiento de las y los beneficiarios. 

En la FLIP rechazamos este nuevo episodio de monitoreo hacia Claudia Duque y respaldamos su solicitud para que se retire el GPS del vehículo o se le asigne uno nuevo.

Para conocer más pueden acceder a la carta emitida por la FLIP haciendo clic en el siguiente enlace 

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El 16 julio de 2020, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que de ser aprobado por el Senado, el Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, deberán presentar un informe para determinar si la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia fue utilizada para fines de vigilancia o inteligencia ilegal a la población civil. También tendría por objeto identificar si entre los afectados habría defensores de derechos humanos, periodistas, personal judicial y miembros de la oposición.   

Esta alerta se emitió después de que Revista Semana publicara su investigación “Carpetas secretas”, en la que denuncia las acciones de vigilancia y perfilamiento por parte del Ejército colombiano a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales e internacionales, políticos, líderes sindicales, y otros miembros de las fuerzas armadas. Luego de la denuncia pública, persisten las dudas sobre el posible uso de la asistencia internacional ofrecida por los Estados Unidos para adelantar estas labores ilegales de vigilancia.

Este tema ha despertado la preocupación de los congresistas de Estados Unidos y al menos 100 de ellos le solicitaron al Secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, que le exija al gobierno de Iván Duque que se comprometa con la implementación del Acuerdo de paz para de proteger a los defensores de derechos humanos, incluidos los periodistas. Sin embargo, hasta la fecha no hay una respuesta pública del Gobierno sobre esta petición.    

Hasta el momento el Gobierno colombiano no ha revelado los hallazgos de los procesos disciplinarios y penales que anunció en mayo de 2020 cuando se publicó la denuncia ni ha dado respuesta a los derechos de petición presentados por la FLIP y los periodistas afectados. En ese sentido, la Fundación considera indispensable y oportuno que la cooperación internacional le solicite al Gobierno de Iván Duque celeridad en los resultados de las investigaciones con el fin de proteger a los reporteros que se encuentran en riesgo por estas acciones de vigilancia. Al respecto es importante que las autoridades estadounidenses adelanten una veeduría exhaustiva de estos procesos con el fin de que los resultados permitan conocer la verdad sobre los responsables de las labores de inteligencia y cuál fue el alcance de las mismas.  

Para la FLIP es importante que este reporte contenga información detallada sobre la participación de los agentes estatales colombianos en las labores de vigilancia dirigidas a la prensa, que detalle las actividades, los objetivos y su alcance con el fin de identificar la cadena de mando involucrada en estas acciones. Adicionalmente, de acuerdo a lo planteado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el informe deberá dar cuenta del uso de recursos de asistencia al sector de seguridad para estas labores proveniente de ese país y la respuesta por parte del Departamento de Estado y la Dirección de Inteligencia Nacional frente a estas denuncias. En ese sentido, se espera que el reporte responda a las siguientes preguntas, formuladas por los reporteros afectados, al Estado colombiano: 

  • ¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar, que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país?

  • Uno de los objetivos de la inteligencia militar es proteger los derechos humanos, y prevenir y combatir amenazas internas o externas que se relacionen con la seguridad nacional. ¿Somos los periodistas y medios vigilados por el Estado, una amenaza para la seguridad nacional? ¿Con qué criterio justifican activar contra la prensa labores que están dispuestas para combatir la criminalidad?

  • ¿Quiénes eran los destinatarios y/o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos?

  • ¿Tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal? ¿Qué acciones tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización? 

La FLIP valora positivamente el compromiso de las autoridades estadounidenses por adelantar acciones de veeduría alrededor de estas denuncias que involucran a las fuerzas armadas de Colombia. Esto envía un mensaje contundente de rechazo frente a este tipo de acciones antidemocráticas y pone de manifiesto la necesidad de que haya celeridad en las investigaciones por parte del Gobierno colombiano y las autoridades judiciales. 

Para la FLIP es indispensable el esclarecimiento del alcance de estas prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia militar para evaluar el riesgo que estas representan para los periodistas. Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país.   

En este sentido, la FLIP le hace un llamado al Departamento de Estado y a la Dirección de Inteligencia Nacional para que de ser el caso publiquen sus hallazgos con el fin de que sean tenidos en cuenta en las investigaciones que el Estado colombiano está adelantando. Este insumo puede ser vital para agilizar las investigaciones disciplinarias y penales, así como las evaluaciones de riesgo a cargo de la Unidad Nacional de Protección, de manera que se adopten las medidas de seguridad necesarias para proteger a los periodistas que han sido víctimas de violaciones a la libertad de prensa por parte del Estado.

La Fundación también reitera el llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que avancen rápidamente en las investigaciones con el fin de esclarecer los hechos, determinar los niveles de responsabilidad de los agresores y asignar las sanciones correspondientes.

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3 de mayo de 2020

Ante la revelación de Revista Semana de que el Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático en el que la mayoría de sus blancos eran periodistas, nacionales e internacionales, políticos, generales, oenegés y sindicalistas –por lo menos unas 130 víctimas–, un grupo de periodistas perfilados por inteligencia militar y respaldados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifestamos nuestro rechazo. Pero más que ello tenemos preguntas, pues a pesar de la información disponible no logramos comprender el alcance de estas acciones ilegales ordenadas desde una fuerza que tiene la obligación de garantizar nuestra labor periodística, no de perseguirnos y estigmatizarnos:

  1. ¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar, que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país?

  2. Uno de los objetivos de la inteligencia militar es proteger los derechos humanos, y prevenir y combatir amenazas internas o externas que se relacionen con la seguridad nacional. ¿Somos los periodistas y medios vigilados por el Estado, una amenaza para la seguridad nacional? ¿Con qué criterio justifican activar contra la prensa labores que están dispuestas para combatir la criminalidad?

  3. ¿Quiénes eran los destinatarios y/o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos?

  4. ¿Tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal? ¿Qué acciones tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización?

Según la investigación de revista Semana, inteligencia militar ejecutó un programa de seguimiento ilegal, por ello exigimos que se le entregue toda la información captada de manera inconstitucional a cada uno de los perfilados.

Hoy 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, demandamos un pronunciamiento del gobierno del presidente Iván Duque y le recordamos las obligaciones del Estado colombiano para garantizar la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo, pilares de una sociedad democrática.

Firman

Periodistas blanco de perfilamiento militar: 

Juan Forero, The Wall Street Journal

Nicholas Casey, corresponsal de The New York Times

Yolanda Ruiz Ceballos, RCN Radio y columnista de El Espectador

María Alejandra Villamizar, Caracol Radio y Caracol TV

Daniel Coronell, Univisión

Ignacio Gómez, Noticias Uno

Dayana Rodríguez Bernal, Radio Nacional de Colombia

Equipo de Rutas del Conflicto: Óscar Parra, Lidha Beltrán Valero, Luisa María Rincón Guzmán, Paula Andrea Hernández Vargas, María del Pilar Puentes Espinosa, David Leonardo Riaño Valencia, Silvia Natalia Corredor Rodríguez, María Jimena Neira Niño, Alvaro Andrés Avendaño Alba, Juan Pablo Gómez Peña, Carol Lizeth Sánchez Fonnegra, Nicole Acuña Cepeda, Juana Teresa Callejas, Fernanda Barbosa dos Santos, Germán Alejandro Ballesteros Coral, Santiago Luque Pérez, Ricardo Sánchez Gómez, Richard Stiven Romero Trochez, Daniela Aguirre

John Otis, corresponsal de NPR y del Comité para la Protección de los Periodistas -CPJ-

Stephen Ferry, independiente

Camilo Poveda, Blu Radio

Andrés Cardona Cruz, fotorreportero, Florencia

Federico Ríos, fotoperiodista

Nicolás Bedoya, fotoperiodista

Christian Escobar Mora, fotoperiodista

Karem Racines, periodista independiente que escribe para La Liga Contra el Silencio

Ginna Morelo, La Liga Contra el Silencio

Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-

 

Esta petición la respaldan:

Jineth Bedoya Lima,  Premio Unesco Guillermo Cano 2020 y SubEditora de El Tiempo

Cecilia Orozco, Noticias Uno

Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabo

José Manuel Acevedo, Noticias RCN

Juanita León, directora de La Silla Vacía

Maria Teresa Ronderos, Junta Directiva del Comité para la Protección de Periodistas -CPJ.

Camilo Acosta, La Liga Contra el Silencio

Camilo Sánchez, La Liga Contra el Silencio

José Díaz, La Liga Contra el Silencio

Sara Castillejo, La Liga Contra el Silencio

Jeanneth Valdivieso, La Liga Contra el Silencio

Fidel Cano, director de El Espectador

Gustavo Gómez, Caracol Radio

Diana Calderón, Caracol Radio

Érika Fontalvo, directora de El Heraldo

Diana Durán, El Espectador

Néstor Morales,  Blu Radio

Camila Zuluaga, Blu Radio y Noticias Caracol

Damián Esteban Landínez Cañón, Blu Radio

Mabel Lara, Noticias Uno

Darío Fernando Patiño, periodista

Rodrigo Uprimny, columnista El Espectador

José Guarnizo, periodista independiente

Ernesto Cortés, editor general de El Tiempo

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol

Alberto Medina, subdirector de Noticias Caracol

Fernando Ramírez, editor de Noticias de La Patria

Camilo Vallejo, columnista de La Patria

Omar Rincón, crítico de tv, El Tiempo

Esperanza Rico L. directora del Sistema Informativo de RCN Radio

Francisco Leal Mateus, periodista y abogado independiente

Jairo Ernesto Tarazona, periodista de RCN Radio

Dora Montero, periodista de Noticias RCN y Presidenta de CdR

Sinar Alvarado, columnista en The New York Times 

Nathan Jaccard,  editor Latam OCCRP

Claudia Julieta Duque, Radio Nizkor

Carlos Eduardo Huertas, director Connectas

Patricia Gomez, RCN

Juan David Laverde, periodista de Noticias Caracol

Juan Diego Restrepo E., Verdad Abierta

Bibiana Ramírez, VerdadAbierta

Olga Behar, periodista independiente

Carmen Rosa Pabón, periodista Arauca

Sara Trejos, Presunto Podcast

Maru Lombardo, Presunto Podcast

Santiago Rivas, Presunto Podcast

Javier Osuna, director Fahrenheit 451

Lorenzo Morales, colaborador de La Liga Contra el Silencio y Cerosetenta

Óscar Durán, CrossmediaLab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

Juan Camilo Maldonado, Mutante

Elizabeth Otálvaro, Mutante 

Natalia Ospina, Mutante 

María Claudia Dávila, Mutante 

Luisa Rengifo, Mutante

Laura Cruz, Mutante

Juliana Castellanos, directora Unidad de Investigación Periodística del Poli

Alejandro Gómez Dugand, Cerosetenta

Natalia Arenas, Cerosetenta 

Tania Tapia, Cerosetenta 

Manuela Saldarriaga,Cerosetenta

María Fernanda Fitzgerald, Cerosetenta 

Sebastián Payán, Cerosetenta

Natalia Botero Duque, fotoperiodista

Betty Martínez, Diario del Norte y TuuPutchika en La Guajira

Jorge Cárdenas, periodista Villavicencio

Adriana Villegas, columnista de La Patria

Alejandro Samper Arango, columnista de La Patria

Martín Franco Vélez, columnista de La Patria

Fabio Posada, periodista independiente

Julián Martínez, periodista independiente

Cesar Molinares, periodista independiente 

Catalina Loboguerrero, periodista independiente

Camilo Jiménez Santofimio, periodista independiente

Óscar Sánchez, periodista independiente

Carlos Chica, defensor de audiencias del Canal Capital

Mauricio Beltrán, director de Fedemedios

Claudia Marcela Mejía, periodista independiente

María Paulina Baena, La Pulla

Patricia Nieto, periodista de Hacemos Memoria Universidad de Antioquia

Karim Ganem Maloof, El Malpensante

Maryluz Vallejo, Directo Bogotá

Belén Pardo, Vokaribe Radio 

Ivan Mercado, Vokaribe Radio 

Patricia Rendón, Vokaribe Radio 

Walter Hernández, Vokaribe Radio 

Alfredo González, Vokaribe Radio

Octavio González, Vokaribe Radio

Equipo editorial Actualidad Panamericana

PACIFISTA!

La Cola de Rata

Carolina Guerrero, Radio Ambulante 

Daniel Alarcón, Radio Ambulante 

David Trujillo, Radio Ambulante

Camila Segura, Radio Ambulante

Laura Rojas Aponte, Radio Ambulante

Constanza Bruno, periodista independiente

Fernanda Pineda, fotorreportera

Natalia Guerrero Ulloa, periodista independiente

Santiago Wills, periodista independiente

Andrea Aldana, periodista de El Poder en Semana TV / Investigadora Fundación Paz y Reconciliación Colombia

Paula Thomas, Reojo colectivo

Charlie Cordero, Reojo colectivo 

Santiago Mesa, Reojo colectivo 

Andrés Buitrago, Reojo colectivo 

Gerald Bermúdez, periodista y fotorreportero freelance

Andrés Páramo, periodista independiente

Diego Alarcón, periodista independiente

Laila Abu Shihab Vergara, periodista independiente

Carlos Cortés Castillo, La Mesa de Centro

MaryLuz Avendaño, periodista independiente

César Rojas Ángel, periodista independiente

Gloria Castrillón, Colombia 2020 de El Espectador

Natalia Herrera, Colombia 2020 de El Espectador 

Laura Dulce Romero, Colombia 2020 de El Espectador 

Beatriz Valdes, Colombia 2020 de El Espectador 

Nicolás Sánchez, Colombia 2020 de El Espectador 

Sebastián Forero, Colombia 2020 de El Espectador 

Carolina Ávila, Colombia 2020 de El Espectador 

Edinson Bolaños, Colombia 2020 de El Espectador

Valentina Parada, Colombia 2020 de El Espectador

Ramiro Bejarano Guzmán, columnista de El Espectador

Alexánder Marín, editor sección Bogotá, El Espectador

Sergio Silva, El Espectador

Alejandra Bonilla Mora, El Espectador

David Tarazona, Cuestión Pública 

Diana Salinas, Cuestión Pública 

Claudia Báez, Cuestión Pública

Mariana Escobar Roldán, periodista independiente

Natalia Arbeláez, La Silla Vacía

Laura Ardila, La Silla Vacía

Blanca Berrío, periodista de Zenú Radio

Angélica Cuevas, periodista independiente

Tatiana Pardo, periodista independiente

Andrés Bermúdez, periodista independiente

Alejandro Pino, director editorial de Publimetro

German Calvo, Cuarto de Hora

Cindy Morales, periodista

Rafael Quintero, editor de datos de El Tiempo

Julio César Guzmán, editor de El Tiempo

Carlos Solano, director de la Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo

Juan David López, periodista de El Tiempo

Ricardo Galán, director de Libreta de Apuntes

José Marulanda, periodista de Unicauca Estéreo

José Gabriel Celis, Rotonda Deportiva

Felipe Restrepo Pombo, escritor, editor y periodista

Sandra Castro, Red de Medios Alternativos y Populares

Jorge Luis Galeano Bolaños, director de Hechoencali.com

Laura Sofía Mejía, directora y cofundadora de Baudó Agencia Pública

Victor Hugo Soto Galeano, fotoperiodista y cofundador de Baudó Agencia Pública

Angie Salazar Marmolejo, Comunicación externa y digital de Baudó Agencia Pública

Mateo Medina Abad, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Javeriana

Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario

Beatriz Elena Marín Ochoa, presidenta de la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación -Acicom-

Red de Corresponsales de la FLIP: Javier Jules (Bogotá), Sonia Godoy (Cauca), Orlado Cetina (Huila y Amazonas), Luis Oñate (Magdalena), Germán Arenas (Putumayo), Carmen Rosa Pabón (Arauca), Jorge Cárdenas (Meta), Betty Martínez (La Guajira), César Pizarro (San Andrés), Ángel Romero (Norte de Santander), Ricardo Cipagauta (Boyacá), Juan Pablo Sánchez (Caquetá), Ana María Saavedra (Valle del Cauca), Máryuri Trujillo (Tolima), Yeison Rojas (Urabá Antioqueño), Félix Quintero (Santander).

Miguel Orlando Alguero, La Patria

Blanca Eugenia Giraldo, La Patria

Julián Guerrero, Revista Cartel Urbano

Alejandro Villegas Oyola, RCN Radio

Angélica Latorre Coronado, periodista independiente

Diego Delgado, coordinador de Documental Amarillo

Carol Valencia, Consejo de Redacción (CdR)

Diana Carolina Ampudia Castillo, Red+ Noticias

Santiago Restrepo, ingeniero aeronáutico e investigador independiente

Priyanka Arias, SOS Mamá (Encuentroradio.co) 

Valeria Murcia, El Colombiano

Luis Carlos Vélez, periodista 

Luz María Tobón Vallejo, periódico El Mundo

Luis Carlos Gómez, editor general de Colprensa

José Luis Peñarredonda, periodista independiente

Paula Pinzón, periodista independiente

David Pereañez, periodista independiente

María Isabel Moreno, periodista independiente

Edison Henao, periodista independiente

Miren Vitore Magyaroff, Publimetro

Jénnifer Mejía, periodista independiente

Valentina Arango, periodista independiente

Laura Castrillón, periodista independiente

Gonzalo Guillén, La Nueva Prensa

Diana López zuleta, La Nueva Prensa

Julián F. Martínez, La Nueva Prensa

Daniel Mendoza Leal, La Nueva Prensa

Juan Trujillo, La Nueva Prensa

Jorge A. Sánchez Vargas, periodista independiente

Wílver Raíllo Pitalúa, director programa radial Ciudad Global

Jamie Paola López Albarracín, estudiante de último semestre de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario.

Fátima Martínez, profesora de Periodismo del Programa de Periodismo de la Universidad del Rosario y directora del medio digital universitario de la facultad PlazaCapital.co

Red Colombiana de Periodismo Universitario y sus medios integrantes: Datéate al minuto, Tinta Negra (Uniminuto Bogotá), Unimedios (Universidad Santiago de Cali), Un Pretexto (Universidad de Boyacá), Norte Urbano (Uniminuto Bello), Ciudad Vaga (Universidad del Valle), En Primera Persona (Universidad Católica de Pereira), Periódico 15 (Universidad Autónoma de Bucaramanga), Entre Nos, El Anzuelo Medios (Universidad de Ibagué), Contexto (Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín), De la Urbe (Universidad de Antioquia), Sextante (Universidad Católica Luis Amigó), Unisabana Medios (Universidad de La Sabana), Bitácora, Nexos (Universidad EAFIT), Página, UniDiario, La UM Central (Universidad de Manizales), Unicomedio, Unicomfacauca Radio (Unicomfacauca), CrossmediaLab (Universidad Jorge Tadeo Lozano – Bogotá), Conexión Lasallista (Corporación Universitaria Lasallista), Ágora, Miradas y Voces (Universidad de Pamplona), Plataforma, Estación V (Universidad Pontificia Bolivariana – Bucaramanga), Universidad Tecnológica de Pereira

 

Periodistas internacionales:

Mónica González, periodista independiente,  Chile

Peter Limbourg, director general de la Deutsche Welle

Carsten von Nahmen, director de la Deutsche Welle Akademie

Rodrigo Villarzú, director DW Akademie América Latina

Fabiola Gutiérrez, La Pública, Bolivia

Marcela Turati, periodista independiente, México

Miguel Dimayuga, fotorreportero revista Proceso,  México

Lise Josefsen Hermann, periodista freelance, Ecuador, Dinamarca

Raul Romero fotorreportero, Venezuela

Nicola Frioli, fotógrafo, Italia

Sara Aliaga T., fotorreportero, Bolivia

Román Camacho, fotoperiodista, Venezuela

Desirée Esquivel, periodista en Ciencia del Sur,  Paraguay

Isabela Ponce, GK, Ecuador

Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, Venezuela

Fabiola Torres, Salud con Lupa, Perú

Thelma Gómez, periodista independiente, México

Francesco Manetto, El País de España

Catalina Oquendo, El País de España

Santiago Torrado, El País de España

Pere Ortín, periodista y documentalista, director Altair Magazine, España

Paulette Desormeaux, periodista independiente, Chile

Diego Salazar, periodista independiente, Perú

Periodistas Sin Cadenas, Ecuador

La Barra Espaciadora, Ecuador

Martha Pskowski, editora de Latin America News Dispatch con sede en Nueva York

Liza López, directora de Historias que laten, Venezuela

Jonathan Gutiérrez, editor de Historias que laten, Venezuela

María Fernanda Rodríguez, corresponsal de El Pitazo y de IPYS Venezuela

Rafael Sulbarán, periodista independiente de Venezuela

APIC, Asociación de Prensa Internacional en Colombia

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