Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Logo Flip

 
  • Los periodistas cubrían las manifestaciones de la comunidad campesina en el sur del Meta.

  • Tres comunicadores fueron agredidos con armas del Ejército y la Policía.

  • Las autoridades no han anunciado investigaciones para sancionar a los responsables. 

 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza de manera contundente los ataques denunciados por los comunicadores de Voces del Guayabero por parte de miembros de la fuerza pública. La FLIP le solicita a la Policía y al Ejército Nacional que se pronuncien sobre estos hechos para que la sociedad civil pueda conocer las investigaciones en el interior de las instituciones. 

Miembros del Ejército confirmaron que hasta el momento solo se han hecho unas averiguaciones iniciales sobre los sucedido. La falta de transparencia frente a estas investigaciones puede ser entendida por otros uniformados como un mensaje de tolerancia ante futuras situaciones de violencia contra la prensa. Esto fortalece los índices de impunidad en los procesos penales y disciplinarios. 

Durante los primeros días de junio tres periodistas del colectivo de comunicaciones Voces del Guayabero fueron agredidos por miembros de la fuerza pública mientras cubrían las protestas que adelantaba la comunidad campesina de la región del Guayabero en el sur del Meta. Los reporteros denuncian que fueron impactados por proyectiles que fueron disparados por miembros del Ejército y la Policía Nacional. Sin embargo, las autoridades no han anunciado investigaciones para sancionar a los responsables.

Desde el 20 de mayo los miembros de Voces del Guayabero se encontraban cubriendo los operativos de erradicación forzada que realiza la fuerza pública en la región del río Guayabero, ubicada entre los departamentos de Meta y Guaviare. Días después,  el 4 de junio, los periodistas Edilson Álvarez, María Alejandra Lamprea y Fernando Osorio tomaron sus cámaras, se vistieron con su chaleco de prensa con logo del medio Voces del Guayabero y salieron a cubrir la manifestación que adelantaba la comunidad campesina en la vereda Tercer Milenio, en el municipio de Vistahermosa, Meta. 

Los comunicadores le relataron a la FLIP que, en medio de la arremetida del Ejército contra la comunidad, ellos se dispersaron por la zona para hacer su cubrimiento informativo y se volvieron a encontrar tiempo después para darse cuenta de que Osorio había recibido dos impactos de fusil provenientes de miembros del Ejército Nacional. “El primer impacto me dio en la mano derecha y me destrozó tres dedos, el segundo dio en la maleta y me atravesó la cámara. En ese momento me lancé a un caño para protegerme. A ellos no les importó que llevara mi chaleco de prensa”, relata Osorio, quien agrega que identificó que los disparos provenían de militares. El reportero fue atendido de inmediato por enfermeros de la misma comunidad, pero hasta el momento no ha podido acceder a un servicio de salud que le permita la reconstrucción de su mano.

En ese momento Álvarez se acercó también a sus compañeros y les informó de un fuerte dolor, producto de los impactos de balas de goma que le habían lanzado agentes del ESMAD a menos de 25 metros de distancia, según relata el comunicador. Cuando hicieron la revisión de los disparos en el cuerpo del reportero, fue posible identificar que tenía tres hematomas en su espalda. 

Once días después se presentó otra situación de violencia contra el colectivo de comunicaciones. El 15 de junio agentes de la Policía agredieron a la reportera María Alejandra Lamprea durante su trabajo informativo: “Estaba a unos cuarenta metros del ESMAD cubriendo, cuando de pronto sentí un golpe en uno de mis glúteos. Me pegaron con un corcho y también me reventaron uno de mis dedos. Aún me molesta un poco para caminar”, asegura la comunicadora. 

“A los de las cámaras hay que darles más duro”

Osorio y Álvarez aseguran que los ataques físicos se presentaron luego de que, durante varios días, los miembros de la fuerza pública los amenazaran y los estigmatizaran: “Uno los escuchaba decir que a los de las cámaras había que darle más duro”, relata Álvarez. “Varias veces escuché cómo nos señalaban de ser guerrilleros”, afirma Osorio. Los ataques dirigidos contra los comunicadores y sus dispositivos periodísticos se presentaron luego de que el equipo de Voces del Guayabero registrara las acciones violentas de los uniformados contra la comunidad.  

Al respecto, Alex Ruíz, vocero de las comunidades de la región del Guayabero, sostiene que los comunicadores de Voces del Guayabero tienen cientos de videos donde se denuncian estas violaciones a los derechos humanos durante el desarrollo de los operativos de erradicación en la zona. Sin embargo, Ruiz sostiene que, debido a las dificultades para el acceso a internet, este material no se ha podido publicar a través de las páginas del medio: “para tener una buena conexión hay que viajar al menos tres horas desde el lugar donde estamos cubriendo”, relata Ruiz. Por esta razón, los videos se han difundido por WhatsApp y a través de las redes de otras organizaciones defensoras de derechos humanos. 

En este contexto nació Voces del Guayabero con el fin de informar sobre las dificultades que enfrentan 80 comunidades campesinas de esta región del país para hacerle frente a la escasa oferta mediática del sur del Meta y el norte del Guaviare. Según el proyecto de Cartografías de la Información, en los municipios de Vistahermosa, La Macarena y Puerto Rico en el Meta, que hacen parte del sector del Guayabero, los únicos medios que existen son las emisoras de la fuerza pública, que difunden información con un interés institucional. Adicionalmente, Cartografías de la Información también alerta sobre la limitación para el acceso a internet en departamentos como Guaviare, esto se convierte en un inconveniente para el desarrollo de proyectos informativos digitales como Voces del Guayabero. 

La FLIP expresa su preocupación por los ataques y los señalamientos emitidos por miembros de la fuerza pública en contra de los comunicadores de Voces del Guayabero, a quienes se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques a su integridad y a sus dispositivos periodísticos. En ese sentido, la Fundación le hace un llamado a la Policía y al Ejército para sancionar a los responsables y se impartan instrucciones precisas a los uniformados de ambas instituciones dirigidas al cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa y conciban la presencia de equipos periodísticos como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que establezca un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de estas situaciones de violencia contra la labor periodística. 



Published in Pronunciamientos
  •  Tres periodistas gráficos fueron detenidos por más de 24 horas.

  • Los tres se identificaron como prensa antes de ser agredidos e intimidados.
  • La FLIP hace un llamado a la Procuraduría para que investigue a los uniformados y demás funcionarios que participaron en la violación al debido proceso.

 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las situaciones de violencia contra la prensa que se presentaron durante la detención de los reporteros gráficos que cubrían las manifestaciones en Medellín el pasado lunes 15 de junio. La FLIP le solicita a las autoridades que investiguen los hechos para sancionar a los funcionarios responsables de estas situaciones. 

El pasado 16 de junio los periodistas Harrison Agudelo, Juan Carlos Londoño y Juan Pablo Herrera fueron dejados en libertad después de estar detenidos por más de 24 horas sin que se definiera su situación jurídica. La FLIP se contactó con ellos y relataron los abusos policiales de los que fueron víctimas mientras cubrían las manifestaciones y durante el tiempo de reclusión en la Fiscalía General de la Nación.

Agudelo comenta que mientras registraba los operativos de la fuerza pública durante la manifestación, un carabinero se le acercó y lo golpeó con el bastón de mando. A pesar de que el reportero se identificó como prensa el policía reaccionó de manera agresiva, lo intimidó e insultó. Agudelo comenta que decidió salir de ese lugar y más adelante se encontró con varios policías motorizados que lo detuvieron a él y a un manifestante. Además, afirma que estaba debidamente identificado y aun así la policía continuó con la persecución hasta capturarlo.

Por su parte, Juan Carlos Londoño asegura que también fue abordado por un grupo de policías en moto y un carabinero. Según su testimonio, en ese momento tomó su cámara y su carné, levantó la mano y se identificó como prensa. Sin embargo, los policías actuaron violentamente halándole el pelo y lanzándolo al suelo hasta llevarlo a un vehículo en el que después lo trasladaron en compañía de los demás manifestantes detenidos.

Los relatos de los reporteros gráficos coinciden en que certificaron su calidad de periodistas mostrando sus equipos y sus credenciales de prensa al momento de recibir las agresiones. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar los ataques por parte de los uniformados.

En conversación con los reporteros, la FLIP tuvo conocimiento de que durante la detención se presentaron malos tratos, físicos y psicológicos, y no hubo acciones preventivas ni medidas de bioseguridad para mitigar los riesgos de la emergencia sanitaria durante la detención. Igualmente, manifestaron inconformidad por las amenazas provenientes de algunos miembros de la Policía. 

Los reporteros gráficos estuvieron detenidos durante más de 24 horas en las que se les violaron sus derechos al debido proceso. Además de que los mantuvieron incomunicados durante el tiempo de detención sin que hubiese de por medio un proceso judicial, los periodistas no tuvieron acceso a una legítima defensa.  

La FLIP rechaza esta situación de violencia contra la prensa y contra el debido proceso de los reporteros que fueron detenidos ilegalmente. También, reitera la solicitud a la Policía Nacional para que inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones violentas.

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policivos sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Por otro lado, la Fundación le hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue a los responsables de la detención arbitraria y a quienes participaron en la violación al debido proceso de los periodistas agredidos. 

 

 

 

Published in Pronunciamientos
  • La FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica de los tres reporteros.

  • Ayer, los tres reporteros se encontraban cubriendo las manifestaciones en el centro de Medellín.

  • Esta detención arbitraria constituye una violación a la libertad de prensa.

Un grupo de aproximadamente trece reporteros gráficos fue agredido mientras cubría las manifestaciones del 15 de junio en Medellín. La FLIP rechaza esta detención, les solicita a las autoridades que investiguen las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional responsables de estas violaciones a la libertad de prensa, y demanda que se tomen las acciones necesarias para garantizar el ejercicio periodístico.

Los reporteros pertenecen a los colectivos Periferia Prensa, AquiNoticias, Ab_zurdo Colectivo, entre otros. Ayer, al mediodía, cuando estaban cubriendo la movilización que se había citado en el centro de Medellín, miembros de la Policía Nacional agredieron físicamente a ocho de ellos, impartieron lesiones en sus cuerpos y dañaron algunos de sus equipos periodísticos como cámaras y celulares. Uno de los afectados tiene una fractura en un antebrazo y el resto presenta hematomas. Después de agredirlos, la Policía detuvo a siete de los reporteros y los trasladó a diferentes estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata. 

Horas después, cuatro de los reporteros fueron dejados en libertad y los tres restantes: Harrison Agudelo, Juan Carlos Londoño y Juan Pablo Herrera fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Medellín para iniciar el proceso de judicialización. Sin embargo, y aun cuando ya han pasado más de 24 horas, los comunicadores continúan detenidos y no se les ha definido su situación jurídica. 

La Fundación se comunicó con el General Eliécer Camacho, comandante del departamento de Policía del Valle de Aburrá, quien aseguró que iba a tomar las acciones necesarias para revisar la situación. Al momento de esta publicación, la FLIP no ha recibido una respuesta oficial. 

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica de los tres reporteros con el fin de garantizar su derecho al debido proceso. También rechaza las acciones de la Policía Nacional y le solicita que se inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje errado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones. 

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policivos sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

A partir de su condición como funcionarios del Estado, los miembros de la Policía Nacional tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que realizan cubrimiento de movilizaciones sociales, ya que son un tema de interés general.

Por último, La FLIP extiende su llamado a la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Daniel Quintero Calle, para que tome los correctivos y adelante las acciones necesarias que garanticen la labor periodística en Medellín. En ese sentido, la Fundación también le solicita a la Procuraduría General de la Nación que inicie las investigaciones disciplinarias para sancionar a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa. 

Published in Pronunciamientos

La FLIP reitera su preocupación por los ataques a la prensa durante el cubrimiento del Paro Nacional. En lo corrido del año la Fundación ha registrado siete ataques que han afectado a doce periodistas:

  • En tres situaciones los responsables de las agresiones fueron miembros de la Fuerza Pública.

  • En dos más el autor fue un particular.

  • En otros dos episodios se desconoce al agresor.

Estos son los casos

El pasado 21 de enero, Nikolai Pinilla, periodista de la emisora Radio Rumbo 107.4, fue agredido por cerca de diez miembros de la Policía Nacional mientras cubría las manifestaciones sobre la Avenida de Las Américas en Bogotá. El periodista sufrió heridas en sus manos, nariz y cabeza. Los médicos le ordenaron tres días de incapacidad. El reportero explica que escuchó cuando uno de los policías que estaba en el operativo aseguró que no quería dejar ninguna evidencia. Luego de esto, varios uniformados lo agredieron e intentaron quitarle la cámara con la que estaba haciendo el cubrimiento periodístico.

En el mismo punto de la ciudad, un periodista del medio de comunicación Colombia Informa fue víctima de una agresión física por parte de un policía mientras cubría las movilizaciones. A pesar de que el reportero se encontraba identificado con su chaleco y su credencial de prensa, uno de los uniformados se le acercó a exigirle que se retirara del lugar. El policía empujó al comunicador con su escudo, le pegó con el bolillo a la altura de las costillas y lo amenazó con detenerlo y decomisar el material periodístico si no se retiraba de inmediato.

En otro lugar de Bogotá, sobre la carrera 30, miembros del equipo periodístico de Contravía tuvieron que abandonar el cubrimiento de la manifestación después de que un grupo del ESMAD lanzara un gas lacrimógeno hacia el área desde donde estaban haciendo el registro periodístico. 

Durante las recientes jornadas, la prensa también recibió ataques por parte de manifestantes y personas encapuchadas que agredieron físicamente a los reporteros y obstruyeron su trabajo. 

El pasado 16 de enero, un grupo de manifestantes que cubría las protestas sobre la carrera 30 a la altura de la calle 45 golpeó en el estómago a un reportero de Noticias Caracol y dañó el lente de su cámara con pintura. Los manifestantes, además, amenazaron con seguir agrediéndolos si continuaban registrando lo sucedido. Los periodistas del canal tuvieron que abandonar el cubrimiento. 

El 21 de enero, tres periodistas de medios nacionales en Medellín fueron intimidados por un grupo de manifestantes mientras cubrían la jornada de protestas sobre la avenida Ferrocarril. Los reporteros manifiestan que fueron detenidos por un hombre quien les solicitó identificación y les exigió que se retiraran del lugar, amenazándolos con agredirlos si continuaban grabando. Solamente uno de los afectados permaneció en el cubrimiento.

La FLIP reitera su preocupación por los ataques que se vienen presentando en las manifestaciones del Paro Nacional y le hace un llamado a la Policía Nacional para que sea garante de la labor periodística e investigue disciplinariamente a los uniformados responsables de las agresiones a la prensa. 

La Fundación le solicita a la Personería y a la Defensoría del Pueblo que acompañen y brinden la atención necesaria para garantizar el cubrimiento periodístico en este tipo de escenarios.   

La FLIP también acude a los manifestantes para que no obstruyan la labor periodística. En medio de las deliberaciones sobre temas de interés general, es indispensable que la prensa cuente con suficientes garantías para cubrir expresiones democráticas como la protesta.   

Published in Pronunciamientos

La Policía Nacional está llamada a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta social, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, acciones recientes de funcionarios de la Policía están dirigidas a intimidar y obstruir el ejercicio de los periodistas, incumpliendo con el deber de promover el ejercicio de estos derechos y de ser tolerantes con la crítica.

En la mañana del 19 de noviembre, integrantes de la Policía Nacional llegaron a la sede del medio de comunicación digital Cartel Urbano en Bogotá y allanaron sus oficinas. Desde el punto de vista de la FLIP, la justificación para el allanamiento fue insuficiente, el procedimiento no se realizó bajo las garantías de ley y se realizaron acciones que violaron la reserva del archivo y la fuente periodística.

Según contó Cartel Urbano a la FLIP, la Policía adelantó esta diligencia a partir de una decisión de la Fiscalía basada en la denuncia de un informante anónimo. En videos publicados por el medio, se muestra que la Policía iba en búsqueda de explosivos y material impreso relacionado con el paro del 21 de noviembre que, según los uniformados, incitaba a la violencia. Después de aproximadamente tres horas de allanamiento, la Policía no encontró nada en la sede del medio. Otros medios reportaron allanamientos a colectivos artísticos esa misma mañana.

La FLIP recuerda que los estándares interamericanos sobre libertad de expresión fijan una vara muy alta en lo que respecta a la “incitación a la violencia”. Según dichos estándares, se requiere una prueba actual, cierta, objetiva y contundente de que se tiene la clara intención y capacidad de promover la violencia y que no se busca simplemente emitir una información u opinión, por más chocante o molesta que sea.

En otro hecho que tiene como finalidad censurar, la Policía Nacional solicitó al medio digital Cerosetenta que eliminara de su sitio web un manual de autoprotección contra el ESMAD en el marco de la protesta social. En su solicitud se hacía referencia, también, a que el contenido incitaba a la violencia y se argumentó que se publicaron cifras no oficiales y que se calumniaba a la institución.

Estos hechos se enmarcan en antecedentes de graves agresiones contra la prensa por parte de miembros de la fuerza pública durante el cubrimiento de manifestaciones. Este año la FLIP ha registrado nueve ataques a periodistas provenientes de integrantes de la Policía. De este total, cinco casos fueron agresiones físicas, tres obstrucciones al trabajo periodístico y una exclusión. Con frecuencia estos ataques ocurren luego de que los comunicadores habían registrado abusos de autoridad por parte del ESMAD contra manifestantes. En ocasiones, los uniformados intimidan a los periodistas para que eliminen el material periodístico. Uno de los casos más graves sucedió el pasado 31 de octubre, cuando el fotógrafo independiente Chris Horn tuviera graves lesiones en un ojo como consecuencia de ataques por parte de miembros del ESMAD.

Todas estas agresiones, crean un ambiente de miedo y censura entre los medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público.

La Fundación para la Libertad de Prensa solicitó una reunión con la representantes de Policía Derechos Humanos, ESMAD, Inteligencia y comandantes de fuerza disponible. Resulta prioritario que la Policía Nacional se comprometa en garantizar la libertad de expresión y el cubrimiento periodístico en torno a las protestas del 21 de noviembre.

La revista Cartel Urbano emitió un comunicado, leálo completo aquí.

Published in Pronunciamientos

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las agresiones a periodistas que se registraron durante la última jornada de manifestaciones estudiantiles en Bogotá, el 13 de diciembre de 2018. Varios periodistas resultaron agredidos en medio de los enfrentamientos entre el ESMAD y algunos manifestantes.

El 13 de diciembre, el fotoperiodista independiente Nelson Cárdenas fue agredido por integrantes del ESMAD durante el cubrimiento de las protestas sociales en Bogotá. Cárdenas manifiesta que, mientras realizaba el cubrimiento de la movilización, sobre la Avenida Caracas con carrera 39, un agente del ESMAD se acercó y de manera violenta intentó quitarle la cámara fotográfica con la que estaba registrando la detención de uno de los jóvenes que participaba en la marcha. Ante la resistencia del reportero, el agente del ESMAD lo arrojó al suelo y empezó a patearlo, mientras otro miembro del escuadrón le quitaba las gafas. Cárdenas asegura que en repetidas ocasiones alertó a los miembros de la Policía Nacional sobre su condición de periodista independiente y que estaba realizando una labor periodística en medio de las manifestaciones. El reportero manifesta que entre la agresión y la revisión de sus pertenencias por parte de miembros del ESMAD, pasaron alrededor de 20 minutos.

El periodista independiente Kevin Molano también manifiesta que fue agredido por integrantes de la Policía Nacional en medio de los disturbios. El reportero asegura que dos Policías en una moto se acercaron a él, le quitaron la máscara antigases, que usaba por protección, e intentaron arrebatarle la cámara, mientras que alrededor de seis policías lo golpeaban. El periodista afirma que estaba identificado como prensa y que en todo momento se los hizo saber a lo uniformados.

Por otra parte, la periodista de Caracol Radio Valentina Pérez fue víctima de un artefacto que le golpeó fuertemente la cabeza. La periodista estaba cubriendo la movilización sobre la Avenida Caracas con Calle 38, cuando, en medio de los disturbios que se presentaron entre algunos manifestantes y el ESMAD, sintió que algo le golpeó la cabeza y notó un polvo blanco en su chaqueta. La reportera abandonó inmediatamente la movilización y se dirigió a un centro médico, donde le dijeron que tenia una inflamación en la parte inferior izquierda de la cabeza y le dieron tres días de incapacidad.

La FLIP rechaza enérgicamente las agresiones contra periodistas y las obstrucciones a su trabajo periodístico.

 

Adicionalmente, la FLIP le solicitará a la Policía Nacional que se inicie una investigación disciplinaria a los agentes del ESMAD responsables de las agresiones y hace un llamado a la institución para que tome los correctivos necesarios con el fin de que estos hechos de violencia contra la prensa no se vuelva a presentar.

Published in Pronunciamientos

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condena las agresiones de la Policía Nacional a los periodistas Ernesto Mercado de RT Ruptly.tv, César Melgarejo de El Tiempo, Daniel Garzón y John Hamon, periodistas independientes y a un reportero gráfico de Revista Semana que prefirió mantenerse en el anonimato.

El 13 de septiembre los reporteros se trasladaron a la sede principal de la Universidad Pedagógica en Bogotá para cubrir manifestaciones estudiantiles. Hacia el mediodía empezaron los enfrentamientos entre estudiantes y miembros de la Policía.

En ese momento, el grupo de periodistas se acercó a registrar con sus cámaras las detenciones y los uniformados obstruyeron la labor periodística con sus escudos y arrinconaron a los reporteros contra el muro de un parqueadero. En medio de la agresión, los Policías empujaron al reportero de Revista Semana, lo lesionaron en una de sus rodillas y un dedo de la mano y le rompieron el pantalón. Según conoció la FLIP, la agresión más grave la recibió César Melgarejo, reportero de El Tiempo, quien fue golpeado brutalmente en la espalda por uno de los uniformados con su bastón de mando.

Adicionalmente, los reporteros aseguran que durante la agresión los oficiales de Policía se dirigían a ellos en tono burlesco para provocarlos: “El Policía que agredió al periodista de El Tiempo me hablaba con burla y se reía de nosotros mientras me mandaba besos y me hacía señas de que me iba a agredir con el bastón de mando”, afirmó John Hamon, reportero gráfico de Actualidad RT.

La FLIP le exige a la Policía Nacional apartar inmediatamente a estos funcionarios de sus cargos y suspender al oficial a cargo del operativo. La impunidad en este caso envía un mensaje equivocado a los demás miembros de la Policía sobre la falta de consecuencias que trae violar el derecho de los ciudadanos a informar y ser informados.

Los funcionarios violaron además el mismo Código de Policía que establece que “cualquier ciudadano puede grabar los procedimientos policivos sin que nadie pueda impedirlo”. En reiteradas ocasiones la FLIP ha denunciado que integrantes del ESMAD han atacado a ciudadanos y periodistas por el hecho de estar documentando protestas sociales con cámaras de video o con sus móviles. La opacidad en los procedimientos policivos es incompatible con los valores democráticos de respeto a las libertades civiles.

Durante 2017 y lo corrido de 2018, la Fundación ha registrado 46 ataques contra la prensa por parte de integrantes de la Fuerza Pública, de los cuales 33 de ellos se han presentado en contextos de manifestaciones sociales, operativos e incautaciones.  

En el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno colombiano instruir a los integrantes de la fuerza pública en estándares sobre libertad de expresión. A partir de 2013 la FLIP con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Comunicación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inició un trabajo de colaboración con la Policía Nacional para contribuir en este proceso con el fin de capacitar uniformados para disminuir las agresiones contra la prensa.

Como parte de ese trabajo, la FLIP está apoyando a la UNESCO en la creación de un curso  de libertad de expresión para cientos de integrantes del cuerpo de Policía de Colombia y otros países de Latinoamérica.

Sin embargo, como consecuencia de los hechos del día de ayer, la FLIP ha decidido suspender su acompañamiento a la Policía Nacional en materia de capacitación a policías hasta tanto no haya un pronunciamiento público que anuncie las medidas sancionatorias por estos hechos y reafirme el alcance de su compromiso con la libertad de prensa. No resulta consecuente que una entidad pública, que busca ser ejemplo regional en materia de respeto a la prensa, permita que su cuerpo antidisturbios agreda de manera colectiva y violenta a un grupo de periodistas y que esto no tenga ninguna sanción.

 

Published in Pronunciamientos

El juzgado 17 administrativo de Medellín declaró al Estado responsable por el incumplimiento de la obligación de seguridad y protección del derecho a la vida del periodista y líder de oposición, Edison Alberto Molina Carmona, asesinado el 11 de septiembre de 2013, en Puerto Berrio, Antioquia. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reconoce este fallo como un importante paso hacia una mayor garantía de la seguridad para la prensa en Colombia.

En dicha sentencia se reconoce que Molina ejercía actividades periodísticas y que, como consecuencia de su labor y de su rol como líder de oposición, habría sido objeto de amenazas que no fueron atendidas por el Estado de forma oportuna, y en particular por la Policía Nacional al ejecutar tardía y deficientemente su labor de protección.

Según la sentencia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional son responsables no solo por el “conocimiento que se tenía del peligro latente sobre la vida del señor MOLINA CARMONA, sino porque existía de un lado solicitud de protección de parte de autoridades en favor del denunciante, y en el caso de la Fiscalía General, porque a pesar que pidió medidas preventivas a la Policía, desconoció por otro lado el deber constitucional y legal, que sobre el particular le asistía".

Como consecuencia de ello, el juez ordenó reparar económicamente a la familia del periodista, representada por la FLIP,  y realizar una ceremonia pública en Puerto Berrío en la que se ofrezcan disculpas a los familiares y la sociedad y que se realice un taller de derechos humanos, con énfasis en libertad de expresión y garantías de la oposición, entre otros temas, en ese mismo municipio.

La FLIP reconoce esta sentencia como un precedente importante para la protección y seguridad del periodismo en Colombia, pues se refiere a la obligación del Estado de prestar protección oportuna y efectiva a los periodistas en riesgo. Adicionalmente, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con mayor diligencia frente a este caso, pues no cuenta con ningún avance y está en completa impunidad.

 

Published in Pronunciamientos

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los señalamientos que emitió un teniente de la Policía en contra de la emisora Manantial Stereo 98.2 de Convención, Norte de Santander.

Ayer, sábado 14 de abril, el gerente de la emisora Manantial recibió constantes llamadas y mensajes por Whatsapp por parte de miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL) obligándolo a leer al aire dos comunicados. Debido a las presiones, el director de la emisora decidió leerlos haciendo énfasis en que el grupo ilegal los había obligado. En los dos documentos se habla de un paro armado y se hacen algunas consideraciones por los conflictos entre el ELN y el EPL. 

Además de este medio, otras emisoras de municipios del Catatumbo también se vieron obligadas a leer los comunicados. Otros medios de la región pueden estar en las mismas condiciones de Manantial Stereo.

El director de la emisora  informó a la FLIP que, después de que se leyeran los comunicados, el teniente Quintero -comandante de estación de Convención- lo llamó y le reclamó por lo sucedido. Según el periodista, el teniente le dijo que la emisora estaba haciendo apología a la guerrilla y que eran facilitadores de los grupos armados. Adicionalmente, le reclamó porque, según él, la emisora cerraba las puertas a la Policía pero las abría al delito. 

La FLIP rechaza estos hechos y condena los señalamientos del teniente Quintero. Acusar a un medio de tener vínculos con organizaciones criminales puede generarle riesgos al equipo periodístico. Esto en especial en una región como el Catatumbo, que se ha caracterizado por no tener garantías para el ejercicio periodístico. 

A pesar de que el Mayor William Moyano, comandante del Segundo Distrito de Policía, afirmó a la FLIP que no existen órdenes de estigmatizar a la prensa, para la Fundación estos señalamientos son preocupantes. No es posible que en medio del conflicto entre grupos armados y la fuerza pública, los acusados de delinquir sean los periodistas.

Es tarea de la Policía Nacional garantizar la seguridad de los ciudadanos, en especial en medio del conflicto, y no señalar injustamente a la prensa que cumple su deber de informar. En un Estado democrático se espera que las autoridades tengan en cuenta el contexto del conflicto y sus declaraciones nunca pueden ir en contra de los estándares de libertad de expresión.

La FLIP solicita al área de Derechos Humanos de la Policía Nacional que investigue esta grave situación y tome las sanciones pertinentes. Adicionalmente, la FLIP exige garantías plenas para el ejercicio periodístico en la región del Catatumbo.

Por otro lado, la FLIP rechaza la actitud del EPL a la hora de presionar e incluso amenazar a la prensa para que sus comunicados sean leídos al aire. Los actores armados no pueden poner en riesgo a los reporteros ubicándolos en medio del conflicto.

Published in Pronunciamientos

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- exige a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección garantizar la vida e integridad de Ricardo Ruidíaz, periodista de Colmundo Radio, quien recientemente ha sido amenazado por su trabajo en el Magdalena Medio.

Ruidíaz, quien reside en Bogotá, en las últimas dos semanas ha recibido nuevas amenazas en su contra por parte de desconocidos que le advierten que no puede visitar Barrancabermeja ni el corregimiento El Llanito. Desde hace meses, el periodista ha acompañado a líderes ambientales locales y ha hecho cubrimiento mediático  de la situación en el Magdalena Medio. La FLIP ha registrado 7* llamadas amenazantes en contra de Ruidíaz en los últimos días.

La comunidad de El Llanito y distintos líderes sociales convocaron a una manifestación pacífica en Barrancabermeja este martes 10 de abril para manifestar su inconformidad con la situación ambiental actual y el impacto de la minería en la región. Ruidíaz acompañó esta convocatoria y además hará el registro periodístico de los hechos.

Vea también: Periodista de Colmundo Radio recibió amenazas en vivo.

La más reciente ocurrió ayer 9 de abril. El periodista y defensor de derechos humanos se encontraba en un café de Barrancabermeja y un hombre lo llamó y le dijo: “Mire periodista hijueputa, siga tomando café tranquilo ahí en el centro comercial, que mañana le vamos a lanzar una bomba a la marcha”.

La Fundación informó a la UNP y a la Policía Nacional del viaje que emprendía Ruidíaz a pesar de las amenazas en su contra. La Policía se comprometió a hacer acompañamiento a Ruidíaz durante su visita a Barrancabermeja. Sin embargo, el manifiesta que la entidad no le está brindando protección. Mientras tanto, las amenazas continúan.

Si bien en noviembre de 2017 la UNP implementó un esquema de protección a Ruidíaz, la FLIP considera que estas medidas deberían fortalecerse teniendo en cuenta el alto riesgo al que se ve expuesto el periodista.

La FLIP expresa su preocupación por esta situación que pone en riesgo la integridad y la vida del reportero. Es inaceptable que la Policía de Barrancabermeja no esté tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Ruidíaz teniendo pleno conocimiento de una amenaza específica para atentar contra la vida del periodista el día de hoy.

La Fundación exige a la Policía Nacional y a la UNP que actuar inmediatamente para la protección de Ruidíaz en Barrancabermeja.

*Las amenazas:

En el 2017 la Fundación registró seis amenazas y hostigamientos en contra de Ruidíaz.

En lo corrido de 2018, la FLIP había registrado un hostigamiento en su contra que no estaba relacionado con la problemática ambiental en el Magdalena Medio.

Después de una visita de Ruidíaz a Barrancabermeja, la FLIP ha registrado siete llamadas amenazantes incluida la del pasado 9 de abril.

 

El 24 y 25 de marzo, Ricardo Ruidíaz recibió tres llamadas en las que lo amenazaron de muerte y le advirtieron que no se desplazara a Barrancabermeja y al Magdalena Medio. En la primera llamada le dijeron: “¿Aló?. Buenas. ¿Ricardo Ruiz Diaz? Vea, periodista hijueputa  no se aparezca más por acá por Barranca ni por el Llanito. ¿Oyó, gonorrea? No se vuelva a
venir más por acá, ¿oyó, hijueputa?. deje de estar haciendo marchas y toda esa vaina. Lárguese. No lo queremos ver más por acá". En las otras dos le advierten que "si se aparece en El Llanito y en Barranca le dan de baja".

Luego, el 27 de marzo, Ruidíaz volvió a recibir una amenaza. El periodista estaba en su vivienda y recibió una llamada en la que hicieron referencia al sector donde reside y además le dijeron: "Mire, periodista hijueputa, gonorrea, no lo queremos ver más en Barranca ni mucho menos en El Llanito. Si no lo bajamos allá en Bogotá, aquí sí pelamos. ¿Oyó, gonorrea, sapo, hijueputa?".

El día siguiente, 28 de marzo, el periodista recibió una nueva llamada que afecta su seguridad.  Ruidíaz se encontraba en una reunión en Chapinero, en Bogotá y una mujer lo llamó y le dijo: "Gonorrea, está parqueado en Chapinero".

El 2 de abril Ruidíaz recibió dos nuevas llamadas amenazantes. En las dos un hombre lo insultó y le dijo que no podía aparecerse en Barrancabermeja ni en El Llanito. Minutos después de la segunda llamada, Ruidíaz conoció que un líder ambiental de El Llanito acababa de ser amenazado por un hombre que le advertía que no siguiera con el asunto de la marcha.

Published in Pronunciamientos
Page 1 of 2