Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- informa a la opinión pública acerca de la existencia de una situación generalizada de censura contra la prensa impuesta por el Clan del Golfo en el Urabá antioqueño.

El pasado 27 de noviembre se llevó a cabo el sepelio de uno de los jefes del Clan del Golfo, alias “Inglaterra”, en el municipio de Carepa, Antioquia. En medio de la procesión hacia el cementerio, uno de los hermanos de “Inglaterra” hizo señalamientos en contra de los medios de comunicación. La FLIP conoció un video del momento en que éste arenga a la multitud diciendo: "Este país está como está por los medios de comunicación, porque ellos dicen 'digan esto' 'digan aquello', pero la verdad no la dicen (...) Esto está dirigido a la ley y a los medios”, afirmó.

Si bien estas arengas no constituyen en sí mismas amenazas directas, sí ubican en una situación de riesgo a los trabajadores de medios de comunicación locales. El contexto multitudinario, la fuerte presencia de integrantes del Clan del Golfo en el sepelio y el contexto de violencia, obligan a interpretar las palabras del hermano de “Inglaterra” como un acto para amedrentar a la prensa.

La fuerte presencia y control de organizaciones narcotraficantes y grupos paramilitares en la región imponen la autocensura y prohíben el cubrimiento de temas de relevancia pública. Las arengas lanzadas en el sepelio podrían ser interpretadas como una instigación, una invitación o una autorización a terceros para que ataquen a la prensa en el Urabá.

A la FLIP le preocupa la situación de seguridad de los periodistas que cubren orden público en los municipios de la región, especialmente en estos meses próximos a elecciones parlamentarias. Sumado a esto, no ha existido ninguna respuesta de las autoridades frente a esta grave situación. Han pasado tres semanas desde que se emitieron los señalamientos y aún la Alcaldía de Carepa y la Policía de ese municipio no han rechazado los hechos ni tomado acciones para proteger a los periodistas.

La FLIP hace un llamado a las autoridades a que tomen medidas para garantizar el ejercicio periodístico en el Urabá. La Fundación insta a la Defensoría del Pueblo a que haga un acompañamiento a los reporteros, a la Policía a que garantice la seguridad de los periodistas y especialmente a la Alcaldía a que públicamente condene estos señalamientos y active medidas preventivas ante esta situación para evitar futuras agresiones contra la prensa.  

El Urabá y el silencio

En los últimos años la FLIP ha documentado amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y obstrucciones a la prensa en la región del Urabá. Desde el 2010, la Fundación ha registrado 20 agresiones en la región. Una de ellas fue el asesinato del periodista Luis Eduardo Gómez por denunciar nexos paramilitares de políticos y funcionarios del noroccidente del país.

El Urabá ha estado silenciado durante años de conflicto. Según información de la FLIP, el 25% de la población de esa región vive hoy en municipios en silencio, lugares donde no existen medios de comunicación que produzcan noticias locales. Adicionalmente, en el Urabá el narcotráfico ha cooptado instancias de poder político y económico constituyéndose en un poder de facto que obstaculiza el libre flujo de ideas y de información.

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Luis Carlos Ortiz, periodista de la emisora comunitaria La Voz de la Inmaculada, denunció haber sido víctima de un atentado por parte de Wilson González Reyes, alcalde del municipio de Rionegro, Santander.

En la madrugada del domingo 17 de diciembre, cuando el periodista estaba llegando a su casa después de trabajar, González, adscrito al Centro Democrático, llegó intempestivamente en su camioneta y –acompañado de un desconocido- lo abordó.

Según relató Ortiz a la FLIP, el mandatario saludó al reportero con cordialidad y luego subió el tono de voz, insultándolo y agrediéndolo físicamente. González tomó al periodista por el cuello e intentó subirlo a su camioneta por la fuerza. Cuenta Ortiz que en medio del forcejeo, el Alcalde le dijo al periodista “lo voy a matar” mientras que le ordenaba a su acompañante “páseme el arma” sin que este le obedeciera.

Ortiz afirma que logró liberarse y comenzó a correr para proteger su vida. Según el relato, el alcalde se bajó de la camioneta y le disparó a Ortiz mientras este huía. “Sentí que la bala pasó muy cerca de mí,” dijo.

Ortiz considera que las amenazas y las agresiones del mandatario están relacionadas con las denuncias periodísticas que él ha hecho sobre presuntas irregularidades de la actual administración. El reportero ha denunciado en redes sociales el mal estado del centro turístico del municipio y el cierre de Centro Vida, un programa que asistía a adultos mayores de escasos recursos, quienes ahora no cuentan con un sustento diario.

Así mismo, Ortiz dijo a la FLIP que en las pasadas elecciones municipales en el año 2015 se acercó al mandatario para mostrarle una denuncia sobre compra de votos en el municipio y le preguntó a González por su responsabilidad en los hechos. Como consecuencia, se habría iniciado una pelea con puños entre el reportero y el ahora alcalde.

En horas de la tarde, la FLIP intentó comunicarse con González para contrastar los hechos denunciados por Ortiz. Sin embargo, este no respondió de manera inmediata a las llamadas de la Fundación.

La FLIP condena estos hechos y le solicita a la Procuraduría General de la Nación que de manera inmediata suspenda al alcalde Wilson González mientras adelanta su investigación disciplinaria. Adicionalmente, La Fundación le pide a la Fiscalía General de la Nación que inicie la investigación penal en contra del alcalde por estos hechos con el fin de determinar su responsabilidad.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de nivel de riesgo con el fin de determinar las medidas necesarias para proteger la integridad del reportero. La Fundación considera que lo sucedido sitúa a Ortiz en una situación de riesgo inminente y, por esta razón, le hace un llamado a la entidad para que implemente medidas de seguridad por trámite de emergencia con el fin de prevenir un ataque posterior.

Como ya lo denunció la FLIP en días pasados, los funcionarios públicos se sitúan entre los principales agresores a la prensa en el país. De cara a la campaña electoral, es urgente que las autoridades y la ciudadanía exijan más garantías para el periodismo en el país. 

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por el clima adverso para la libertad de expresión que se está consolidando con relación a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año en Colombia.

 

En el 2015 se registraron 147 agresiones contra la libertad de prensa. Esta cifra aumentó en el 2016 a 216 y, a pocos días de que termine el 2017, la FLIP ya ha registrado 300 ataques. El aumento en amenazas es alarmante. El año pasado 89 periodistas fueron amenazados, este año la cifra ya supera los 130. Esto representa un aumento del 32 % en un año.

Las agresiones contra la prensa cometidas por funcionarios públicos y políticos también han aumentado. En lo corrido del año se han documentado 70 de estos ataques. Esto es el 25% de la totalidad de agresiones documentadas por la FLIP. La agresión más frecuente de funcionarios es la estigmatización. Este año van 24 casos. Estos hechos convierten a los servidores públicos en uno de los mayores agresores de la libertad de expresión en Colombia por encima de los grupos armados ilegales.

En el periodo electoral que se aproxima es crucial garantizar que la deliberación pública transcurra sin restricciones ni presiones para un voto informado. La FLIP considera que este debate electoral podría verse contaminado por un ambiente de agresiones contra los medios y estigmatizaciones difundidas masivamente a través de internet.  

De manera creciente, funcionarios y políticos y otros líderes públicos, están encontrando réditos políticos en estigmatizar y señalar de manera violenta a quienes opinan e informan a través de medios de comunicación. Esta actitud es una característica trazable en todas las tendencias ideológicas que participan de la contienda electoral y pone en riesgo a periodistas en todas las regiones de Colombia.

La FLIP hace un llamado a los partidos políticos y a los candidatos a cargos de elección popular a que se abstengan de hacer señalamientos estigmatizantes contra los medios y el trabajo periodístico. Así mismo, a que respondan a las críticas de manera responsable velando porque sus declaraciones no limiten la libertad de expresión de quienes les critican. “Los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento,” dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El voto informado en las próximas elecciones tampoco será posible sin mayor transparencia en la financiación de las candidaturas. Es necesario que candidatos y partidos divulguen detalles del  flujo de recursos de parte de particulares hacia las campañas, así como de las campañas hacia los medios de comunicación, especialmente en pagos asociados a publireportajes, publicidad política pagada y anuncios de campaña en televisión, prensa, radio, medios digitales, Facebook, Twitter, Instagram entre otros.

La FLIP es consciente de la importancia de las decisiones que tendrán que tomar los colombianos en las próximas elecciones. Para que estas decisiones sean libres y democráticas, se requiere proteger la discusión pública y los derechos a informar y a ser informados.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas del Bloque Capital de la Águilas Negras en contra de las periodistas Salud Hernández-Mora y Jineth Bedoya Lima, además de otras líderes políticas y sociales.

La tarde de este 27 de noviembre, la Representante a la Cámara Ángela Robledo hizo público un comunicado que llegó a su correo electrónico el pasado viernes. En un archivo de Word se amenaza, con un lenguaje agresivo, a siete mujeres que aportan con su liderazgo a la vida pública del país. Entre ellas se encuentran las periodistas Salud Hernández y Jineth Bedoya. El panfleto, firmado por “Bloque Capital D.C.” sentencia que “les damos pocos días para que abandonen la ciudad de Bogotá ya la tenemos ubicadas a todas para llenarlas de plomo. No es un juego gonorreas” (sic.).

A pesar de que el documento está fechado de octubre de este año, hasta hoy se hizo público. Este mensaje proviene de la dirección de correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

La FLIP exige a la UNP tomar las medidas de protección necesarias para garantizar que las periodistas puedan desarrollar su oficio. De igual forma, exigimos a la Fiscalía General de la Nación investigar el origen de esta amenaza como parte de sus obligaciones para garantizar la libertad de prensa.

En el caso de Bedoya, esta es la cuarta amenaza que recibe la subeditora del diario El Tiempo desde que fue a La Habana en representación de las víctimas del conflicto. Resulta inadmisible que estas amenazas no se esclarezcan. La impunidad de estas agresiones a la libertad de prensa sólo incentiva la repetición de la intimidación como mecanismo de censura.

Por último, instamos al Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, para que ofrezcan respuestas sobre el alcance de esta intimidación y las medidas que tomarán para garantizar la libertad de prensa. 

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En carta abierta dirigida al general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Armadas, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- denuncia la detención arbitraria de la que fueron víctimas dos periodistas del proyecto Crónicas Desarmadas el pasado 11 de noviembre en la región del Catatumbo.

Los reporteros estuvieron retenidos por cerca de 14 horas acusados de realizar sobrevuelos nocturnos de las bases militares con un dron en Tibú, Norte de Santander. Los militares implicados en los hechos intentaron decomisar el material periodístico y el dron sin ninguna orden judicial.

Puede conocer los detalles de los hechos y las consideraciones de la FLIP en esta carta.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en contra de las instalaciones de la emisora Renacer Kokonuko en el municipio de Puracé, Cauca.

El pasado viernes 3 de noviembre, a las 5:30 pm, agentes de la Policía Nacional y del ESMAD atacaron con piedras y gases lacrimógenos las instalaciones de la emisora indígena Renacer Kokonuko. Según Lucelida Quilindo, coordinadora de Renacer, los uniformados arremetieron contra las puertas, ventanas y el techo de las instalaciones. Los daños incluyen seis vidrios rotos y ocho tejas destruidas. Durante el ataque, que duró cerca de media hora, los dos comunicadores que se encontraban en la emisora tuvieron que protegerse y por unos minutos se vieron obligados a salir del aire.

Según información que conoció la FLIP, desde el medio día se desarrollaban confrontaciones entre la fuerza pública y comuneros en el predio de Aguas Tibias, donde el pasado 8 de octubre la comunicadora Efigenia Vásquez, fue asesinada. La emisora Renacer Kokonuko, además de la programación habitual, había estado compartiendo con sus oyentes el comunicado del cabildo en el que se convocaba a la comunidad a unirse a la manifestación. Los comuneros del resguardo reclaman la propiedad colectiva del predio Aguas Tibias, que actualmente está en poder de un privado.

No es la primera vez que el ESMAD ataca la emisora. En junio de este año, en una jornada de manifestaciones, agentes del ESMAD rodearon las instalaciones del medio e intentaron ingresar a la fuerza. Un mes después, también en el contexto de una protesta, la emisora se quedó sin energía eléctrica. Según los comunicadores y las autoridades, este corte fue ordenado por la Fuerza Pública para impedir el cubrimiento de la manifestación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, determinó que “es crucial para garantizar de manera adecuada el derecho de protesta y a manifestarse públicamente que se facilite la tarea de los periodistas, camarógrafos y reporteros que se encuentren ejerciendo sus labores en estos contextos y que no sufran actos de fuerza arbitrarios por parte de los funcionarios policiales o estatales ni el secuestro de sus materiales de trabajo y registro, en todos sus soportes”.

La FLIP solicita a la Policía Nacional que investigue los hechos ocurridos el pasado 3 de noviembre y que suspenda a los responsables de ataque contra la prensa en el Cauca. Además, es necesario que los agentes asuman una actitud de respeto a la prensa, en especial en el contexto de la protesta social.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con el apoyo de Open Society Foundations, el fondo para apoyar a los periodistas freelance Rory Peck Trust y la empresa de tecnología Sudecom, respaldaron a los periodistas de Mocoa a través de la entrega de equipos para reanudar su labor periodística, luego de que resultaran afectados por la avalancha del pasado 1 de abril.

El pasado 28 de octubre miembros de la Fundación para la Libertad de Prensa se reunieron en el auditorio de la Cámara de Comercio de Mocoa con los 12 periodistas que resultaron afectados por la avalancha que dejó más de 300 personas muertas. Durante el encuentro, la FLIP entregó los equipos que fueron reunidos junto a las otras tres organizaciones para contribuir a la reanudación de sus labores periodísticas.

Las organizaciones esperan que este apoyo contribuya a que los periodistas desarrollen su oficio con mayores garantías para hacer veeduría a la gestión de los funcionarios de su municipio y denuncien las irregularidades en los procesos electorales y de contratación pública de su región. Con la entrega de estos equipos se espera, además, que haya mayor pluralidad informativa a través del fortalecimiento de medios de comunicación de diferentes formatos como radio, televisión y prensa.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza y condena el robo del que fue víctima la Agencia de Prensa Rural en Bogotá.

El 25 de octubre, en la madrugada, delincuentes ingresaron a la casa de la Corporación para el desarrollo de la educación y la investigación social (Corpeis), violentaron las entradas y se dirigieron únicamente a la oficina de Prensa Rural. Allí robaron un computador Mac, un disco duro y un kit de luces. Los periodistas fueron informados por el personal de seguridad cuando la alarma se activó.

El robo podría ser un ataque dirigido ya que los delincuentes no tomaron objetos de valor de otras oficinas, atravesaron toda la edificación y llegaron hasta el lugar donde está ubicada la sede de Prensa Rural, en el segundo piso. De acuerdo con la información que logró obtener la FLIP, para llegar hasta las instalaciones del medio se debe conocer con exactitud su ubicación e identificar el momento apropiado para ingresar.   

A pesar de que en el computador no había información sensible, en el disco duro sí estaban guardadas maquetas de trabajos que está realizando la Agencia. Prensa Rural ha estado trabajando en varios proyectos relacionados con la construcción de memoria en algunos departamentos del país, el proceso de erradicación de coca, el encuentro nacional de víctimas de la Unión Patriótica y el encuentro nacional de Reserva Campesina.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de principios sobre libertad de expresión dispuso:  “la destrucción material [o robo] de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La Fundación rechaza estos intentos de censurar a un medio alternativo y el robo de información sensible. Los responsables del robo pueden acceder a la información de Agencia de Prensa Rural y así se violaría el secreto profesional. La seguridad de los reporteros y de sus fuentes pueden estar en riesgo.

La FLIP insta a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a que investigue los hechos y así se pueda hacer justicia con las sanciones adecuadas. La Fundación le solicita, además, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo a la Agencia de Prensa Rural con el fin de determinar las medidas apropiadas para proteger las instalaciones del medio.

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La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– condena los ataques de agentes de la Policía Nacional en contra de periodistas y personal que integraba una comisión humanitaria de carácter civil, organismos internacionales y defensores de los derechos humanos en Nariño. Los hechos ocurrieron hacia las 2 de la tarde del domingo 8 de octubre en la vereda de Tandil, en inmediaciones de Tumaco.

La FLIP documentó que en terreno se encontraban desplegados equipos periodísticos de la Revista Semana, El Espectador, Contagio Radio, Vice Colombia/Pacifista y City Tv/El Tiempo.  Tanto la misión humanitaria como los periodistas se encontraban cerca del lugar donde el pasado jueves 5 de octubre seis campesinos fueron asesinados en situaciones que aún se investigan y ya han sido atribuidas a la Policía Nacional.

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que aceptó que sus agentes dispararon granadas de aturdimiento contra los civiles. Sin embargo, según documentación recibida por la FLIP a través de personas que estuvieron en el lugar, los uniformados dispararon armas de fuego y bombas aturdidoras en varias ocasiones a una distancia de no más de 20 metros.

Al respecto la FLIP:

1.      Informa que las explicaciones de la Policía son insuficientes. En algunos apartes falta a la verdad y pretende justificar una acción policial abiertamente desproporcionada. El número de personas que integraban la misión era significativamente menor, la misión humanitaria y periodística era de conocimiento previo de mandos policiales en terreno y además de las granadas aturdidoras se presentaron ráfagas, al parecer, de fusil. 

2.      La misión civil en terreno no tenía capacidad de representar riesgo alguno para el despliegue de la fuerza pública en la zona, esta situación le resta legitimidad y proporcionalidad a la respuesta violenta de la Policía. Fue un ataque a civiles, con plena conciencia de que lo eran y sin justificación alguna.

3.      Recuerda que la masacre de campesinos en Tumaco es un hecho de enorme gravedad que despierta un interés legítimo de cubrimiento periodístico. Al Estado en su conjunto le corresponde brindar garantías para que las misiones periodísticas en terreno puedan desarrollar su labor de informar a la sociedad sobre lo que está sucediendo.

4.      Resalta que este deber de garantía se acentúa en el caso de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta no sólo su labor misional sino también el hecho de que la masacre de campesinos que investigaba misión humanitaria y los equipos periodísticos sea atribuida a la Policía Nacional.

5.      Exige que el ataque de la Policía a periodistas y la obstrucción al cubrimiento periodístico sea objeto de investigación desde la censura y el miedo que se impone con estos actos.  Se trata de un caso grave en el que existe la posibilidad de encubrimiento policial a serias denuncias en su contra, o el despliegue de agentes policiales negligentes y arbitrarios que desconocen estándares básicos de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

6.      Exige al Gobierno Nacional explicaciones sobre lo sucedido incluyendo: la pronta asignación de sanciones ejemplarizantes, asumir responsabilidad al interior de los cuerpos policiales y dar instrucciones de plenas garantías al cubrimiento periodístico de conformidad con los estándares internacionales a los que está obligado.

7.      Solicita al Ministerio Público, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, así como a todas las bancadas del Congreso de la República, iniciar acciones de su competencia para que la investigación de los hechos sucedidos en Tumaco cuente con garantías a la libertad de prensa.

Estos hechos ponen en riego el derecho a una sociedad informada sobre asuntos de interés público y marcan acciones de censura por parte de agentes estatales. Recuperar la sana y democrática vigilancia periodística sobre lo público es entonces una prioridad.

En lo que va corrido del año, la FLIP ha documentado 18 casos en los que agentes de la Policía y las fuerzas militares han agredido a la prensa. De estos, 8 han ocurrido en medio de manifestaciones sociales. En julio, una periodista fue agredida e intimidada en zona rural de Meta durante el cubrimiento de los enfrentamientos entre campesinos y fuerza pública por la erradicación forzada de coca. Así mismo, en mayo un periodista resultó gravemente herido por parte de uniformados que lo agredieron con arma de fuego mientras cubría una movilización de indígenas en el Cauca.

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La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– condena las agresiones en contra de Mauricio Cardoso, periodista de Extra Caquetá

En la noche del miércoles 23 de agosto, Cardoso se dirigía en moto de la Universidad de la Amazonía, donde estudia, hacia su casa en Florencia. En el camino tres hombres lo interceptaron y lo tumbaron de la moto. Posteriormente lo hirieron con un puñal en repetidas ocasiones en el abdomen, los brazos, el pecho y las manos. Además lo golpearon y lo insultaron reiterativamente. Los sujetos le dijeron que lo iban a asesinar “por sapo”. Uno de los hombres le apuntó con un arma de fuego amenazando con dispararle. Finalmente los agresores dejaron a Cardoso en la calle y no le robaron la moto, ni el celular, ni su billetera.

Cardoso cubre noticias judiciales y de orden público en el departamento de Caquetá. Según la administradora del periódico Extra, ni el medio, o los periodistas, han recibido amenazas.  Sin embargo, el ambiente para la prensa en Florencia no es favorable.  

La Fundación expresa su preocupación por las agresiones y las intimidaciones de las que fue víctima Cardoso. La situación de violencia contra la prensa en Caquetá no es un tema que deba ser ignorado por la Policía y la Fiscalía de ese departamento. En los últimos 30 años, la FLIP ha registrado 7 asesinatos a periodistas por razón de su oficio en esa zona del país. El último es el de Luis Antonio Peralta el 14 de febrero de 2015. El caso sigue en la impunidad.

La Fundación considera que existen indicios que señalan que la agresión podría estar motivada por el trabajo periodístico de Cardoso: su cubrimiento de álgidos asuntos judiciales, el no haber sido robado por sus agresores y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permiten sospechar que se trataría de un ataque dirigido específicamente al reportero. La FLIP hace un llamado a la Fiscalía y a la Policía para que investiguen los hechos con la mayor diligencia y esclarezcan la situación.

*Cardoso fue dado de alta el 24 de agosto del hospital María Inmaculada.

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