Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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En la madrugada del sábado 24 de junio Derk Bolt y Eugenio Follender fueron liberados en la región del Catatumbo. Los reporteros fueron entregados por el ELN a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo. Según informó la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia, los periodistas "se encuentran bien teniendo en cuenta las circunstancias".

El grupo guerrillero envió una comunicación escrita con los reporteros en la que explican las razones del secuestro. La FLIP rechaza este tipo de acciones y le exige al ELN no utilizar a los periodistas como portavoces de sus comunicaciones.

La FLIP reconoce los esfuerzos que realizó la comisión humanitaria durante el secuestro para lograr la liberación de los periodistas y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que avance en la investigación de este delito.

La FLIP le exige al Estado colombiano que adelante acciones para garantizar el ejercicio periodístico en la región del Catatumbo. En los últimos tres años la FLIP ha documentado cuatro secuestros por parte del ELN y otro más por parte del EPL en esta zona del país.

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Miércoles, 21 de junio de 2017. 06:07 p.m.

La FLIP exige al ELN que libere a los periodistas holandeses

En la mañana del miércoles 21 de junio, gestores de paz del ELN confirmaron que los periodistas Derk Bolt y Eugenio Follender estaban en su poder. Una vez más, acudieron a la figura de la "retención preventiva" para enmascarar su violación a la libertad de prensa. Según los delegados del grupo armado, ya se activó un protocolo humanitario para liberar a los periodistas holandeses.

La FLIP le exige al ELN facilite las condiciones para que los reporteros vuelvan a la libertad y hace un llamado a la Fuerza Pública para que respalde las gestiones de la comisión humanitaria. 

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Miércoles, 21 de junio de 2017. 07:46 a.m.

La FLIP condena postura del ELN frente al secuestro de periodistas

La FLIP rechaza el pronunciamiento del ELN sobre la situación que viven Derk Bolt y Eugenio Follender, los periodistas holandeses que se encuentran secuestrados en la región del Catatumbo, Norte de Santander. El grupo guerrillero califica las “privaciones temporales de libertad” como una acción preventiva y de protección y se autoproclama como guerrilla garante de la libertad de prensa como parte de sus políticas.

Sobre su responsabilidad, el comunicado del ELN parte del desconocimiento sobre si sus estructuras secuestraron a los periodistas, pero asumen un compromiso de liberación en caso de que sea esta guerrilla la que los tenga en cautiverio.

El comunicado del ELN contrasta con información complementaria de conocimiento público. Las autoridades que han adelantado labores humanitarias en la región, como la Defensoría y la Personería de El Tarra, confirmaron que los periodistas holandeses están en poder del ELN.

La gravedad de la situación, el paso del tiempo, la necesidad de aprovisionamiento de medicinas para uno de los periodistas en cautiverio, la instalación de una mesa de conversaciones de paz en Quito y los antecedentes de violaciones a la libertad de prensa por parte del ELN son hechos relevantes que requieren de parte de esta guerrilla asumir responsabilidades y no posar como protectora de un derecho que ha violado recurrentemente.  El ELN pide comprensión sobre las razones y condiciones de la guerra en la que ellos participan, y al tiempo llaman a tolerar e incluso justificar la restricción de derechos básicos como la libertad de prensa.

El ELN confunde y justifica el secuestro. A través de un pronunciamiento público, emitido este martes 20 de junio por el ELN, el grupo armado se refirió a la presencia de los periodistas holandeses en el Catatumbo y al secuestro del que fueron víctimas: “Se trata de una región atravesada por el conflicto armado; en ese contexto, la posibilidad de efectuar privaciones temporales de la libertad a personas desconocidas y ajenas a las comunidades, se corresponde con una actitud preventiva, de ejercicio de protección y seguridad”.

En el mismo pronunciamiento el grupo guerrillero asegura “es política del ELN velar por la integridad de las personas, garantizar la libertad de prensa y cumplir con la pronta liberación coordinada con la comisión humanitaria correspondiente”. En el último año y medio la FLIP ha documentado al menos seis casos en los que el ELN, lejos de ser un garante de la libertad de prensa, ha sido el responsable de los ataques contra periodistas y medios de comunicación en Colombia.

El pasado 28 de marzo, el grupo armado publicó un panfleto en el que señaló a La Voz del Cinaruco de Arauca de ser un medio funcional a las Fuerzas Armadas y a la Silla Vacía de ser una “matriz mediática difamadora que llama a golpear el movimiento social para debilitar a la guerrilla”. Veinte días antes, miembros del grupo guerrillero detuvieron a tres reporteros de El País en el corregimiento de Huisitó, Cauca, y los despojaron de sus equipos periodísticos y de otros elementos de valor. Los equipos tardaron semanas en volver al medio de comunicación.

Una situación similar a la que se vive actualmente con los reporteros holandeses se presentó a mediados de 2016. El 21 de mayo, la periodista Salud Hernández fue secuestrada por el ELN mientras realizaba labores de reportería en la región del Catatumbo. Dos días después los corresponsales de RCN, Carlos Melo y Diego De Pablos, y un reportero de Caracol Televisión, Diego Veloza, fueron privados de su libertad por parte del grupo guerrillero cuando indagaban por el paradero de Hernández. Luego de ser liberados y de denunciar los hechos ante la Fiscalía, el 8 de julio los periodistas de RCN fueron declarados objetivo militar por parte del grupo guerrillero.

En su momento, el ELN justificó el secuestro de Salud Hernández como una acción de control poblacional para mantener la seguridad en la zona. Al respecto, la FLIP considera muy peligroso que el accionar del grupo guerrillero se convierta en una violación rutinaria al derecho a la libertad de prensa, del cual deben gozar todos los reporteros que hacen cubrimiento periodístico en las zonas de influencia del ELN. Para la Fundación, las regiones en las que hay confrontación armada, como lo es el Catatumbo, no pueden convertirse en zonas vedadas ni condicionadas para el cubrimiento periodístico. Además, la negligencia de las autoridades oficiales para ofrecer estas garantías no puede seguir siendo una constante.

La FLIP le exige al ELN que aclare su responsabilidad en el secuestro de los periodistas holandeses y le hace un llamado al gobierno para que brinde información veraz y oportuna sobre el paradero y las condiciones de salud en las que se encuentran los reporteros. De igual forma, solicita al Ejercito respetar los protocolos humanitarios y no dificultar las acciones de liberación. Una vez más, esta organización se ofrece para cualquier gestión humanitaria que agilice el retorno de Bolt y Follander a la libertad.

Nota: En la mañana de hoy, miércoles 21 de junio, la Mapp/Oea convocó  a un conversatorio entre periodistas, organizaciones y gestores de paz del ELN con el fin discutir sobre los avances y desafíos que tienen los medios de comunicación y sus audiencias frente a la construcción de paz. A pesar de que la FLIP había confirmado la asistencia de un delegado, declinamos la invitación por considerar que es imposible conversar con el ELN hasta tanto los periodistas sean liberados.

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Martes, 20 de junio de 2017. 12:49 p.m.

La FLIP exige la liberación de periodistas holandeses secuestrados en El Catatumbo

Los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie Follender, de 52 y 68 años, fueron secuestrados el pasado fin de semana en la vereda Filogringo, en inmediaciones de El Tarra, Norte de Santander. Así lo ha confirmado la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia y el Ejército Nacional. Bolt y Follender, presentador y camarógrafo de la cadena holandesa KRO-NCRV, estaban realizando un reportaje sobre familias biológicas de niños colombianos adoptados por personas en Europa.

La FLIP rechaza este ataque al periodismo en Colombia y hace un llamado a los responsables para que se respete la vida e integridad de los periodistas. La Fundación está trabajando para esclarecer los detalles del secuestro y las condiciones en que se encuentran los reporteros. Se espera que las entidades de Gobierno actúen con celeridad para asegurar el pronto regreso de Bolt y Follender y se hace un llamado para que no se obstaculice la entrega de información de interés público a los ciudadanos.

En esta región del país se han presentado 5 de los últimos 6 secuestros a periodistas en los últimos años. El Catatumbo no puede seguir siendo un territorio vedado para la prensa y por eso esta organización hace un llamado a las autoridades para que se refuercen las garantías al periodismo en esta zona. De igual forma, dado que el ELN opera en esta zona, ha estado involucrado en otros casos de secuestros a periodistas y teniendo en cuenta que la Fuerza Pública los señala como presuntos responsables, la FLIP le exige a este grupo armado que esclarezca su rol en este episodio. Hasta el momento, las aclaraciones en sus cuentas de redes sociales resultan insuficientes y provocan mayor confusión.

La Fundación hace un llamado a los responsables de este crimen para que liberen con prontitud a los reporteros.

La FLIP se pone a disposición de la Embajada de Holanda y los organismos humanitarios para apoyar cualquier gestión que lleve a la pronta liberación de los periodistas holandeses. 

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Pese a todo ese tiempo, los procesos que se adelantan por estos hechos avanzan a media marcha debido a que la periodista se ha enfrentado a un sistema judicial negligente y a un Estado sin voluntad política a la hora de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes. Muestra de ello es que, a la fecha, sólo se han producido dos condenas anticipadas en contra de Alejandro Cárdenas Orozco y Mario Jaimes Mejía por la vía de aceptación parcial de cargos.

Este panorama evidencia el poco interés que han tenido las autoridades por buscar justicia efectiva en el caso de Bedoya y que ha derivado en la revictimización y en el desconocimiento de los derechos de la reportera como víctima del conflicto armado.

Visibilidad

En este escenario tan desolador, vale la pena resaltar la valentía con la que la periodista ha afrontado estos hechos y que la han llevado a no rendirse y seguir luchando. Un ejemplo de ello es su labor periodística en el diario El Tiempo, así como las múltiples campañas lideradas por ella, que ha contribuido a la visibilidad de las mujeres agredidas sexualmente con el fin de devolverles la dignidad a las víctimas de este flagelo.

Fruto de este esfuerzo el 25 de mayo se convirtió, desde 2014, en el Día Nacional por la Dignidad de Víctimas de Violencia Sexual y a través del cual se conmemora la lucha y la resistencia que ejercen las mujeres no sólo para evitar ser víctimas de violencia sexual sino también para lograr justicia efectiva en sus casos.

La FLIP le solicita al Estado que tome las medidas necesarias para dar celeridad a los procesos y sancionar a los responsables de estos crímenes y hace un llamado para que estos casos de agresión a mujeres periodistas sean atendidos con un enfoque diferencial de género con el fin de que no se desconozca que el hecho de ser mujeres es una de las razones que motiva las agresiones de las que son víctimas.

Sobre este punto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que “en casos de violencia contra mujeres periodistas los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas señaladas, una obligación reforzada de actuar con debida diligencia a partir de las disposiciones existentes en materia de los derechos de las mujeres, como los establecidos en la Convención Belém do Pará”. Y añade: “[l]os Estados deben adoptar medidas de protección en casos específicos en los que determinadas mujeres periodistas corren un riesgo especial de ser víctimas de violencia, tomando en consideración las distintas formas de discriminación por otros motivos conexos como su raza, etnia, edad u orientación sexual, entre otros”.

Y concluye diciendo que “[r]esulta indispensable además que las autoridades encargadas de proteger e investigar sean debidamente capacitadas en materia de género para evitar estereotipos discriminatorios a la hora de evaluar la credibilidad de la denuncia presentada, culpabilizar a la víctima, justificar los hechos por su actitud o comportamiento, o que por sus relaciones sentimentales se cuestione su honra o se utilice un vocabulario sexista”.

De acuerdo con los registros de la FLIP, entre 2006 y 2016 al menos 191 mujeres periodistas fueron víctimas de agresiones en el marco de su ejercicio periodístico. Estas comprenden, entre otras, amenazas, estigmatización, atentados, obstrucción a su trabajo y violencia sexual; las cuales han sido cometidos por grupos guerrilleros, paramilitares, actores estatales o particulares.

Por último, la Relatoría también ha señalado que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: “vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información, generan un efecto amedrantador y de silenciamiento en sus pares, y violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”. Por lo anterior, de acuerdo con este mismo organismo, los Estados tienen la obligación de prevenir, proteger y procurar justicia. El caso de Jineth Bedoya es un claro ejemplo de una falla por parte del Estado en el cumplimiento de dicho deber por lo que se hace necesario que este caso siente un precedente para que las instituciones actúen y reivindiquen su responsabilidad a la hora de evitar que las agresiones contra la libertad de prensa se repliquen.

Antecedentes

El 25 de mayo de 2000 la periodista Jineth Bedoya Lima, que en ese momento trabajaba en el diario El Espectador, fue víctima de violación, tortura y secuestro luego de acudir a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes, alias El Panadero.

Tres años después, la reportera fue nuevamente víctima de secuestro, pero esta vez por parte de las Farc en Caño Jabón, Meta. Para ese entonces, Bedoya estaba realizando seguimiento a la situación de orden público del municipio, luego del secuestro masivo perpetrado por el grupo guerrillero en el año 2002.

Por estos hechos Bedoya lidera, desde 2009, la campaña ‘No es hora de callar’, que busca que las mujeres víctimas de violencia sexual denuncien a sus agresores y socialicen sus casos con el fin de recuperar su dignidad. Estas campañas, así como otras iniciativas que lidera la reportera para promover el perdón y la reconciliación, han aumentado su situación de riesgo por las múltiples amenazas que ha recibido durante los últimos 17 años.

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La FLIP rechaza las intimidaciones de las que fue víctima Ricardo Ruidiaz y el resto del equipo periodístico de Colmundo Radio en Bogotá.

El domingo 14 de mayo, mientras Ruidiaz transmitía en vivo el programa “Rompecabezas arma corazones”, un hombre llamó a la emisora y amenazó al aire al reportero: “Tenemos un comunicado para el señor Ricardo Ruidiaz: dígale al periodista y director de la ONG, Ricardo Ruidiaz, que no siga investigándonos, que no sea sapo, no meta las hijueputas narices donde no debe. Le damos 24 horas para que salga de la ciudad y se esconda” (Sic.). 

Según los miembros del equipo periodístico, apenas notaron que se trataba de una amenaza, retiraron la llamada del aire y por el interno escucharon que el agresor se identificó como miembro del Clan del Golfo. Además de la labor que desempeña como periodista, Ruidiaz es el director de la Fundación Amigos Unidos, que denuncia y hace campañas de prevención sobre los riesgos a los que están expuestos los menores en Colombia. En los últimos días el periodista ha denunciado que las bandas criminales son los principales agresores de niños en el país frente a los delitos relacionados con explotación sexual.

El lunes 15 de mayo la Cadena Radial Colmundo emitió un pronunciamiento público refiriéndose a las intimidaciones y respaldando a Ruidiaz: “Es nuestra obligación sentar una voz de protesta y rechazo ante cualquier intención de intimidar o silenciar a un comunicador, pues nuestro trabajo se enfoca en un servicio social e informativo, que está alejado de cualquier otra consideración o postura”.

La FLIP expresa su preocupación por estas amenazas y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos. Al respecto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales (...) viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Fundación hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que refuerce el esquema de seguridad de Ruidiaz con el fin de salvaguardar su vida. Para la FLIP, la amenaza pública de la que fue víctima el reportero lo sitúa en un riesgo inminente que el Estado debe atender con celeridad.   

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los señalamientos hechos por el senador del Centro Democrático contra Julián Martínez, reportero del noticiero que dirige Cecilia Orozco.

El lunes 15 de mayo el senador Álvaro Uribe Vélez estigmatizó a Martínez a través de su cuenta en Twitter: “A Noticias Uno, su periodista Pro Farc Julián Martínez y a su directora dra Orozco les repetiré la respuesta de 2013 a su repetido infundió,” (sic.) dijo Uribe.

 A Noticias Uno, su periodista Pro Farc Julián Martínez y a su directora dra Orozco les repetiré la respuesta de 2013 a su repetido infundió

 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel15 de mayo de 2017

Los ataques del senador del Centro Democrático se produjeron luego de que Martínez publicara una nota en la que denuncia que entre los años 2008 y 2010, Uribe destinó recursos del Estado para sus propiedades. Según la publicación, el entonces presidente Uribe firmó un decreto que le permitió recibir subsidios por más de 3000 millones de pesos a través de su finca el Ubérrimo y otros predios ubicados en Mocarí, Córdoba.

Las estigmatizaciones del senador sitúan al periodista en una situación de riesgo infundado que puede desencadenar ataques de mayor gravedad. Este señalamiento, sobre el cual Uribe no presenta pruebas, supone que el reportero pertenece o simpatiza con un grupo armado. Algunos podrían interpretar esto como un aval para agredir al periodista.

Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión declara que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

En segundo lugar, los señalamientos de Uribe son un mensaje amedrentador para otros medios y periodistas, que generan un efecto inhibitorio para continuar con la investigación del tema publicado por Noticias Uno, que es un asunto de interés público. En ese sentido, la estrategia del Senador de responder con acusaciones personales, en lugar de presentar su versión sobre los hechos, debilita la deliberación pública y fractura las garantías para que los ciudadanos en Colombia puedan opinar e informar sobre el poder público.

La FLIP invita al senador Álvaro Uribe a expresar sus desacuerdos con la prensa de una manera que no afecte la labor de los periodistas y a adoptar un discurso que garantice la libertad de expresión y de información. Así mismo, la FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la investigación disciplinaria en contra del funcionario y determine las sanciones a las que haya lugar.

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Algunos antecedentes

No es la primera vez que Álvaro Uribe recurre a los ataques contra la prensa como respuesta pública a las críticas, denuncias y cuestionamientos que se le hacen en su condición de persona pública sometida a escrutinio social. La FLIP ha registrado las siguientes:

En 2002 Daniel Coronell publicó en una columna que en 1984 un helicóptero de Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe, había sido encontrado en el laboratorio de Tranquilandia. En esa ocasión el actual senador del Centro Democrático acusó por primera vez al columnista de Semana de tener vínculos con los narcotraficantes Perafán y Villegas. 

En abril de 2006 el entonces presidente Uribe afirmó que algunos medios de comunicación le “están haciendo daño a la legitimidad institucional” y que “la libertad periodística no puede sustituir a la justicia”. En su momento la FLIP expresó su preocupación por estas declaraciones, ya que podían malinterpretarse y generar una estigmatización en contra de los medios de comunicación y de la libertad de prensa en general.

El 2 de octubre de 2007, en una entrevista que le hizo Caracol Radio, el mandatario aseguró que el periodista Gonzalo Guillén "ha dedicado una carrera periodística a la infamia y a la mentira". Los señalamientos se hicieron luego del lanzamiento del libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”, que motivaron a Uribe a decir que el periodista estaba detrás de este y otros libros en su contra.

El 9 de octubre de 2007, Daniel Coronell retomó un señalamiento que había hecho Uribe contra el periodista Gonzalo Guillén, con ocasión de la publicación del libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”. Este hecho provocó una discusión entre el expresidente y el periodista en medios, donde Uribe calificó a Coronell de mentiroso y miserable. Horas después el columnista de la Revista Semana recibió un correo firmado por las Águilas Negras, en el cual anunciaban: “Quien ataca a nuestro presidente firma su sentencia de muerte”. 

En el año 2009, se refirió a Hollman Morris como “cómplice del terrorismo”. En ese momento, el Relator para la Libertad de Expresión de la ONU y la Relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH expresaron su preocupación por los señalamientos. Para los organismos internacionales, estas afirmaciones ponen en riesgo a los periodistas y generan un efecto de autocensura.

Este episodio fue analizado con posterioridad por la CIDH, organismo que en el informe “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios” definió que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas.

En diciembre de 2010, Daniel Coronell publicó una columna en la que retomaba una investigación del Miami Herald en la que se hablaba de una relación entre los hijos de Álvaro Uribe y los hermanos Nule, cuestionados contratistas en el país. Tras la publicación, Uribe volvió a insistir en la relación del periodista con el narcotráfico y el lavado de dinero.

El 17 de septiembre de 2014, durante el debate que se realizó en el Congreso sobre paramilitarismo, el expresidente Uribe señaló a Telesur y a Canal Capital como “medios de comunicación serviles al terrorismo. Las declaraciones provocaron respuestas violentas como el trino que hizo un desconocido en Twitter el 23 de septiembre “me ofrezco a matar a @HOLLMANMORRIS”, quien para ese entonces era gerente de Canal Capital.

En octubre de 2014, Daniel Coronell habló en una de sus columnas sobre las conversaciones que mantuvieron miembros del gobierno de Uribe con alias “Pablo Catatumbo”. Según el columnista, personas cercanas a presidencia le ofrecieron al comandante guerrillero despejar 868 km para un posible acercamiento con el grupo armado. De inmediato el senador del Centro Democrático recurrió a los ataques contra el periodista, asegurando que recibía dinero del gobierno de Juan Manuel Santos para mentir sobre Uribe.

El 10 de diciembre de 2014, el Senador del Centro Democrático publicó en su cuenta de Twitter tres mensajes que atentaron contra la libertad de prensa y la protección especial a la actividad periodística. En los trinos hacía referencia a la entrevista que Morris realizaría en una cárcel de Itagüí a un hombre condenado por paramilitarismo.

En su momento la FLIP le recordó a Uribe que esa información por defecto es reservada y que, al hacerla pública, ponía en riesgo al periodista y a sus fuentes. Adicionalmente, se advirtió que las afirmaciones podían vulnerar la presunción de inocencia del periodista y afectar su credibilidad. También se hizo referencia a la necesidad que tienen los funcionarios públicos de mantener un discurso favorable a la libertad de expresión y la deliberación pública.

Luego de las agresiones, la FLIP le envió una carta al expresidente Uribe donde se le hacía un llamado para que aportara a construir un ambiente favorable a la deliberación pública, que respete y no afecte el libre flujo de ideas. El Senador del Centro Democrático jamás brindó respuesta, por el contrario, continuó con las agresiones a periodistas como las que emitió contra Yohir Akerman y Daniel Coronell en marzo y abril de 2016.

 

JohirAkerman, desteñido militante del ELN que busca notoriedad con la honra de los míos y la personal

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 29 de marzo de 2016

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el hurto del que fue víctima el periodista de RCN en su lugar de residencia. 

El jueves 11 de mayo desconocidos entraron al apartamento de Beltrán y le robaron un computador portátil y dos discos duros. Cuando el periodista llegó a su vivienda cerca de las 9 de la noche notó que las cerraduras de la puerta estaban violentadas y que habían esculcado sus pertenencias. 

De acuerdo a la información recibida por la FLIP, en la residencia de Beltrán se encontraban otros objetos de valor que fueron ignorados por los desconocidos. Esto sugiere que los agresores tenían un interés particular sobre la información almacenada en los dispositivos.

Según Beltrán, en los equipos había información sensible sobre investigaciones relacionadas con extorsiones en Arauca por parte del ELN y de las disidencias de las Farc en Guaviare y Caquetá. Adicionalmente, el subdirector de La Noche estaba preparando una investigación sobre los militares condenados por casos de los falsos positivos en Soacha que se acogerán a la Justicia Especial Para la Paz.

La gravedad de este ataque contra la libertad de prensa radica en que, al contener los equipos robados información personal y periodística altamente sensible,  se pone en riesgo el secreto profesional, la seguridad del reportero y del equipo periodístico de RCN.

Antecedentes

En junio de 2016 Jefferson Beltrán denunció que había recibido amenazas a través de Twitter por las opiniones emitidas en su espacio periodístico sobre al proceso de paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. Luego de estas intimidaciones, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le implementó medidas de protección.

En septiembre del mismo año, Beltrán denunció que mientras hacía el cubrimiento de la décima conferencia de las Farc en la región del Yarí, un jefe de la Columna Teófilo Forero lo intimidó. Por esos días, el subdirector de La Noche estaba haciendo un reportaje sobre extorsiones del grupo guerrillero en San Vicente del Caguán, Caquetá.

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La FLIP expresa su preocupación por las intimidaciones y el robo de los que ha sido víctima Jefferson Beltrán, quien ahora se encuentra en un riesgo inminente. En este sentido, la FLIP hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que investigue los hechos con celeridad y sancione a los responsables del hurto.

De acuerdo a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de principios sobre libertad de expresión dispuso: “(…) la destrucción material [o robo] de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

Debido a que los equipos contenían información sensible, la FLIP solicita a la UNP que fortalezca el esquema de protección para el periodista y se haga extensivo a su núcleo familiar. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, se han tomado medidas de protección transitorias para mitigar el riesgo. Sin embargo, se espera que la UNP implemente medidas de seguridad necesarias de manera inmediata para salvaguardar al periodista, su familia y su lugar de residencia.

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En un periodo de polarización como el que atraviesa Colombia, era de esperarse que los ataques a la prensa se incrementarían. Pero los registros de la Coordinación de Defensa y Atención a Periodistas de la FLIP no dejan de preocupar. En un tercio del año ya se han registrado 87 ataques en los que han resultado afectados 108 reporteros (en 2016 se documentaron 216 casos con 262 periodistas víctimas).

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, la FLIP hace un llamado a las autoridades colombianas, las audiencias, los periodistas, los medios de comunicación y a la comunidad internacional, para que se refuercen las garantías al periodismo en el país.

Parte de las variables que sólo han sido advertidas recientemente es la oferta deficitaria de medios de comunicación y de circulación de información local. El país rural recibe contenidos urbanos pero no siempre ve reflejadas sus realidades en los medios de comunicación.

Teniendo en cuenta algunas restricciones para el cubrimiento en las zonas veredales, la incertidumbre en términos de orden público en muchas regiones del país y la necesidad de hacer seguimiento a la transparencia institucional en un año decisivo para la próxima campaña electoral, resulta desalentador que haya funcionarios públicos empeñados en obstaculizar, estigmatizar o bloquear a la prensa. En lo corrido 2017, 23 servidores del Estado, que deberían ser los principales garantes de la libertad de prensa, han estado involucrados en actos de censura.

El Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, ha sido señalado recientemente de sugerir contenidos periodísticos a través de terceros, con el fin de que los medios le den un giro a su línea editorial.La FLIP espera pronta respuesta de la Casa de Nariño al derecho de petición radicado el pasado 28 de abril para aclarar este episodio. Sin embargo, ya es muy diciente la evasiva del Presidente y su despacho a referirse sobre este tema. El respeto a la libertad de prensa debe ser un principio de cualquier funcionario público para ejercer su labor con transparencia y compromiso con los ciudadanos.

La indiferencia hacia la libertad de prensa se evidencia en otros problemas. Basta con resaltar que la justicia colombiana sigue sin mostrar avances significativos en los casos en los que los periodistas han sido víctimas.

Al interior del sistema judicial se presentan la negligencia, las dilaciones injustificadas y la dificultad para identificar dentro de la investigación a los autores intelectuales de los crímenes. Estas irregularidades han dado lugar a una administración ineficaz de justicia, lo que deriva en un alto riesgo de impunidad.

El equipo de la Fundación para la Libertad de Prensa sigue trabajando para contrarrestar los múltiples frentes por los que se presenta la censura. A las 37 amenazas, 13 estigmatizaciones, 11 obstrucciones al trabajo y 9 agresiones directas que han sufrido distintos periodistas en lo corrido de 2017, entre otros ataques, se suman más formas de presión que atentan contra los derechos protegidos en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y ponen cuestión el derecho de los colombianos a estar informados.

Este año, la FLIP hará público el registro de otro tipo de violaciones a la libertad de prensa. Entre estas se encuentran los casos de acoso judicial, las obstrucciones al acceso a la información pública, las solicitudes de remoción o bloqueo de contenidos en Internet y los ciberataques a las páginas web de los medios de comunicación, entre otras. Confiamos en que estos datos ayudarán a enriquecer el análisis sobre las condiciones para el periodismo en Colombia.

La FLIP espera que esta fecha incentive a los ciudadanos a reflexionar sobre la necesidad de un periodismo libre en el país. El mejor reflejo de un sistema democrático eficiente es la defensa colectiva sobre la importancia de la libertad de prensa como valor fundamental para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.

En el documento adjunto se encuentran los casos destacados de los primeros cuatro meses de 2017 en los que se resaltan las agresiones de funcionarios públicos a distintos periodistas y medios del país. 

Lea aquí el informe en línea.

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Luego de la tragedia ocurrida en Mocoa en la madrugada del 1 de abril, la Fundación para la Libertad de Prensa se suma al llamado de solidaridad y donaciones, reconoce el esfuerzo de medios y periodistas e invita a que incrementen las ayudas.

Adicionalmente, la FLIP ha tenido conocimiento de al menos seis periodistas (la mayoría independientes) que resultaron gravemente afectados por la avalancha. La Fundación avanza en un censo de daños para contribuir a la búsqueda de apoyos a los medios locales. De acuerdo a las Cartografías de la Información en el Putumayo, en Mocoa hay al menos 8 medios de comunicación locales y 3 tres de carácter público: dos digitales, Putumayo Noticias y MiPutumayo.com; un impreso, El Nuevo Putumayo; cinco emisoras, Radio Waira, Colombia Estéreo, Radio Policía Nacional (estas tres son públicas); Putumayo Estéreo y Maguare Estéreo; y tres canales, WVC Televisión, Noticiero TV Putumayo y ASOCOTV.

La FLIP quiere hacer un reconocimiento especial a estos reporteros que están haciendo su trabajo en medio de sus dramas personales y a pesar de las restricciones de agua y energía eléctrica que todavía afectan algunos sectores de la capital del Putumayo.

De la mano de dos corresponsales de la FLIP que se encuentran en el terreno, la FLIP está evaluando los daños que sufrieron los periodistas y medios de comunicación de Mocoa para buscar una forma de apoyarlos hacia su reconstrucción. El objetivo es evaluar el impacto de las pérdidas y así determinar qué acciones son urgentes para que retomen actividades.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los señalamientos estigmatizantes del Frente de Guerra Oriental del ELN contra algunos medios de comunicación.  

En el comunicado, que empezó a circular en el departamento de Arauca el 28 de marzo, la Guerrilla del ELN señala a la Emisora local La Voz del Cinaruco como un medio “funcional” a los militares y califica al portal La Silla Vacía (cuya directora, Juanita León, también preside el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa) como parte de una “matriz mediática difamadora (…) que llama a golpear al movimiento social para debilitar a la guerrilla”. Estas afirmaciones tienen un efecto intimidatorio a los esfuerzos de hacer periodismo en una región de censura, sitúan al ELN como una organización que está lejos de entender la deliberación pública como un insumo fundamental para la democracia y marcan un efecto inhibitorio en el cubrimiento futuro de las distintas noticias que se presenten en el departamento de Arauca.

El pasado 19 de marzo, La Silla Vacía publicó una historia titulada “El desgane con el proceso del ELN se siente más en Arauca”. Allí este portal señalaba que “diferentes asociaciones sociales, muchas de las cuales guardan alguna afinidad con los postulados políticos del ELN (…) se han empezado a movilizar alrededor del proceso (…). En cambio en Arauca, departamento militarmente clave para el ELN y uno de los fortines políticos de esa guerrilla, todo está congelado”.

Por su parte, en la Voz del Cinaruco, medio local que ha sido víctima del ELN en repetidas ocasiones, se ha dado cubrimiento periodístico a los anuncios del gobierno nacional de incrementar el pie de fuerza militar en la zona. 

En los dos casos, y atendiendo a la coyuntura actual de una mesa instalada de diálogos con el ELN en Quito, las publicaciones de La Silla Vacía y la Voz del Cinaruco no solo son legítimas, sino necesarias en un departamento con obstáculos permanentes para la libertad de prensa. El ELN, con su comunicado, afecta las garantías a este derecho en una región y en un momento crucial donde es necesario el libre flujo de información sobre asuntos de interés público. Contra la Voz del Cinaruco la FLIP ha registrado 9 ataques dentro de los cuales se destacan dos asesinatos de periodistas. 

Los señalamientos del ELN a La Silla Vacía y la Voz del Cinaruco no pueden ser considerados como mensajes de paz. Particularmente porque los estándares internacionales de libertad de expresión y del derecho internacional humanitario son claros en indicar que los periodistas son considerados población civil en el marco de los conflictos armados. Cuando una fuerza rebelde como el ELN les asocia con su enemigo militar (El Estado) deja en condición de riesgo a medios y periodistas.

Resulta cuanto menos paradójico que el ELN, que tanto ha defendido la participación de la sociedad en la mesa de diálogos de Quito, sea quien emite este tipo de señalamientos que lo único que provocan es limitar las posibilidades de que la sociedad colombiana documente, publique y reciba información sobre la difícil situación del departamento de Arauca.

El comunicado de la guerrilla muestra, o que el ELN se resiste a entender que la libertad de expresión y de prensa son la base mínima de la participación social, o que esta guerrilla entiende por “participación de la sociedad” aquella que sólo coincide con sus intereses y visiones de la realidad. En cualquier escenario, el pronunciamiento del ELN afecta el derecho a la información de los colombianos en general y del pueblo araucano en particular.

La FLIP exige al Gobierno Nacional brindar todas las garantías al cubrimiento periodístico en Arauca. De igual forma, hace un llamado a la Mesa de Negociación de Quito para que sus integrantes acaten los estándares de libertad de prensa, esto pasa por abstenerse de hacer señalamientos estigmatizantes, ser tolerantes a las críticas y responder a ellas en el debate público sin atacar a la prensa.  

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La FLIP rechaza la agresión verbal contra Karla Arcila por parte de un contratista del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la Casa de Nariño. 

El jueves 23 de marzo la periodista estaba en la Casa de Nariño esperando la autorización para ingresar. En la recepción, el contratista del DNP se acercó a la reportera y, en frente de otros funcionarios y periodistas, le preguntó que si trabajaba para RCN. Cuando Arcila respondió afirmativamente el funcionario le contestó "con razón huele a azufre" y le dio la espalda. La FLIP habló con el contratista, quien confirmó lo ocurrido, lamentó los hechos y reconoció su error. 

La situación fue puesta en conocimiento de la jefe de prensa de Casa de Nariño, Marylin López; el director de Casa Militar, el General Maldonado y el Director del DNP, Simón Gaviria, este último indicó que abrirá una investigación interna.

Para la FLIP es grave que personas que trabajan para el Gobierno, o cualquier entidad pública, incurran en calificaciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación. Los estándares internacionales de libertad de prensa imponen obligaciones específicas en cabeza de quienes trabajan para el Estado con el fin de procurar un ambiente favorable a la deliberación pública. 

Es positivo que el contratista haya llamado a la periodista para disculparse. La FLIP no advierte que la agresión contra la periodista haya obedecido a una instrucción de directivos del Gobierno, fue un acto motivado desde el fuero personal. Sin embargo, es importante que sus superiores tomen correctivos para que este tipo de episodios no se repitan. Por esto invitamos al Gobierno Nacional a que públicamente instruya a sus funcionarios y contratistas para respetar la libertad de prensa, ser tolerantes a la crítica y abstenerse de restringir o perturbar la labor periodística, especialmente con los medios que formulan críticas al Gobierno. 

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La FLIP rechaza las amenazas de las que ha sido víctima Daniel Silva, periodista de Tras la Cola de la Rata en Pereira - Risaralda. Las intimidaciones son producto de las denuncias que el columnista ha hecho a través del medio.

En la noche del jueves 23 de marzo un desconocido llegó a la casa del reportero, le apuntó con un revolver en la cabeza y le dijo: "vea malparido, no queremos más investigaciones. Queda advertido".

La FLIP expresa su preocupación por las constantes intimidaciones de las que ha sido víctima Silva. Entre 2016 y 2017 la FLIP ha documentado tres amenazas contra el periodista por sus investigaciones y artículos sobre hechos de corrupción en Pereira.

En una de ellas, el columnista denunció a Fernando Pineda por destinación indebida de dineros públicos cuando el funcionario se desempeñaba como presidente del Concejo de Pereira. A partir de esta denuncia, el Consejo de Estado investigó la conducta del concejal y el pasado 16 de febrero ordenó su destitución.

En junio de 2016 la FLIP solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le realizara un estudio de nivel de riesgo, este organismo completa 9 meses sin brindar una respuesta. Una demora que sólo acentúa la responsabilidad del Gobierno en la obligación de brindar protección tras la intimidación con arma de fuego. 

La declaración de principios sobre libertad de expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales... viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada"

Por lo anterior, la FLIP exige a la UNP asignar medidas de protección de emergencia y solicita a la Fiscalía que investigue los hechos con el fin de sancionar a los responsables.

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