Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en contra de las instalaciones de la emisora Renacer Kokonuko en el municipio de Puracé, Cauca.

El pasado viernes 3 de noviembre, a las 5:30 pm, agentes de la Policía Nacional y del ESMAD atacaron con piedras y gases lacrimógenos las instalaciones de la emisora indígena Renacer Kokonuko. Según Lucelida Quilindo, coordinadora de Renacer, los uniformados arremetieron contra las puertas, ventanas y el techo de las instalaciones. Los daños incluyen seis vidrios rotos y ocho tejas destruidas. Durante el ataque, que duró cerca de media hora, los dos comunicadores que se encontraban en la emisora tuvieron que protegerse y por unos minutos se vieron obligados a salir del aire.

Según información que conoció la FLIP, desde el medio día se desarrollaban confrontaciones entre la fuerza pública y comuneros en el predio de Aguas Tibias, donde el pasado 8 de octubre la comunicadora Efigenia Vásquez, fue asesinada. La emisora Renacer Kokonuko, además de la programación habitual, había estado compartiendo con sus oyentes el comunicado del cabildo en el que se convocaba a la comunidad a unirse a la manifestación. Los comuneros del resguardo reclaman la propiedad colectiva del predio Aguas Tibias, que actualmente está en poder de un privado.

No es la primera vez que el ESMAD ataca la emisora. En junio de este año, en una jornada de manifestaciones, agentes del ESMAD rodearon las instalaciones del medio e intentaron ingresar a la fuerza. Un mes después, también en el contexto de una protesta, la emisora se quedó sin energía eléctrica. Según los comunicadores y las autoridades, este corte fue ordenado por la Fuerza Pública para impedir el cubrimiento de la manifestación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, determinó que “es crucial para garantizar de manera adecuada el derecho de protesta y a manifestarse públicamente que se facilite la tarea de los periodistas, camarógrafos y reporteros que se encuentren ejerciendo sus labores en estos contextos y que no sufran actos de fuerza arbitrarios por parte de los funcionarios policiales o estatales ni el secuestro de sus materiales de trabajo y registro, en todos sus soportes”.

La FLIP solicita a la Policía Nacional que investigue los hechos ocurridos el pasado 3 de noviembre y que suspenda a los responsables de ataque contra la prensa en el Cauca. Además, es necesario que los agentes asuman una actitud de respeto a la prensa, en especial en el contexto de la protesta social.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con el apoyo de Open Society Foundations, el fondo para apoyar a los periodistas freelance Rory Peck Trust y la empresa de tecnología Sudecom, respaldaron a los periodistas de Mocoa a través de la entrega de equipos para reanudar su labor periodística, luego de que resultaran afectados por la avalancha del pasado 1 de abril.

El pasado 28 de octubre miembros de la Fundación para la Libertad de Prensa se reunieron en el auditorio de la Cámara de Comercio de Mocoa con los 12 periodistas que resultaron afectados por la avalancha que dejó más de 300 personas muertas. Durante el encuentro, la FLIP entregó los equipos que fueron reunidos junto a las otras tres organizaciones para contribuir a la reanudación de sus labores periodísticas.

Las organizaciones esperan que este apoyo contribuya a que los periodistas desarrollen su oficio con mayores garantías para hacer veeduría a la gestión de los funcionarios de su municipio y denuncien las irregularidades en los procesos electorales y de contratación pública de su región. Con la entrega de estos equipos se espera, además, que haya mayor pluralidad informativa a través del fortalecimiento de medios de comunicación de diferentes formatos como radio, televisión y prensa.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza y condena el robo del que fue víctima la Agencia de Prensa Rural en Bogotá.

El 25 de octubre, en la madrugada, delincuentes ingresaron a la casa de la Corporación para el desarrollo de la educación y la investigación social (Corpeis), violentaron las entradas y se dirigieron únicamente a la oficina de Prensa Rural. Allí robaron un computador Mac, un disco duro y un kit de luces. Los periodistas fueron informados por el personal de seguridad cuando la alarma se activó.

El robo podría ser un ataque dirigido ya que los delincuentes no tomaron objetos de valor de otras oficinas, atravesaron toda la edificación y llegaron hasta el lugar donde está ubicada la sede de Prensa Rural, en el segundo piso. De acuerdo con la información que logró obtener la FLIP, para llegar hasta las instalaciones del medio se debe conocer con exactitud su ubicación e identificar el momento apropiado para ingresar.   

A pesar de que en el computador no había información sensible, en el disco duro sí estaban guardadas maquetas de trabajos que está realizando la Agencia. Prensa Rural ha estado trabajando en varios proyectos relacionados con la construcción de memoria en algunos departamentos del país, el proceso de erradicación de coca, el encuentro nacional de víctimas de la Unión Patriótica y el encuentro nacional de Reserva Campesina.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de principios sobre libertad de expresión dispuso:  “la destrucción material [o robo] de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La Fundación rechaza estos intentos de censurar a un medio alternativo y el robo de información sensible. Los responsables del robo pueden acceder a la información de Agencia de Prensa Rural y así se violaría el secreto profesional. La seguridad de los reporteros y de sus fuentes pueden estar en riesgo.

La FLIP insta a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a que investigue los hechos y así se pueda hacer justicia con las sanciones adecuadas. La Fundación le solicita, además, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo a la Agencia de Prensa Rural con el fin de determinar las medidas apropiadas para proteger las instalaciones del medio.

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La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– condena los ataques de agentes de la Policía Nacional en contra de periodistas y personal que integraba una comisión humanitaria de carácter civil, organismos internacionales y defensores de los derechos humanos en Nariño. Los hechos ocurrieron hacia las 2 de la tarde del domingo 8 de octubre en la vereda de Tandil, en inmediaciones de Tumaco.

La FLIP documentó que en terreno se encontraban desplegados equipos periodísticos de la Revista Semana, El Espectador, Contagio Radio, Vice Colombia/Pacifista y City Tv/El Tiempo.  Tanto la misión humanitaria como los periodistas se encontraban cerca del lugar donde el pasado jueves 5 de octubre seis campesinos fueron asesinados en situaciones que aún se investigan y ya han sido atribuidas a la Policía Nacional.

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que aceptó que sus agentes dispararon granadas de aturdimiento contra los civiles. Sin embargo, según documentación recibida por la FLIP a través de personas que estuvieron en el lugar, los uniformados dispararon armas de fuego y bombas aturdidoras en varias ocasiones a una distancia de no más de 20 metros.

Al respecto la FLIP:

1.      Informa que las explicaciones de la Policía son insuficientes. En algunos apartes falta a la verdad y pretende justificar una acción policial abiertamente desproporcionada. El número de personas que integraban la misión era significativamente menor, la misión humanitaria y periodística era de conocimiento previo de mandos policiales en terreno y además de las granadas aturdidoras se presentaron ráfagas, al parecer, de fusil. 

2.      La misión civil en terreno no tenía capacidad de representar riesgo alguno para el despliegue de la fuerza pública en la zona, esta situación le resta legitimidad y proporcionalidad a la respuesta violenta de la Policía. Fue un ataque a civiles, con plena conciencia de que lo eran y sin justificación alguna.

3.      Recuerda que la masacre de campesinos en Tumaco es un hecho de enorme gravedad que despierta un interés legítimo de cubrimiento periodístico. Al Estado en su conjunto le corresponde brindar garantías para que las misiones periodísticas en terreno puedan desarrollar su labor de informar a la sociedad sobre lo que está sucediendo.

4.      Resalta que este deber de garantía se acentúa en el caso de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta no sólo su labor misional sino también el hecho de que la masacre de campesinos que investigaba misión humanitaria y los equipos periodísticos sea atribuida a la Policía Nacional.

5.      Exige que el ataque de la Policía a periodistas y la obstrucción al cubrimiento periodístico sea objeto de investigación desde la censura y el miedo que se impone con estos actos.  Se trata de un caso grave en el que existe la posibilidad de encubrimiento policial a serias denuncias en su contra, o el despliegue de agentes policiales negligentes y arbitrarios que desconocen estándares básicos de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

6.      Exige al Gobierno Nacional explicaciones sobre lo sucedido incluyendo: la pronta asignación de sanciones ejemplarizantes, asumir responsabilidad al interior de los cuerpos policiales y dar instrucciones de plenas garantías al cubrimiento periodístico de conformidad con los estándares internacionales a los que está obligado.

7.      Solicita al Ministerio Público, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, así como a todas las bancadas del Congreso de la República, iniciar acciones de su competencia para que la investigación de los hechos sucedidos en Tumaco cuente con garantías a la libertad de prensa.

Estos hechos ponen en riego el derecho a una sociedad informada sobre asuntos de interés público y marcan acciones de censura por parte de agentes estatales. Recuperar la sana y democrática vigilancia periodística sobre lo público es entonces una prioridad.

En lo que va corrido del año, la FLIP ha documentado 18 casos en los que agentes de la Policía y las fuerzas militares han agredido a la prensa. De estos, 8 han ocurrido en medio de manifestaciones sociales. En julio, una periodista fue agredida e intimidada en zona rural de Meta durante el cubrimiento de los enfrentamientos entre campesinos y fuerza pública por la erradicación forzada de coca. Así mismo, en mayo un periodista resultó gravemente herido por parte de uniformados que lo agredieron con arma de fuego mientras cubría una movilización de indígenas en el Cauca.

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La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– condena las agresiones en contra de Mauricio Cardoso, periodista de Extra Caquetá

En la noche del miércoles 23 de agosto, Cardoso se dirigía en moto de la Universidad de la Amazonía, donde estudia, hacia su casa en Florencia. En el camino tres hombres lo interceptaron y lo tumbaron de la moto. Posteriormente lo hirieron con un puñal en repetidas ocasiones en el abdomen, los brazos, el pecho y las manos. Además lo golpearon y lo insultaron reiterativamente. Los sujetos le dijeron que lo iban a asesinar “por sapo”. Uno de los hombres le apuntó con un arma de fuego amenazando con dispararle. Finalmente los agresores dejaron a Cardoso en la calle y no le robaron la moto, ni el celular, ni su billetera.

Cardoso cubre noticias judiciales y de orden público en el departamento de Caquetá. Según la administradora del periódico Extra, ni el medio, o los periodistas, han recibido amenazas.  Sin embargo, el ambiente para la prensa en Florencia no es favorable.  

La Fundación expresa su preocupación por las agresiones y las intimidaciones de las que fue víctima Cardoso. La situación de violencia contra la prensa en Caquetá no es un tema que deba ser ignorado por la Policía y la Fiscalía de ese departamento. En los últimos 30 años, la FLIP ha registrado 7 asesinatos a periodistas por razón de su oficio en esa zona del país. El último es el de Luis Antonio Peralta el 14 de febrero de 2015. El caso sigue en la impunidad.

La Fundación considera que existen indicios que señalan que la agresión podría estar motivada por el trabajo periodístico de Cardoso: su cubrimiento de álgidos asuntos judiciales, el no haber sido robado por sus agresores y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permiten sospechar que se trataría de un ataque dirigido específicamente al reportero. La FLIP hace un llamado a la Fiscalía y a la Policía para que investiguen los hechos con la mayor diligencia y esclarezcan la situación.

*Cardoso fue dado de alta el 24 de agosto del hospital María Inmaculada.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) con gases lacrimógenos en contra de Alexei Castaño, periodista de Caracol Radio y Red + Noticias. La situación ocurrió en la mañana del martes 15 de agosto en Bogotá.

Castaño se encontraba en la vereda Mochuelo Alto, localidad de Ciudad Bolívar, cubriendo protestas de los habitantes del sector en contra del relleno sanitario Doña Juana. El periodista se disponía a hacer la transmisión en vivo para Caracol Radio junto a los protestantes. Agentes del ESMAD lanzaron a los pies del periodista una granada de gas lacrimógeno y arrojaron otras dos a la camioneta del medio. El periodista no pudo continuar realizando su labor como consecuencia de la inhalación de los gases.

En el momento de los hechos también estaban presentes reporteros de CityTv, Caracol Televisión y La FM. Horas después de la agresión un comandante de la Policía Metropolitana llamó a Castaño pidiendo que le contara qué había ocurrido. También, el secretario de seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, se comunicó con el periodista solicitando un relato de los hechos y le insinuó que debía tener cuidado en situaciones como esta. "Uno no se puede meter ahí", le dijo Mejía.

Los casos de agresiones de agentes del ESMAD en contra de la prensa no son aislados. En lo que va corrido del año, la FLIP ha registrado otras cuatro situaciones en los que agentes antidisturbios han atacado a periodistas. Es constante que esas agresiones se den en manifestaciones sociales y que los agentes busquen impedir el registro de los operativos.

La FLIP solicita a la Policía Nacional que inicie la investigación disciplinaria en contra de los agentes que participaron en la situación y esclarezca los hechos.  Además, la FLIP invita a la entidad para que adopte mecanismos de prevención para evitar la violencia contra la prensa por parte de los agentes del ESMAD.

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Como consecuencia de la orden emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, Álvaro Uribe publicó un trino rectificando sus difamaciones contra de Daniel Samper Ospina quien valoró la retractación del senador y afirmó que continuará ejerciendo la sátira y la crítica política. “Es evidente que el expresidente no tuvo camino distinto al de reconocer que sus difamaciones en mi contra eran mentirosas, irresponsables e insostenibles”, aseguró el periodista.

Para la FLIP la rectificación del senador es un paso significativo y en la dirección correcta para el cumplimiento de su obligación como líder público de contribuir con su discurso a un ambiente favorable para la libertad de expresión. Sin embargo, en estricto sentido, la rectificación cumple con algunos, pero no con todos los requisitos constitucionales.

En su rectificación, Uribe afirma que Samper “no es violador de niños” y que “jurídicamente, según criterio de autoridad, no se ha configurado pornografía infantil”. No obstante, esto es insuficiente ya que no cumple las exigencias desarrolladas por la Corte Constitucional [1] para que la rectificación sea válida, a saber, (i) que tenga un despliegue equivalente al que tuvo la noticia inicial; (ii) que se pueda identificar con facilidad la relación existente entre la rectificación y la publicación que se enmienda; y (iii) que el autor reconozca expresamente que se equivocó, es decir que incurrió en un error o en una falsedad.

En criterio de la FLIP la rectificación no cumple a cabalidad con el tercer requisito, pues no reconoce haber cometido un error en la información transmitida. Por el contrario dijo que el Tribunal no admitió su “juicio de valor” sobre Samper. Uribe insinuó que en lugar de haber estigmatizado a Samper lo que hizo fue ejercer su derecho a opinar y ser crítico acerca de su trabajo. En éste punto el Tribunal fue claro, el senador Uribe no puede pretender que entendamos sus afirmaciones en una “dimensión menos dañina de lo que por sí mismas sugieren las palabras”. La FLIP es consciente de que el reconocimiento del error es un estándar de la rectificación que es evadido con frecuencia por los propios medios de comunicación.                              

Independientemente de las consideraciones de la FLIP en torno al cumplimiento de la sentencia, lo importante de este caso es que más allá de acatar un fallo judicial, como sociedad esperamos que el Senador Uribe incorpore en su actividad política una lección democrática donde las reglas del debate público obligan a los líderes políticos a abstenerse de difamar a quienes les critican. Se trata de un mínimo democrático que deben acatar los políticos sin distinción de ideologías y que cobra especial relevancia en vísperas de las jornadas electorales que tendrán lugar en los próximos meses en Colombia. 

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El 14 de julio Uribe escribió en su cuenta de Twitter: “Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Samper Ospina, a Antioquia, ofensa publicada en Semana”. Dos días después afirmó que el periodista “hizo publicaciones pornográficas con menores”. Samper interpuso una acción de tutela en contra del senador por vulnerar su derecho al buen nombre. El pasado 2 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor del periodista.

El Tribunal ordenó al senador que "emita una retractación firme y precisa de la sindicación al accionante de "violador de niños" y de la afirmación acerca de que éste hizo "publicaciones pornográficas", a través del mismo medio en que las expresó, aclarando que esas afirmaciones realizadas anteriormente por él no se basan en evidencias disponibles; por consiguiente, que no es cierto lo afirmado por él respecto del periodista".


[1] Estos requisitos están contenidos en la sentencia T - 1198 de 2004.  Otras sentencias que desarrollan las condiciones de equidad en la rectificación son: T-603 de 1992; T-274 de 1993; T- 332 de 1993; T-479 de 1993; T-595 de 1993; T-259 de 1994; T.381 de 1994; T-074 de 1995; T-472 de 1996; T-066 de 1998.

 

 

 

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Más de medio centenar de periodistas, editores, columnistas y expertos se unieron a un mensaje para exigirle al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez que se acoja a la ley. Su larga trayectoria se señalamientos en contra de la prensa desbordó los límites el pasado viernes 14 de julio cuando, a través de su cuenta de Twitter, el senador se refirió al periodista Daniel Samper Ospina como "violador de niños".

Esta es la carta con la que se hace un llamado a la ciudadanía para que rechache la calumnia como una forma de hacer política. Quienes se quieran unir a este mensaje de rechazo pueden compartir la carta con la etiqueta #PorElRespeto.

Punto final

Es hora de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez deje atrás la práctica sistemática de difamar, calumniar e injuriar a sus críticos como si no fuera un expresidente obligado a dar ejemplo, ni un ciudadano sujeto al Código Penal.

El límite de todos los colombianos es y debe ser la ley. Y es tiempo de que el expresidente esté a la altura del enorme poder del que ha venido abusando sin mayores consecuencias: el último ejemplo de su estrategia de estigmatizar e intimidar para imponerse en el debate público, aquello de permitirse llamar “violador de niños” al periodista Daniel Samper Ospina frente a sus más de cuatro millones de seguidores de Twitter, no es sólo una infamia irreversible que habrá de tener solución en la justicia, sino también un repugnante acto de violencia que ya ha empezado a llamar a más violencia.

Twitter es la vida real. Quien comete un delito allí comete un delito en su país. Hoy, cuando en las redes sociales se ha vuelto común hostigar a los periodistas hasta ponerlos en peligro, resulta inaceptable que el expresidente siga jugando el perverso juego de rectificar cuando el daño ha sido hecho, siga legitimando socialmente esa manera temeraria de participar en la deliberación pública y liderando ese premeditado ataque contra la prensa y la libertad de expresión –ese echarle la culpa y acusar de conspirador al mensajero– que es una arremetida contra la democracia.

No se trata de reclamar, de ninguna manera, un trato privilegiado para los periodistas, ni de librar al periodismo de la crítica, sino de defender el derecho de todos a hablar sin ser objeto de los abusos de quien se sabe poderoso.

Una palabra de Uribe basta para enlodar un nombre, para exacerbar los odios de tantos colombianos frustrados, para degradar y envenenar el necesario debate político del país. Lejos está del líder responsable y digno que tendría que ser.

Pero él sabe todo esto: él no está reaccionando en caliente, ni cometiendo un desliz, sino redoblando un comportamiento peligroso e inescrupuloso cargado de intenciones políticas. Corresponde a la ciudadanía, pues, el siguiente paso. Dar ejemplo. Exigir sin miedo, con la ley de su lado, el fin de la calumnia como estrategia. Solidarizarse con el calumniado más allá de las contingencias de la política. Decirle al calumniador que ha llegado la hora de que se detenga.

Jesús Abad Colorado, José Manuel Acevedo, María Elvira Arango, Darío Arizmendi, Ricardo Ávila, Catalina Botero, Diana Calderón, Juan Pablo Calvás, Fidel Cano, Alberto Casas Santamaría, José Eustorgio Colmenares, Daniel Coronell, Ernesto Cortés, Vicky Dávila, Vanessa De la Torre, Félix De Bedout, María Elvira Domínguez Lloreda, María Jimena Duzán, Jorge Espinosa, Heriberto Fiorillo, Álvaro Forero Tascón, Álvaro García, Ignacio Gómez, Gustavo Gómez Córdoba, Claudia Gurisatti, Sebastián Hiller, Juan Carlos Iragorri, Juanita León, Juan Esteban Lewin, Diego Martínez Lloreda, Matador, Andrés Mompotes, Néstor Morales, Hassan Nassar, Lila Ochoa, Cecilia Orozco, Alfonso Ospina, Ricardo Ospina, Rodrigo Pardo García-Peña, Roberto Pombo, Fernando Quijano, Ana Cristina Restrepo, Jorge Restrepo, Nicolás Restrepo, Héctor Riveros, Luis Enrique Rodríguez, César Rodríguez Garavito, María Elvira Samper, Julio Sánchez Cristo, Alejandro Santos, Diego Santos, Ricardo Silva Romero, Rodrigo Uprimny, Jorge Alfredo Vargas, Juan Roberto Vargas, Vladdo, Felipe Zuleta, Camila Zuluaga.

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En la madrugada del sábado 24 de junio Derk Bolt y Eugenio Follender fueron liberados en la región del Catatumbo. Los reporteros fueron entregados por el ELN a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo. Según informó la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia, los periodistas "se encuentran bien teniendo en cuenta las circunstancias".

El grupo guerrillero envió una comunicación escrita con los reporteros en la que explican las razones del secuestro. La FLIP rechaza este tipo de acciones y le exige al ELN no utilizar a los periodistas como portavoces de sus comunicaciones.

La FLIP reconoce los esfuerzos que realizó la comisión humanitaria durante el secuestro para lograr la liberación de los periodistas y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que avance en la investigación de este delito.

La FLIP le exige al Estado colombiano que adelante acciones para garantizar el ejercicio periodístico en la región del Catatumbo. En los últimos tres años la FLIP ha documentado cuatro secuestros por parte del ELN y otro más por parte del EPL en esta zona del país.

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Miércoles, 21 de junio de 2017. 06:07 p.m.

La FLIP exige al ELN que libere a los periodistas holandeses

En la mañana del miércoles 21 de junio, gestores de paz del ELN confirmaron que los periodistas Derk Bolt y Eugenio Follender estaban en su poder. Una vez más, acudieron a la figura de la "retención preventiva" para enmascarar su violación a la libertad de prensa. Según los delegados del grupo armado, ya se activó un protocolo humanitario para liberar a los periodistas holandeses.

La FLIP le exige al ELN facilite las condiciones para que los reporteros vuelvan a la libertad y hace un llamado a la Fuerza Pública para que respalde las gestiones de la comisión humanitaria. 

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Miércoles, 21 de junio de 2017. 07:46 a.m.

La FLIP condena postura del ELN frente al secuestro de periodistas

La FLIP rechaza el pronunciamiento del ELN sobre la situación que viven Derk Bolt y Eugenio Follender, los periodistas holandeses que se encuentran secuestrados en la región del Catatumbo, Norte de Santander. El grupo guerrillero califica las “privaciones temporales de libertad” como una acción preventiva y de protección y se autoproclama como guerrilla garante de la libertad de prensa como parte de sus políticas.

Sobre su responsabilidad, el comunicado del ELN parte del desconocimiento sobre si sus estructuras secuestraron a los periodistas, pero asumen un compromiso de liberación en caso de que sea esta guerrilla la que los tenga en cautiverio.

El comunicado del ELN contrasta con información complementaria de conocimiento público. Las autoridades que han adelantado labores humanitarias en la región, como la Defensoría y la Personería de El Tarra, confirmaron que los periodistas holandeses están en poder del ELN.

La gravedad de la situación, el paso del tiempo, la necesidad de aprovisionamiento de medicinas para uno de los periodistas en cautiverio, la instalación de una mesa de conversaciones de paz en Quito y los antecedentes de violaciones a la libertad de prensa por parte del ELN son hechos relevantes que requieren de parte de esta guerrilla asumir responsabilidades y no posar como protectora de un derecho que ha violado recurrentemente.  El ELN pide comprensión sobre las razones y condiciones de la guerra en la que ellos participan, y al tiempo llaman a tolerar e incluso justificar la restricción de derechos básicos como la libertad de prensa.

El ELN confunde y justifica el secuestro. A través de un pronunciamiento público, emitido este martes 20 de junio por el ELN, el grupo armado se refirió a la presencia de los periodistas holandeses en el Catatumbo y al secuestro del que fueron víctimas: “Se trata de una región atravesada por el conflicto armado; en ese contexto, la posibilidad de efectuar privaciones temporales de la libertad a personas desconocidas y ajenas a las comunidades, se corresponde con una actitud preventiva, de ejercicio de protección y seguridad”.

En el mismo pronunciamiento el grupo guerrillero asegura “es política del ELN velar por la integridad de las personas, garantizar la libertad de prensa y cumplir con la pronta liberación coordinada con la comisión humanitaria correspondiente”. En el último año y medio la FLIP ha documentado al menos seis casos en los que el ELN, lejos de ser un garante de la libertad de prensa, ha sido el responsable de los ataques contra periodistas y medios de comunicación en Colombia.

El pasado 28 de marzo, el grupo armado publicó un panfleto en el que señaló a La Voz del Cinaruco de Arauca de ser un medio funcional a las Fuerzas Armadas y a la Silla Vacía de ser una “matriz mediática difamadora que llama a golpear el movimiento social para debilitar a la guerrilla”. Veinte días antes, miembros del grupo guerrillero detuvieron a tres reporteros de El País en el corregimiento de Huisitó, Cauca, y los despojaron de sus equipos periodísticos y de otros elementos de valor. Los equipos tardaron semanas en volver al medio de comunicación.

Una situación similar a la que se vive actualmente con los reporteros holandeses se presentó a mediados de 2016. El 21 de mayo, la periodista Salud Hernández fue secuestrada por el ELN mientras realizaba labores de reportería en la región del Catatumbo. Dos días después los corresponsales de RCN, Carlos Melo y Diego De Pablos, y un reportero de Caracol Televisión, Diego Veloza, fueron privados de su libertad por parte del grupo guerrillero cuando indagaban por el paradero de Hernández. Luego de ser liberados y de denunciar los hechos ante la Fiscalía, el 8 de julio los periodistas de RCN fueron declarados objetivo militar por parte del grupo guerrillero.

En su momento, el ELN justificó el secuestro de Salud Hernández como una acción de control poblacional para mantener la seguridad en la zona. Al respecto, la FLIP considera muy peligroso que el accionar del grupo guerrillero se convierta en una violación rutinaria al derecho a la libertad de prensa, del cual deben gozar todos los reporteros que hacen cubrimiento periodístico en las zonas de influencia del ELN. Para la Fundación, las regiones en las que hay confrontación armada, como lo es el Catatumbo, no pueden convertirse en zonas vedadas ni condicionadas para el cubrimiento periodístico. Además, la negligencia de las autoridades oficiales para ofrecer estas garantías no puede seguir siendo una constante.

La FLIP le exige al ELN que aclare su responsabilidad en el secuestro de los periodistas holandeses y le hace un llamado al gobierno para que brinde información veraz y oportuna sobre el paradero y las condiciones de salud en las que se encuentran los reporteros. De igual forma, solicita al Ejercito respetar los protocolos humanitarios y no dificultar las acciones de liberación. Una vez más, esta organización se ofrece para cualquier gestión humanitaria que agilice el retorno de Bolt y Follander a la libertad.

Nota: En la mañana de hoy, miércoles 21 de junio, la Mapp/Oea convocó  a un conversatorio entre periodistas, organizaciones y gestores de paz del ELN con el fin discutir sobre los avances y desafíos que tienen los medios de comunicación y sus audiencias frente a la construcción de paz. A pesar de que la FLIP había confirmado la asistencia de un delegado, declinamos la invitación por considerar que es imposible conversar con el ELN hasta tanto los periodistas sean liberados.

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Martes, 20 de junio de 2017. 12:49 p.m.

La FLIP exige la liberación de periodistas holandeses secuestrados en El Catatumbo

Los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie Follender, de 52 y 68 años, fueron secuestrados el pasado fin de semana en la vereda Filogringo, en inmediaciones de El Tarra, Norte de Santander. Así lo ha confirmado la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia y el Ejército Nacional. Bolt y Follender, presentador y camarógrafo de la cadena holandesa KRO-NCRV, estaban realizando un reportaje sobre familias biológicas de niños colombianos adoptados por personas en Europa.

La FLIP rechaza este ataque al periodismo en Colombia y hace un llamado a los responsables para que se respete la vida e integridad de los periodistas. La Fundación está trabajando para esclarecer los detalles del secuestro y las condiciones en que se encuentran los reporteros. Se espera que las entidades de Gobierno actúen con celeridad para asegurar el pronto regreso de Bolt y Follender y se hace un llamado para que no se obstaculice la entrega de información de interés público a los ciudadanos.

En esta región del país se han presentado 5 de los últimos 6 secuestros a periodistas en los últimos años. El Catatumbo no puede seguir siendo un territorio vedado para la prensa y por eso esta organización hace un llamado a las autoridades para que se refuercen las garantías al periodismo en esta zona. De igual forma, dado que el ELN opera en esta zona, ha estado involucrado en otros casos de secuestros a periodistas y teniendo en cuenta que la Fuerza Pública los señala como presuntos responsables, la FLIP le exige a este grupo armado que esclarezca su rol en este episodio. Hasta el momento, las aclaraciones en sus cuentas de redes sociales resultan insuficientes y provocan mayor confusión.

La Fundación hace un llamado a los responsables de este crimen para que liberen con prontitud a los reporteros.

La FLIP se pone a disposición de la Embajada de Holanda y los organismos humanitarios para apoyar cualquier gestión que lleve a la pronta liberación de los periodistas holandeses. 

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Pese a todo ese tiempo, los procesos que se adelantan por estos hechos avanzan a media marcha debido a que la periodista se ha enfrentado a un sistema judicial negligente y a un Estado sin voluntad política a la hora de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes. Muestra de ello es que, a la fecha, sólo se han producido dos condenas anticipadas en contra de Alejandro Cárdenas Orozco y Mario Jaimes Mejía por la vía de aceptación parcial de cargos.

Este panorama evidencia el poco interés que han tenido las autoridades por buscar justicia efectiva en el caso de Bedoya y que ha derivado en la revictimización y en el desconocimiento de los derechos de la reportera como víctima del conflicto armado.

Visibilidad

En este escenario tan desolador, vale la pena resaltar la valentía con la que la periodista ha afrontado estos hechos y que la han llevado a no rendirse y seguir luchando. Un ejemplo de ello es su labor periodística en el diario El Tiempo, así como las múltiples campañas lideradas por ella, que ha contribuido a la visibilidad de las mujeres agredidas sexualmente con el fin de devolverles la dignidad a las víctimas de este flagelo.

Fruto de este esfuerzo el 25 de mayo se convirtió, desde 2014, en el Día Nacional por la Dignidad de Víctimas de Violencia Sexual y a través del cual se conmemora la lucha y la resistencia que ejercen las mujeres no sólo para evitar ser víctimas de violencia sexual sino también para lograr justicia efectiva en sus casos.

La FLIP le solicita al Estado que tome las medidas necesarias para dar celeridad a los procesos y sancionar a los responsables de estos crímenes y hace un llamado para que estos casos de agresión a mujeres periodistas sean atendidos con un enfoque diferencial de género con el fin de que no se desconozca que el hecho de ser mujeres es una de las razones que motiva las agresiones de las que son víctimas.

Sobre este punto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que “en casos de violencia contra mujeres periodistas los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas señaladas, una obligación reforzada de actuar con debida diligencia a partir de las disposiciones existentes en materia de los derechos de las mujeres, como los establecidos en la Convención Belém do Pará”. Y añade: “[l]os Estados deben adoptar medidas de protección en casos específicos en los que determinadas mujeres periodistas corren un riesgo especial de ser víctimas de violencia, tomando en consideración las distintas formas de discriminación por otros motivos conexos como su raza, etnia, edad u orientación sexual, entre otros”.

Y concluye diciendo que “[r]esulta indispensable además que las autoridades encargadas de proteger e investigar sean debidamente capacitadas en materia de género para evitar estereotipos discriminatorios a la hora de evaluar la credibilidad de la denuncia presentada, culpabilizar a la víctima, justificar los hechos por su actitud o comportamiento, o que por sus relaciones sentimentales se cuestione su honra o se utilice un vocabulario sexista”.

De acuerdo con los registros de la FLIP, entre 2006 y 2016 al menos 191 mujeres periodistas fueron víctimas de agresiones en el marco de su ejercicio periodístico. Estas comprenden, entre otras, amenazas, estigmatización, atentados, obstrucción a su trabajo y violencia sexual; las cuales han sido cometidos por grupos guerrilleros, paramilitares, actores estatales o particulares.

Por último, la Relatoría también ha señalado que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: “vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información, generan un efecto amedrantador y de silenciamiento en sus pares, y violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”. Por lo anterior, de acuerdo con este mismo organismo, los Estados tienen la obligación de prevenir, proteger y procurar justicia. El caso de Jineth Bedoya es un claro ejemplo de una falla por parte del Estado en el cumplimiento de dicho deber por lo que se hace necesario que este caso siente un precedente para que las instituciones actúen y reivindiquen su responsabilidad a la hora de evitar que las agresiones contra la libertad de prensa se repliquen.

Antecedentes

El 25 de mayo de 2000 la periodista Jineth Bedoya Lima, que en ese momento trabajaba en el diario El Espectador, fue víctima de violación, tortura y secuestro luego de acudir a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes, alias El Panadero.

Tres años después, la reportera fue nuevamente víctima de secuestro, pero esta vez por parte de las Farc en Caño Jabón, Meta. Para ese entonces, Bedoya estaba realizando seguimiento a la situación de orden público del municipio, luego del secuestro masivo perpetrado por el grupo guerrillero en el año 2002.

Por estos hechos Bedoya lidera, desde 2009, la campaña ‘No es hora de callar’, que busca que las mujeres víctimas de violencia sexual denuncien a sus agresores y socialicen sus casos con el fin de recuperar su dignidad. Estas campañas, así como otras iniciativas que lidera la reportera para promover el perdón y la reconciliación, han aumentado su situación de riesgo por las múltiples amenazas que ha recibido durante los últimos 17 años.

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