Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena el ataque que sufrió la emisora Colón Stereo, de Colón, Putumayo.

En la tarde del pasado 3 de marzo, los transmisores de la emisora comunitaria de Colón fueron incinerados por desconocidos. El director de la emisora, Jesús Antonio Caicedo, estaba realizando el programa “Fiesta sabatina" en el corregimiento de San Pedro. Cerca de las 5:30 de la tarde, los transmisores dejaron de funcionar. Al llegar al lugar donde están ubicados, fuera del municipio de Colón, Caicedo los encontró completamente quemados.

Por la forma en la que fueron incendiados los equipos, se podría deducir que el ataque fue planeado. Según Caicedo, a través de las rejillas de ventilación fueron introducidas hojas secas y musgo que fueron prendidas con leña.

Según conoció la FLIP, agentes de la policía capturaron a un hombre que aseguró ser el autor material de los hechos. Al parecer, el hombre habría afirmado que quemó los transmisores porque no le gustaba la música que ponían en la emisora. Sin embargo, de acuerdo con información que conoció la Fundación, este hombre aparenta un comportamiento anormal y está siendo evaluado por psiquiatría.

La emisora comunitaria lleva 21 años al aire en Colón. Tienen programas musicales,magacines informativos y de opinión. En este momento la emisora no puede transmitir su programación habitual debido al ataque.

A pesar de que al supuesto agresor se le están haciendo valoraciones psiquiátricas, la FLIP invita a la Fiscalía General de la Nación a que investigue con celeridad los hechos. Además, la Fundación solicita al ente judicial que tenga como hipótesis principal que el daño contra la infraestructura del medio puede tener relación con el ejercicio informativo de la emisora.

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La FLIP rechaza las agresiones contra la prensa por parte de miembros de la Fuerza Pública durante la visita del candidato presidencial. Los reporteros afectados hacen parte de Caracol Radio, Caracol Televisión y Red Más Noticias.

El viernes 2 de marzo Gustavo Petro y los miembros de su campaña asistieron a un acto político en la Plaza Santander en Cúcuta. Durante el evento se presentaron desmanes provocados por los simpatizantes de partidos que están en oposición a Petro y uniformados del Esmad.

Debido a la difícil situación de orden público que se presentó durante el acto político y un hecho que Petro calificó como un atentado contra su vida, el candidato convocó a los periodistas de la ciudad a una rueda de prensa para dar sus declaraciones sobre lo sucedido.

En las inmediaciones al Hotel Casino Internacional, lugar donde Petro iba a dar la rueda de prensa, Jullieth Cano, periodista de Caracol Radio; Mauricio Parada de Caracol Televisión y Ligia Bejarano, de Red Más Noticias, fueron atacados por miembros del Esmad. Según los reporteros, los uniformados los golpearon a patadas, con los escudos de dotación y les impidieron entrar al evento. En medio de las agresiones, los simpatizantes de Petro gritaban “Fuera La Opinión” cuando notaron la presencia de los periodistas de este medio de comunicación.  

La FLIP expresa su preocupación por lo sucedido y le exige a la Policía Nacional que inicie la investigación disciplinaria con el fin de sancionar a los uniformados responsables de los ataques contra la prensa. La Fundación, además, le solicita a la institución que garantice el cubrimiento periodístico durante las visitas de los candidatos a las diferentes ciudades del país.  

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A propósito de la citación que recibió el periodista Jorge Gómez Pinilla, columnista de El Espectador, la FLIP dirige esta comunicación a la Fiscalía General de la Nación para que su actuar no sea cómplice de los intentos de censura. 

Lea aquí la carta dirigida a la Fiscalía.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la detención de Erick Silva Contreras, miembro del medio de comunicación barrial Noticiero Barrio Adentro en la ciudad de Bogotá.

El pasado 14 de febrero, a las 10 de la mañana, Silva fue capturado por agentes de la Policía Nacional en inmediaciones del centro comercial Centro Mayor. El reportero estaba realizando cubrimiento de las manifestaciones que se estaban llevando a cabo en Transmilenio. Los uniformados argumentaron que él estaba obstruyendo la vía, alterando el orden público y perturbando el servicio de transporte. Junto al periodista, la Policía capturó a 10 manifestantes. Sumado a esto, en medio de la captura, Silva fue agredido por un agente que lo lastimó en el cuello.

Los capturados fueron llevados al CAI de Villa Mayor y luego trasladados a la URI de Molinos, al sur de la ciudad, para legalizar la captura. Desde las diez de la noche, aproximadamente, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía pero bajo custodia de la Policía Nacional. Después de 18 horas, la Fiscalía aún no ha realizado la audiencia y la situación judicial de Silva no se ha resuelto.

A la FLIP le preocupa esta detención y, en especial, la vulnerabilidad de los periodistas de medios de comunicación alternativos a la hora de cubrir las protestas sociales. La FLIP hace énfasis en que es inadmisible que se criminalice a las personas que hacen trabajos de reportería en medio de manifestaciones.

La FLIP rechaza la detención ilegal en contra del reportero y le exige a la Fiscalía General de la Nación que el periodista sea dejado en libertad. La Fundación le solicita a la Policía Nacional que aclare lo sucedido y que se inicie una investigación disciplinaria en contra del uniformado que agredió a Silva.

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El pasado 7 de febrero se conoció un video en el que se ve cómo Mario Uribe, secretario de Desarrollo e Industria de Sabana de Torres, Santander, aborda y agrede a Humberto Muñoz, panelista del programa “Al paredón con Ramón”. Uribe le quita las llaves de la motocicleta en la que se desplazaba, lo insulta y lo golpea en la cara. “Usted es lo que es un bocón. No me joda la vida, vaya busque trabajo, usted es un vividor. Yo sí sé trabajar” (sic.), sentenció violentamente Uribe.

Dos días después de la agresión, Jesús Niño, uno de los dirigentes del canal de televisión Sabana T.V., informó al director del programa “Al paredón”, Ramón Sandoval, que se “finalizaba” su espacio en la parrilla de programación. Si bien la decisión de cerrar el espacio coincide con la golpiza de Mario Uribe, en conversación con la FLIP, Niño afirmó que la decisión no tiene que ver con el secretario sino que está relacionada con problemas técnicos y administrativos que está enfrentando el canal.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la agresión que cometió Uribe en contra de Muñoz. Además, la Fundación expresa preocupación por el cierre de un espacio de opinión y debate en el se discutían temas de relevancia local.  

El comentarista Humberto Muñoz considera que la golpiza que recibió podría estar relacionada con algunos comentarios que realizó en el programa de televisión “Al paredón con Ramón”. En una de las emisiones Muñoz criticó la idoneidad de Uribe para ocupar el cargo de secretario de desarrollo: “nos contaron que al señor secretario no le gusta ni ir a reuniones ni hablar en público”. Por su parte, Sandoval afirmó a la FLIP que una semana atrás Uribe también le habría reclamado por los comentarios del programa y lo habría buscado para resolvieran el asunto a los puños.

A la FLIP le preocupa que un funcionario agreda verbal y físicamente a un periodista como respuesta a las críticas. Más aun cuando el periodista es una persona mayor. Las acciones del secretario generan un clima vulnerable para la prensa en el municipio de Sabana de Torres, ya que otros podrían entenderlas como autorizaciones o incitaciones para atacar a los periodistas. La Fundación le recuerda a Uribe que si tiene desacuerdos con la prensa, puede expresarlos de manera responsable a través de mecanismos democráticos como la solicitud de rectificación.

Por otra parte, es desafortunado que un espacio de opinión y debate salga del aire coincidencialmente después de estos hechos. Sabana T.V. es el canal de televisión local del municipio y el cierre de programas genera un clima de desinformación y silencio en esta región de Santander. Es derecho de los ciudadanos acceder a información local y con el cierre de espacios periodísticos se estaría violando este derecho.

Hasta el momento de publicación de este comunicado, la FLIP no pudo comunicarse con el secretario Uribe.

En 2017, el 25% de las agresiones a la prensa vinieron de funcionarios públicos. Vea más detalles en el Informe anual Estado Depredador.

 

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Durante el año 2017 los poderes ejecutivo, legislativo y judicial faltaron a su deber de garantes de la libertad de prensa y tomaron conscientemente acciones de censura. Casos a nivel nacional encabezados por el presidente de la República, el Congreso y las cortes son la superficie de un problema profundo en el que los poderes públicos locales también restringen la libertad de expresión.

 La violencia sin protección ni sanciones; la pauta oficial que compra silencios; la estigmatización de la prensa como respuesta a las críticas;  la violencia estatal y letal contra periodistas;  las decisiones judiciales que abren la puerta a la censura y, sobretodo, aquellos extensos territorios carentes de información local nos llevan a la conclusión de que es necesario explicar este “Estado depredador” de la libertad de expresión en Colombia con el fin de que las instituciones públicas dejen de acudir a la censura y se sitúen en el lugar que les corresponde: la garantía de una deliberación pública libre.

En 2017 la FLIP documentó 310 ataques a la libertad de prensa que afectaron a un total de 368 periodistas (un incremento del 43,5% con respecto al número de ataques del año anterior). Además, el 8 de octubre, durante una protesta en Puracé, Cauca, asesinaron a la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien se encontraba cubriendo una protesta que derivó en  enfrentamientos entre los indígenas y el ESMAD.

Vea aquí el informe completo: ESTADO DEPREDADOR

Los detalles de estos 310 casos ofrecen un panorama preocupante para el periodismo. Y si se mira hacia el futuro del país, marcado por la accidentada implementación del  acuerdo de paz, y la incierta revitalización del diálogo con el ELN, hará falta atención a los riesgos que enfrentan los reporteros y las reporteras que tienen la tarea de contar qué está pasando en las regiones más apartadas, cómo se está aprovechando la inversión, de qué forma se está leyendo el país en esos territorios y cuáles son las urgencias de la población.

El problema es que los encargados de atender a las soluciones para ofrecer garantías al periodismo, en la mayoría de los casos, son su principal obstáculo. Los guardianes de nuestras libertades terminan siendo los primeros censuradores. Hoy, quién está al acecho del periodismo libre son los políticos, el presidente, el congresista, el juez, el alcalde, la personera, los diputados, el concejal y en general: los funcionarios públicos que ignoran sus responsabilidades con tal de silenciar a sus críticos.

Pero si de silencios se trata, el peor de todos puede venir del interior de los medios. Las denuncias acompañadas con la etiqueta #MeToo / #YoTambién han llegado al periodismo y ahora es tiempo de actuar para que la violencia sexual, dentro y fuera de las salas de redacción, sea denunciada.

Aquí está involucrada la sociedad en su conjunto, que no siempre es solidaria con las víctimas. Los medios de comunicación no solo tienen la tarea de construir espacios seguros para las mujeres periodistas, sino que además tienen que procurar que las periodistas hagan la reportería, libres de cualquier tipo de violencia. En esta línea, se deben construir garantías para que las mujeres denuncien la discriminación, el maltrato, el abuso y el acoso sexual sin temor a que la justicia o el poder de sus fuentes terminen en su contra.

En este informe se llama la atención sobre el papel de los miembros de la Fuerza Pública, quienes al menos en 15 protestas sociales enfocaron sus bolillos, sus bombas aturdidoras y sus armas de salva hacia los periodistas que estaban registrando los enfrentamientos.

Pero las agresiones directas por parte de los uniformados son parte de una crisis más grande. Las emisoras indígenas en el Cauca no solo han tenido que soportar históricamente el asedio de ambas partes del conflicto, sino que además se enfrentan a los obstáculos administrativos.

 

¿Quién es el responsable? La libertad de prensa tiene muchos depredadores, y uno de ellos ha sido el presidente Juan Manuel Santos.

En 8 años de gobierno, el presidente sacó a relucir su experiencia como experiodista para disfrazar su deber de responder a las críticas con irónicas clases de “buen periodismo”,  prometió cambios históricos que nunca dieron su primer paso y desperdició el tiempo, y la plata,  para atender a las urgencias de los medios en un país que ha sido silenciado por varias décadas de conflicto.

 

Este es un recorrido rápido por la taxonomía de la censura en Colombia. Los líderes que se disponen a legislar y gobernar durante los próximos cuatro años deberían alinear sus agendas para que este ecosistema tenga una mejor cara en el corto y mediano plazo.

En este año de elecciones, desde la FLIP le hacemos un llamado a todos los candidatos, sin excepción, para que sus discursos generen un ambiente favorable para la libertad de expresión, que sus diferencias con los medios se expresen a través de debates libres de señalamientos injustificados, que sus cuentas, desde ya, sean siempre claras, para que los medios y los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. Deberían proponerse, en últimas, no parecerse a muchos de sus predecesores, los predadores.

Descargue aquí el informe completo: ESTADO DEPREDADOR

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena el hurto del que fue víctima Édinson Bolaños, periodista de El Espectador y Colombia 2020, en la ciudad de Ibagué.

Hoy, 13 de enero, Bolaños se encontraba en un restaurante en el sector Alto de Gualanday, Ibagué, en compañía del esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección. Mientras ellos estaban en el establecimiento, desconocidos rompieron el vidrio de la camioneta en la que se movilizaban y se llevaron un bolso en el que estaba un computador portátil, dos discos duros, libretas de apuntes, una grabadora y el carné del diario. A pesar de que en el vehículo había otras maletas, los delincuentes -según los testigos eran dos hombres- se llevaron únicamente los elementos periodísticos.

Según informó el periodista, días atrás estaba realizando labores de reportería como parte de una investigación del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Aldemar Gaitán”. Él, junto a su esquema, se movilizaban del Cauca hacia Bogotá y decidieron detenerse en Ibagué para almorzar. Bolaños no realizó actividades periodísticas en el departamento del Tolima.

La FLIP expresa su preocupación por la gravedad de este ataque. Esta situación pone en riesgo al periodista ya que puede implicar seguimientos de personas interesadas en afectar su seguridad y robar su información. Sumado a lo anterior, estos hechos son de extrema gravedad ya que se pone en riesgo el secreto profesional y la seguridad de las fuentes y del reportero. Según el relato de Bolaños, en los equipos y libretas robadas había información sensible como datos personales de sus fuentes, datos y croquis de las ETCR y de otra investigación acerca de minería en el Cauca.

Este no es el primer ataque en contra de Bolaños por su trabajo periodístico. En noviembre de 2015 fue víctima de amenazas de muerte por una investigación acerca de cómo la minería artesanal en el municipio de Buenos Aires había sido cooptada por una empresa foránea. En ese momento la situación de seguridad de Bolaños empeoró y se vio obligado a dejar el departamento de Cauca. Además, en 2016 la familia del periodista fue víctima de intimidaciones en su lugar de residencia.

La FLIP hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a que investiguen con celeridad estos hechos y sancionen a los responsables. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, la Fundación solicita a la UNP que fortalezca las medidas de seguridad necesarias de manera inmediata para salvaguardar al periodista.

De acuerdo a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de principios sobre libertad de expresión dispuso: “(…) la destrucción material [o robo] de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- informa a la opinión pública acerca de la existencia de una situación generalizada de censura contra la prensa impuesta por el Clan del Golfo en el Urabá antioqueño.

El pasado 27 de noviembre se llevó a cabo el sepelio de uno de los jefes del Clan del Golfo, alias “Inglaterra”, en el municipio de Carepa, Antioquia. En medio de la procesión hacia el cementerio, uno de los hermanos de “Inglaterra” hizo señalamientos en contra de los medios de comunicación. La FLIP conoció un video del momento en que éste arenga a la multitud diciendo: "Este país está como está por los medios de comunicación, porque ellos dicen 'digan esto' 'digan aquello', pero la verdad no la dicen (...) Esto está dirigido a la ley y a los medios”, afirmó.

Si bien estas arengas no constituyen en sí mismas amenazas directas, sí ubican en una situación de riesgo a los trabajadores de medios de comunicación locales. El contexto multitudinario, la fuerte presencia de integrantes del Clan del Golfo en el sepelio y el contexto de violencia, obligan a interpretar las palabras del hermano de “Inglaterra” como un acto para amedrentar a la prensa.

La fuerte presencia y control de organizaciones narcotraficantes y grupos paramilitares en la región imponen la autocensura y prohíben el cubrimiento de temas de relevancia pública. Las arengas lanzadas en el sepelio podrían ser interpretadas como una instigación, una invitación o una autorización a terceros para que ataquen a la prensa en el Urabá.

A la FLIP le preocupa la situación de seguridad de los periodistas que cubren orden público en los municipios de la región, especialmente en estos meses próximos a elecciones parlamentarias. Sumado a esto, no ha existido ninguna respuesta de las autoridades frente a esta grave situación. Han pasado tres semanas desde que se emitieron los señalamientos y aún la Alcaldía de Carepa y la Policía de ese municipio no han rechazado los hechos ni tomado acciones para proteger a los periodistas.

La FLIP hace un llamado a las autoridades a que tomen medidas para garantizar el ejercicio periodístico en el Urabá. La Fundación insta a la Defensoría del Pueblo a que haga un acompañamiento a los reporteros, a la Policía a que garantice la seguridad de los periodistas y especialmente a la Alcaldía a que públicamente condene estos señalamientos y active medidas preventivas ante esta situación para evitar futuras agresiones contra la prensa.  

El Urabá y el silencio

En los últimos años la FLIP ha documentado amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y obstrucciones a la prensa en la región del Urabá. Desde el 2010, la Fundación ha registrado 20 agresiones en la región. Una de ellas fue el asesinato del periodista Luis Eduardo Gómez por denunciar nexos paramilitares de políticos y funcionarios del noroccidente del país.

El Urabá ha estado silenciado durante años de conflicto. Según información de la FLIP, el 25% de la población de esa región vive hoy en municipios en silencio, lugares donde no existen medios de comunicación que produzcan noticias locales. Adicionalmente, en el Urabá el narcotráfico ha cooptado instancias de poder político y económico constituyéndose en un poder de facto que obstaculiza el libre flujo de ideas y de información.

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Luis Carlos Ortiz, periodista de la emisora comunitaria La Voz de la Inmaculada, denunció haber sido víctima de un atentado por parte de Wilson González Reyes, alcalde del municipio de Rionegro, Santander.

En la madrugada del domingo 17 de diciembre, cuando el periodista estaba llegando a su casa después de trabajar, González, adscrito al Centro Democrático, llegó intempestivamente en su camioneta y –acompañado de un desconocido- lo abordó.

Según relató Ortiz a la FLIP, el mandatario saludó al reportero con cordialidad y luego subió el tono de voz, insultándolo y agrediéndolo físicamente. González tomó al periodista por el cuello e intentó subirlo a su camioneta por la fuerza. Cuenta Ortiz que en medio del forcejeo, el Alcalde le dijo al periodista “lo voy a matar” mientras que le ordenaba a su acompañante “páseme el arma” sin que este le obedeciera.

Ortiz afirma que logró liberarse y comenzó a correr para proteger su vida. Según el relato, el alcalde se bajó de la camioneta y le disparó a Ortiz mientras este huía. “Sentí que la bala pasó muy cerca de mí,” dijo.

Ortiz considera que las amenazas y las agresiones del mandatario están relacionadas con las denuncias periodísticas que él ha hecho sobre presuntas irregularidades de la actual administración. El reportero ha denunciado en redes sociales el mal estado del centro turístico del municipio y el cierre de Centro Vida, un programa que asistía a adultos mayores de escasos recursos, quienes ahora no cuentan con un sustento diario.

Así mismo, Ortiz dijo a la FLIP que en las pasadas elecciones municipales en el año 2015 se acercó al mandatario para mostrarle una denuncia sobre compra de votos en el municipio y le preguntó a González por su responsabilidad en los hechos. Como consecuencia, se habría iniciado una pelea con puños entre el reportero y el ahora alcalde.

En horas de la tarde, la FLIP intentó comunicarse con González para contrastar los hechos denunciados por Ortiz. Sin embargo, este no respondió de manera inmediata a las llamadas de la Fundación.

La FLIP condena estos hechos y le solicita a la Procuraduría General de la Nación que de manera inmediata suspenda al alcalde Wilson González mientras adelanta su investigación disciplinaria. Adicionalmente, La Fundación le pide a la Fiscalía General de la Nación que inicie la investigación penal en contra del alcalde por estos hechos con el fin de determinar su responsabilidad.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de nivel de riesgo con el fin de determinar las medidas necesarias para proteger la integridad del reportero. La Fundación considera que lo sucedido sitúa a Ortiz en una situación de riesgo inminente y, por esta razón, le hace un llamado a la entidad para que implemente medidas de seguridad por trámite de emergencia con el fin de prevenir un ataque posterior.

Como ya lo denunció la FLIP en días pasados, los funcionarios públicos se sitúan entre los principales agresores a la prensa en el país. De cara a la campaña electoral, es urgente que las autoridades y la ciudadanía exijan más garantías para el periodismo en el país. 

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por el clima adverso para la libertad de expresión que se está consolidando con relación a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año en Colombia.

 

En el 2015 se registraron 147 agresiones contra la libertad de prensa. Esta cifra aumentó en el 2016 a 216 y, a pocos días de que termine el 2017, la FLIP ya ha registrado 300 ataques. El aumento en amenazas es alarmante. El año pasado 89 periodistas fueron amenazados, este año la cifra ya supera los 130. Esto representa un aumento del 32 % en un año.

Las agresiones contra la prensa cometidas por funcionarios públicos y políticos también han aumentado. En lo corrido del año se han documentado 70 de estos ataques. Esto es el 25% de la totalidad de agresiones documentadas por la FLIP. La agresión más frecuente de funcionarios es la estigmatización. Este año van 24 casos. Estos hechos convierten a los servidores públicos en uno de los mayores agresores de la libertad de expresión en Colombia por encima de los grupos armados ilegales.

En el periodo electoral que se aproxima es crucial garantizar que la deliberación pública transcurra sin restricciones ni presiones para un voto informado. La FLIP considera que este debate electoral podría verse contaminado por un ambiente de agresiones contra los medios y estigmatizaciones difundidas masivamente a través de internet.  

De manera creciente, funcionarios y políticos y otros líderes públicos, están encontrando réditos políticos en estigmatizar y señalar de manera violenta a quienes opinan e informan a través de medios de comunicación. Esta actitud es una característica trazable en todas las tendencias ideológicas que participan de la contienda electoral y pone en riesgo a periodistas en todas las regiones de Colombia.

La FLIP hace un llamado a los partidos políticos y a los candidatos a cargos de elección popular a que se abstengan de hacer señalamientos estigmatizantes contra los medios y el trabajo periodístico. Así mismo, a que respondan a las críticas de manera responsable velando porque sus declaraciones no limiten la libertad de expresión de quienes les critican. “Los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento,” dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El voto informado en las próximas elecciones tampoco será posible sin mayor transparencia en la financiación de las candidaturas. Es necesario que candidatos y partidos divulguen detalles del  flujo de recursos de parte de particulares hacia las campañas, así como de las campañas hacia los medios de comunicación, especialmente en pagos asociados a publireportajes, publicidad política pagada y anuncios de campaña en televisión, prensa, radio, medios digitales, Facebook, Twitter, Instagram entre otros.

La FLIP es consciente de la importancia de las decisiones que tendrán que tomar los colombianos en las próximas elecciones. Para que estas decisiones sean libres y democráticas, se requiere proteger la discusión pública y los derechos a informar y a ser informados.

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