Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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  • El periodista Paco Lasso falleció el pasado 7 de mayo por un paro respiratorio.

  • Andrés Lasso, hijo del periodista, contó que se entorpeció el traslado de su padre a Bogotá para obtener una mejor atención médica.

  • Es deber del Estado garantizar medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de los reporteros, practicar las pruebas de Covid-19 cuando se considere necesario y entregar de manera oportuna los resultados.

La FLIP expresa su preocupación ante la denuncia de la familia del periodista Paco Lasso por las irregularidades en la atención médica que recibió el comunicador durante su tratamiento para prevenir el contagio de Covid-19, luego de ser diagnosticado con neumonía. La Fundación le hace un llamado a las autoridades para que atiendan de manera oportuna a los periodistas que se encuentran en riesgo de contagio.

La FLIP se contactó con Andrés Lasso, hijo del periodista, quien compartió algunos detalles del proceso por el que atravesaron antes de la defunción de su padre. Manifiesta que durante los días que el reportero estuvo internado en el Hospital San Rafael de Leticia, se determinó que era necesario ordenar un traslado a Bogotá para recibir una mejor atención pero continuamente se entorpecieron los trámites. Durante este tiempo también le fue practicada la prueba médica para descartar el contagio por Covid-19. Sin embargo, la familia obtuvo los resultados 17 días después, cuando el periodista ya había fallecido por un paro respiratorio el 7 de mayo.

El hijo del reportero cuenta que inicialmente le diagnosticaron neumonía y que, a partir de ese momento, se dilató la prestación de los servicios médicos necesarios, por lo que la condición de su padre empeoraba con el paso de los días y no recibió una terapia respiratoria adecuada. En su relato, Andrés Lasso asegura que en la clínica no contaban con gases arteriales ni máquinas adecuadas así que su padre tuvo que compartir oxígeno con otro paciente.

Paco Lasso era un periodista regional interesado en narrar problemáticas ambientales, especialmente las de la región de la Amazonia. Su trabajo siempre estuvo enfocado en denunciar los daños a la naturaleza y en publicar análisis sobre la defensa de los territorios, la importancia del cuidado y la preservación de los ecosistemas, y la protección de los pensamientos ancestrales de las comunidades que habitan el sur de Colombia. Tuvo la oportunidad de publicar sus investigaciones en diferentes medios de todo el país como La Patria, El País y El Nuevo Liberal.

La FLIP se solidariza con la familia del periodista Paco Lasso y expresa su preocupación por las condiciones de cuidado y atención oportuna que están recibiendo los periodistas en medio de la situación de emergencia que enfrenta el país. 

Los reporteros están haciendo un constante cubrimiento de esta coyuntura y es deber del Estado garantizar medidas de bioseguridad para prevenir el contagio, practicar las pruebas de Covid-19 cuando se considere necesario y entregar de manera oportuna los resultados con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de quienes están expuestos. Así mismo, en caso de confirmarse algún contagio es deber del Gobierno nacional prestar la atención necesaria para garantizar la salud de los afectados. 

La FLIP le recuerda al Gobierno nacional que parte de su responsabilidad frente al cumplimiento del derecho al acceso a la información pública es proteger a la prensa en medio de esta emergencia para que cuente con las garantías suficientes que le permitan difundir de manera oportuna información que contribuya al debate público sobre temas de interés general.

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  • El periodista Éder Narváez ha hecho publicaciones acerca de la difícil situación de orden público que enfrenta la región del Bajo Cauca Antioqueño. 

  • Narváez recibió dos amenazas de un hombre que se identificó como comandante de la organización criminal “Los Caparrapos”.

  • Es fundamental que la UNP garantice la seguridad del periodista y que la Fiscalía investigue los hechos.

Éder Narváez, director de NP Noticias y corresponsal de Teleantioquia en el Bajo Cauca Antioqueño, recibió dos amenazas de muerte en la última semana. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la situación de seguridad del periodista de Caucasia. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que fortalezca las medidas de seguridad para el reportero en las próximas horas.

El pasado 18 de abril el reportero recibió una amenaza por parte de un hombre que, días antes, se había identificado como Manuel, alias “El Negro”, y quien asegura ser un comandante de la organización criminal “Los Caparrapos”. En el mensaje que le enviaron a Narváez a través de WhatsApp el agresor le advierte que tiene tres días para abandonar Caucasia. El domingo 19 de abril, luego de las recurrentes amenazas, el periodista salió desplazado de manera forzada. 

Esta es la segunda intimidación contra Narváez en una semana. El pasado 13 de abril el periodista recibió una amenaza proveniente del mismo número telefónico, luego de publicar una noticia sobre el asesinato de dos hombres en el barrio Loma Fresca en Caucasia. Las constantes intimidaciones en contra del reportero son producto de las publicaciones que ha hecho acerca de la difícil situación de orden público que enfrenta la región del Bajo Cauca Antioqueño. 

La FLIP rechaza las amenazas contra Narváez y le solicita a la UNP que durante las próximas horas fortalezca las medidas de protección del reportero para salvaguardar su vida y su integridad. Es importante que la entidad concerte con el periodista el cubrimiento de los gastos de su reubicación o el retorno a su municipio para continuar desarrollando su labor informativa en condiciones de seguridad.  

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad estos hechos para así dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. 

Esto lo ha dicho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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  • El periodista Eder Narváez recibió amenazas de muerte por parte de una persona que se identificó como Manuel, alias "El Negro", comandante de Los Caparrapos.

  • La FLIP le solicita a la UNP que fortalezca las medidas de protección del periodista.

  • La FLIP hace un llamado a la Fiscalía a que investigue estos hechos con el fin de dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra de Eder Narváez, director del medio de comunicación NP Noticias y corresponsal de Teleantioquia en el Bajo Cauca Antioqueño. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que atienda de manera urgente esta situación con el fin de proporcionar la seguridad necesaria para el reportero.

El pasado 13 de abril de 2020, Narváez recibió varios mensajes a través de WhatsApp provenientes de una persona que se identificó como Manuel, alias "El Negro", comandante de Los Caparrapos. El desconocido amenazó de muerte a Narváez luego de que el reportero publicara una noticia sobre el asesinato de dos hombres ocurrido el día anterior en el barrio Loma Fresca en Caucasia. Con este homicidio son tres los crímenes ocurridos durante la última semana en el municipio. 

La FLIP expresa su preocupación por la seguridad de Eder Narváez y le solicita a la UNP que durante las próximas horas fortalezca las medidas de protección del periodista para salvaguardar su vida y su integridad. El pasado 13 de abril la Fundación solicitó medidas de seguridad por trámite de emergencia a la entidad y, luego de 34 horas, no han establecido comunicación con el reportero.  

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos con el fin de dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

 

 

 

 

 

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  • El pasado 31 de marzo la FLIP recibió una comunicación de la UNP en la que se informaba que a partir del 19 de marzo se habían cancelado las sesiones de CERREM, debido a la emergencia de salud que se enfrenta actualmente. 

  • La Fundación le solicita a la UNP que disponga de protocolos adecuados para que los miembros del CERREM puedan reanudar sus labores y garantizar su participación.

  • La FLIP hace un llamado a la Procuraduría a que investigue las actuaciones de los funcionarios de la UNP frente a esta situación.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la suspensión indefinida de las sesiones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), donde se definen las medidas de seguridad de las personas que solicitan protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esta situación es especialmente grave si se tiene en cuenta que los casos de periodistas que se encuentran en riesgo no serán atendidos.

El pasado 31 de marzo la FLIP recibió una comunicación de la UNP en la que se informaba que a partir del 19 de marzo se habían cancelado las sesiones de CERREM, debido a la emergencia de salud que se enfrenta actualmente. La determinación de la entidad se tomó por “una directriz impartida por el Subdirector de evaluación del riesgo y considerando la circular externa del Ministerio del Interior y Ministerio de Salud con respecto a la situación que enfrenta el país relacionado con el Coronavirus-COVID-19”, asegura la Unidad en su comunicación.

A pesar de que la UNP respondió con celeridad ante las inquietudes de la FLIP sobre esta situación, la entidad no hizo la notificación oportuna cuando tomó esta determinación. Desde el 18 de marzo la Secretaría Técnica del Cerrem no programa sesiones para definir las medidas de protección de los periodistas que se encuentran en riesgo. Según la Unidad, estas sesiones se reanudarán una vez se cuente con las condiciones necesarias para la participación de los funcionarios de las entidades invitadas. 

Desde ningún punto de vista resulta admisible que la UNP se refugie en las limitaciones ordenadas por el estado de emergencia económico y social para suspender esta instancia que resulta fundamental en la protección de la vida y la integridad de quienes están expuestos a situaciones de violencia por el ejercicio de su labor informativa. 

La Fundación le solicita a la UNP que atienda su deber de brindar protección a los periodistas que se encuentran en riesgo y disponga de protocolos adecuados para que los miembros del CERREM puedan reanudar sus labores y garantizar su participación. Las situaciones de emergencia como la que se vive actualmente obligan a las entidades del Estado a redoblar esfuerzos para continuar cumpliendo con sus obligaciones legales.

La FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación que, a partir de su deber de indagar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por funcionarios del Estado; investigue las actuaciones de los funcionarios de la UNP frente a esta situación. Adicionalmente, la Fundación le hace un llamado al organismo de control para que adelante las acciones necesarias que permitan prevenir retrasos que afecten los procesos de evaluación e implementación de medidas de protección para los reporteros que están expuestos a situaciones de violencia.  

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la situación de riesgo inminente a la que están expuestos los periodistas Gonzalo Guillén, Julián Martínez, Diana López Zuleta y Daniel Mendoza Leal. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que atienda de manera urgente esta situación con el fin de proporcionar la seguridad que requieren los reporteros. 

El pasado 19 de marzo un senador de la República tomó contacto a la FLIP y vía telefónica reprodujo un audio que revela explícitamente que el sábado 14 de marzo grupos criminales se reunieron para planear el asesinato de “los tres periodistas que destaparon la ñeñepolítica” y del twittero Beto Coral.    

La FLIP denuncia que la UNP no ha brindado medidas de protección a los periodistas mencionados, aun cuando ha pasado tiempo más que razonable para evaluar el riesgo e implementar medidas ante la emergencia. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo solicitó a la UNP brindar protección desde el 11 de marzo.

La FLIP resalta que debido al contenido de las denuncias sobre lo que se conoce como “ñeñepolítica” los periodistas han manifestado su desconfianza en la imparcialidad de la Fiscalía para adelantar investigaciones sobre las amenazas, seguimientos y, ahora, un  plan de asesinato en su contra. A pesar de esto, los reporteros hicieron la denuncia, como es su deber, ante el Fiscal General. 

La FLIP considera que estas investigaciones deberían sumarse a la solicitud expresada por Transparencia por Colombia y Dejusticia de designar un fiscal ad hoc que brinde más garantías al derecho a la justicia en este caso concreto.

La complejidad de este caso parte del hecho de que las denuncias periodísticas ponen en cuestión al Gobierno Nacional que está a cargo de la UNP y que, además, nominó al actual Fiscal General de la Nación. Con esta información presente, el pasado 9 de marzo la FLIP acudió a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo por ser los organismos de control a cargo de velar por los derechos humanos. Lamentablemente, y a pesar de haber manifestado en su momento la urgencia de un acompañamiento especial del Ministerio Público, ni la Procuraduría ni la Defensoría dispusieron de esfuerzos significativos para aportar a la protección de los periodistas en riesgo que ya han sido mencionados.

La FLIP alerta sobre el estado de desprotección generalizada, en términos de seguridad, en la que el Estado colombiano tiene a los periodistas Gonzalo Guillén, Julián Martínez, Diana López Zuleta y Daniel Mendoza Leal. Así mismo, y por la información conocida en las últimas horas, hacemos extensiva nuestra preocupación sobre el tuitero Beto Coral.

La FLIP insiste en la urgencia de garantizar la seguridad de los cuatro reporteros y le solicita a la UNP que implemente en las próximas horas medidas de protección que garanticen la vida y la integridad de los periodistas afectados. También hace un llamado a la entidad para que atienda de manera urgente las solicitudes hechas por los periodistas que actualmente no cuentan con medidas de protección y que se encuentran en una situación de riesgo inminente. 

La Fundación también les solicita a las autoridades judiciales que dispongan de las condiciones necesarias para que se investiguen estos hechos y los responsables sean llevados ante la justicia. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa, como lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre violencia contra periodistas y trabajadores de medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.


Respuesta parcial de algunas autoridades 


Durante la mañana de hoy (viernes 20 de marzo de 2020) la FLIP intentó tomar contacto con la UNP y no obtuvo respuesta. El Procurador delegado para los Derechos Humanos aseguró que va a hablar con el Director del Cuerpo Élite. Por su parte, el Procurador General prefirió no responder y la Defensoría del Pueblo manifestó que: “la Defensoría a través de todos sus canales está en abierta disposición de acompañar y velar por que se garanticen los derechos de todos los periodistas, especialmente de quienes se encuentran expuestos a riesgos. Rechazamos las amenazas y los hostigamientos en contra de Gonzalo Guillén, Julián Martínez y todos aquellos que sufran de estas conductas censurables en una democracia. Una vez el defensor Negret concluya la cuarentena se pondrá a plena disposición de atenderles personalmente cómo fue requerido por la Fundación para la Libertad de Prensa”.

Para la FLIP todas estas respuestas son precarias y no ayudan a reducir el riesgo al que hacen frente los periodistas de este caso.

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La FLIP registró cinco nuevas agresiones a la prensa durante el cubrimiento de las manifestaciones en las ciudades de Bogotá y Barranquilla. Con los registrados ayer, la FLIP ha documentado un total de 47 violaciones a la labor periodística, desde el pasado 21 de noviembre, que han dejado a 58 reporteros afectados.  

El 10 de diciembre miembros de la Policía Nacional obstruyeron y agredieron físicamente a varios periodistas que se encontraban cubriendo el plantón en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Un periodista de RCN Radio asegura que fue agredido físicamente por parte de un miembro de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien le propinó una patada para impedir que registrara la detención de un joven en medio de la manifestación. 

Por su parte Ómar Vera, periodista del medio digital El Turbión, denunció que cuando tomaba fotografías de la detención de este mismo joven, dos policías en motos lo acorralaron y uno de ellos lo golpeó en varias ocasiones con el manillar de la motocicleta e impidieron el cubrimiento de los hechos. Una situación similar vivió el equipo CityTv que se encontraba en el mismo lugar. Dos motos de policía le impidieron el paso al periodista y otro uniformado intentó tapar la cámara que estaba grabando lo sucedido. 

En otro punto de la ciudad, Juan Sebastián Sandoval,  reportero del medio digital Háblame Claro, sostiene que recibió escupitajos y fue agredido con piedras por integrantes del Esmad que se encontraban en el puente peatonal que atraviesa la carrera 30 frente a la Universidad Nacional. 

A estos casos se suma el del periodista Ramiro Cañas, de RCN televisión en Barranquilla, quien denunció que fue intimidado por varios manifestantes frente a la Universidad del Atlántico, mientras cubría una denuncia sobre el ataque a uno de lo vigilantes de la institución por parte de un grupo de encapuchados. Cañas manifiesta que cinco manifestantes le prohibieron grabar, debido a que no iban a permitir la presencia de RCN. Los desconocidos lo empujaron y le robaron la memoria de la cámara donde tenía todo el registro periodístico.  

De las 47 agresiones registradas por la FLIP en el marco del cubrimiento del Paro Nacional 24 han sido por parte de particulares y encapuchados cuya identidad se desconoce.

La FLIP reitera el llamado a la Policía Nacional para que sea garante de la labor periodística. Estas agresiones por parte de la Fuerza Pública intimidan a los periodistas que cubren las manifestaciones y generan un ambiente de hostilidad para la prensa. Es deber de la Policía Nacional velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información sobre las movilizaciones sociales, que son un tema de interés general.

Adicionalmente, la Fundación le hace un llamado a todos los manifestantes para que no se conviertan en agresores de la prensa sino por el contrario sean quienes contribuyen al derecho constitucional que tienen los ciudadanos de recibir información oportuna sobre hechos de interés público.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las intimidaciones y el robo del material periodístico del que fue víctima Pablo Navarrete en Cali. Debido a la situación de riesgo que enfrenta, el periodista tuvo que abandonar la ciudad para salvaguardar su vida y su integridad.

El pasado 18 de noviembre el reportero asociado a Consejo de Redacción fue víctima de una situación de riesgo cuando se encontraba en su apartamento en Cali. Un desconocido se hizo pasar como una fuente para llegar hasta su casa y tener acceso al material periodístico. Según el reportero, el agresor llegó a su vivienda, lo amenazó con un cuchillo y lo obligó a ingresar al apartamento para revisar el material periodístico. 

Una vez dentro de la casa de Navarrete, el desconocido le pidió que borrara archivos de su computador y, posteriormente, hurtó el equipo. Adicionalmente, el agresor le robó el dinero en efectivo que tenía el periodista y lo obligó a transferirle la totalidad del dinero que tenía en su cuenta de ahorros. Durante el tiempo que duró el ataque, el desconocido se refería al periodista como “guerrillerito” y antes de huir le dijo “espero haya entendido el mensaje”. Navarrete considera que esta situación de riesgo se presentó debido a las investigaciones que está adelantando el reportero para Consejo de Redacción sobre un tema sensible de violencia y de orden público. 

La FLIP expresa su preocupación por la situación de riesgo del periodista y le solicita a la Unidad Nacional de Protección que atienda de forma inmediata la solicitud, hecha hace seis días por la FLIP, de implementar por trámite de emergencia las medidas de protección necesarias para que Navarrete pueda continuar desarrollando su labor informativa con plenas garantías. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue la intimidación y el robo de los que fue víctima el reportero con el fin de identificar y sancionar a los responsables. 

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa expresa su preocupación por la amenaza a nueve periodistas del departamento de Nariño a través de un panfleto firmado por las Águilas Negras. Entre los periodistas afectados están el director del Periódico Punto, Francisco Terán; el director de Nariño Noticias, Miguel Ángel Villarreal; la corresponsal de Canal Uno y CM&, Lorena Caicedo y la corresponsal de Radio Nacional de Colombia, Natalia Cabrera. 

Varios de los periodistas le manifestaron a la FLIP que el panfleto fue dejado el 26 de septiembre en la madrugada en las instalaciones del Canal Nariño Televisión por una persona encapuchada que habría sido grabada por las cámaras de seguridad del edificio. 

En lo corrido de este año la Fundación ha registrado once ataques a la prensa ocurridos en el departamento que han afectado a 20 comunicadores, entre los cuales está el periodista de Samaniego Stereo, Libardo Montenegro, quien fue asesinado el 11 de junio de 2019. 

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que haga una evaluación de la situación de riesgo que enfrentan los periodistas amenazados con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a fondo este hecho con el fin de identificar y sancionar a los responsables.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.



 

 

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La FLIP tuvo conocimiento de que el 6 de agosto de 2019 Jineth Bedoya recibió varias llamadas y mensajes intimidantes provenientes de un número desconocido. 

Paradójicamente, este mismo día la periodista fue galardonada con el Gran Premio Libertad de Prensa 2019 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Con este premio, según  María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP, buscan honrar la lucha de Bedoya y generar conciencia sobre los riesgos que sufren muchas las mujeres periodistas. 

Teniendo en cuenta los hechos de los que ha sido víctima la periodista y que lo anterior se enmarca en un contexto de avances en la justicia nacional e interamericana en relación con este caso, esta es una situación que genera una alerta sobre su seguridad y el riesgo al que está expuesta Jineth Bedoya. 

El 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo por los hechos de los que fue víctima la periodista. En este informe la Comisión declaró la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos cometidos contra Jineth Bedoya y dictó una serie de recomendaciones para la reparación de las víctimas. 

Posteriormente, el 16 de julio, la CIDH decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que este tribunal determine la responsabilidad del Estado en el caso.  

A nivel nacional, el 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevoepizca') a cuarenta años y seis meses de prisión, por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual. Por su parte, a Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'JJ'), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de treinta años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

Teniendo en cuenta lo anterior, la FLIP expresa su preocupación por la vida y la integridad de la periodista Jineth Bedoya Lima. Así mismo resalta la pronta respuesta de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales en relación a este caso y espera que la respuesta sea igual de eficiente en otros casos. Es importante que estas entidades investiguen activamente los hechos y tomen prontamente las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas.

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A pesar de la preocupante cifra de agresiones, hubo una buena noticia para el ejercicio periodístico gracias a una sentencia de la Corte Constitucional que estableció nuevos parámetros para valorar el riesgo que corren los periodistas.

 

Violaciones a la libertad de prensa

En el primer semestre de 2019, la FLIP registró 196 violaciones a la prensa. De ese total, 58 han sido amenazas, 21 hostigamientos, 20 obstrucciones al trabajo periodístico y 15 agresiones. Con relación al 30 de junio de 2018, los hostigamientos y obstrucciones presentan un incremento de dos casos cada uno, mientras que los casos de agresiones aumentaron en seis en lo corrido del año. Las regiones con más agresiones son Bogotá, Antioquia, Cauca y Arauca.

En relación con las amenazas, la FLIP ha registrado una disminución de 26 casos en comparación con el primer semestre del 2018 cuando se registraron 84 amenazas contra periodistas. No obstante la disminución, la cifra sigue siendo preocupante, en especial por los pocos avances de la justicia en la identificación de los responsables.

Los hechos más lamentables fueron los asesinatos de Mauricio Lezama, en Arauca, y Libardo Montenegro, en Nariño. La FLIP exige a la Fiscalía la pronta investigación de los homicidios y el juzgamiento de sus responsables.

 

Corte Constitucional establece nuevos parámetros para la valoración del riesgo de los periodistas

Este semestre también dejó una decisión judicial destacada: la Corte Constitucional dictó la sentencia T-199 de 2019, en la que fijó parámetros para la valoración del riesgo de los periodistas. De acuerdo con la Corte, la evaluación del riesgo que realiza la Unidad Nacional de Protección (UNP) para asignar medidas de seguridad debe considerar por lo menos tres aspectos: el perfil del periodista (tipo de audiencia, nivel de difusión, respaldo institucional, etc.), contenido de la información u opinión difundida y el contexto del lugar en el que se desempeña el periodista (cifras de periodistas agredidos, presencia de grupos delincuenciales, dificultades derivadas del desplazamiento en el sector, etc.).

En su experiencia, la FLIP ha notado que durante años los análisis de riesgo realizados por la UNP se han centrado en constatar si los periodistas han recibido o no amenazas, en vez de hacer análisis integrales que consideren sus contextos. Ejemplo de lo anterior es que la UNP, en la respuesta que dio a la tutela estudiada por la Corte, dijo no tener información sobre la situación general del periodismo en Caquetá ni datos sobre periodistas atacados o asesinados.

Este fallo se dio con ocasión de la revisión de la tutela interpuesta por el periodista Herley Ramírez contra la UNP, luego de que la UNP decidiera retirar las medidas de protección que le había otrogado sin antes realizar una valoración integral de su situación de riesgo. La Corte concluyó que la UNP vulneró los derechos fundamentales del periodista y le ordenó a la entidad realizar una nueva evaluación de riesgo.

La FLIP celebra la decisión adoptada por la Corte Constitucional pues la misma incorpora en la jurisprudencia nacional estándares internacionales en materia de protección de periodistas. La FLIP también insta al tribunal a hacer seguimiento a la inclusión por parte de la UNP de los parámetros fijados en la sentencia.

 

 

2019: un año electoral y el inicio de una ruta emocionante

Durante la primera parte del año, la FLIP también estuvo realizando acciones para garantizar el libre ejercicio de la prensa durante las elecciones locales que se avecinan. Vale resaltar que junto con nuestros aliados del Proyecto Antonio Nariño convocamos el Pacto por la libertad de prensa  y contra la desinformación que fue firmado por la mayoría de partidos y movimientos políticos.

De otro lado, nos emociona mucho haber puesto en marcha el laboratorio de Periodismo Ruedas creando redes que busca inspirar la creación de medios de comunicación locales en las regiones del país. A través de un diplomado, diseñado según las necesidades de las poblaciones que visitaremos, esperamos poner a las democracias locales en movimiento. 

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