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El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador. 

Javier, Paúl y Efraín desarrollaban labores periodísticas sobre la compleja situación de orden público en la zona fronteriza, caracterizada por la ausencia de institucionalidad por parte de los dos Estados. Dos años después, la frontera continúa siendo una zona silenciada para el periodismo y el esclarecimiento del crimen del equipo periodístico de El Comercio parece lejano. 

En el caso de Angulo Arboleda, la administración de justicia ha actuado con lentitud, presentado retrasos excesivos en la programación de las audiencias. Esto deja ver que pese a la gravedad de los hechos, superar el estado de impunidad no es una de las prioridades del Estado colombiano. (Al final de este comunicado pueden consultar una línea de tiempo con las fechas del proceso contra Angulo Arboleda.)

Resulta pertinente recordar que en junio de este año también quedó en libertad Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, quien no se ha presentado a las audiencias que se continúan adelantando en su contra. 

En 2018, el Estado anunciaba a las familias y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se haría todo lo posible para que los responsables fueran sometidos a la justicia, pareciera que ese compromiso se hubiese borrado con el paso del tiempo. 

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, el acceso a la justicia ha sido indignante, y desgastante: “No es menos que indignante el saber y conocer que la justicia no se está dando y no existe en este caso en Colombia. En las reuniones que nosotros tuvimos en Washington con la CIDH el compromiso del Estado fue ese: darle seguimiento, celeridad, a este caso que ha sido emblemático a nivel regional. Lamentablemente no hemos visto los resultados”. 

Para Fundamedios, la FLIP y los familiares de las víctimas estas decisiones son una señal clara del riesgo de impunidad que permea este caso, por ello hacemos un llamado para que los Estados de Colombia y Ecuador reafirmen su compromiso en lucha contra la impunidad en este caso y que adopten las recomendaciones sugeridas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH. 

En ese sentido, el Estado colombiano, por medio de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, debe adoptar lineamientos para priorizar la procuración de justicia en este caso, de conformidad con los estándares internacionales para la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos.

“Como víctimas también nos afecta. Nos hace pensar que lamentablemente es un camino duro el cual tenemos que seguir labrando y luchando hasta poder conseguir el objetivo de llegar a esa justicia y a esa verdad y a esa equidad en este caso”, Ricardo Rivas.

Aquí puede descargar el comunicado en PDF.

 

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El 17 de junio de 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco, en decisión de segunda instancia, concedió la libertad por vencimiento de términos a favor de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas. El juez consideró que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para dar aplicación a la Ley 1809 de 2018, según el cual se debe contar con la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Oliver Sinisterra como un grupo armado organizado.

Ospina Hernández es señalado por la Fiscalía General de la Nación de haber sido el encargado de realizar los videos de supervivencia al equipo periodístico del diario El Comercio, mientras permanecía secuestrado por los miembros del grupo Oliver Sinisterra.

Esta decisión deja en evidencia el riesgo de impunidad en el caso, pues transcurridos más de dos años no se han adelantado nuevas vinculaciones a la investigación, no se ha iniciado la etapa de juicio contra las tres personas que se encuentran procesadas y ya comienza el vencimiento de los términos procesales, debido a la falta de celeridad en el juicio. 

Por otro lado, la FLIP le ha insistido al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco para que programe la fecha de continuación de juicio en contra de Gustavo Alonso Ospina, sin embargo no ha obtenido una respuesta.

Las familias del equipo periodístico, la FLIP y FUNDAMEDIOS hacen un llamado a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco para que se adelante de manera célebre y sin dilaciones injustificadas el juicio contra las tres personas que se encuentran procesadas. Vale la pena destacar que este caso cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual acentúa la responsabilidad del Estado frente a la investigación, judicialización y sanción de los responsables de estos hechos. 

Esta decisión tiene origen en la negligencia del Estado colombiano frente al proceso, pues se fundamenta en la ausencia de documentos que están al alcance del Estado y no fueron aportados de manera oportuna. Por lo tanto, las consecuencias de esta decisión y el riesgo de repetición deben ser de especial seguimiento por parte la CIDH en el marco de las medidas cautelares binacionales vigentes.

Así mismo, se extiende el llamado al Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría General de la Nación en aras de que se realice un seguimiento a los juicios que se adelantan ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, para que los mismos se desarrollen dentro de los plazos establecidos por la ley.

Finalmente, las familias del equipo periodístico, la FLIP y FUNDAMEDIOS acuden a los Estados de Colombia y Ecuador para que reafirmen su compromiso en la lucha contra la impunidad en este caso y se implementen las recomendaciones realizadas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH.

Aquí puede descargar el comunicado en PDF.

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La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, y el presidente Lenín Moreno informaron en Twitter sobre la captura de un hombre que supuestamente participó en el secuestro de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril. 

Ese es el único dato que las autoridades difundieron sobre Lino Julián Ruiz Segura, alias Julián, y su arresto. Los familiares del equipo periodístico de El Comercio accedieron a información que apunta a que alias Julián habría sido capturado en octubre de 2017, bajo la sospecha de pertenecer a la seguridad de alias Guacho; sin embargo, habría sido liberado. Al respecto, las familias exigen a la Fiscalía que se informe de inmediato las circunstancias por las que esta persona fue vinculada al secuestro y esperan que se tomen las medidas necesarias para que el detenido aporte con información que permita el esclarecimiento de ese crimen, así como del posterior asesinato de sus seres queridos. Así mismo, exigen que la información con la que cuente la Fiscalía sea contrastada con la investigación que se adelanta en Colombia.

La investigación previa por el secuestro y asesinato de Paúl, Efraín y Javier lleva dos años y casi tres meses, durante los cuales tres fiscales en Ecuador han pasado por el expediente sin lograr mayores resultados. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de apoyo técnico a las investigaciones para las fiscalías de Ecuador y Colombia cuyas recomendaciones no han sido implementadas hasta el momento. 

Para los familiares de los tres trabajadores de la comunicación, el anuncio de la detención de alias Julián, lejos de despertar la esperanza de que se hará justicia, los motiva a exigir nuevamente celeridad en las investigaciones. Les recuerdan a las autoridades que esta es la única captura que se ha realizado en Ecuador en los más de 782 días que el caso lleva abierto. Asimismo, exigen que la Procuraduría General del Estado, como entidad que recibió en diciembre pasado el informe del Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, informe los mecanismos de implementación de las recomendaciones de este documento. 

Finalmente, los representantes de las víctimas aclaran que, pese a las recomendaciones de la CIDH para analizar la actuación del comité de crisis durante los días del secuestro, en el proceso aún no se observa que esto se haya aplicado. Señalan que tampoco se ha explorado la posible participación de la Policía de Ecuador en operativos conjuntos con sus pares colombianos que pudieron propiciar el fatal desenlace del secuestro de Efraín, Javier y Paúl. Esta información fue revelada por investigaciones periodísticas.

De este modo, las familias de los tres periodistas afirmaron que ya se puede hablar de impunidad en el asesinato de sus seres queridos, pues en más de dos años, las autoridades han incumplido compromisos como el que públicamente hizo el presidente de desclasificar toda la información de lo actuado durante el secuestro de Paúl, Javier y Efraín. Tampoco han dado muestras de interés en realizar un trabajo y coordinación para  esclarecer los hechos y llegar a la verdad y justicia. 

Aquí puede descargar el comunicado en PDF.

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