Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La FLIP expresa su preocupación por las estigmatizaciones emitidas por la senadora del partido Centro Democrático en contra del medio de comunicación Canal 2 de Cali, Valle del Cauca, el pasado 15 de febrero. Cabal usó expresiones como “ustedes son terribles” y “espantosos” cuando los periodistas le estaban preguntando por los motivos de las manifestaciones.

Este tipo de estigmatizaciones, emitidas por funcionarios públicos, pueden ser interpretadas por sus seguidores como una autorización para tomar acciones que atenten contra la integridad y el libre ejercicio periodístico del medio de comunicación Canal 2. Además, sus afirmaciones pueden tener el impacto de deslegitimar el trabajo del equipo periodístico y contribuir a crear mayor hostilidad e intolerancia en distintos sectores de la población.

Canal 2 es un medio que en el 2021 resultó beneficiario de una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien instó al Estado colombiano a atender con prontitud la situación de amenaza que los periodistas habían reportado en razón del cubrimiento de las protestas de ese año en la ciudad de Cali. En los últimos dos años, Canal 2 ha sido objeto de 14 amenazas y 4 hostigamientos que han impedido que los periodistas que pertenecen a dicho medio puedan ejercer su trabajo libremente.

Le hacemos un llamado respetuoso para que como Senadora de la República, Cabal asuma y promueva de manera constante un discurso favorable que respalde la labor de la prensa. Además, llamamos la atención del Consejo de Control Ético del partido Centro Democrático, pues este es el tercer caso que la FLIP documenta en el último año en donde la senadora Cabal emite juicios estigmatizantes contra periodistas.

Conozcan la carta completa aquí.

La violencia contra la prensa durante el cubrimiento de las manifestaciones sociales del 2021 no tiene precedentes. Después de un año, persiste la desprotección a la prensa para que pueda realizar su trabajo libremente. El periodismo cumple una función esencial al obtener y difundir los hechos que suceden en las manifestaciones, entre estos, la actuación de la fuerza pública. 

Durante el 2021 documentamos más de 700 ataques a periodistas, de esos, 359 están relacionados con el cubrimiento de la protesta social. Lo más preocupante de estos hechos es que el mayor agresor contra la prensa fue la fuerza pública, con 227 ataques. 

Como reacción a esta ola de violencia, junto con Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciamos el escalamiento del abuso de la fuerza pública, avalado por un silencio del gobierno y las autoridades. Ante la falta de reacción de las autoridades, solicitamos a la ONU, la OEA y la UNESCO que exigieran al Estado colombiano adoptar medidas para proteger la libertad de expresión en este escenario. 

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una visita a Colombia durante el paro nacional y emitió recomendaciones específicas para la protección de periodistas y de la libertad de expresión. Sin embargo, no se han adoptado medidas para su cumplimiento:

1. Impunidad y silencio frente a la violencia contra la prensa

No se ha dado un rechazo público y contundente por parte del gobierno nacional frente a los hechos violentos contra la prensa. Tampoco se ha enviado un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia cometida por los miembros de la fuerza pública. Este silencio refuerza la impunidad que termina por replicar más violencia contra la prensa, ya que el agresor no enfrenta consecuencias, mientras que la prensa queda sujeta a un riesgo que no se desactiva.

De los 25 casos que monitorea la FLIP, donde el agresor de la fuerza pública está plenamente identificado, tan solo ocho procesos se encuentran activos. La justicia penal militar tiene conocimiento de tres de estos. De la cifra restante, hay un fallo absolutorio, un fallo inhibitorio, tres procesos archivados y doce en los que la Policía Nacional manifiesta no adelantar ningún tipo de acción. Esta impunidad es histórica, por ejemplo, de los veinte procesos disciplinarios por agresiones a periodistas en las manifestaciones sociales del 2019 y 2020, tan solo un caso se encuentra activo. 

2. Falta de protocolos concretos para la garantía de la labor periodística en el terreno

No se han estructurado planes concretos para que, en la práctica, la fuerza pública respete y dé protección a la prensa, conforme a estándares internacionales de libertad de expresión. Aunque el nuevo Estatuto Disciplinario Policial sanciona como falta grave impedir el cubrimiento de los procedimientos de policía, esta medida debe ser reforzada con una comprensión integral del oficio para que los agentes en terreno garanticen las condiciones para ejercer el periodismo libre de violencia.

3. Criminalización de expresiones en línea 

La Fiscalía General de la Nación tiene registro de 993 noticias criminales registradas por calumnia relacionadas a la difusión de “noticias falsas” entre el 2020 y el 2021; de las cuales 471 son de 2021. Si bien no existe información desagregada de cuántas están relacionadas estrictamente con las manifestaciones, se evidencia una persecución activa de este tipo de expresiones ciudadanas, pues para el 2018 sólo se registró un caso. Esto se ve agravado por el monitoreo de redes sociales que realizó el Puesto de Mando Unificado Ciber, en cabeza del Centro Cibernético Policial, que rotuló como falsa información sobre el accionar de la fuerza pública en manifestaciones. 

La libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de manifestar ideas y opiniones, sino también poder hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias o intimidatorias. La judicialización de las opciones e informaciones sobre la protesta social tiene un efecto intimidatorio, no solo para la prensa sino también para la ciudadanía que se expresa en línea.

La FLIP rechaza los ataques contra la prensa ocurridos durante las jornadas de manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Registramos dos agresiones en Medellín, una de parte de la fuerza pública y la otra de manifestantes. 

El primer caso es el de Jennifer Mejía, periodista de Le Cuento y Pacifista, quien fue detenida alrededor de una hora por la Policía Metropolitana de Medellín cerca a la estación del Metro de San José, cuando estaba registrando la detención de una manifestante. Un agente de Policía la tomó del brazo y la llevó a la fuerza al comando del Valle de Aburrá, la periodista se identificó como prensa y portaba chaleco y carnet. Además, afirma que no le dieron a conocer a dónde la llevaban ni por qué la detenían. 

El área de Derechos Humanos de la Policía en Medellín informó a la FLIP que a la reportera se le hizo un traslado por protección. Sin embargo, la periodista afirmó que no hubo una situación violenta que pusiera en riesgo su seguridad e integridad y por el contrario esta detención obstruyó sus labores informativas durante las manifestaciones, impidiendo así el cubrimiento de un procedimiento policial, lo cual es una falta disciplinaria según el artículo 21 del código de seguridad y convivencia.

El segundo caso es el de la periodista de Telemedellín, Manuela Granda, y el camarógrafo Nelson Usquiano, quienes fueron abordados por siete manifestantes que, de forma agresiva, les pidieron que se apartaran de la manifestación pues rechazaban la presencia de Nelson. Después de esto, las manifestantes agredieron físicamente al reportero gráfico, intentaron quitarle su cámara y le lanzaron una lata a Manuela, que le ocasionó una lesión en la cabeza que requirió atención médica.

En estos casos, recordamos las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de su visita a Colombia en el marco de las manifestaciones sociales, en junio de 2021. La CIDH considera importante recordarle al Estado “que las y los trabajadores de prensa cumplen una función crucial al recabar y difundir información de lo que sucede en las protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad, por lo que las autoridades deben brindarles el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente”.

Hacemos un llamado a la Policía Nacional para que dé instrucciones claras a los funcionarios que participan en los operativos de estas manifestaciones para que garanticen la labor de la prensa en estos contextos y cumplan con su deber de brindar condiciones de seguridad e integridad para su trabajo. 

También invitamos a los y las líderes y convocantes de las manifestaciones a rechazar públicamente todo tipo de violencia contra la prensa, con el fin de prevenir este y otro tipo de agresiones. La libertad de expresión y de prensa implican la posibilidad de expresar ideas y opiniones, y de hacerlo sin sufrir acciones intimidatorias o recibir algún tipo de ataque.

Presentamos el informe "En vivo: de la calle a la pantalla. Medios digitales, redes sociales y manifestaciones sociales". En este analizamos el papel que tuvieron los medios digitales en el paro nacional de Colombia de 2021, y exploramos los desafíos a los que se ven enfrentados. 

Puede leer el informe completo aquí. 

Tras 30 años de la llegada de Internet a Colombia se desconoce el número de medios digitales locales en el país. Si bien el panorama mediático se ha ido expandiendo desde 1994, estos medios están en constante mutación y ya no es posible categorizarlos y estudiarlos de la misma forma en que se ha hecho con los medios tradicionales del siglo XX: prensa, televisión, radio y revistas. Hoy, en el universo digital se encuentran iniciativas periodísticas que circulan información por Whatsapp, noticieros por Youtube, últimas noticias en IGTV, reportajes y crónicas que se publican en mensajes de Facebook, páginas web, radios virtuales, entre otros.

Estos nuevos medios digitales locales alternativos —también llamados medios ciudadanos— marcaron un hito en las recientes movilizaciones sociales en Colombia por varias razones: contribuyeron a la construcción de una narrativa pluralista a partir del cubrimiento en tiempo real de jornadas de protesta en muchos lugares del país y la publicación de información de alto interés público a la que no tenían acceso los medios tradicionales; demostraron la legitimidad y confianza que suscitan en sus audiencias; y evidenciaron también los riesgos, viejos y nuevos, de ejercer periodismo en momentos de crisis.

Han pasado dos meses desde que comenzaron las manifestaciones sociales en todo el país. ¿Cómo ha sido el cubrimiento del paro desde medios alternativos, digitales, independientes? ¿Cómo sus relatos han reconfigurado el panorama mediático? ¿Cómo han librado las batallas contra la censura?

Lo puede escuchar también en Google podcast y Apple podcast.

Bogotá D.C., 23 de junio de 2021. Las organizaciones abajo firmantes, interesadas y apoderadas de personas víctimas de violencia policial en el contexto de las protestas, expresamos nuestra preocupación por el anuncio gubernamental de modificar el decreto 003 de 2021 con el propósito de restringir la definición de protesta legítima. Si bien no se conoce el contenido de la reforma anunciada porque no se ha publicado un texto oficial, advertimos que este anuncio genera riesgos significativos frente al deber estatal de brindar garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social.

El pasado viernes 18 de junio el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció la modificación del decreto 003 de 2021, a través de un video en su cuenta de Twitter. En dicha publicación se afirma que “se realiza modificación al Decreto 003/2021 donde se establece que NO constituye manifestación pacífica, aquella que promueva el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanentemente vías o infraestructura del transporte”.  

La modificación propuesta por el ministro del Interior es inconstitucional por las siguientes razones: 

Primero, la Corte Constitucional advirtió en la sentencia C-227 de 2017 que la regulación del derecho a la protesta social pacífica, por ser fundamental, no podía realizarse a través de una ley ordinaria, si no que requería de un trámite de ley estatutaria. En este sentido, una regulación orientada a establecer los límites legales del derecho a la manifestación pacífica, tampoco podría realizarse a través de un decreto. 

Segundo, el decreto 003 de 2021 fue expedido como consecuencia de la orden quinta de la sentencia STC-7641-2020 del 22 de septiembre del 2020, como mecanismo para garantizar el respeto por el derecho a la protesta social. Por tanto, la modificación al decreto no puede restringir el ámbito de protección de este derecho. 

Tercero, al ser un decreto emitido en el marco de una mesa de negociación con participación de las organizaciones accionantes, personas interesadas en proteger el derecho a la protesta y demás instituciones relevantes para la garantía de la manifestación pública y pacífica, cualquier modificación debería tramitarse del mismo modo. Las modificaciones no fueron negociadas ni concertadas, ni tampoco puestas previamente en su conocimiento. 

Cuarto, no se puede desconocer y modificar de manera arbitraria, vía decreto presidencial, la ley penal vigente y su interpretación constitucional (sentencia C-742 de 2012) que frente a este asunto particular es clara al señalar que el único caso en el que el bloqueo de vías se constituye un delito es cuando la obstrucción se hace a través de medios ilícitos. “La Ley 1453 de 2011, llamada Ley de Seguridad Ciudadana, modificó el Código Penal y dio origen a delitos como obstrucción vías que afecten el orden público (artículo 44), el cual, en realidad, tipifica como tipo penal la obstrucción a vías mediante el uso de medios ilícitos”¹. 

Finalmente, es importante que la opinión conozca otro incumplimiento del Gobierno nacional a la garantía del derecho a la protesta. El 19 de mayo la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C. resolvió dar trámite al incidente de desacato, que busca sancionar a los responsables por el incumplimiento de la sentencia. El Gobierno nacional no ha presentado los informes correspondientes a las acciones adelantadas en cumplimiento de todas las órdenes en las que está involucrado dentro del plazo establecido por el Tribunal. Esto demuestra, nuevamente, su absoluta falta de compromiso con el cumplimiento de órdenes de carácter judicial, vulnerando además el equilibrio de poderes, que es básico para el ejercicio del rol de garante que ejerce un Estado social de derecho. Dicho incumplimiento de la sentencia implica, además, que el ejercicio del derecho a la protesta social -como un derecho polivalente- sigue siendo vulnerado de manera sistemática y arbitraria por parte de todas las instituciones accionadas, incluida la Presidencia de la República.

Es imprescindible que cesen las vulneraciones de derechos humanos en contextos de protesta social. Que se respeten los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de locomoción, la libre movilidad por el territorio nacional en el marco del ejercicio de la protesta social y pacífica, los cuales están protegidos tanto a nivel constitucional como en declaraciones y tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos - DIDH. La modificación propuesta por el ministro del Interior es inconstitucional porque no garantiza ninguno de estos derechos y se está haciendo de manera arbitraria. 

Firman:

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP)
Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR)
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Profes al Paro
El Veinte
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos - DH Colombia
Coordinación Social y Política Marcha Patriótica 
Red de Derechos Humanos "Francisco Isaías Cifuentes"

^1. Entre estos medios pueden incluirse: el daño en bien ajeno, el incendio, el disparo de armas de fuego, el empleo de sustancias peligrosas y la violencia contra servidor público. Información tomada de: Fiscalía General de la Nación. Directiva N° 008. “Por medio de la cual se establecen lineamientos generales con respecto a delitos en los que se puede incurrir en el curso de la protesta social”, 2016. Citado en Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos CSPP y Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. (2019). Guía práctica para defender la Protesta en Colombia. P. 24.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas del Canal 2 en Cali, José Alberto Tejada y Jhonatan Buitrago. El día de hoy, viernes 4 de junio, en medio de un cubrimiento de manifestaciones, agentes del ESMAD dispararon en dirección de los periodistas, a pesar de que estos estaban plenamente identificados como prensa. En la misma zona, un miembro de la brigada de derechos humanos afirmó que un policía dijo que el periodista “aguanta para pegar un tiro”.

Canal 2 es un medio comunitario asociado a la Corporación Cívica Daniel Gillard y que ha realizado el cubrimiento de los hechos sucedidos en el Paro Nacional. Durante este tiempo, su seguridad e integridad se han visto comprometidas por las estigmatizaciones y agresiones que provienen de la fuerza pública y de civiles armados.

En primer lugar, el 10 de mayo, en el sector de la Portada al Mar, los periodistas se tuvieron que resguardar de disparos provenientes de ciudadanos en edificios aledaños. Durante esta misma jornada, los reporteros señalaron que tuvieron un bajón de señal cuando se acercó la volqueta del ESMAD, se presume la utilización de inhibidores de señal por parte de esta institución. 

El segundo evento se presentó el 20 de mayo. Los periodistas reportaron que un camión de policía, sin placas traseras y conducido por un civil, se encontraba transportando miembros de la fuerza pública y, al presentarse una confrontación, casi son atropellados por el vehículo.

La última agresión se registró el 28 de mayo, en el sector de Ciudad Jardín. Los reporteros estaban realizando el cubrimiento de civiles que disparaban con armas de fuego contra manifestantes, y varios disparos pasaron muy cerca de ellos. Todo esto sucedió a pesar de que gritaron que eran prensa y de que estaban plenamente identificados como periodistas. 

Los reporteros narraron a la FLIP también que durante una de las jornadas de cubrimiento, en el sector de San Nicolás, un policía les tomó fotografías de sus rostros. A esta acción se suman estigmatizaciones provenientes de miembros de la fuerza pública, que dicen, por ejemplo, que “los vándalos también se visten de periodistas”. 

Canal 2 ha sufrido también acciones arbitrarias en sus redes, por ejemplo, parte del contenido que han difundido en redes sociales ha sido bloqueado y censurado.

El trabajo periodístico de este medio ha sido de suma importancia durante esta coyuntura. En un panorama que necesita de transparencia y esclarecimiento de los hechos, han estado registrando material de primera mano, incluso poniendo en riesgo su seguridad, para informar a los ciudadanos. Del mismo modo, han visibilizado a los puntos de concentración que han protagonizado el paro en Cali, y en donde se ha presentado hechos de violencia contra los y las manifestantes.

En Cali las agresiones hacia periodistas durante las manifestaciones han sido especialmente graves, hasta la fecha la FLIP ha documentado 31 casos de agresiones contra periodistas. Después de Bogotá, es la ciudad con más agresiones registradas.

La FLIP hace un llamado a la fuerza pública a que evite las estigmatizaciones contra periodistas que hacen cubrimiento del Paro Nacional desde las calles. Esta situación agrava el riesgo al que se exponen y facilita repercusiones por los contenidos que difunden.

Así mismo, insistimos en la necesidad de que la Alcaldía de Cali condene enfáticamente esta y otras agresiones que se han presentado contra la prensa en Cali. Solicitamos a la Defensoría que estudie este caso y emita las alertas necesarias para la protección de la prensa en Cali. Además, se debe realizar un monitoreo de la grave situación que presentan los periodistas en el marco de estos cubrimientos y que rindan cuentas frente a los hechos acontecidos durante el paro.

La FLIP expresa su preocupación porque la violencia desbordada y sostenida contra la prensa, en el marco del cubrimiento de las jornadas de manifestación, ha forzado el silenciamiento de la prensa local. El Estado es responsable por la falta de respuesta institucional ante la violencia contra la prensa que ahora escala al mayor nivel de afectación a la democracia, mediante el silenciamiento como mecanismo de autoprotección.

Es altamente preocupante que el ambiente hostil consolidado contra la prensa forjó decisiones abiertas de autocensura como mecanismo de autoprotección. Este es el caso de varios medios del departamento de Putumayo que en un comunicado, publicado el 3 de junio por la Corporación de Periodistas del Putumayo (CORPEP), anuncian el silenciamiento de varios medios en el departamento por 48 horas como forma de protesta por la falta de garantías para el ejercicio periodístico en medio de las protestas.

La FLIP ha documentado cuatro ataques a la prensa en esta región relacionados con el cubrimiento de las manifestaciones sociales este año, entre las que se encuentran hostigamientos, agresiones físicas, estigmatizaciones y presiones. En esta zona, el subregistro es claro debido a que la intimidación es tan fuerte que impide el cubrimiento y a la desconfianza en las autoridades; de ahí que la violencia contra la prensa no se refleja en las cifras oficiales.

Lo ocurrido en Putumayo exige que todas las alertas de las autoridades locales y nacionales, pues implica un altísimo precio para el debate público y plural sobre la coyuntura. Además, debido a los altos índices de violencia en el país es una decisión que puede replicarse en otras zonas.

La violencia contra la prensa ha sido constante durante estos 37 días de paro. Hasta la fecha hemos documentado y registrado 217 ataques con la prensa relacionados con el cubrimiento de protestas en todo el país, se ha evidenciado que 166 son acciones violentas. Además, el riesgo de nuevos ataques perdura, ya que no hay un rechazo público a la violencia dirigida contra la prensa y esto desalienta cualquier denuncia por parte de los y las periodistas ante las entidades competentes.

A pesar de los constantes llamados de la FLIP a las distintas autoridades para que se brinden las condiciones de seguridad a los y las periodistas, aún no hemos conocido una estrategia articulada que busque brindar las garantías necesarias para un ejercicio periodístico libre de violencia. Las respuestas tardías de los entes de control de cara a la violencia atribuida a la fuerza pública —alrededor del 54% de los casos— son insuficientes, pues se limitan a solicitar la información que ya es pública sobre la documentación de las agresiones.

La FLIP hace un llamado urgente a los alcaldes locales y al gobernador para que haya un respaldo público a la labor que desarrolla la prensa en el departamento de Putumayo. Así mismo, le solicita a la Defensoría del Pueblo que monitoree los factores de riesgo de la prensa en esta región de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, y que estudie y emita las alertas necesarias.

De igual manera, reiteramos la urgencia de un rechazo público de la violencia contra la prensa y un mensaje de cero tolerancia frente a las agresiones perpetradas por miembros de la fuerza pública por parte del presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y el ministro de Defensa.

Así mismo, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que en el marco de la visita a Colombia estudien la violencia contra la prensa y, en particular, el alto riesgo de autocensura de la prensa regional a causa de la falta de garantías de seguridad para ejercer el quehacer periodístico.

Este miércoles 26 de mayo de 2021, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Fundación para la Libertad de Prensa alertaron a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unesco sobre la escalada de violencia que enfrentan las y los periodistas colombianos que cubren las manifestaciones desde el pasado 28 de abril.

Mediante un llamado urgente enviado de manera oficial al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Secretario General de las Naciones Unidas , así como al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Interamericanos (OEA) y a la Unesco, alertamos de la situación alarmante de violencia contra periodistas que cubren protestas en Colombia.

Desde el 28 de abril a la fecha, la FLIP ha documentado 178 casos y 201 víctimas de ataques contra periodistas y medios de comunicación que procuran cubrir las movilizaciones sociales en el país. 

Con motivo de estas cifras de violencia sin precedentes, y de cara a la incapacidad del gobierno colombiano de garantizar a la prensa las condiciones de seguridad para ejercer el quehacer informativo de manera libre de violencia, RSF y la FLIP instaron a los Relatores especiales y a la Unesco a reaccionar de manera inmediata frente a las autoridades colombianas emitiendo las siguientes recomendaciones:

- Solicitar al Estado de Colombia, en cabeza del Presidente de la República y la Procuradora General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que realicen un rechazo público de las agresiones contra la prensa, tanto de las manifestaciones de funcionario públicos como de quienes ostentan cargos de elección popular, por tratarse de una violación directa a la Constitución y a las garantía de la libertad de prensa contenidas en instumentos internacionales.

- Solicitar a Colombia que informe sobre las agresiones reportadas en contra de la prensa por parte de la fuerza pública en el contexto de protesta social y de particulares, de manera que se segregue por género de la víctima y tipo de agresión. 

- Solicitar a Colombia que se otorgue información clara sobre las investigaciones penales y disciplinarias que se han iniciado con ocasión de los hechos, las actividades de investigación desplegadas, los hallazgos dentro de las mismas y los miembros de la Fuerza Pública que presuntamente participaron en los hechos.

- Solicitar a Colombia que las investigaciones penales contra miembros de la fuerza pública sean de conocimiento de la justicia penal ordinaria, en aras de garantizar la seriedad e imparcialidad.

- Solicitar a Colombia que las investigaciones disciplinarias contra miembros de la fuerza pública sean de conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, en aras de garantizar la seriedad e imparcialidad.

- Solicitar a Colombia que informe qué acciones se han desplegado para contrarrestar los riesgos que enfrenta la prensa en el contexto de protesta. 

- Solicitar a Colombia que evalúe el Programa de Protección mediante el cual se puede beneficiar a los periodistas, de manera que se establezcan medidas preventivas.

- Solicitamos que se convoque una comisión experta independiente para investigar estos hechos, coadyuvar en el esclarecimiento de la verdad, la justicia y las medidas de no repetición. 

- Solicitar a Colombia que implemente protocolos de atención a periodistas víctimas de los miembros de la Fuerza Pública así como que promueva una reparación colectiva por la violencia registrada en las jornadas de protestas.

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos, así como la Secretaría General de las Naciones Unidas a la fecha han acusado la recepción y garantizan a la FLIP y RSF de hacer el seguimiento de la petición.

Colombia ocupa el puesto 134 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2021 publicado por RSF. 

Se cumple un mes de la mayor jornada de protesta social en Colombia en las últimas décadas. Queremos hablar sobre el cubrimiento periodístico de todo lo que ha pasado. ¿Cómo es tomar la foto del momento preciso, organizar, narrar en vivo y en video en momentos de alta tensión?