Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Thursday, 08 July 2021 08:57

Cap. 3. Medios alternativos en el paro

Han pasado dos meses desde que comenzaron las manifestaciones sociales en todo el país. ¿Cómo ha sido el cubrimiento del paro desde medios alternativos, digitales, independientes? ¿Cómo sus relatos han reconfigurado el panorama mediático? ¿Cómo han librado las batallas contra la censura?

Lo puede escuchar también en Google podcast y Apple podcast.

 

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Bogotá D.C., 23 de junio de 2021. Las organizaciones abajo firmantes, interesadas y apoderadas de personas víctimas de violencia policial en el contexto de las protestas, expresamos nuestra preocupación por el anuncio gubernamental de modificar el decreto 003 de 2021 con el propósito de restringir la definición de protesta legítima. Si bien no se conoce el contenido de la reforma anunciada porque no se ha publicado un texto oficial, advertimos que este anuncio genera riesgos significativos frente al deber estatal de brindar garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social.

El pasado viernes 18 de junio el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció la modificación del decreto 003 de 2021, a través de un video en su cuenta de Twitter. En dicha publicación se afirma que “se realiza modificación al Decreto 003/2021 donde se establece que NO constituye manifestación pacífica, aquella que promueva el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanentemente vías o infraestructura del transporte”.  

La modificación propuesta por el ministro del Interior es inconstitucional por las siguientes razones: 

Primero, la Corte Constitucional advirtió en la sentencia C-227 de 2017 que la regulación del derecho a la protesta social pacífica, por ser fundamental, no podía realizarse a través de una ley ordinaria, si no que requería de un trámite de ley estatutaria. En este sentido, una regulación orientada a establecer los límites legales del derecho a la manifestación pacífica, tampoco podría realizarse a través de un decreto. 

Segundo, el decreto 003 de 2021 fue expedido como consecuencia de la orden quinta de la sentencia STC-7641-2020 del 22 de septiembre del 2020, como mecanismo para garantizar el respeto por el derecho a la protesta social. Por tanto, la modificación al decreto no puede restringir el ámbito de protección de este derecho. 

Tercero, al ser un decreto emitido en el marco de una mesa de negociación con participación de las organizaciones accionantes, personas interesadas en proteger el derecho a la protesta y demás instituciones relevantes para la garantía de la manifestación pública y pacífica, cualquier modificación debería tramitarse del mismo modo. Las modificaciones no fueron negociadas ni concertadas, ni tampoco puestas previamente en su conocimiento. 

Cuarto, no se puede desconocer y modificar de manera arbitraria, vía decreto presidencial, la ley penal vigente y su interpretación constitucional (sentencia C-742 de 2012) que frente a este asunto particular es clara al señalar que el único caso en el que el bloqueo de vías se constituye un delito es cuando la obstrucción se hace a través de medios ilícitos. “La Ley 1453 de 2011, llamada Ley de Seguridad Ciudadana, modificó el Código Penal y dio origen a delitos como obstrucción vías que afecten el orden público (artículo 44), el cual, en realidad, tipifica como tipo penal la obstrucción a vías mediante el uso de medios ilícitos1

Finalmente, es importante que la opinión conozca otro incumplimiento del Gobierno nacional a la garantía del derecho a la protesta. El 19 de mayo la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C. resolvió dar trámite al incidente de desacato, que busca sancionar a los responsables por el incumplimiento de la sentencia. El Gobierno nacional no ha presentado los informes correspondientes a las acciones adelantadas en cumplimiento de todas las órdenes en las que está involucrado dentro del plazo establecido por el Tribunal. Esto demuestra, nuevamente, su absoluta falta de compromiso con el cumplimiento de órdenes de carácter judicial, vulnerando además el equilibrio de poderes, que es básico para el ejercicio del rol de garante que ejerce un Estado social de derecho. Dicho incumplimiento de la sentencia implica, además, que el ejercicio del derecho a la protesta social -como un derecho polivalente- sigue siendo vulnerado de manera sistemática y arbitraria por parte de todas las instituciones accionadas, incluida la Presidencia de la República.

Es imprescindible que cesen las vulneraciones de derechos humanos en contextos de protesta social. Que se respeten los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de locomoción, la libre movilidad por el territorio nacional en el marco del ejercicio de la protesta social y pacífica, los cuales están protegidos tanto a nivel constitucional como en declaraciones y tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos - DIDH. La modificación propuesta por el ministro del Interior es inconstitucional porque no garantiza ninguno de estos derechos y se está haciendo de manera arbitraria. 

Firman:

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP)
Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR)
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Profes al Paro
El Veinte
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos - DH Colombia
Coordinación Social y Política Marcha Patriótica 
Red de Derechos Humanos "Francisco Isaías Cifuentes"

 

1. Entre estos medios pueden incluirse: el daño en bien ajeno, el incendio, el disparo de armas de fuego, el empleo de sustancias peligrosas y la violencia contra servidor público. Información tomada de: Fiscalía General de la Nación. Directiva N° 008. “Por medio de la cual se establecen lineamientos generales con respecto a delitos en los que se puede incurrir en el curso de la protesta social”, 2016. Citado en Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos CSPP y Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. (2019). Guía práctica para defender la Protesta en Colombia. P. 24.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas del Canal 2 en Cali, José Alberto Tejada y Jhonatan Buitrago. El día de hoy, viernes 4 de junio, en medio de un cubrimiento de manifestaciones, agentes del ESMAD dispararon en dirección de los periodistas, a pesar de que estos estaban plenamente identificados como prensa. En la misma zona, un miembro de la brigada de derechos humanos afirmó que un policía dijo que el periodista “aguanta para pegar un tiro”.

Canal 2 es un medio comunitario asociado a la Corporación Cívica Daniel Gillard y que ha realizado el cubrimiento de los hechos sucedidos en el Paro Nacional. Durante este tiempo, su seguridad e integridad se han visto comprometidas por las estigmatizaciones y agresiones que provienen de la fuerza pública y de civiles armados.

En primer lugar, el 10 de mayo, en el sector de la Portada al Mar, los periodistas se tuvieron que resguardar de disparos provenientes de ciudadanos en edificios aledaños. Durante esta misma jornada, los reporteros señalaron que tuvieron un bajón de señal cuando se acercó la volqueta del ESMAD, se presume la utilización de inhibidores de señal por parte de esta institución. 

El segundo evento se presentó el 20 de mayo. Los periodistas reportaron que un camión de policía, sin placas traseras y conducido por un civil, se encontraba transportando miembros de la fuerza pública y, al presentarse una confrontación, casi son atropellados por el vehículo.

La última agresión se registró el 28 de mayo, en el sector de Ciudad Jardín. Los reporteros estaban realizando el cubrimiento de civiles que disparaban con armas de fuego contra manifestantes, y varios disparos pasaron muy cerca de ellos. Todo esto sucedió a pesar de que gritaron que eran prensa y de que estaban plenamente identificados como periodistas. 

Los reporteros narraron a la FLIP también que durante una de las jornadas de cubrimiento, en el sector de San Nicolás, un policía les tomó fotografías de sus rostros. A esta acción se suman estigmatizaciones provenientes de miembros de la fuerza pública, que dicen, por ejemplo, que “los vándalos también se visten de periodistas”. 

Canal 2 ha sufrido también acciones arbitrarias en sus redes, por ejemplo, parte del contenido que han difundido en redes sociales ha sido bloqueado y censurado.

El trabajo periodístico de este medio ha sido de suma importancia durante esta coyuntura. En un panorama que necesita de transparencia y esclarecimiento de los hechos, han estado registrando material de primera mano, incluso poniendo en riesgo su seguridad, para informar a los ciudadanos. Del mismo modo, han visibilizado a los puntos de concentración que han protagonizado el paro en Cali, y en donde se ha presentado hechos de violencia contra los y las manifestantes.

En Cali las agresiones hacia periodistas durante las manifestaciones han sido especialmente graves, hasta la fecha la FLIP ha documentado 31 casos de agresiones contra periodistas. Después de Bogotá, es la ciudad con más agresiones registradas.

La FLIP hace un llamado a la fuerza pública a que evite las estigmatizaciones contra periodistas que hacen cubrimiento del Paro Nacional desde las calles. Esta situación agrava el riesgo al que se exponen y facilita repercusiones por los contenidos que difunden.

Así mismo, insistimos en la necesidad de que la Alcaldía de Cali condene enfáticamente esta y otras agresiones que se han presentado contra la prensa en Cali. Solicitamos a la Defensoría que estudie este caso y emita las alertas necesarias para la protección de la prensa en Cali. Además, se debe realizar un monitoreo de la grave situación que presentan los periodistas en el marco de estos cubrimientos y que rindan cuentas frente a los hechos acontecidos durante el paro.

 

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La FLIP expresa su preocupación porque la violencia desbordada y sostenida contra la prensa, en el marco del cubrimiento de las jornadas de manifestación, ha forzado el silenciamiento de la prensa local. El Estado es responsable por la falta de respuesta institucional ante la violencia contra la prensa que ahora escala al mayor nivel de afectación a la democracia, mediante el silenciamiento como mecanismo de autoprotección.

Es altamente preocupante que el ambiente hostil consolidado contra la prensa forjó decisiones abiertas de autocensura como mecanismo de autoprotección. Este es el caso de varios medios del departamento de Putumayo que en un comunicado, publicado el 3 de junio por la Corporación de Periodistas del Putumayo (CORPEP), anuncian el silenciamiento de varios medios en el departamento por 48 horas como forma de protesta por la falta de garantías para el ejercicio periodístico en medio de las protestas.

La FLIP ha documentado cuatro ataques a la prensa en esta región relacionados con el cubrimiento de las manifestaciones sociales este año, entre las que se encuentran hostigamientos, agresiones físicas, estigmatizaciones y presiones. En esta zona, el subregistro es claro debido a que la intimidación es tan fuerte que impide el cubrimiento y a la desconfianza en las autoridades; de ahí que la violencia contra la prensa no se refleja en las cifras oficiales.

Lo ocurrido en Putumayo exige que todas las alertas de las autoridades locales y nacionales, pues implica un altísimo precio para el debate público y plural sobre la coyuntura. Además, debido a los altos índices de violencia en el país es una decisión que puede replicarse en otras zonas.

La violencia contra la prensa ha sido constante durante estos 37 días de paro. Hasta la fecha hemos documentado y registrado 217 ataques con la prensa relacionados con el cubrimiento de protestas en todo el país, se ha evidenciado que 166 son acciones violentas. Además, el riesgo de nuevos ataques perdura, ya que no hay un rechazo público a la violencia dirigida contra la prensa y esto desalienta cualquier denuncia por parte de los y las periodistas ante las entidades competentes.

A pesar de los constantes llamados de la FLIP a las distintas autoridades para que se brinden las condiciones de seguridad a los y las periodistas, aún no hemos conocido una estrategia articulada que busque brindar las garantías necesarias para un ejercicio periodístico libre de violencia. Las respuestas tardías de los entes de control de cara a la violencia atribuida a la fuerza pública —alrededor del 54% de los casos— son insuficientes, pues se limitan a solicitar la información que ya es pública sobre la documentación de las agresiones.

La FLIP hace un llamado urgente a los alcaldes locales y al gobernador para que haya un respaldo público a la labor que desarrolla la prensa en el departamento de Putumayo. Así mismo, le solicita a la Defensoría del Pueblo que monitoree los factores de riesgo de la prensa en esta región de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, y que estudie y emita las alertas necesarias.

De igual manera, reiteramos la urgencia de un rechazo público de la violencia contra la prensa y un mensaje de cero tolerancia frente a las agresiones perpetradas por miembros de la fuerza pública por parte del presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y el ministro de Defensa.

Así mismo, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que en el marco de la visita a Colombia estudien la violencia contra la prensa y, en particular, el alto riesgo de autocensura de la prensa regional a causa de la falta de garantías de seguridad para ejercer el quehacer periodístico.

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Este miércoles 26 de mayo de 2021, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Fundación para la Libertad de Prensa alertaron a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unesco sobre la escalada de violencia que enfrentan las y los periodistas colombianos que cubren las manifestaciones desde el pasado 28 de abril.

Mediante un llamado urgente enviado de manera oficial al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Secretario General de las Naciones Unidas , así como al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Interamericanos (OEA) y a la Unesco, alertamos de la situación alarmante de violencia contra periodistas que cubren protestas en Colombia.

Desde el 28 de abril a la fecha, la FLIP ha documentado 178 casos y 201 víctimas de ataques contra periodistas y medios de comunicación que procuran cubrir las movilizaciones sociales en el país. 

Con motivo de estas cifras de violencia sin precedentes, y de cara a la incapacidad del gobierno colombiano de garantizar a la prensa las condiciones de seguridad para ejercer el quehacer informativo de manera libre de violencia, RSF y la FLIP instaron a los Relatores especiales y a la Unesco a reaccionar de manera inmediata frente a las autoridades colombianas emitiendo las siguientes recomendaciones:

- Solicitar al Estado de Colombia, en cabeza del Presidente de la República y la Procuradora General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que realicen un rechazo público de las agresiones contra la prensa, tanto de las manifestaciones de funcionario públicos como de quienes ostentan cargos de elección popular, por tratarse de una violación directa a la Constitución y a las garantía de la libertad de prensa contenidas en instumentos internacionales.

- Solicitar a Colombia que informe sobre las agresiones reportadas en contra de la prensa por parte de la fuerza pública en el contexto de protesta social y de particulares, de manera que se segregue por género de la víctima y tipo de agresión. 

- Solicitar a Colombia que se otorgue información clara sobre las investigaciones penales y disciplinarias que se han iniciado con ocasión de los hechos, las actividades de investigación desplegadas, los hallazgos dentro de las mismas y los miembros de la Fuerza Pública que presuntamente participaron en los hechos.

- Solicitar a Colombia que las investigaciones penales contra miembros de la fuerza pública sean de conocimiento de la justicia penal ordinaria, en aras de garantizar la seriedad e imparcialidad.

- Solicitar a Colombia que las investigaciones disciplinarias contra miembros de la fuerza pública sean de conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, en aras de garantizar la seriedad e imparcialidad.

- Solicitar a Colombia que informe qué acciones se han desplegado para contrarrestar los riesgos que enfrenta la prensa en el contexto de protesta. 

- Solicitar a Colombia que evalúe el Programa de Protección mediante el cual se puede beneficiar a los periodistas, de manera que se establezcan medidas preventivas.

- Solicitamos que se convoque una comisión experta independiente para investigar estos hechos, coadyuvar en el esclarecimiento de la verdad, la justicia y las medidas de no repetición. 

- Solicitar a Colombia que implemente protocolos de atención a periodistas víctimas de los miembros de la Fuerza Pública así como que promueva una reparación colectiva por la violencia registrada en las jornadas de protestas.

 

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos, así como la Secretaría General de las Naciones Unidas a la fecha han acusado la recepción y garantizan a la FLIP y RSF de hacer el seguimiento de la petición.

Colombia ocupa el puesto 134 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2021 publicado por RSF. 



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Se cumple un mes de la mayor jornada de protesta social en Colombia en las últimas décadas. Queremos hablar sobre el cubrimiento periodístico de todo lo que ha pasado. ¿Cómo es tomar la foto del momento preciso, organizar, narrar en vivo y en video en momentos de alta tensión?

 
 
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La FLIP rechaza las agresiones y obstrucciones de las que fueron víctimas los periodistas Juan Ortega, Óscar Solarte y Kevin Acosta mientras cubrían las manifestaciones en Popayán el pasado 12 de mayo. Acosta fue fuertemente atacado por miembros de la Policía, mientras que Ortega y Solarte fueron agredidos por personas encapuchadas que participaban de la manifestación.

Por un lado, Acosta, quien trabaja para el medio digital Red Alterna, fue agredido por cerca de seis agentes de la Policía luego de que grabara a uno de los uniformados golpeando a un joven que participaba de la manifestación en el barrio El Pajonal de Popayán. El periodista le aseguró a la FLIP que inicialmente un agente motorizado le obstruyó el paso e intentó impedir que continuara con la transmisión. Luego, cerca de seis agentes lo rodearon, le intentaron quitar el celular, lo golpearon en su cabeza, brazos y pecho, y lo lanzaron al piso. Esta agresión se suma al ataque que recibió Acosta el 28 de abril por parte de agentes del ESMAD en el mismo escenario de cubrimiento y dadas las heridas de ese momento tuvo que recibir atención médica. En ambos casos el periodista se encontraba visiblemente identificado como prensa con chaleco, casco y credencial.

Reiteramos nuestro rechazo a las agresiones a la prensa por parte de la fuerza pública. En distintos videos se evidencia la desproporcionalidad del uso de la fuerza de los miembros de la Policía que golpearon fuertemente a Acosta. Insistimos en que la fuerza pública está obligada a proteger a la ciudadanía y garantizar el trabajo periodístico.

En lo corrido del paro nacional, la FLIP ha documentado 49 periodistas víctimas de agresiones por parte de la Policía. Los ataques más frecuentes son los disparos directos y las agresiones físicas como golpes con escudos o bolillos, patadas y puños.

La FLIP le solicita a la Policía Nacional y a la Procuraduría que inicien las investigaciones disciplinarias relacionadas con la agresión contra el periodista Kevin Acosta y contra todos los otros periodistas que han sido víctimas de agresiones por parte de uniformados.

Por otro lado, las agresiones contra Juan Ortega, del medio Periódico Virtual, y Óscar Solarte, del Diario Cauca y el Extra, sucedieron mientras cubrían la jornada de protestas en el parque Caldas, en el centro histórico de Popayán. Los dos periodistas fueron atacados por personas encapuchadas que se encontraban participando en la manifestación. Solarte reportó haber sido golpeado con canicas en su espalda y una pierna, mientras que Ortega fue intimidado por un hombre que se le acercó en varias ocasiones a decirle que dejara de grabar e intentó quitarle el celular luego que de que el periodista grabara a algunos manifestantes lanzando piedras a la fachada de la alcaldía.

Para la Fundación es preocupante que el escenario de protesta social esté siendo utilizado para debilitar uno de los pilares de las sociedades democráticas: la prensa libre e independiente. El derecho a la protesta y el derecho a informar y ser informados son fundamentales en la democracia.

El escenario de protestas se ha convertido en un ambiente hostil y violento para el ejercicio del periodismo. Con estos casos, son once los ataques contra la prensa ocurridos en Popayán registrados por la FLIP en el cubrimiento de las protestas desde el 28 de abril. Esto refleja un panorama de violencia contra la prensa durante estas jornadas.

La Fundación reitera su preocupación por la escalada de ataques contra los y las periodistas por lo que exige:

    • A los convocantes del paro y los dirigentes y figuras públicas de los movimientos sociales y partidos políticos que rechacen públicamente todo tipo de agresiones contra la prensa y así prevenir futuras agresiones.

    • Al Presidente Duque, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que rechacen públicamente los hechos violentos contra la prensa y que envíen un mensaje claro de cero tolerancia para los miembros de la fuerza pública involucrados en dichas agresiones.

    • Al Presidente Duque que tome acciones firmes y urgentes para la protección transversal de la prensa antes, durante y después de la manifestación social como se incorporó en el “Estatuto de protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Su ineficacia promueve decisiones editoriales hacia la autocensura, en perjuicio de los valores democráticos.

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Bogotá, 6 de mayo de 2021. Organizaciones de derechos humanos y apoderados de los accionantes de la tutela que condujo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de septiembre de 2020 que protegió el derecho a la protesta consideramos que existe un incumplimiento sistemático, masivo y flagrante de lo ordenado por la Corte

Las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas iniciadas el pasado 28 de abril evidencian que sigue existiendo y se ha hecho más grave la intervención sistemática, arbitraria y violenta de los miembros de la fuerza pública en manifestaciones públicas. 

Observamos con profunda preocupación que continúa la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las políticas gubernamentales; continúa también el uso desproporcionado de la fuerza, el uso de armas letales y el uso inadecuado de armas potencialmente letales en medio de las protestas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, el irrespeto a los derechos a la vida y la integridad personal y los ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

Por estas razones, acudimos a la Corte Suprema de Justicia para que haga cumplir sus órdenes para la garantía efectiva del derecho a la protesta, el derecho a la vida, a la integridad personal y la libertad de prensa. 

Solicitamos que se declare desacato e incumplimiento de la sentencia que protegió el derecho a la protesta. Además, pedimos que se ordene suspender la asistencia militar; la disolución por la fuerza de las manifestaciones; el uso de armas de fuego; y la actuación del ESMAD. También pedimos que la fuerza pública, Procuraduría, Defensoría, la Fiscalía y el Gobierno entreguen los informes sobre los avances en las investigaciones disciplinarias y penales contra miembros de la Policía Nacional.

Aquí enlistamos todas las solicitudes: 

  1. Que la Sala Civil de la Corte inicie el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato por el incumplimiento de las ordenes de la sentencia STC7641 de 2020. 

  2. Declarar en desacato al Presidente de la República, al Ministro de Defensa, al Director General de la Policía Nacional, al Defensor del Pueblo, a la Procuradora General de la Nación, al Fiscal General de la Nación por el incumplimiento de las órdenes segunda y quinta de la sentencia STC7641 de 2020.

  3. Prevenir al Presidente de la República, al ministro de Defensa, al director general de la Policía Nacional y a todas las autoridades de Policía del país para que en ningún caso vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para interponer el incidente de desacato y en las acciones que se identifican en la sentencia STC7641 de 2020.

  4. Ordenar al Presidente de la República suspender las medidas de asistencia militar.

  5. Ordenar a todas las autoridades de policía, en específico a los comandantes operativos de la Policía Nacional en las manifestaciones públicas, abstenerse de disolver por la fuerza las mismas, hasta tanto se evidencie que están en capacidad de hacer un uso moderado y proporcional de la fuerza. Para ello, tendrán la obligación de aplicar estrictamente el principio de diferenciación, así como dar cumplimiento a una política criminal garante del derecho a la manifestación pública. 

  6. Ordenar a todas las autoridades de Policía, en específico a los comandantes operativos de la Policía Nacional en manifestaciones públicas, suspender el uso de armas de fuego para dar respuesta a las manifestaciones.  

  7. Suspender la actuación del ESMAD hasta tanto se evidencie que está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas. 

  8. Solicitar a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General de la Nación y al Inspector General de la Policía Nacional informes completos y ampliamente justificados y públicos sobre los avances en las investigaciones disciplinarias y penales contra miembros de la Policía Nacional, especialmente en lo tendiente a la identificación de una actuación sistemática, arbitraria y violenta de la fuerza pública en manifestaciones públicas desde los hechos del 19 de noviembre del 2019. Particularmente y de manera urgente se solicitan informes de lo ocurrido desde el 28 de abril de 2021 a la fecha. 

  9. Solicitar al Defensor del Pueblo la lista de los comandantes de las unidades de la Policía Nacional que han realizado control de las manifestaciones entre el 28 de abril hasta hoy en todo el país. Solicitar a cada uno de los comandantes identificados en el punto anterior que remitan a esta Sala los informes de los que trata el artículo 42 del Decreto 003 del 2021, haciendo énfasis en las razones de hecho y de derecho que soportaron sus respectivas intervenciones, en términos de necesidad, proporcionalidad, diferenciación, prevención y razonabilidad.

  10. Solicitar al director general de la Policía Nacional las órdenes de servicio respectivas bajo las cuales se estableció la presencia de uniformados en las manifestaciones públicas desde el 28 de abril del 2021 a la fecha. Asimismo, allegar todos los anexos tácticos, operacionales y de inteligencia que justifican las respectivas órdenes.  

  11. Solicitar al comandante general de las Fuerzas Militares las órdenes de operaciones bajo las cuales se ha ordenado y configurado los términos de la asistencia militar que el Presidente de la República ordenó el pasado 1 de mayo del 2021. 

  12. Ordenar a la Procuradora General de la Nación, Fiscal General de la Nación e Inspector General de la Policía Nacional que inicien las acciones tendientes a la investigación y sanción de los hechos de violencia cometidas contra las y los manifestantes y periodistas  desde el 28 de abril de 2021 hasta la fecha. 

  13. Solicitar pruebas a todas las instituciones públicas nacionales y organizaciones no gubernamentales sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas desde el 28 de abril a la fecha. 

  14. Invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que allegue la información que han recogido de las violaciones a los derechos humanos en Colombia cometidas durante las protestas desde el 28 de abril a la fecha. 

  15. Ordenar al Gobierno nacional en cabeza del Presidente para que de manera perentoria expida el acto administrativo “en el cual ordene a todos los miembros de la rama ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del gobierno nacional…” ordenado en el ordinal quinto de la sentencia STC-7641 de 2020. 

  16. Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Personería de Bogotá remitir un informe detallado de la información de la que tengan conocimiento sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas desde el 28 de abril del 2021 a la fecha. 

 

Firmantes:

El Veinte
Humanidad Vigente
Coorporación Colectivo de Abogados - CCAJAR
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - CSPP
Comisión Colombiana de Juristas - CCJ
Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad - Dejusticia
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
dhColombia
Profes al paro

 

Contactos para prensa

Dejusticia
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Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR
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Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP
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3103419744

Humanidad Vigente Corporación Jurídica
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Comisión Colombiana de Juristas – CCJ
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Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP
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Debido a algunas actualizaciones recientes a las normativas frente al uso de la fuerza por parte de los miembros de la fuerza pública en las manifestaciones sociales, la FLIP construyó un documento con recomendaciones para la prensa en estos contextos. 

Dentro del documento podrá encontrar tips sobre cómo cubrir una manifestación social, cómo cuidarse en estas durante la pandemia por COVID-19, recomendaciones para cuidar su seguridad digital y algunos recursos que le ayudarán en casos de emergencia.

Puede visualizar el documento haciendo clic aquí o lo puede descargar directamente a su dispositivo en el enlace de abajo.

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La FLIP rechaza que figuras públicas y periodistas emitan mensajes que vinculan a reporteros, que cubren las protestas sociales con milicias urbanas. Estas valoraciones genéricas ponen en riesgo a los periodistas, deterioran las condiciones para el desarrollo de su trabajo e impactan negativamente el debate sobre temas de interés público.

Este 23 de noviembre la FLIP conoció que Herbin Hoyos realizó y publicó un video en el que relaciona a la prensa -que cubría las protestas en Bogotá y Medellín el 21 de noviembre- con estructuras criminales organizadas. En este video, mientras se ven imágenes de periodistas de Colprensa y otros medios cubriendo los hechos, Hoyos afirma: “están distribuidos los roles de cada uno de ellos: unos son los que atacan, otros son los que filman, hay unos que tienen incluso hasta chalecos de prensa, hay otros que a veces usan chalecos de derechos humanos”. 

Horas después, este mensaje fue respaldado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lo difundió en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Las milicias y su acción vandálica y terrorista. Herbin Hoyos”. Esto significa una amplificación del mensaje ya que Uribe tiene casi cinco millones de seguidores en esa red social. El video ha tenido más de 70.000 reproducciones y 2.500 me gusta.  

Para la FLIP es preocupante que la difusión masiva de estos mensajes provoque un escenario de permisividad para atentar contra los derechos de los comunicadores. En particular, se destaca que en el contexto colombiano ya existe un riesgo latente en contra de periodistas que cubren este tipo de acciones. 

La FLIP le recuerda al ex senador Uribe y a quienes difundieron estos mensajes que desde noviembre del año pasado hasta la fecha las manifestaciones sociales se han convertido en un escenario de altísimo riesgo para los periodistas. La FLIP ha documentado ataques contra 75 periodistas, y en la mayoría de los casos los agresores fueron integrantes de la fuerza pública. 

La generalización de vínculos de la prensa con estructuras organizadas puede generar en el imaginario colectivo una criminalización de los y las periodistas que cubren la protesta social. Esto tiene el potencial de ponerlos en mayor riesgo infundado, constreñir su independencia y fomentar la autocensura. 

Vale la pena destacar que en una decisión reciente la Corte Suprema de Justicia, en aras de garantizar el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión, ordenó conjurar, prevenir y sancionar la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno y los ataques contra la libertad de expresión y de prensa. Estos mensajes estigmatizantes van en contravía de esta orden. 

La FLIP conoce que Herbin Hoyos rectificó que quienes aparecen en el video identificados como prensa no hacen parte de ninguna organización criminal. Sin embargo, resulta prioritario  que Hoyos haga la misma aclaración en el video original para que circule la información actualizada.

A su vez, reiteramos que a las personas con alto nivel de exposición pública, como el expresidente Uribe, les asiste un deber de garantía de las libertades civiles. Por ello, Uribe está en la obligación de replicar con la misma difusión el segundo video aclarativo sobre la ausencia de vinculación de periodistas con milicias urbanas. Por el contrario, puede alimentar una atmósfera peligrosa para la vida democrática.

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