Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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  • Entre el 9 y el 21 de septiembre de 2020 la FLIP ha registrado 33 violaciones a la libertad de prensa.

  • La FLIP hace un llamado a la Policía Nacional a que forme a sus miembros para que garanticen la libertad de prensa.

  • Solictamos al Gobierno nacional que de manera urgente adopte las medidas necesarias para cumplir la decisión de la Corte Suprema de Justicia y encauce el accionar de la fuerza pública.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la persistencia de los ataques contra periodistas y medios de comunicación por parte de manifestantes y miembros de la fuerza pública durante el cubrimiento de las movilizaciones sociales. 

Entre el 9 y el 21 de septiembre de 2020 la FLIP ha registrado 33 violaciones a la libertad de prensa que han afectado a 35 periodistas en medio del cubrimiento de manifestaciones sociales. Los ataques más frecuentes han sido las agresiones físicas con 16 casos, seguidas de las obstrucciones a la labor periodística con cinco casos, de detenciones ilegales con cuatro casos y otras tres situaciones de amenaza durante el cubrimiento.

El pasado 21 de septiembre, durante las jornadas de movilizaciones sociales que se presentaron en las principales ciudades del país, se presentaron tres casos más de ataques a la prensa. En el centro de Bogotá, sobre la Avenida Jiménez con Carrera Séptima, se presentaron hechos de violencia graves. Uno de los afectados fue el fotógrafo independiente Andrés Torres, quien fue atacado por miembros del ESMAD mientras registraba la detención de una persona por parte de siete agentes de la Policía. Según el reportero, cuando estaba tomando las fotografías, los uniformados le dispararon en dos ocasiones: uno de los proyectiles dejó una herida en uno de sus dedos y dañó totalmente su cámara fotográfica. Torres asegura que el otro disparo fue con una bala de goma que le impactó en una de sus piernas y le dejó un hematoma. Cuando ocurrió el ataque el reportero estaba plenamente identificado como prensa en el casco y brazalete que portaba

En ese mismo punto de la ciudad, los periodistas Fabián Yáñez y César Posada, debidamente identificados como reporteros de la Revista Semana, fueron agredidos por la fuerza pública cuando se encontraban cubriendo las movilizaciones. Según Yáñez, agentes del ESMAD arremetieron con gases y bombas aturdidoras hacia un punto en donde únicamente había periodistas. Para resguardarse, Yáñez y Posada corrieron hacia el edificio del Banco de la República, pero los agentes del ESMAD los persiguieron hasta ese punto y, desde una distancia corta, les dispararon en dos ocasiones con aturdidoras. 

El tercer hecho se presentó en Bucaramanga. Durante las movilizaciones que se desarrollaban en la Plaza Luis Carlos Galán, los corresponsales de RCN Televisión y el  equipo periodístico del canal Televisión Regional de Oriente fueron agredidos por manifestantes, quienes impidieron el registro y expulsaron a los reporteros del lugar. Los dos equipos periodísticos salieron de la plaza custodiados por miembros de la fuerza pública.  

Adicionalmente, de los hechos recientes que afectan el desarrollo de la labor periodística, el 76% se atribuye a miembros de la Policía Nacional y el 24% restante a particulares.

La FLIP expresa su preocupación porque estas violaciones a la libertad de prensa aún se enmarcan en las prácticas sistemáticas denunciadas por múltiples organizaciones civiles frente a lo ocurrido en las protestas de noviembre de 2019. Algunas de estas son: la solución arbitraria de protestas pacíficas, el uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, el uso desproporcionado de agentes químicos irritantes en la disolución de protestas, la retención arbitraria de personas en el marco de las protestas por parte de la Policía Nacional  y ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones

En sentencia del 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia reconoció la existencia de la violación sistemática de los derechos a la protesta, libertad de expresión y de prensa por parte de agentes de la fuerza pública en el uso excesivo y desproporcional de la fuerza, cuando ésta, en defensa del orden público, se comporta desmedidamente y sin control. 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- reiteró quelas fuerzas del orden público tienen el deber de  garantizar  la  seguridad  de  los  periodistas  que  cubren  las  protestas  y  de  garantizar  el  derecho  del  público  a  buscar  y  recibir  información  sobre  estas movilizaciones  sociales”. Por ello, destacó la necesidad de que las fuerzas de seguridad reciban capacitaciones en materia de libertad de expresión para que entiendan “mejor  el  papel  y  la  función  de  los  periodistas  en  las  sociedades democráticas”. 

La FLIP observa con preocupación las reacciones estigmatizantes de algunos líderes políticos, en particular las expresadas por Gustavo Petro como líder de oposición, frente a las diversas opiniones de la prensa respecto de la decisión sin precedentes de la Corte Suprema de Justicia. Reiteramos que los líderes políticos también son garantes de la libertad de expresión de quienes no coinciden con sus planteamientos. Por ello, deben abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra quienes ejercen el derecho de opinión y de prensa, en particular, porque esta conducta elimina las garantías para que se expresen todos los puntos de vista y se forje un debate plural y diverso.

Por lo anterior, la FLIP hace un llamado al Gobierno nacional para que de manera urgente adopte las medidas necesarias para cumplir la decisión de la Corte Suprema de Justicia y encauce el accionar de la fuerza pública. 

Además, la FLIP hace un llamado a la Policía Nacional, que debe garantizar la labor periodística en estos escenarios, para que inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. Además, que forme a sus miembros para que garanticen este derecho y resignifiquen la presencia de la prensa como una garantía de transparencia de sus operativos y no como un obstáculo. 

La FLIP también hace un llamado a los manifestantes para que también garanticen el libre desarrollo de la labor periodística. Resulta paradójico que el derecho a expresarse públicamente afecte el cubrimiento de la prensa sobre las exigencias de los diferentes sectores sociales

Por último, se hace un llamado a los partidos políticos y movimientos ciudadanos para que, en cumplimiento de su rol constitucional, fomenten el debate público. El Estado de Derecho se fortalece con una prensa libre y se debilita cuando los políticos acuden a discursos denigrantes pretendiendo aleccionar al periodismo que les desagrada.

 

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Bogotá, 22 de septiembre de 2020. A finales del 2019, en medio de las marchas y movilizaciones con motivo del Paro Nacional del 21 de noviembre, un grupo de personas, organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, estudiantes, periodistas, docentes de las universidades de los Andes y el Rosario, familiares de víctimas y víctimas de violencia policial presentamos una acción de tutela solicitando la protección de nuestro derecho fundamental a la protesta, la libertad de expresión y de prensa.

En la tutela demostramos que la forma de actuar del Gobierno y la Policía Nacional en el marco de las protestas de noviembre pasado violó los derechos constitucionales de quienes se manifestaron incurriendo en las siguientes conductas: la disolución arbitraria de protestas pacíficas, el uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, el uso desproporcionado de agentes químicos irritantes en la disolución de protestas, la retención arbitraria de personas en el marco de las protestas por parte de la Policía Nacional y ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones. 

El día de hoy, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tuteló el derecho de todas las personas a manifestarse y el deber de las autoridades de “conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”. La decisión se basa en la protección constitucional e internacional que tiene el derecho a la protesta y que las limitaciones a su ejercicio sólo pueden ser definidas legalmente, por tanto no pueden otras autoridades atribuirse la definición de la manera en que las personas pueden disfrutar su derecho que en palabras de la Corte consiste en “disentir y a hacer público su pensamiento”

La Corte encontró que “existió -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron” y de quienes hacían el cubrimiento periodístico. Lo que evidencia “una amenaza seria y actual ante el comportamiento impulsivo de la fuerza pública y, en especial, del ESMAD, quien ha desconocido abiertamente, no sólo sus propios manuales, sino también, principios y valores de rango constitucional”.

Así, las actuaciones de la fuerza pública, sin control ni rendición de cuentas adecuados, “representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones porque su actuar, lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas”, señala la sentencia. Además, la Corte también encontró vulneraciones a derechos relacionadas con allanamientos masivos por parte de la Fiscalía General de la Nación a los domicilios y residencias de quienes tienen interés legítimo en participar de las protestas.

Las órdenes dictadas por la Corte para garantizar el derecho fundamental a la protesta fueron:

(i) Que el Ministro de Defensa presente disculpas por los excesos de la fuerza pública, especialmente el ESMAD, en las protestas desarrolladas a partir del 21 de noviembre de 2019; 

(ii) ordenar a los miembros del Gobierno mantener neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si están dirigidas a cuestionar las políticas propias;

(iii) conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en las manifestaciones con participación de la ciudadanía y emitir una reglamentación en la materia que sea acorde con los estándares internacionales y constitucionales;

(iv) diseñar un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, incluyendo informes públicos y sustentados cuando se presenten ataques a la vida e integridad personal;

(v) expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas y,

(vi) suspender el uso de escopetas calibre doce para la intervención en protestas.

También se emitieron órdenes dirigidas a la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que diseñen planes de fácil acceso a las personas que requieran apoyo por haber sido afectadas en el marco de protestas y se puedan hacer verificaciones de las personas detenidas por parte de la ciudadanía y organizaciones defensoras de derechos humanos. Y se le ordenó específicamente al Defensor del Pueblo que realice un control estricto, fuerte e intenso a todas las actuaciones del ESMAD hasta que se constate que “está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas”. Estas entidades deberán producir informes periódicos de seguimiento.

Este fallo es más que oportuno, dada la necesidad de restaurar el Estado de Derecho y la salvaguarda de la vida y la protesta social luego de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020, donde fueron asesinados jóvenes en distintas localidades de Bogotá y Soacha en el marco de manifestaciones por la misma violencia policial que recrimina la Corte Suprema en su decisión. Esta sentencia reconoce la urgencia de imponer límites concretos al accionar de la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- haciendo un claro llamado de atención a la negación de estos hechos por parte del Gobierno Nacional.

Saludamos la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la importancia de la libre expresión en una democracia y protege los derechos de la ciudadanía a protestar libre de la amenaza de la violencia y el abuso policial como respuesta a sus reclamos. Igualmente, instamos al Gobierno Nacional, a la Fiscalía, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá a cumplir con prontitud las órdenes emitidas.

Contactos

Dejusticia
Adriana Abramovits. Comunicadora.
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Colectivo de Abogados Joé Alvear Restrepo – CAJAR
Angélica Chaparro. Prensa.
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Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP
Comunicaciones FLIP.
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Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Erik Cano. Encargado de comunicaciones.
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Comisión Colombiana de Juristas – CCJ
Paola Sánchez.  Comunicadora.
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Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - CSPP
Kamila Cruz. Coordinadora de Comunicaciones
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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la detención ilegal de los periodistas Diego Andrés Patiño, fotoperiodista del medio Universitario Mi Ciudad de la Universidad Agustiniana; y de Cristian Camilo Trujillo, Luis Enrique Rengifo y Kevin Charry del medio digital La Otra Verdad. La FLIP expresa su preocupación por los ataques contra periodistas y medios de comunicación que han cubierto las manifestaciones de los últimos días en el país. Entre el 9 y el 10 de septiembre, la Fundación registró 20* casos de violaciones a la libertad de prensa que afectaron a 22 reporteros, de las cuales 16 fueron responsabilidad de la Policía Nacional y cuatro  fueron responsabilidad de los manifestantes. 

El jueves 10 de septiembre continuaron las protestas en Bogotá y otras ciudades del país por los actos de violencia atribuidos a miembros de la Policía Nacional. En medio del cubrimiento de las manifestantes miembros de la fuerza pública atacaron a la prensa. Durante este segundo día, la FLIP registró un total de 12 ataques a la prensa: seis agresiones físicas, dos detenciones ilegales, dos amenazas, una obstrucción y una agresión más categorizada como otras.

En el CAI de Villemar en la localidad de Fontibón fue detenido de manera ilegal el reportero gráfico Diego Andrés Patiño mientras cubría las manifestaciones en este punto de la ciudad. Según el relato que obtuvo la FLIP por parte del abogado que está representando al periodista, miembros de la fuerza pública intentaron arrebatarle su maleta, donde tenía sus dispositivos periodísticos y elementos de bioseguridad. Patiño manifiesta que cuando se negó a entregar sus pertenencias, uno de los uniformados lo golpeó en su ceja, luego fue llevado al CAI y allí lo insultaron y lo golpearon. Posteriormente, lo trasladaron a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de La Granja, donde todavía permanece sin que se resuelva su situación jurídica.  

En Ibagué los reporteros Cristian Camilo Trujillo, Luis Enrique Rengifo y Kevin Charry del medio digital La Otra Verdad fueron detenidos ilegalmente y agredidos por miembros de la Policía mientras realizaban el cubrimiento de las manifestaciones en el barrio Santa Helena. Los tres periodistas le manifestaron a la FLIP que aunque ellos se identificaron como prensa los policías no se detuvieron revisar sus credenciales y en medio de insultos y señalamientos de ser guerrilleros, los subieron a un camión en el cual los trasladaron hasta la estación central de la Policía Metropolitana de Ibagué. Los periodistas estuvieron detenidos por cerca de siete horas sin tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Además, los reporteros manifestaron que los uniformados nos les permitieron grabar el procedimiento.

En Bogotá, en el barrio Alcalá, Juan Camilo Gómez, periodista de De Pasillo, fue agredido e intimidado por un miembro de la Policía Nacional mientras cubría las manifestaciones en este sector de la ciudad. En video quedó registrado cuando un uniformado se acerca al reportero, quien portaba su carné y usaba un casco que lo identificaba como prensa, y le ordena retirarse. Posteriormente se evidencia que otro uniformado se acerca y golpea al reportero, lo insulta y le dice “apague esa mierda”, “¿lo va apagar o no?” refiriéndose al celular con que el periodista estaba grabando. Luego de la agresión, Gómez abandonó la reportería. 

En el CAI de Sabanagrande, mientras el periodista Juan Carlo Giraldo se encontraba haciendo un cubrimiento de las protestas para Red Más Noticias, fue increpado por miembros de la Policía luego de haber terminado su transmisión en vivo. Giraldo le manifestó a la FLIP que los uniformados le reclamaron por el contenido que había emitido respecto a algunas personas capturadas que llegaban a la unidad policial. El reportero afirmó que uno de los agentes lo enfrentó, le mostró un video de un operativo policial realizado durante las protestas y le dijo que eso era lo que debería mostrarse. Adicionalmente, el periodista asegura que otros agentes a su alrededor lo agredieron verbalmente, lo intimidaron y le exigieron cambios en su contenido para favorecer a la institución. 

Frente al CAI de Fontanar, en la localidad de Suba, Fabián Forero, también periodista del canal Red Más Noticias, fue víctima de una obstrucción a su trabajo periodístico. El reportero le contó a la FLIP que varios manifestantes les lanzaron piedras a él y al carro del medio. Por esta razón, Javier Cárdenas, conductor del noticiero, tuvo que alejarse en el vehículo y, aún teniendo visible el logo de prensa, varios manifestantes le quitaron uno de los espejos al carro, lo amedrentaron y le exigieron que saliera del lugar. 

También en la localidad de Suba, en el barrio San Carlos Tibabuyes, la labor de la periodista Ángelica Barrea y el camarógrafo Edwin Bejarano resultó afectada. Según la reportera de Semana, cuando documentaban las acciones de manifestantes en contra de buses de transporte público y señales de tránsito, éstos se acercaron a exigirles que salieran del lugar, le pidieron el carné a Bejarano y les exigieron que dejaran de grabar. Más adelante, en otra zona del mismo barrio, un grupo de manifestantes lanzaron piedras contra la periodista y amenazaron con golpearla a ella y al camarógrafo quienes estaban identificados como prensa. 

Fabián Yanez, periodista de Revista Semana, fue amenazado en dos ocasiones. La primera ocurrió en el barrio Villaluz, cuando unas personas en bicicleta amenazaron a Yanez y su equipo con romperle las cámaras cuando estuvieran presentando en directo. Por este motivo, el periodista decidió abandonar el lugar. Sin embargo, el reportero le  manifestó a la FLIP que quienes los habían amenazado los persiguieron por alrededor de cuatro cuadras hasta que el equipo encontró resguardo en un local comercial. La segunda amenaza se presentó cuando el periodista y su equipo se encontraban realizando una transmisión en vivo desde el barrio La Gaitana, en Suba. Un grupo de manifestantes comenzó a reclamarle al periodista por supuestamente haber dicho que era la población la que había quemado el CAI de la zona. Estas personas le advirtieron al periodista que tenía que cambiar su relato y lo amenazaron con cuchillos. El periodista tuvo que abandonar el cubrimiento. 

En Popayán, Cauca, el camarógrafo de CM& Yerson Buitrón fue agredido con balas de goma que dispararon integrantes del Esmad mientras el reportero cubría las manifestaciones en las inmediaciones del Cementerio Central. El camarógrafo, quien estaba identificado con los logos del noticiero, recibió cuatro impactos, que le dejaron hematomas en sus brazos y en el cuello.

El periodista de Caracol Héctor Rojas recibió numerosas amenazas a través de redes sociales a sus cuentas personales de Facebook, Twitter e Instagram. En los mensajes se acusa al periodista de “vendido” y le dicen que se “va a hacer matar” y que “huele a formol”. En las amenazas además afirman que el periodista está a favor de la Policía y que justifica las muertes de las víctimas de las jornadas de protesta a través de los informes periodísticos que ha realizado sobre los hechos. 

Según la denuncia pública realizada por CityNoticias, un equipo de periodistas de este medio fue víctima de una agresión por parte de un miembro de la Policía. Los periodistas, se encontraban en cercanías del CAI de Villaluz, en Engativá, realizando cubrimiento de las manifestaciones cuando un policía les lanzó una piedra desde la moto en la que se movilizaba.

En el sector del Parkway, localidad de Teusaquillo, dos periodistas de 070 fueron golpeadas con bombas aturdidoras que lanzaron miembros del Esmad. Según una de las reporteras, a pesar de que se identificó como periodista fue atacada en dos ocasiones por los agentes del Esmad con este mismo elemento. 

Adicionalmente, la FLIP conoció que una de las movilizaciones convocada para el viernes 11 de septiembre se realizará frente a las instalaciones del canal RCN en Bogotá. La Fundación hace un llamado a las autoridades para que brinden las garantías necesarias al medio y a sus periodistas para el cubrimiento de esta jornada de manifestaciones.  

La Fundación para la Libertad de Prensa expresa su preocupación por el aumento en las violaciones a la libertad de prensa contra los periodistas y medios de comunicación que se encuentran cubriendo las recientes jornadas de manifestaciones. Sobre el caso de Diego Andrés Patiño, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica del reportero gráfico y se garantice su derecho al debido proceso. 

 

La Fundación para la Libertad de Prensa le reitera a la Policía Nacional la necesidad de iniciar las investigaciones disciplinarias sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje errado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones. 

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policiales sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que establezcan un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de las situaciones de violencia contra la labor periodística.


Actualización, 12 de septiembre

La FLIP tuvo conocimiento de que el jueves 10 de septiembre el periodista Jhon Robledo, del periódico El Heraldo, fue agredido por algunos manifestantes mientras cubría la movilización social en Barranquilla. El fotógrafo le reportó a la FLIP que un grupo de jóvenes le lanzó piedras, lo golpearon en la espalda y las piernas con una patineta e intentaron arrollarlo con una bicicleta. Además, Robledo asegura que le golpearon la cámara y le dañaron el parasol y un aro. En el lugar únicamente se encontraba un policía de tránsito, quien no tomó ninguna acción para proteger al reportero. El periodista estaba identificado como prensa y, luego de la agresión, presenta lesiones leves.

La FLIP también recibió el reporte de daño a la infraestructura del medio Vanguardia Liberal en la ciudad de Bucaramanga. Durante la jornada de manifestaciones del 10 de septiembre, las instalaciones del medio resultaron afectadas, al parecer, por manifestantes que se pronunciaban en contra de los actos violentos que involucran a miembros de la Policía Nacional. La Fundación continúa documentando el caso.

*Estos hechos suman 22 agresiones contra la prensa durante las manifestaciones de esta semana. 


 

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  • La FLIP registró una detención ilegal, dos obstrucciones y tres agresiones físicas.  

  • Varios de los periodistas afectados coinciden en que los policías que los agredieron tenían las chaquetas al revés o no portaban su identificación en un lugar visible.

  • La FLIP le hace un llamado a la Policía Nacional a que investigue y sancione a los uniformados responsables de estas violaciones a la libertad de prensa.

 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la detención ilegal, las agresiones físicas y las obstrucciones a la labor periodística que se presentaron ayer, 9 de septiembre. A diferencia de otras protestas, en la jornada del 9 de septiembre, día Nacional de los Derechos Humanos, todos los casos son atribuidos a la Policía Nacional.

La FLIP rechaza que la Policía Nacional, como entidad que tiene el mandato de ser un cuerpo garante de la libertad de prensa, emprenda acciones de violencia y censura dirigidas a limitar la libertad de información sobre abusos policiales. La FLIP exige a los organismos de control investigar con celeridad y aplicar sanciones ejemplarizantes a los responsables.

El miércoles 9 de septiembre de 2020, manifestantes salieron a las calles de Bogotá a protestar por el asesinato del abogado Javier Ordoñez la noche anterior en medio de un procedimiento de la Policía Nacional. Ordoñez fue impactado en repetidas ocasiones con un arma de electrochoque conocida como taser. Durante las manifestaciones que se presentaron frente a más de 50 Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la ciudad, seis periodistas fueron agredidos por parte de miembros de la Policía. La FLIP registró una detención ilegal, dos obstrucciones y tres agresiones físicas.  

Seis denuncias de agresiones

El primer hecho se registró en el CAI del barrio Mazurén. Julián Gómez, reportero del medio ABC Noticiero Virtual, aseguró que durante el cubrimiento de agresiones a manifestantes por parte de la Policía, dos uniformados se le acercaron para retirarlo del lugar. El periodista se negó y se identificó con el carné del noticiero, pero los agentes lo arrestaron, lo golpearon en su rostro y lo empujaron al interior del CAI. Dentro de la unidad policial, al reportero le quitaron su celular, los documentos personales, el carné de prensa y lo amenazaron con ponerle un comparendo "por no haber estado debidamente identificado como prensa". Luego de 15 minutos, el periodista fue dejado en libertad y hasta el momento no tiene certeza de que el comparendo se haya hecho efectivo. 

Otro de los puntos de encuentro de las manifestaciones fue el CAI de La Soledad, ubicado en el sector conocido como el Parkway en la localidad de Teusaquillo. Allí se encontraban los reporteros gráficos Juan Pablo Pino de Publimetro y Óscar Pérez de El Espectador. Según los periodistas, mientras estaban haciendo el registro de la movilización, los policías que estaban en el operativo se acercaron, los intimidaron con insultos y les ordenaron retirarse. Uno de los uniformados portaba una chaqueta negra con la clara intención de asegurar que no fueran visibles las insignias con apellidos y números policiales asignados que todo policía está obligado a portar mientras esté en servicio. A pesar de que los reporteros continuaron con su ejercicio periodístico, los uniformados intentaron agredirlos con piedras y a uno de ellos le dijeron: “mejor váyase de aquí no va y sea que le pase algo”. 

En la localidad de Suba fue agredido José Vargas, reportero gráfico de El Espectador. Según el periodista, mientras cubría las acciones violentas contra una manifestante que estaba siendo detenida en el CAI La Fontana, miembros de la Policía Nacional lo agredieron con los escudos de dotación, causándole una lesión leve en uno de sus pies y ocasionando daños en su cámara fotográfica. Vargas manifiesta que los policías tenían oculta su identificación y cuando se acercó al CAI para solicitar esta información los uniformados le ordenaron retirarse de forma violenta. 

En el barrio Villa Luz fue agredido Javier Jiménez Rojas, periodista del medio Colombia Informa, mientras registraba las acciones de un uniformado que se encontraba lanzando un gas lacrimógeno al interior de un conjunto. Según el reportero, cuando el policía notó que estaba siendo grabado, le lanzó una piedra la cual afectó su cámara y otro de los agentes que estaba en el lugar se acercó al reportero e intentó arrebatarle el dispositivo periodístico.

El fotógrafo Juan Camilo Rubiano, quien le manifestó a la FLIP que se encontraba haciendo un cubrimiento de las protestas como freelance, reportó haber sido agredido por cerca de doce policías en el barrio Santa María del Lago mientras grababa un procedimiento policial. Rubiano manifestó que cuando los uniformados notaron que estaban siendo grabados, se acercaron al reportero lo encerraron y lo golpearon con los bastones de dotación, ocasionándole fracturas en la nariz, el pómulo y el ojo izquierdo. Además, Rubiano denuncia que los uniformados le quitaron dos cámaras y su celular. 

Acciones recurrentes y solicitudes

Durante esta violenta jornada de protestas, la FLIP identificó tres acciones recurrentes por parte de miembros de la Policía Nacional:

i) Varios de los periodistas afectados coinciden en que los policías que los agredieron tenían las chaquetas al revés o no portaban su identificación en un lugar visible.

ii) Las violaciones a la libertad de prensa se presentaron durante el cubrimiento de procedimientos policiales abusivos contra los manifestantes que podrían comprometer disciplinariamente a los uniformados.

iii) Todos los reporteros que denunciaron su caso estaban plenamente identificados con credenciales de prensa, logos de su medio de comunicación y dispositivos como cámaras fotográficas que hacían evidente su labor de registro. 

La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza las acciones de la Policía Nacional y le solicita a la institución que inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje errado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones. 

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policiales sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

La Fundación para la Libertad de Prensa reconoce el anuncio de la alcaldesa Claudia López para iniciar las investigaciones del caso y valora positivamente que desde la administración distrital se haya aclarado que el uso de armas y la respuesta de la Policía el 9 de septiembre no estaban autorizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sin embargo, la Fundación le solicita que adelante las acciones pertinentes para sancionar a los uniformados responsables de las situaciones de violencia contra la prensa y le hace un llamado para que imparta instrucciones claras a los miembros de la fuerza pública orientadas a la garantía del ejercicio periodístico en este tipo de escenarios.  

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  • La FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica de los tres reporteros.

  • Ayer, los tres reporteros se encontraban cubriendo las manifestaciones en el centro de Medellín.

  • Esta detención arbitraria constituye una violación a la libertad de prensa.

Un grupo de aproximadamente trece reporteros gráficos fue agredido mientras cubría las manifestaciones del 15 de junio en Medellín. La FLIP rechaza esta detención, les solicita a las autoridades que investiguen las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional responsables de estas violaciones a la libertad de prensa, y demanda que se tomen las acciones necesarias para garantizar el ejercicio periodístico.

Los reporteros pertenecen a los colectivos Periferia Prensa, AquiNoticias, Ab_zurdo Colectivo, entre otros. Ayer, al mediodía, cuando estaban cubriendo la movilización que se había citado en el centro de Medellín, miembros de la Policía Nacional agredieron físicamente a ocho de ellos, impartieron lesiones en sus cuerpos y dañaron algunos de sus equipos periodísticos como cámaras y celulares. Uno de los afectados tiene una fractura en un antebrazo y el resto presenta hematomas. Después de agredirlos, la Policía detuvo a siete de los reporteros y los trasladó a diferentes estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata. 

Horas después, cuatro de los reporteros fueron dejados en libertad y los tres restantes: Harrison Agudelo, Juan Carlos Londoño y Juan Pablo Herrera fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Medellín para iniciar el proceso de judicialización. Sin embargo, y aun cuando ya han pasado más de 24 horas, los comunicadores continúan detenidos y no se les ha definido su situación jurídica. 

La Fundación se comunicó con el General Eliécer Camacho, comandante del departamento de Policía del Valle de Aburrá, quien aseguró que iba a tomar las acciones necesarias para revisar la situación. Al momento de esta publicación, la FLIP no ha recibido una respuesta oficial. 

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica de los tres reporteros con el fin de garantizar su derecho al debido proceso. También rechaza las acciones de la Policía Nacional y le solicita que se inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje errado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones. 

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policivos sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

A partir de su condición como funcionarios del Estado, los miembros de la Policía Nacional tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que realizan cubrimiento de movilizaciones sociales, ya que son un tema de interés general.

Por último, La FLIP extiende su llamado a la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Daniel Quintero Calle, para que tome los correctivos y adelante las acciones necesarias que garanticen la labor periodística en Medellín. En ese sentido, la Fundación también le solicita a la Procuraduría General de la Nación que inicie las investigaciones disciplinarias para sancionar a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa. 

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  • Osma es el director del periódico Construyendo Región y estaba cubriendo un evento organizado por la multinacional Minesa.

 

  • A la salida del evento varios manifestantes, que protestaban contra la multinacional, se toparon con Osma, lo insultaron y golpearon, dejándole dos hematomas. Además, los ataques le detonaron un episodio de taquicardia.

 

  • La FLIP extiende este comunicado a la Policía Nacional, a la Unidad Nacional de Protección y a diferentes movimientos ambientalistas.


La FLIP rechaza la agresión de la que fue víctima el periodista y le solicita a las autoridades competentes que tomen las medidas pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad del reportero afectado y garanticen el cubrimiento periodístico en este tipo de reuniones.

El pasado jueves 20 de febrero, Minesa organizó un encuentro en el Club Campestre de Floridablanca con el fin de dar a conocer detalles sobre el proyecto de extracción de oro que se planea adelantar en el páramo de Santurbán. Mientras esto ocurría, varios personas que se oponen a la actividad de explotación hicieron una manifestación a las afueras del lugar donde se desarrollaba el evento. 

Cuando Sergio Andrés Osma, otro de los periodistas de Construyendo Región, llegó a registrar lo que estaba sucediendo, los manifestantes le impidieron ingresar al Club. En ese momento, el director del periódico, Edgar Osma, se acercó a las personas que protestaban para solicitarles que dejaran ingresar a su colega. Entonces, varios de los manifestantes respondieron con insultos y con agresiones físicas contra el reportero, lo cual le ocasionó un episodio de taquicardia y le dejó dos hematomas: uno en la cabeza y otro en una de sus muñecas. 

La FLIP expresa su preocupación por este hecho y le solicita a la Policía Nacional que garantice la labor de la prensa en futuros cubrimientos relacionados con este y otros hechos de alto interés público para la comunidad. También le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que estos nuevos hechos sean tenidos en cuenta en el estudio de riesgo de Edgar Osma para determinar cuáles deben ser las medidas idóneas para salvaguardar la vida y la integridad del reportero y la de su familia. 

Por último, la Fundación le hace un llamado a los diferentes movimientos ambientalistas para que no se conviertan en agresores contra la prensa en este tipo de escenarios. Garantizar el principio de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación en el cubrimiento de temas de alto interés para la ciudadana contribuye a la deliberación abierta, plural y libre que necesita cualquier sociedad democrática. 

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La FLIP reitera su preocupación por los ataques a la prensa durante el cubrimiento del Paro Nacional. En lo corrido del año la Fundación ha registrado siete ataques que han afectado a doce periodistas:

  • En tres situaciones los responsables de las agresiones fueron miembros de la Fuerza Pública.

  • En dos más el autor fue un particular.

  • En otros dos episodios se desconoce al agresor.

Estos son los casos

El pasado 21 de enero, Nikolai Pinilla, periodista de la emisora Radio Rumbo 107.4, fue agredido por cerca de diez miembros de la Policía Nacional mientras cubría las manifestaciones sobre la Avenida de Las Américas en Bogotá. El periodista sufrió heridas en sus manos, nariz y cabeza. Los médicos le ordenaron tres días de incapacidad. El reportero explica que escuchó cuando uno de los policías que estaba en el operativo aseguró que no quería dejar ninguna evidencia. Luego de esto, varios uniformados lo agredieron e intentaron quitarle la cámara con la que estaba haciendo el cubrimiento periodístico.

En el mismo punto de la ciudad, un periodista del medio de comunicación Colombia Informa fue víctima de una agresión física por parte de un policía mientras cubría las movilizaciones. A pesar de que el reportero se encontraba identificado con su chaleco y su credencial de prensa, uno de los uniformados se le acercó a exigirle que se retirara del lugar. El policía empujó al comunicador con su escudo, le pegó con el bolillo a la altura de las costillas y lo amenazó con detenerlo y decomisar el material periodístico si no se retiraba de inmediato.

En otro lugar de Bogotá, sobre la carrera 30, miembros del equipo periodístico de Contravía tuvieron que abandonar el cubrimiento de la manifestación después de que un grupo del ESMAD lanzara un gas lacrimógeno hacia el área desde donde estaban haciendo el registro periodístico. 

Durante las recientes jornadas, la prensa también recibió ataques por parte de manifestantes y personas encapuchadas que agredieron físicamente a los reporteros y obstruyeron su trabajo. 

El pasado 16 de enero, un grupo de manifestantes que cubría las protestas sobre la carrera 30 a la altura de la calle 45 golpeó en el estómago a un reportero de Noticias Caracol y dañó el lente de su cámara con pintura. Los manifestantes, además, amenazaron con seguir agrediéndolos si continuaban registrando lo sucedido. Los periodistas del canal tuvieron que abandonar el cubrimiento. 

El 21 de enero, tres periodistas de medios nacionales en Medellín fueron intimidados por un grupo de manifestantes mientras cubrían la jornada de protestas sobre la avenida Ferrocarril. Los reporteros manifiestan que fueron detenidos por un hombre quien les solicitó identificación y les exigió que se retiraran del lugar, amenazándolos con agredirlos si continuaban grabando. Solamente uno de los afectados permaneció en el cubrimiento.

La FLIP reitera su preocupación por los ataques que se vienen presentando en las manifestaciones del Paro Nacional y le hace un llamado a la Policía Nacional para que sea garante de la labor periodística e investigue disciplinariamente a los uniformados responsables de las agresiones a la prensa. 

La Fundación le solicita a la Personería y a la Defensoría del Pueblo que acompañen y brinden la atención necesaria para garantizar el cubrimiento periodístico en este tipo de escenarios.   

La FLIP también acude a los manifestantes para que no obstruyan la labor periodística. En medio de las deliberaciones sobre temas de interés general, es indispensable que la prensa cuente con suficientes garantías para cubrir expresiones democráticas como la protesta.   

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En una acción judicial sin precedentes se busca la protección frente a las prácticas de violación sistemática de derechos humanos cometidas por las autoridades públicas durante las protestas. Los jueces y organismos de control deberán tomar medidas efectivas.

Bogotá, 16 de enero de 2020. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela presentada por diversas organizaciones de derechos humanos, profesores universitarios y litigantes, en representación de manifestantes y víctimas, contra la Presidencia de la República, los Ministerios de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Dirección General de la Policía Nacional y el Comando Policía Metropolitana de Bogotá por violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas que iniciaron el 21 de noviembre de 2019 en todo el país. 

La magistrada ponente, Hilda González Neira, vinculó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que participen en el caso. Igualmente, solicitó a otras entidades no demandadas, como la Personería de Bogotá, la Cámara de Representantes, la Procuraduría, la Alcaldía de Medellín y las gobernaciones de Nariño y Boyacá, que entreguen información sobre los hechos ocurridos en las movilizaciones recientes en las que no se empleó el ESMAD para reprimir protestas pacíficas.  

Entre las organizaciones de la sociedad civil que se unieron para presentar la tutela se encuentran la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas - CCJ, el Colectivo de Abogados José Álvear Restrepo - CAJAR, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, dhColombia y Humanidad Vigente Corporación Jurídica, integrantes de la “Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas”.

En la acción judicial se denuncian detalladamente conductas arbitrarias cometidas de forma sistemática por las autoridades públicas como: la disolución violenta de protestas pacíficas, el uso indebido de armas potencialmente letales y la retención arbitraria de personas que participan en protestas.

Las prácticas represivas y violentas de los organismos de seguridad del Estado, especialmente el ESMAD, la Policía y el Ejército Nacional, vulneran el derecho fundamental a la protesta y  significan un riesgo para los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, el debido proceso, la libertad de expresión, entre otros.

Todas las conductas documentadas en la tutela han ocurrido en movilizaciones indígenas, afro y campesinas del sur del país, en protestas estudiantiles en las grandes ciudades y, recientemente, han tenido su mayor expresión en la jornada de Paro y Movilización Nacional desde el 21 de noviembre de 2019.

Las organizaciones, manifestantes y víctimas le pedimos al Tribunal de Bogotá y a los organismos de control que tomen medidas efectivas para que cesen estas prácticas y se garantice la movilización, la protesta y el ejercicio pacífico de la política en las calles.

 

Contactos: 

Dejusticia
Adriana Abramovits. Comunicadora. 
+57 3163565681 
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Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR
Angélica Chaparro. Prensa. 
+57 321 3819733
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Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
Comunicaciones.
+57 3103419744.
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Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Erik Cano. Encargado de comunicaciones. 
+57 310 2307374. 
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Comisión Colombiana de Juristas
Paola Sánchez. Jefa de Prensa.
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+057 7449333 ext. 1021.

 

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La FLIP registró cinco nuevas agresiones a la prensa durante el cubrimiento de las manifestaciones en las ciudades de Bogotá y Barranquilla. Con los registrados ayer, la FLIP ha documentado un total de 47 violaciones a la labor periodística, desde el pasado 21 de noviembre, que han dejado a 58 reporteros afectados.  

El 10 de diciembre miembros de la Policía Nacional obstruyeron y agredieron físicamente a varios periodistas que se encontraban cubriendo el plantón en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Un periodista de RCN Radio asegura que fue agredido físicamente por parte de un miembro de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien le propinó una patada para impedir que registrara la detención de un joven en medio de la manifestación. 

Por su parte Ómar Vera, periodista del medio digital El Turbión, denunció que cuando tomaba fotografías de la detención de este mismo joven, dos policías en motos lo acorralaron y uno de ellos lo golpeó en varias ocasiones con el manillar de la motocicleta e impidieron el cubrimiento de los hechos. Una situación similar vivió el equipo CityTv que se encontraba en el mismo lugar. Dos motos de policía le impidieron el paso al periodista y otro uniformado intentó tapar la cámara que estaba grabando lo sucedido. 

En otro punto de la ciudad, Juan Sebastián Sandoval,  reportero del medio digital Háblame Claro, sostiene que recibió escupitajos y fue agredido con piedras por integrantes del Esmad que se encontraban en el puente peatonal que atraviesa la carrera 30 frente a la Universidad Nacional. 

A estos casos se suma el del periodista Ramiro Cañas, de RCN televisión en Barranquilla, quien denunció que fue intimidado por varios manifestantes frente a la Universidad del Atlántico, mientras cubría una denuncia sobre el ataque a uno de lo vigilantes de la institución por parte de un grupo de encapuchados. Cañas manifiesta que cinco manifestantes le prohibieron grabar, debido a que no iban a permitir la presencia de RCN. Los desconocidos lo empujaron y le robaron la memoria de la cámara donde tenía todo el registro periodístico.  

De las 47 agresiones registradas por la FLIP en el marco del cubrimiento del Paro Nacional 24 han sido por parte de particulares y encapuchados cuya identidad se desconoce.

La FLIP reitera el llamado a la Policía Nacional para que sea garante de la labor periodística. Estas agresiones por parte de la Fuerza Pública intimidan a los periodistas que cubren las manifestaciones y generan un ambiente de hostilidad para la prensa. Es deber de la Policía Nacional velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información sobre las movilizaciones sociales, que son un tema de interés general.

Adicionalmente, la Fundación le hace un llamado a todos los manifestantes para que no se conviertan en agresores de la prensa sino por el contrario sean quienes contribuyen al derecho constitucional que tienen los ciudadanos de recibir información oportuna sobre hechos de interés público.

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Es obligación del Estado garantizar que la prensa pueda informar de manera libre y sin ser atacada por sus propias fuerzas, lamentablemente esto no ha sido así. Desde que empezó el paro nacional el 21 de noviembre la FLIP ha documentado que 42 periodistas han sido agredidos, dejando un récord histórico como una de las jornadas más violentas contra los periodistas. 

Los eventos de los últimos días son del máximo interés público y resulta necesario que la ciudadanía pueda conocer y recibir la información que desde distintos frentes se produce. Siguiendo ese objetivo, el trabajo de los medios de comunicación resulta esencial para acercar los hechos a la ciudadanía. En ese sentido, la FLIP alienta a toda la prensa para que continúe el cubrimiento de las manifestaciones que empezaron el pasado 21 de noviembre pues su trabajo ha sido vital para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada y lo seguirá siendo en las próximas jornadas. 

De las 32* agresiones que La FLIP ha registrado durante el cubrimiento del Paro Nacional, en 19 ocasiones la Policía Nacional fue el agresor. Esta cifra convierte a la Policía en el máximo agresor contra las prensa durante el cubrimiento del Paro. Esto confirma la tendencia de otras manifestaciones realizadas en el 2019, donde integrantes de la fuerza pública han sido responsables de 28 ataques contra la prensa.  

A pesar de las agresiones, las recientes jornadas de protesta han demostrado la capacidad del periodismo para ofrecerle a las audiencias contenidos relevantes que dinamizan la democracia y sirven para recordar que la misión básica del periodismo es estar al servicio de la ciudadanía. De tal manera que ni las acciones por mantener el orden público ni el legítimo derecho a la protesta pueden afectar la actividad periodística que en coyunturas como la actual debe ser plural y merecedora de todas las garantías. 

Vale resaltar que los registros en video hechos por ciudadanos en distintas partes del país han sido determinantes para exponer las agresiones de la fuerza pública y, al pasar por los procesos de contrastación de información en las salas de redacción, se convierten en un insumo periodístico muy valioso. En consecuencia, es necesario que el Estado proteja y garantice la documentación ciudadana de la protesta como fuente para los reporteros y reporteras.

Las agresiones a la prensa muestran algunas tendencias. Varios de los casos en los que la prensa fue atacada por miembros de la Policía Nacional ocurren como consecuencia de que los reporteros grabaran procedimientos policiales irregulares o después de que registraran a los uniformados en medio del enfrentamiento con los manifestantes.

También hay agresiones que buscan que el cubrimiento periodístico sea interrumpido de manera definitiva. La FLIP documentó seis detenciones arbitrarias a comunicadores por parte de miembros de la Policía. Además, en cinco casos hubo daño o robo de equipo periodístico, esto impidió que continuaran con el trabajo informativo. Tres de estos casos fueron ocasionados por desconocidos, dos por la Policía. 

También hubo amenazas contra periodistas que buscaban intimidar el trabajo de los medios. Dos casos ilustran lo sucedido. El primero ocurrió después de que de manera irresponsable se difundiera información no confirmada que relacionaba a un periodista de Caracol Noticias con un grave mensaje antiprotesta. A pesar de no tener pruebas que sostuvieran estas peligrosas insinuaciones el mensaje tuvo una amplia difusión, en parte gracias a que figuras públicas como el senador Gustavo Petro lo replicaran en sus redes. Luego de las amenazas recibidas por el periodista y el equipo, el canal tuvo que retirar a algunos de sus reporteros de puntos críticos de cubrimiento. 

Por otra parte, 11 de las 32 agresiones afectaron a periodistas independientes, quienes suelen ser más vulnerables en este tipo de escenarios. En todos los casos los reporteros fueron agredidos a pesar de estar identificados como prensa.

La FLIP exige a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Policía Nacional que se avance prontamente con las investigaciones disciplinarias y penales que lleven a sanciones efectivas en contra de los agresores de la prensa. Resulta indispensable que la Procuraduría y la Defensoría establezcan un comité de seguimiento a estas investigaciones. Así mismo, exigimos acciones contundentes desde la Policía para que se garantice el cubrimiento de la protesta social y se proteja a los periodistas durante el ejercicio de su labor.

*El paro nacional ha dejado un número récord de agresiones contra la prensa durante el cubrimiento de la manifestación. En 2013, durante el paro agrario, la FLIP documentó 24 agresiones a lo largo de 75 días que afectaron a 44 periodistas. En tres días de este paro, del 21 al 23 de noviembre, la FLIP documentó 32 casos de agresiones que afectaron a 42 periodistas. Siendo esta, la jornada de protestas más violenta para la prensa en el histórico de la FLIP.

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