Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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  • La FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica de los tres reporteros.

  • Ayer, los tres reporteros se encontraban cubriendo las manifestaciones en el centro de Medellín.

  • Esta detención arbitraria constituye una violación a la libertad de prensa.

Un grupo de aproximadamente trece reporteros gráficos fue agredido mientras cubría las manifestaciones del 15 de junio en Medellín. La FLIP rechaza esta detención, les solicita a las autoridades que investiguen las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional responsables de estas violaciones a la libertad de prensa, y demanda que se tomen las acciones necesarias para garantizar el ejercicio periodístico.

Los reporteros pertenecen a los colectivos Periferia Prensa, AquiNoticias, Ab_zurdo Colectivo, entre otros. Ayer, al mediodía, cuando estaban cubriendo la movilización que se había citado en el centro de Medellín, miembros de la Policía Nacional agredieron físicamente a ocho de ellos, impartieron lesiones en sus cuerpos y dañaron algunos de sus equipos periodísticos como cámaras y celulares. Uno de los afectados tiene una fractura en un antebrazo y el resto presenta hematomas. Después de agredirlos, la Policía detuvo a siete de los reporteros y los trasladó a diferentes estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata. 

Horas después, cuatro de los reporteros fueron dejados en libertad y los tres restantes: Harrison Agudelo, Juan Carlos Londoño y Juan Pablo Herrera fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Medellín para iniciar el proceso de judicialización. Sin embargo, y aun cuando ya han pasado más de 24 horas, los comunicadores continúan detenidos y no se les ha definido su situación jurídica. 

La Fundación se comunicó con el General Eliécer Camacho, comandante del departamento de Policía del Valle de Aburrá, quien aseguró que iba a tomar las acciones necesarias para revisar la situación. Al momento de esta publicación, la FLIP no ha recibido una respuesta oficial. 

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica de los tres reporteros con el fin de garantizar su derecho al debido proceso. También rechaza las acciones de la Policía Nacional y le solicita que se inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje errado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones. 

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policivos sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

A partir de su condición como funcionarios del Estado, los miembros de la Policía Nacional tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que realizan cubrimiento de movilizaciones sociales, ya que son un tema de interés general.

Por último, La FLIP extiende su llamado a la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Daniel Quintero Calle, para que tome los correctivos y adelante las acciones necesarias que garanticen la labor periodística en Medellín. En ese sentido, la Fundación también le solicita a la Procuraduría General de la Nación que inicie las investigaciones disciplinarias para sancionar a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa. 

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  • Osma es el director del periódico Construyendo Región y estaba cubriendo un evento organizado por la multinacional Minesa.

 

  • A la salida del evento varios manifestantes, que protestaban contra la multinacional, se toparon con Osma, lo insultaron y golpearon, dejándole dos hematomas. Además, los ataques le detonaron un episodio de taquicardia.

 

  • La FLIP extiende este comunicado a la Policía Nacional, a la Unidad Nacional de Protección y a diferentes movimientos ambientalistas.


La FLIP rechaza la agresión de la que fue víctima el periodista y le solicita a las autoridades competentes que tomen las medidas pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad del reportero afectado y garanticen el cubrimiento periodístico en este tipo de reuniones.

El pasado jueves 20 de febrero, Minesa organizó un encuentro en el Club Campestre de Floridablanca con el fin de dar a conocer detalles sobre el proyecto de extracción de oro que se planea adelantar en el páramo de Santurbán. Mientras esto ocurría, varios personas que se oponen a la actividad de explotación hicieron una manifestación a las afueras del lugar donde se desarrollaba el evento. 

Cuando Sergio Andrés Osma, otro de los periodistas de Construyendo Región, llegó a registrar lo que estaba sucediendo, los manifestantes le impidieron ingresar al Club. En ese momento, el director del periódico, Edgar Osma, se acercó a las personas que protestaban para solicitarles que dejaran ingresar a su colega. Entonces, varios de los manifestantes respondieron con insultos y con agresiones físicas contra el reportero, lo cual le ocasionó un episodio de taquicardia y le dejó dos hematomas: uno en la cabeza y otro en una de sus muñecas. 

La FLIP expresa su preocupación por este hecho y le solicita a la Policía Nacional que garantice la labor de la prensa en futuros cubrimientos relacionados con este y otros hechos de alto interés público para la comunidad. También le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que estos nuevos hechos sean tenidos en cuenta en el estudio de riesgo de Edgar Osma para determinar cuáles deben ser las medidas idóneas para salvaguardar la vida y la integridad del reportero y la de su familia. 

Por último, la Fundación le hace un llamado a los diferentes movimientos ambientalistas para que no se conviertan en agresores contra la prensa en este tipo de escenarios. Garantizar el principio de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación en el cubrimiento de temas de alto interés para la ciudadana contribuye a la deliberación abierta, plural y libre que necesita cualquier sociedad democrática. 

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La FLIP reitera su preocupación por los ataques a la prensa durante el cubrimiento del Paro Nacional. En lo corrido del año la Fundación ha registrado siete ataques que han afectado a doce periodistas:

  • En tres situaciones los responsables de las agresiones fueron miembros de la Fuerza Pública.

  • En dos más el autor fue un particular.

  • En otros dos episodios se desconoce al agresor.

Estos son los casos

El pasado 21 de enero, Nikolai Pinilla, periodista de la emisora Radio Rumbo 107.4, fue agredido por cerca de diez miembros de la Policía Nacional mientras cubría las manifestaciones sobre la Avenida de Las Américas en Bogotá. El periodista sufrió heridas en sus manos, nariz y cabeza. Los médicos le ordenaron tres días de incapacidad. El reportero explica que escuchó cuando uno de los policías que estaba en el operativo aseguró que no quería dejar ninguna evidencia. Luego de esto, varios uniformados lo agredieron e intentaron quitarle la cámara con la que estaba haciendo el cubrimiento periodístico.

En el mismo punto de la ciudad, un periodista del medio de comunicación Colombia Informa fue víctima de una agresión física por parte de un policía mientras cubría las movilizaciones. A pesar de que el reportero se encontraba identificado con su chaleco y su credencial de prensa, uno de los uniformados se le acercó a exigirle que se retirara del lugar. El policía empujó al comunicador con su escudo, le pegó con el bolillo a la altura de las costillas y lo amenazó con detenerlo y decomisar el material periodístico si no se retiraba de inmediato.

En otro lugar de Bogotá, sobre la carrera 30, miembros del equipo periodístico de Contravía tuvieron que abandonar el cubrimiento de la manifestación después de que un grupo del ESMAD lanzara un gas lacrimógeno hacia el área desde donde estaban haciendo el registro periodístico. 

Durante las recientes jornadas, la prensa también recibió ataques por parte de manifestantes y personas encapuchadas que agredieron físicamente a los reporteros y obstruyeron su trabajo. 

El pasado 16 de enero, un grupo de manifestantes que cubría las protestas sobre la carrera 30 a la altura de la calle 45 golpeó en el estómago a un reportero de Noticias Caracol y dañó el lente de su cámara con pintura. Los manifestantes, además, amenazaron con seguir agrediéndolos si continuaban registrando lo sucedido. Los periodistas del canal tuvieron que abandonar el cubrimiento. 

El 21 de enero, tres periodistas de medios nacionales en Medellín fueron intimidados por un grupo de manifestantes mientras cubrían la jornada de protestas sobre la avenida Ferrocarril. Los reporteros manifiestan que fueron detenidos por un hombre quien les solicitó identificación y les exigió que se retiraran del lugar, amenazándolos con agredirlos si continuaban grabando. Solamente uno de los afectados permaneció en el cubrimiento.

La FLIP reitera su preocupación por los ataques que se vienen presentando en las manifestaciones del Paro Nacional y le hace un llamado a la Policía Nacional para que sea garante de la labor periodística e investigue disciplinariamente a los uniformados responsables de las agresiones a la prensa. 

La Fundación le solicita a la Personería y a la Defensoría del Pueblo que acompañen y brinden la atención necesaria para garantizar el cubrimiento periodístico en este tipo de escenarios.   

La FLIP también acude a los manifestantes para que no obstruyan la labor periodística. En medio de las deliberaciones sobre temas de interés general, es indispensable que la prensa cuente con suficientes garantías para cubrir expresiones democráticas como la protesta.   

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En una acción judicial sin precedentes se busca la protección frente a las prácticas de violación sistemática de derechos humanos cometidas por las autoridades públicas durante las protestas. Los jueces y organismos de control deberán tomar medidas efectivas.

Bogotá, 16 de enero de 2020. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela presentada por diversas organizaciones de derechos humanos, profesores universitarios y litigantes, en representación de manifestantes y víctimas, contra la Presidencia de la República, los Ministerios de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Dirección General de la Policía Nacional y el Comando Policía Metropolitana de Bogotá por violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas que iniciaron el 21 de noviembre de 2019 en todo el país. 

La magistrada ponente, Hilda González Neira, vinculó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que participen en el caso. Igualmente, solicitó a otras entidades no demandadas, como la Personería de Bogotá, la Cámara de Representantes, la Procuraduría, la Alcaldía de Medellín y las gobernaciones de Nariño y Boyacá, que entreguen información sobre los hechos ocurridos en las movilizaciones recientes en las que no se empleó el ESMAD para reprimir protestas pacíficas.  

Entre las organizaciones de la sociedad civil que se unieron para presentar la tutela se encuentran la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas - CCJ, el Colectivo de Abogados José Álvear Restrepo - CAJAR, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, dhColombia y Humanidad Vigente Corporación Jurídica, integrantes de la “Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas”.

En la acción judicial se denuncian detalladamente conductas arbitrarias cometidas de forma sistemática por las autoridades públicas como: la disolución violenta de protestas pacíficas, el uso indebido de armas potencialmente letales y la retención arbitraria de personas que participan en protestas.

Las prácticas represivas y violentas de los organismos de seguridad del Estado, especialmente el ESMAD, la Policía y el Ejército Nacional, vulneran el derecho fundamental a la protesta y  significan un riesgo para los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, el debido proceso, la libertad de expresión, entre otros.

Todas las conductas documentadas en la tutela han ocurrido en movilizaciones indígenas, afro y campesinas del sur del país, en protestas estudiantiles en las grandes ciudades y, recientemente, han tenido su mayor expresión en la jornada de Paro y Movilización Nacional desde el 21 de noviembre de 2019.

Las organizaciones, manifestantes y víctimas le pedimos al Tribunal de Bogotá y a los organismos de control que tomen medidas efectivas para que cesen estas prácticas y se garantice la movilización, la protesta y el ejercicio pacífico de la política en las calles.

 

Contactos: 

Dejusticia
Adriana Abramovits. Comunicadora. 
+57 3163565681 
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Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR
Angélica Chaparro. Prensa. 
+57 321 3819733
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Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
Comunicaciones.
+57 3103419744.
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Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Erik Cano. Encargado de comunicaciones. 
+57 310 2307374. 
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Comisión Colombiana de Juristas
Paola Sánchez. Jefa de Prensa.
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+057 7449333 ext. 1021.

 

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La FLIP registró cinco nuevas agresiones a la prensa durante el cubrimiento de las manifestaciones en las ciudades de Bogotá y Barranquilla. Con los registrados ayer, la FLIP ha documentado un total de 47 violaciones a la labor periodística, desde el pasado 21 de noviembre, que han dejado a 58 reporteros afectados.  

El 10 de diciembre miembros de la Policía Nacional obstruyeron y agredieron físicamente a varios periodistas que se encontraban cubriendo el plantón en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Un periodista de RCN Radio asegura que fue agredido físicamente por parte de un miembro de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien le propinó una patada para impedir que registrara la detención de un joven en medio de la manifestación. 

Por su parte Ómar Vera, periodista del medio digital El Turbión, denunció que cuando tomaba fotografías de la detención de este mismo joven, dos policías en motos lo acorralaron y uno de ellos lo golpeó en varias ocasiones con el manillar de la motocicleta e impidieron el cubrimiento de los hechos. Una situación similar vivió el equipo CityTv que se encontraba en el mismo lugar. Dos motos de policía le impidieron el paso al periodista y otro uniformado intentó tapar la cámara que estaba grabando lo sucedido. 

En otro punto de la ciudad, Juan Sebastián Sandoval,  reportero del medio digital Háblame Claro, sostiene que recibió escupitajos y fue agredido con piedras por integrantes del Esmad que se encontraban en el puente peatonal que atraviesa la carrera 30 frente a la Universidad Nacional. 

A estos casos se suma el del periodista Ramiro Cañas, de RCN televisión en Barranquilla, quien denunció que fue intimidado por varios manifestantes frente a la Universidad del Atlántico, mientras cubría una denuncia sobre el ataque a uno de lo vigilantes de la institución por parte de un grupo de encapuchados. Cañas manifiesta que cinco manifestantes le prohibieron grabar, debido a que no iban a permitir la presencia de RCN. Los desconocidos lo empujaron y le robaron la memoria de la cámara donde tenía todo el registro periodístico.  

De las 47 agresiones registradas por la FLIP en el marco del cubrimiento del Paro Nacional 24 han sido por parte de particulares y encapuchados cuya identidad se desconoce.

La FLIP reitera el llamado a la Policía Nacional para que sea garante de la labor periodística. Estas agresiones por parte de la Fuerza Pública intimidan a los periodistas que cubren las manifestaciones y generan un ambiente de hostilidad para la prensa. Es deber de la Policía Nacional velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información sobre las movilizaciones sociales, que son un tema de interés general.

Adicionalmente, la Fundación le hace un llamado a todos los manifestantes para que no se conviertan en agresores de la prensa sino por el contrario sean quienes contribuyen al derecho constitucional que tienen los ciudadanos de recibir información oportuna sobre hechos de interés público.

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Es obligación del Estado garantizar que la prensa pueda informar de manera libre y sin ser atacada por sus propias fuerzas, lamentablemente esto no ha sido así. Desde que empezó el paro nacional el 21 de noviembre la FLIP ha documentado que 42 periodistas han sido agredidos, dejando un récord histórico como una de las jornadas más violentas contra los periodistas. 

Los eventos de los últimos días son del máximo interés público y resulta necesario que la ciudadanía pueda conocer y recibir la información que desde distintos frentes se produce. Siguiendo ese objetivo, el trabajo de los medios de comunicación resulta esencial para acercar los hechos a la ciudadanía. En ese sentido, la FLIP alienta a toda la prensa para que continúe el cubrimiento de las manifestaciones que empezaron el pasado 21 de noviembre pues su trabajo ha sido vital para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada y lo seguirá siendo en las próximas jornadas. 

De las 32* agresiones que La FLIP ha registrado durante el cubrimiento del Paro Nacional, en 19 ocasiones la Policía Nacional fue el agresor. Esta cifra convierte a la Policía en el máximo agresor contra las prensa durante el cubrimiento del Paro. Esto confirma la tendencia de otras manifestaciones realizadas en el 2019, donde integrantes de la fuerza pública han sido responsables de 28 ataques contra la prensa.  

A pesar de las agresiones, las recientes jornadas de protesta han demostrado la capacidad del periodismo para ofrecerle a las audiencias contenidos relevantes que dinamizan la democracia y sirven para recordar que la misión básica del periodismo es estar al servicio de la ciudadanía. De tal manera que ni las acciones por mantener el orden público ni el legítimo derecho a la protesta pueden afectar la actividad periodística que en coyunturas como la actual debe ser plural y merecedora de todas las garantías. 

Vale resaltar que los registros en video hechos por ciudadanos en distintas partes del país han sido determinantes para exponer las agresiones de la fuerza pública y, al pasar por los procesos de contrastación de información en las salas de redacción, se convierten en un insumo periodístico muy valioso. En consecuencia, es necesario que el Estado proteja y garantice la documentación ciudadana de la protesta como fuente para los reporteros y reporteras.

Las agresiones a la prensa muestran algunas tendencias. Varios de los casos en los que la prensa fue atacada por miembros de la Policía Nacional ocurren como consecuencia de que los reporteros grabaran procedimientos policiales irregulares o después de que registraran a los uniformados en medio del enfrentamiento con los manifestantes.

También hay agresiones que buscan que el cubrimiento periodístico sea interrumpido de manera definitiva. La FLIP documentó seis detenciones arbitrarias a comunicadores por parte de miembros de la Policía. Además, en cinco casos hubo daño o robo de equipo periodístico, esto impidió que continuaran con el trabajo informativo. Tres de estos casos fueron ocasionados por desconocidos, dos por la Policía. 

También hubo amenazas contra periodistas que buscaban intimidar el trabajo de los medios. Dos casos ilustran lo sucedido. El primero ocurrió después de que de manera irresponsable se difundiera información no confirmada que relacionaba a un periodista de Caracol Noticias con un grave mensaje antiprotesta. A pesar de no tener pruebas que sostuvieran estas peligrosas insinuaciones el mensaje tuvo una amplia difusión, en parte gracias a que figuras públicas como el senador Gustavo Petro lo replicaran en sus redes. Luego de las amenazas recibidas por el periodista y el equipo, el canal tuvo que retirar a algunos de sus reporteros de puntos críticos de cubrimiento. 

Por otra parte, 11 de las 32 agresiones afectaron a periodistas independientes, quienes suelen ser más vulnerables en este tipo de escenarios. En todos los casos los reporteros fueron agredidos a pesar de estar identificados como prensa.

La FLIP exige a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Policía Nacional que se avance prontamente con las investigaciones disciplinarias y penales que lleven a sanciones efectivas en contra de los agresores de la prensa. Resulta indispensable que la Procuraduría y la Defensoría establezcan un comité de seguimiento a estas investigaciones. Así mismo, exigimos acciones contundentes desde la Policía para que se garantice el cubrimiento de la protesta social y se proteja a los periodistas durante el ejercicio de su labor.

*El paro nacional ha dejado un número récord de agresiones contra la prensa durante el cubrimiento de la manifestación. En 2013, durante el paro agrario, la FLIP documentó 24 agresiones a lo largo de 75 días que afectaron a 44 periodistas. En tres días de este paro, del 21 al 23 de noviembre, la FLIP documentó 32 casos de agresiones que afectaron a 42 periodistas. Siendo esta, la jornada de protestas más violenta para la prensa en el histórico de la FLIP.

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La FLIP rechaza los ataques a la prensa por parte de la Policía Nacional durante el cubrimiento del paro nacional del 21 de noviembre. De los catorce casos registrados por la FLIP en Cali, Bogotá, Medellín, Valledupar y Santander de Quilichao, ocho tuvieron como agresores a miembros de la Policía. A pesar de los compromisos públicos de la institución de garantizar el ejercicio libre y pacífico del periodismo, la Policía Nacional se consolida como la principal agresora de la prensa durante el cubrimiento de la protesta social.

El 21 de noviembre se registraron detenciones arbitrarias, agresiones físicas, hostigamientos y daño de equipo periodístico por parte de uniformados. Entre los casos más graves está el del periodista independiente Andrés Bayona, víctima de graves agresiones físicas y de detención arbitraria. A pesar de necesitar atención médica, miembros de la Policía lo retuvieron sin darle explicaciones sobre el proceso que se estaba adelantando. Por su parte, el periodista Andrés Matheo Agudelo, fotógrafo independiente, también fue detenido arbitrariamente durante aproximadamente tres horas por miembros del Esmad en Medellín, debido a que no contaba con un documento que lo identificara como periodista de un medio de comunicación. Durante su detención, miembros de la Policía revisaron en varias ocasiones el material periodístico de su cámara.

El periodista Santiago Andrade de la revista Rolling Stones y el periodista independiente Javier Ruíz también fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional durante el cubrimiento de la marcha en la Plaza de Bolívar. Andrade recibió un fuerte impacto en su cabeza que ocasionó una herida que debió ser suturada con cuatro puntos. En el caso de Ruíz, miembros del Esmad lo hostigaron, dañaron sus audífonos y revisaron el material que habría registrado con su cámara.

Otros ataques con gases lacrimógenos o chorros de agua a presión fueron dirigidos directamente contra grupos de periodistas en el ejercicio de su labor informativa, algunos de ellos quedaron registrados en video. La periodista Stephanie Valencia, de CityTV, y su equipo fueron víctimas de uno de estos ataques.

Con el fin de prevenir este tipo de hechos de violencia, el miércoles 20, la FLIP se reunió con miembros del área de derechos humanos de la Policía Nacional y con la subdirección del Esmad. Durante el encuentro, los uniformados dieron a conocer las acciones emprendidas para garantizar la labor periodística durante las manifestaciones. Sin embargo, dichas acciones demuestran nuevamente ser insuficientes. Por esta razón, la Fundación pondrá en conocimiento de las autoridades las agresiones registrados durante el cubrimiento del paro para que inicien las investigaciones.

La FLIP rechaza los ataques contra la prensa que se presentaron durante la jornada de movilizaciones y le exige a la Policía Nacional que tome las acciones necesarias para identificar a los agentes responsables de estas agresiones y emitir las sanciones correspondientes. La ausencia de resultados ejemplares representa un mensaje equivocado para los demás miembros de la fuerza pública y pueden ser entendidos como un acto de tolerancia a la violencia contra la prensa durante el cubrimiento de manifestaciones.

La FLIP le recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber frente al cumplimiento del Código de Policía, que establece en su artículo 21 que cualquier ciudadano pueda grabar los procedimientos policivos sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía conciba la presencia de los periodistas y medios de comunicación en sus operativos como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP hace un fuerte llamado a la Policía Nacional para que garantice la labor de la prensa en estos escenarios. A partir de su condición como funcionarios del Estado, los uniformados tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información de interés general, como lo son las movilizaciones sociales. 

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La Policía Nacional está llamada a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta social, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, acciones recientes de funcionarios de la Policía están dirigidas a intimidar y obstruir el ejercicio de los periodistas, incumpliendo con el deber de promover el ejercicio de estos derechos y de ser tolerantes con la crítica.

En la mañana del 19 de noviembre, integrantes de la Policía Nacional llegaron a la sede del medio de comunicación digital Cartel Urbano en Bogotá y allanaron sus oficinas. Desde el punto de vista de la FLIP, la justificación para el allanamiento fue insuficiente, el procedimiento no se realizó bajo las garantías de ley y se realizaron acciones que violaron la reserva del archivo y la fuente periodística.

Según contó Cartel Urbano a la FLIP, la Policía adelantó esta diligencia a partir de una decisión de la Fiscalía basada en la denuncia de un informante anónimo. En videos publicados por el medio, se muestra que la Policía iba en búsqueda de explosivos y material impreso relacionado con el paro del 21 de noviembre que, según los uniformados, incitaba a la violencia. Después de aproximadamente tres horas de allanamiento, la Policía no encontró nada en la sede del medio. Otros medios reportaron allanamientos a colectivos artísticos esa misma mañana.

La FLIP recuerda que los estándares interamericanos sobre libertad de expresión fijan una vara muy alta en lo que respecta a la “incitación a la violencia”. Según dichos estándares, se requiere una prueba actual, cierta, objetiva y contundente de que se tiene la clara intención y capacidad de promover la violencia y que no se busca simplemente emitir una información u opinión, por más chocante o molesta que sea.

En otro hecho que tiene como finalidad censurar, la Policía Nacional solicitó al medio digital Cerosetenta que eliminara de su sitio web un manual de autoprotección contra el ESMAD en el marco de la protesta social. En su solicitud se hacía referencia, también, a que el contenido incitaba a la violencia y se argumentó que se publicaron cifras no oficiales y que se calumniaba a la institución.

Estos hechos se enmarcan en antecedentes de graves agresiones contra la prensa por parte de miembros de la fuerza pública durante el cubrimiento de manifestaciones. Este año la FLIP ha registrado nueve ataques a periodistas provenientes de integrantes de la Policía. De este total, cinco casos fueron agresiones físicas, tres obstrucciones al trabajo periodístico y una exclusión. Con frecuencia estos ataques ocurren luego de que los comunicadores habían registrado abusos de autoridad por parte del ESMAD contra manifestantes. En ocasiones, los uniformados intimidan a los periodistas para que eliminen el material periodístico. Uno de los casos más graves sucedió el pasado 31 de octubre, cuando el fotógrafo independiente Chris Horn tuviera graves lesiones en un ojo como consecuencia de ataques por parte de miembros del ESMAD.

Todas estas agresiones, crean un ambiente de miedo y censura entre los medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público.

La Fundación para la Libertad de Prensa solicitó una reunión con la representantes de Policía Derechos Humanos, ESMAD, Inteligencia y comandantes de fuerza disponible. Resulta prioritario que la Policía Nacional se comprometa en garantizar la libertad de expresión y el cubrimiento periodístico en torno a las protestas del 21 de noviembre.

La revista Cartel Urbano emitió un comunicado, leálo completo aquí.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la solicitud que hizo el Centro Cibernético de la Policía Nacional al medio digital Cerosetenta para que eliminara de su sitio web el Manual 070 de autoprotección contra el ESMAD. Dicha solicitud busca que se oculte información de interés público y que cuenta con especial protección constitucional.

El pasado 15 de noviembre, la Jefatura del Centro Cibernético Policial, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, solicitó mediante un correo electrónico a la Universidad de los Andes, a la cual está vinculado el medio, que estudiara la posibilidad de eliminar este contenido referente al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). El manual de autoprotección publicado por el medio contenía diversas recomendaciones para proteger los derechos fundamentales y la integridad física de personas que asisten a marchas, así como cifras sobre presuntas agresiones cometidas por el ESMAD durante las manifestaciones.

Según la solicitud de la Policía, la publicación, al hablar de mecanismos de autoprotección durante protestas, supuestamente “incita el carácter violento al derecho de la manifestación”. Además, la Policía asegura que las cifras publicadas no son oficiales y, al estar relacionadas con delitos graves, “calumnian el nombre de la Policía Nacional de Colombia”.

Respecto de estos señalamientos, la FLIP se permite recordar a la Policía Nacional que según la jurisprudencia constitucional, en caso de que existan reparos por supuesta información errónea o inexacta es procedente una solicitud de rectificación y no de eliminación.

Además, es necesario señalar que la ley no exige que una publicación se realice con base en información confirmada por publicaciones oficiales. Imponer dicha medida constituirá establecer una forma de control previo a la publicación de contenidos, lo cual está prohibido por el artículo 20 de la Constitución Política (Sentencia T-145-19).

En el caso de Cerosetenta, el medio especificó que las cifras usadas tienen como fuente el informe Silencio Oficial, un aturdido grito de justicia por los 20 años de la ESMAD, realizado por Temblores ONG. Dicho informe está próximo a su publicación y contó con, al menos, siete tipos de fuentes en su metodología de investigación. Además, se especificó que las cifras usadas no habían sido confirmadas por el ESMAD.

Finalmente, es necesario señalar que, contrario a lo dicho por la Policía, el contenido publicado no constituye una incitación a la violencia de acuerdo con los estándares interamericanos. Por el contrario, al dar indicaciones para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales y tratar asuntos de interés público, la publicación constituye un discurso especialmente protegido de acuerdo con la jurisprudencia constitucional e interamericana. Sobre todo teniendo en cuenta la vigencia del contenido del mismo a solo dos días del paro nacional programado el 21 de noviembre. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la FLIP hace un llamado a la Policía Nacional para que como funcionarios públicos asuman su deber de tolerancia a la  crítica de su labor y se abstenga de hacer solicitudes a medios que vulneren los derechos a la libertad de expresión y de información.

 

 

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Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las agresiones físicas y los daños a los equipos periodísticos de los que fueron víctimas varios reporteros por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y de manifestantes que hicieron parte de las movilizaciones estudiantiles en Bogotá. Los ataques contra los comunicadores se presentaron en varios puntos de la ciudad. 

El pasado 31 de octubre dos camarógrafos de CityNoticias fueron agredidos cuando cubrían las manifestaciones de los estudiantes universitarios entre las estaciones de transmilenio Calle 76 y Héroes. Jessica Leaño, reportera de este noticiero, y Juan Leiva, el camarógrafo que la acompañaba, aseguran que fueron víctimas de obstrucciones durante el cubrimiento. Según los reporteros, inicialmente los manifestantes intentaron tapar el lente de la cámara para evitar el registro y, luego, les hurtaron el receptor, un dispositivo que transmite el audio del micrófono inalámbrico a la cámara, lo que impidió que la periodista continuara con la transmisión. Adicionalmente, Leaño afirma que los agresores la golpearon con una piedra en su pierna derecha. 

Edward Moreno, otro de los camarógrafos de CityNoticias, fue agredido en el rostro por parte de un encapuchado, quien le intentó quitar la cámara mientras transmitía en vivo la movilización sobre la Avenida Caracas con calle 76. En medio de la agresión el cubo del micrófono de la cámara que tiene el logo del medio fue destruido. 

En este mismo sector, el periodista de Canal Capital, Juan Sebastián Sandoval, fue agredido verbalmente por varios manifestantes quienes además le golpearon el micrófono, le lanzaron agua y le taparon el lente de la cámara para impedir el registro. El reportero asegura que minutos después, en inmediaciones a la Universidad Pedagógica, agentes del ESMAD lo aislaron del cubrimiento periodístico con el escudo de dotación y le impidieron grabar las movilizaciones en ese lugar. 

Una situación similar vivió el fotógrafo independiente Sebastián Benavides cuando tomaba imágenes de la detención de algunos manifestantes a las afueras de la Universidad Pedagógica. El periodista manifiesta que varios agentes lanzaron gases lacrimógenos a un grupo de cerca de 50 personas, entre las que había prensa y manifestantes. Luego lo empujaron a él con el escudo y le pegaron varias veces a su cámara. Según Benavides, las agresiones se presentaron aun cuando el reportero se identificó como prensa ante los uniformados. 

La FLIP rechaza las agresiones contra los reporteros durante el cubrimiento de las manifestaciones y le exige a la Policía Nacional que tome los correctivos necesarios para identificar a los agentes responsables de las obstrucciones y se inicien los procesos disciplinarios para emitir las sanciones correspondientes. 

Adicionalmente, la FLIP le hace un llamado a la Policía Nacional para que garantice la labor de la prensa en estos escenarios. A partir de su condición como funcionarios del Estado, los uniformados tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información sobre las movilizaciones sociales, que son un tema de interés general.

Estas agresiones contra la prensa afectan el derecho constitucional que tienen los ciudadanos de recibir información oportuna sobre hechos de interés público. En este sentido, la Fundación también le hace un llamado a los diferentes movimientos estudiantiles para que no se conviertan en los principales agresores contra la prensa en este tipo de escenarios. Resulta paradógico que se presenten obstrucciones a la prensa para el cubrimiento de una expresión democrática como lo es la manifestación social, la cual necesita ser difundida a través de los medios de comunicación con el fin de que se difundan las exigencias de distintos sectores sociales. Los ataques contra la prensa en este tipo de escenarios afectan la deliberación libre, abierta y plural que necesita cualquier sociedad democrática. 

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