Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Friday, 31 March 2017 11:24

Contra la censura en Venezuela

Caracol Radio Colombia, La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (ASOMEDIOS), La Asociación Colombiana de Editores de Medios Informativos (Andiarios) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), rechazamos de manera enfática las agresiones de las que fue víctima la periodista Elyangélica González, corresponsal en Venezuela de la cadena colombiana Caracol Radio. Este ataque no tiene precedentes recientes y contradice los principios democráticos.

A las 8:30 de la mañana del 31 de marzo de 2017, en inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y haciendo cubrimiento de la crisis institucional a partir de la suspensión de la Asamblea Nacional, la periodista fue brutalmente golpeada por una decena de militares venezolanos que la despojaron de sus equipos periodísticos e interrumpieron la transmisión que hacía en directo para Bogotá.

“Me arrancaron el teléfono, traté de sacar el otro para seguir hablando, me lo quitaron, lo partieron, lo quemaron, me detuvieron en el Tribunal Supremo (…) estoy completamente arañada, golpeada (…) me cayeron a patadas diez personas, me batían de un lado a otro”, relató la periodista cuando pudo retomar contacto con la cadena radial.

Estos hechos no solo son humillantes, autoritarios, crueles e inhumanos contra una periodista mujer, sino que además constituyen una grave violación a la libertad de prensa que cuestiona las garantías para los corresponsales internacionales que cubren la difícil coyuntura que atraviesa Venezuela. Son acciones de censura previa, violencia contra la prensa y destrucción de material periodístico que están prohibidas por las declaraciones internacionales de Derechos Humanos suscritas por el Estado de Venezuela.  Este ataque a la prensa colombiana acreditada en Venezuela ya está en conocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El sistemático desprecio de las autoridades venezolanas por la libertad de prensa restringe el derecho a la información y aumenta las condiciones de riesgo de los periodistas que trabajan en este país. A pesar del que el gobierno venezolano desconoce sus obligaciones de respeto a la prensa a partir de acciones autoritarias, nos corresponde  insistir en la exigencia de los valores democráticos.

La declaración de principios sobre libertad de expresión indica que la “intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Por lo anterior, hacemos un llamado especial a la Cancillería colombiana para que siga brindando apoyo a los periodistas que trabajan para medios colombianos en ese país, tomando en cuenta que el respeto por la libertad de prensa es un requisito imprescindible y prioritario en curso las relaciones internacionales.

Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en su mandato de garantizar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, active todos los mecanismos a su disposición que contribuyan a la protección de la periodista Elyangélica González.

Por último, convocamos al periodismo de las américas a sumar esfuerzos solidarios y de unión con el fin de mantener a la comunidad internacional informada sobre lo que sucede en Venezuela. 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los señalamientos estigmatizantes del Frente de Guerra Oriental del ELN contra algunos medios de comunicación.  

En el comunicado, que empezó a circular en el departamento de Arauca el 28 de marzo, la Guerrilla del ELN señala a la Emisora local La Voz del Cinaruco como un medio “funcional” a los militares y califica al portal La Silla Vacía (cuya directora, Juanita León, también preside el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa) como parte de una “matriz mediática difamadora (…) que llama a golpear al movimiento social para debilitar a la guerrilla”. Estas afirmaciones tienen un efecto intimidatorio a los esfuerzos de hacer periodismo en una región de censura, sitúan al ELN como una organización que está lejos de entender la deliberación pública como un insumo fundamental para la democracia y marcan un efecto inhibitorio en el cubrimiento futuro de las distintas noticias que se presenten en el departamento de Arauca.

El pasado 19 de marzo, La Silla Vacía publicó una historia titulada “El desgane con el proceso del ELN se siente más en Arauca”. Allí este portal señalaba que “diferentes asociaciones sociales, muchas de las cuales guardan alguna afinidad con los postulados políticos del ELN (…) se han empezado a movilizar alrededor del proceso (…). En cambio en Arauca, departamento militarmente clave para el ELN y uno de los fortines políticos de esa guerrilla, todo está congelado”.

Por su parte, en la Voz del Cinaruco, medio local que ha sido víctima del ELN en repetidas ocasiones, se ha dado cubrimiento periodístico a los anuncios del gobierno nacional de incrementar el pie de fuerza militar en la zona. 

En los dos casos, y atendiendo a la coyuntura actual de una mesa instalada de diálogos con el ELN en Quito, las publicaciones de La Silla Vacía y la Voz del Cinaruco no solo son legítimas, sino necesarias en un departamento con obstáculos permanentes para la libertad de prensa. El ELN, con su comunicado, afecta las garantías a este derecho en una región y en un momento crucial donde es necesario el libre flujo de información sobre asuntos de interés público. Contra la Voz del Cinaruco la FLIP ha registrado 9 ataques dentro de los cuales se destacan dos asesinatos de periodistas. 

Los señalamientos del ELN a La Silla Vacía y la Voz del Cinaruco no pueden ser considerados como mensajes de paz. Particularmente porque los estándares internacionales de libertad de expresión y del derecho internacional humanitario son claros en indicar que los periodistas son considerados población civil en el marco de los conflictos armados. Cuando una fuerza rebelde como el ELN les asocia con su enemigo militar (El Estado) deja en condición de riesgo a medios y periodistas.

Resulta cuanto menos paradójico que el ELN, que tanto ha defendido la participación de la sociedad en la mesa de diálogos de Quito, sea quien emite este tipo de señalamientos que lo único que provocan es limitar las posibilidades de que la sociedad colombiana documente, publique y reciba información sobre la difícil situación del departamento de Arauca.

El comunicado de la guerrilla muestra, o que el ELN se resiste a entender que la libertad de expresión y de prensa son la base mínima de la participación social, o que esta guerrilla entiende por “participación de la sociedad” aquella que sólo coincide con sus intereses y visiones de la realidad. En cualquier escenario, el pronunciamiento del ELN afecta el derecho a la información de los colombianos en general y del pueblo araucano en particular.

La FLIP exige al Gobierno Nacional brindar todas las garantías al cubrimiento periodístico en Arauca. De igual forma, hace un llamado a la Mesa de Negociación de Quito para que sus integrantes acaten los estándares de libertad de prensa, esto pasa por abstenerse de hacer señalamientos estigmatizantes, ser tolerantes a las críticas y responder a ellas en el debate público sin atacar a la prensa.  

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El 12 de noviembre de 2016, Aldemar Solano, periodista del blog Garabatos, publicó un artículo titulado “Denuncian acoso y matoneo por parte de la juez de Sesquilé”. En la nota se hace referencia a los presuntos acosos laborales cometidos por la juez Gloria Patricia Mayorga denunciados por algunos de los escribientes que trabajaron anteriormente con ella. La nota informativa publicada por Solano está basada en quejas disciplinarias y testimonios de los afectados.

Días después, la juez interpuso una acción de tutela en contra de Solano por la publicación, solicitando la protección de su dignidad, la honra, el buen nombre, la intimidad y la propia imagen. Sin embargo, el 22 de noviembre de 2016 el Juzgado Penal Municipal de Chocontá declaró que el recurso era improcedente, debido a que Mayorga no había presentado una solicitud de rectificación previa ante el medio.

Luego de que la juez impugnara la decisión, el 25 de enero de 2017 el Juzgado Penal del Circuito de Chocontá falló en segunda instancia a favor de Mayorga y le ordenó al periodista rectificar la información del artículo en las siguientes 48 horas.

Teniendo en cuenta que el periodista no accedió a rectificar la información difundida a través de su blog al contar con los soportes de sus denuncias, el 28 de febrero el Juzgado Penal Municipal de Chocontá declaró en desacato el fallo inicial y sancionó a Solano con cinco días de arresto. El 27 de marzo, el ente judicial confirmó el desacato y, además de la orden de captura, dispuso una multa de un salario mínimo que el reportero debe pagar en los próximos diez días. Adicionalmente, el Juzgado ordenó retirar el artículo publicado por el periodista.

La FLIP rechaza las acciones judiciales que se adelantan en contra de Solano y quiere hacer las siguientes consideraciones frente a las decisiones del Juez Penal Municipal de Chocontá:

  • El juez no tuvo en cuenta que Mayorga es una funcionaria pública y, como lo dispone la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, su condición la sitúa en un escenario en el que debe tener mayor tolerancia a la crítica que cualquier otro ciudadano.
  • El juez no tuvo en cuenta el trabajo de reportería adelantado por Solano para determinar si la información difundida por el periodista era veraz.

La FLIP rechaza las decisiones arbitrarias que se han tomado en el proceso, ya que contradice los estándares constitucionales de libertad de expresión. En esa medida, la Fundación considera que la sentencia de tutela tiene todo el mérito para ser seleccionada por la Corte Constitucional para revisión.

Ordenar un arresto se convierte en un hecho intimidante que tiene como consecuencia la autocensura por parte del periodista que denuncia hechos de interés público amparado por la libertad de expresión, la orden de eliminación del contenido es una violación constitucional a la prohibición de censura previa. La FLIP solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Solano cuente con las garantías procesales que no tuvieron en cuenta los jueces colombianos.

La FLIP solicita al juez penal municipal de Chocontá que suspenda la orden de arresto y el incidente de desacato en tanto la CIDH no resuelva la solicitud de medidas cautelares.    

*Actualización

El 31 de marzo de 2017, luego de que el periodista retirara el artículo de su página en Facebook y de su blog, el Juzgado Penal del Circuito de Chocontá decidió revocar la sanción impuesta.

 

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La FLIP rechaza la agresión verbal contra Karla Arcila por parte de un contratista del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la Casa de Nariño. 

El jueves 23 de marzo la periodista estaba en la Casa de Nariño esperando la autorización para ingresar. En la recepción, el contratista del DNP se acercó a la reportera y, en frente de otros funcionarios y periodistas, le preguntó que si trabajaba para RCN. Cuando Arcila respondió afirmativamente el funcionario le contestó "con razón huele a azufre" y le dio la espalda. La FLIP habló con el contratista, quien confirmó lo ocurrido, lamentó los hechos y reconoció su error. 

La situación fue puesta en conocimiento de la jefe de prensa de Casa de Nariño, Marylin López; el director de Casa Militar, el General Maldonado y el Director del DNP, Simón Gaviria, este último indicó que abrirá una investigación interna.

Para la FLIP es grave que personas que trabajan para el Gobierno, o cualquier entidad pública, incurran en calificaciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación. Los estándares internacionales de libertad de prensa imponen obligaciones específicas en cabeza de quienes trabajan para el Estado con el fin de procurar un ambiente favorable a la deliberación pública. 

Es positivo que el contratista haya llamado a la periodista para disculparse. La FLIP no advierte que la agresión contra la periodista haya obedecido a una instrucción de directivos del Gobierno, fue un acto motivado desde el fuero personal. Sin embargo, es importante que sus superiores tomen correctivos para que este tipo de episodios no se repitan. Por esto invitamos al Gobierno Nacional a que públicamente instruya a sus funcionarios y contratistas para respetar la libertad de prensa, ser tolerantes a la crítica y abstenerse de restringir o perturbar la labor periodística, especialmente con los medios que formulan críticas al Gobierno. 

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Bogotá, 6 de marzo de 2017

Señoras
Cecilia Álvarez Correa
Gina Parody d’Echeona
Ciudad

Asunto: derecho de rectificación y deberes de las personas con notoriedad con respecto a la prensa.

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Como es de público conocimiento, el pasado viernes 10 de febrero, Guillermo Prieto La Rotta, ‘Pirry’, anunció a través de un video que su programa de periodismo de investigación “fue cancelado por el Canal RCN”.

Además de las razones expuestas por Pirry, refrendadas públicamente por las directivas del canal, surgió la hipótesis de que el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, habría influido en el que canal tomara esta decisión. Lo anterior teniendo en cuenta que hay coincidencia entre una de las investigaciones adelantadas por el equipo de Pirry -que cuestionaba la legalidad de algunas actuaciones del senador- y la decisión de cancelar el relanzamiento del espacio por parte del canal RCN. La Fundación para la Libertad de Prensa – que decidió esperar a que los hechos se decantaran para hacer un análisis de lo sucedido – manifiesta lo siguiente.  

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Thursday, 09 February 2017 17:37

Silencioff, ¿las regiones tomarán la palabra?

Anualmente la FLIP publica el Informe sobre el estado para la Libertad de Prensa en Colombia el 9 de febrero, día del periodista. En 2016, en medio de un año decisorio para la búsqueda de paz en Colombia, los reporteros se enfrentaron al secuestro, a las agresiones, a la persecución y a nuevas formas de censura que están imponiendo más obstáculos para informar con libertad.

Published in Informes Anuales
Saturday, 18 February 2017 21:08

¿Quiénes somos?

Defendemos la libertad de prensa, el derecho a la información, la dignidad humana y el trabajo libre de los periodistas. Somos un equipo multidisciplinar de profesionales que trabaja para investigar las condiciones del periodismo en Colombia y adelantar acciones para promover las garantías para este oficio en todo el país.

Este es nuestro equipo:

 

Pedro Vaca Villarreal
Director Ejecutivo 
Pedro es abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en derecho y especialista en derecho constitucional. Ha asesorado y representado a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ha participado en investigaciones sobre garantías para el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y la transparencia judicial.

Jonathan Bock Ruíz
Subdirector Ejecutivo 
Jonathan es periodista con maestría en relaciones internacionales y periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de diez años de experiencia en el ejercicio periodístico y en la protección y defensa de los periodistas. Ha liderado numerosas misiones regionales para establecer redes interinstitucionales en temas como la protección a periodistas o las garantías para el periodismo.

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

 

Mireya Luque
Coordinadora administrativa y financiera
Mireya es contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en derecho tributario de la Universidad Javeriana y en gerencia social de la Universidad Minuto de Dios. Ha coordinado las áreas administrativa y financiera en organizaciones no gubernamentales desde hace varios años.

Marieli Leiva
Asistente logística
Contadora de la Universidad Antonio Nariño.

Mauricio Albarracín
Asistente administrativo
Administrador financiero y de sistemas de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia - Uniagraria.

Nubia Cárdenas
Mensajería y servicios generales
Encargada de promover el orden en las oficinas de la FLIP, apoya las labores de mensajería y colabora en la coordinación logística.

COORDINACIÓN DE DEFENSA Y ATENCIÓN A PERIODISTAS

 

Raissa Carrillo Villamizar
Coordinadora de Defensa y Atención a Periodistas 
Raissa es abogada de la Universidad de los Andes y magíster en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Northwestern. Ha trabajado en la Corte Constitucional y en proyectos de defensa y promoción de los derechos humanos.

Ana María Mateus
Investigadora de protección
Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana.

Ángela Caro
Asesora legal
Abogada de la universidad Nacional de Colombia. Estudiante de la maestría en Derecho con énfasis en Derecho Penal, especialista en Instituciones Jurídico Penales de la Universidad Nacional de Colombia. 

Daniela Ospina
Asesora legal
Abogada con opción en periodismo de la Universidad de los Andes.

Daniela Rojas
Asesora legal
Abogada de la Universidad de los Andes con opciones en Literatura y Lengua y Cultura Francesa

Julián David García
Asesor de protección
Periodista de la Universidad del Rosario.

Viviana Yanguma
Asesora de documentación
Comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

CENTRO DE ESTUDIOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 

Juan Pablo Madrid-Malo 
Coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión
Abogado de la Universidad de los Andes.

Carlos Arias Medina
Periodista de Consonante
Comunicador Social de la Universidad del Cauca con experiencia en comunicación comunitaria. Se desempeñó como Director de la Emisora Radio Campesina Inzá y hace parte de la Red de Emisoras Comunitarias del Cauca.

Carolina Arteta
Directora Pedagógica de Consonante - Laboratorio de Periodismo
Licenciada en Comunicación Periodística de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) de Buenos Aires.

Daniela Chinchilla
Periodista Consonante - Laboratorio de Periodismo 
Comunicadora social con énfasis en producción editorial y multimedia de la Pontificia Universidad Javeriana.

Federico Gutiérrez
Investigador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión
Periodista y politólogo de la Universidad del Rosario.

Gabriela Guerrero
Investigadora del Centro de Estudios de Libertad de Expresión
Antropóloga y politóloga de la Universidad de los Andes.

EQUIPO CREATIVO Y DE COMUNICACIONES

 

Juliana Duque Patiño
Coordinadora del Equipo Creativo y de Comunicaciones
Juliana es periodista egresada de la Universidad de Antioquia, con postgrado en periodismo literario de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como reportera y coordinadora editorial en medios de comunicación y como comunicadora externa y realizadora de contenidos en oficinas de prensa de organizaciones sociales e instituciones del Estado.

Andrea Torres Perdomo
Asesora de comunicaciones
Periodista de la Universidad del Rosario.

Gabriel Linares
Videógrafo y periodista
Comunicador social de la Universidad del Quindío, especialista en fotografía de la Universidad Nacional de Colombia.

Jessica de la Rosa
Gestora de redes sociales
Comunicadora social y periodista de la Universidad Central, con experiencia en marketing digital y apasionada por la literatura.

Laura Camila Merchán
Diseñadora
Diseñadora gráfica con énfasis en diseño editorial de la Escuela de Arte y Letras.

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

 

Daniel Chaparro
Coordinador del Área de Proyectos
Daniel es politólogo e historiador, con maestría en ciencia política de la Universidad de Los Andes, y magíster en estudios comparados de literatura, arte y pensamiento de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tiene experiencia en investigación de procesos sociales vinculados a la memoria y en el desarrollo de actividades de gestión cultural.

Darly Diaz Latorre
Oficial de Proyectos
Socióloga de la Universidad del Rosario.

 

El 28 de septiembre, en la Resolución No. 048, la Fiscalía General de la Nación declaró que los asesinatos de estos tres periodistas, y de otros defensores de derechos humanos, eran de lesa humanidad. Con ello se ratificó que estos crímenes fueron planeados por la Fuerza pública y los grupos paramilitares dentro un patrón sistemático y generalizado que usó el Estado colombiano en contra de la población civil. 

La Fiscalía determinó que “en atención al carácter inalienable de los derechos violados, la gravedad de los hechos, el derecho de las víctimas y la obligación de investigar y juzgar a los presuntos responsables por parte del Estado, este despacho declarará la imprescriptibilidad de la acción penal”.

El asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrió el 13 de agosto de 1999. La investigación por estos hechos ha tenido varias dilaciones y montajes para evitar sancionar a los responsables, que involucra a altos funcionarios públicos como  José Miguel Narváez (exsubdirector del DAS) y el Coronel (r) Plazas Acevedo. La FLIP, junto con los familiares del periodista y otras organizaciones, venía solicitando desde tiempo atrás esta declaratoria debido al carácter sistemático de la violencia que sufrieron Garzón, otros periodistas y defensores de derechos humanos para la época.

La Fiscalía concluyó que el asesinato de Jaime Garzón Forero obedeció a que “fue considerado en los informes de inteligencia del Ejército una persona que por sus labores humanitarias a favor de la paz con los grupos insurgentes, estaría favoreciendo dichos grupos”. Razón por la que fue declarado objetivo militar.

Por su parte, Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores y periodistas del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fueron asesinados el 19 de mayo de 1997 a raíz de sus trabajos sobre investigación social en el Urabá antioqueño y en el páramo de Sumapaz.  En la investigación por estos hechos se encuentra vinculado Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.

Según la Fiscalía, los asesinatos de estos tres periodistas, y el de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y  Eduardo Umaña, coincidían en que “todos denunciaron amenazas y seguimientos; los perpetradores fueron los sicarios de la temida banda La Terraza de Medellín; la orden siempre vino de Carlos Castaño, pero con anuencia de agentes del Estado”. Además afirmó que las investigaciones judiciales se desviaron y fueron “ejecuciones extrajudiciales”.

La FLIP respalda esta decisión y hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y al poder judicial para que esta declaratoria se acompañe con investigaciones y juicios más efectivos. Solo así se lograrán avances significativos, los cuales puedan llevar a la sanción de todas las personas responsables. Igualmente, teniendo en cuenta que esta declaración de lesa humanidad hace que estos delitos no puedan prescribir, la FLIP solicita que esto no se convierta en un incentivo para que estas investigaciones se dilaten aún más en el tiempo sin resultados y sin consecuencias. 

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El 7 de septiembre de 2014 prescribió el caso del periodista Martín Eduardo Múnera del Río, quien fue asesinado en Medellín hace 20 años cuando se desplazaba hacia la emisora Radio Reloj en donde era locutor. Además, Múnera era vicepresidente nacional del sindicato de Caracol.

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