Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Twitter es reconocida por ser una red social de discusión. Allí se puede ser partícipe de conversaciones con usuarios con los que en la vida offline sería muy difícil interactuar, por ejemplo, con figuras públicas. Sin embargo, eso podría cambiar. Twitter ahora permite a los tuiteros moderar las respuestas a los trinos que hacen. El usuario puede elegir quién responde a su contenido: todas las personas, solo las que sigue, o únicamente las que menciona en el tuit.

Para Twitter, los usuarios que participan en conversaciones pueden cambiar el tema o el tono de una conversación y desviarse del asunto del que se pretendía hablar. Así, el objetivo de la nueva función es “facilitar opciones adicionales de discusión de un trino, como una conversación de tipo entrevista a través de trinos, que la gente puede seguir sin la distracción de otras mil voces”. A pesar de que esta es una apuesta para enfocar el debate y la discusión, esta nueva configuración puede implicar una restricción a la libertad de expresión. 

En Colombia hemos evidenciado que puede existir un riesgo para el libre debate. Por ejemplo, si una persona con exposición pública (político, mandatario o activista) difunde trinos en los que impide que los ciudadanos participen, se estaría limitando el debate público sobre asuntos que le interesan a la sociedad. Además, se podrían restringir las contrapreguntas que hacen periodistas.

La libertad de expresión se basa en permitir un libre mercado de ideas. Es decir, que todos los pensamientos circulen libremente dentro de la discusión pública y sean accesibles para la población. Cuando las diferentes opiniones y puntos de vista se enfrentan libremente en una sociedad, es más fácil para sus miembros decidir cuál de todas es la más cierta o la más adecuada. Esta nueva política de Twitter impide que todos los usuarios de Twitter hagan parte de la conversación.

 

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Friday, 04 December 2020 16:01

Cinco mitos sobre el uso de Twitter

Alrededor de Twitter se han construido múltiples mitos, sobre su funcionamiento en general, sus reglas comunitarias y la forma en la que intervienen en sus usuarios. En este artículo la FLIP analiza cinco de estos mitos.

Reportar una cuenta o un trino múltiples veces ayuda a que Twitter elimine más rápido el contenido.

Esto es falso. Para Twitter da igual si una cuenta o un trino es reportado una o mil veces. El proceso de revisión de contenidos es exactamente el mismo y no se adelanta o se torna más eficaz con base al número de reportes sobre infracciones a las normas comunitarias.

Toda la moderación de contenido se hace con machine learning y automatización de contenido.

Esto también es falso. Primero hay que decir que Twitter sí hace uso de estas herramientas para revisar el contenido que atenta contra sus reglas comunitarias. Por ejemplo, el año pasado Twitter compró una startup llamada Fabula AI para hacer uso de tecnología que identifica difusión de información falsa o “trinos abusivos”, entre otros.

A pesar de esto, Twitter no toma medidas extremas basándose únicamente en sistemas automatizados. Por ejemplo, con los cambios de reglas relativas al COVID-19, Twitter anunció que aumentaría el uso de machine learning y automatización para tomar acciones frente a contenido potencialmente abusivo y manipulador. Sin embargo, garantizar que estos sistemas sean consistentes toma tiempo y requieren de contexto. Por eso, ante las acciones más agresivas, como eliminar una cuenta, Twitter intenta incorporar controles de revisión humana.

En Twitter, en comparación con otras plataformas, no existen restricciones frente al contenido multimedia que se difunde.

Aunque Twitter es mucho más permisivo que otras plataformas en relación con el contenido multimedia que se puede publicar, sí existen regulaciones sobre cómo se difunde el contenido sensible. 

Es posible que haya usuarios que no quieran tener contacto con material multimedia delicado, como los videos violentos o no aptos para menores. Es por ello que Twitter intenta mantener un equilibrio. Permite compartir este contenido, pero a la vez quienes quieran evitarlo, también lo pueden hacer. 

Para esto, quienes quieran publicar contenido delicado antes deben marcar el tuit como “material que puede herir la sensibilidad de algunas personas”. Si el usuario no lo marca y alguien denuncia el contenido, Twitter lo analiza y lo puede marcar como delicado.

Claramente hay contenido multimedia de carácter delicado que no se permite en ningún caso, pues puede suponer una normalización de la violencia y provocar sufrimiento a quienes lo ven. Entre estos está el material que muestra conductas sexuales violentas, contenido sexual no consentido y escenas sangrientas relacionadas con muerte o tortura. 

Cuando publico contenido en Twitter que vulnera las normas comunitarias me suspenden mi cuenta.

Esto es falso, ya que las acciones a nivel de la cuenta sólo se dan en vulneraciones muy graves. Twitter modera el contenido de manera escalonada, dependiendo de la gravedad del incumplimiento de las normas comunitarias o de la reiteración en este tipo de conductas.

De hecho, Twitter suele asumir una posición pedagógica a la hora de actuar ante violaciones de sus normas. Parte de la base de que es probable que los usuarios no conozcan las normas y por ello no haya una intención de violarlas. A menos de que la vulneración a la regla sea muy grave o reiterativa, Twitter primero intenta educar a las personas sobre las reglas y les da la oportunidad de corregir su comportamiento.

La eliminación de contenido por parte de Twitter es escalonada. Twitter inicia tomando medidas a nivel del trino para asegurarse de no ser demasiado duros con una cuenta que cometió un error y violó sus reglas comunitarias. 

Lo mismo sucede cuando se trata de tomar medidas a nivel de cuenta. Primero se piden ediciones al perfil. Luego se puede requerir que la cuenta sea de solo lectura de forma temporal. También se puede solicitar al propietario de la cuenta que verifique la propiedad con un número de teléfono o correo electrónico. Finalmente está la suspensión permanente de la cuenta.  

Twitter prohíbe el uso de bots y contenido automatizado

Esto es falso. Twitter sólo combate el spam y los bots que son maliciosos de forma estratégica y a gran escala. Su objetivo es identificar cada vez más cuentas y comportamientos problemáticos de forma proactiva, en lugar de esperar a recibir denuncias sobre ellos. 

Para terminar de entender el trasfondo de este mito, hay que comprender qué es un bot. Este es un programa informático automatizado que procesa diferentes instrucciones. En Twitter, se usan estos softwares para controlar las cuentas. Así, el programa del bot permite trinar, marcar como me gusta, seguir, o enviar mensajes a usuarios. Como Twitter bien dice, hay ciertos usos apropiados e inapropiados de los bots.

El uso del término bot está muy naturalizado en el lenguaje de las redes sociales. A veces, erróneamente, los bots son relacionados con cuentas de personas que prefieren permanecer en el anonimato por razones personales o de seguridad, o a quienes evitan usar una foto porque tienen fuertes preocupaciones sobre la privacidad. También el término a veces es usado para caracterizar erróneamente las cuentas con nombres de usuario numéricos, o, como una herramienta por parte de quienes están en posiciones de poder político para empañar las opiniones de las personas que pueden estar en desacuerdo con ellos o la opinión pública en línea.

Twitter desarrolló herramientas de machine learning que identifican y actúan sobre redes de spam o cuentas automatizadas de forma sistemática. Esto les permite abordar los intentos de manipular conversaciones en Twitter a gran escala, independientemente del idioma o la zona horaria.

Esto no es favorable. De hecho, eliminar cuentas sin verificar que efectivamente son maliciosas o que son una manipulación de la plataforma puede significar censura, lo cual es ciertamente peligroso en términos de libertad de expresión. 

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Friday, 04 December 2020 15:46

El reto de proteger los discursos chocantes

Las personas acuden a Twitter muchas veces para dar su opinión sobre una persona, acontecimiento o comunidad. Estos comentarios pueden tener un alto componente crítico y hacer uso de la burla o el sarcasmo. Sin duda son discursos que pueden resultar incómodos o chocantes para otros usuarios.

Aunque Twitter ha sostenido que su política no es de actuar como mediador respecto del contenido que se difunde, ni intervenir en disputas entre los usuarios, sí existe un debate alrededor de cómo actuar frente a discursos que pueden ser chocantes. Algunas de las preguntas que surgen son ¿en qué situaciones Twitter elimina el contenido crítico y/u ofensivo? y ¿cómo se zanja la línea entre los discursos fuertes que pueden ser eliminados por las plataformas? 

Para poder tener esas discusiones, primero hay que aclarar la diferencia entre un discurso chocante y uno de odio. El primero está protegido por la libertad de expresión, mientras que los discursos de odio están prohibidos. La lógica detrás de la protección a los discursos chocantes es asegurar la democracia y el pluralismo. Esto exige que se permita la difusión de contenidos que ofenden, inquietan y chocan a la población. De lo contrario, se estaría fomentando un ambiente de censura frente a los discursos que no son del agrado de todas las personas.

Los discursos de odio son aquellos que atacan las “características protegidas” de una persona: raza, etnia, origen nacional, afiliación religiosa y política, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad o enfermedad grave. En Twitter no se permite fomentar la violencia contra otras personas ni atacarlas o amenazarlas directamente por motivo de alguna característica protegida. Twitter tampoco permite la existencia de cuentas cuyo objetivo principal sea incitar a la violencia contra otras personas en función de estas categorías.

Una línea difusa

A pesar de que en teoría las diferencias son claras entre un discurso de odio y uno chocante, en la práctica todo se vuelve más difuso. Es clave analizar el contexto para hacer una correcta evaluación. 

Un caso que puede estudiarse para verificar la limitación de discursos de odio es el siguiente. Un periodista realizó una serie de publicaciones en Twitter en las que cuestiona la entrada de una unidad élite de militares estadounidenses para acompañar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. En una de las publicaciones dice: "Sólo en Colombia están los narcos. Cuándo los gringos malparidos nos van a presentar los carteles americanos que manejan la distribución y las millonadas que les deja la coca que sale de Colombia (...) tan vivos esos monos y Colombia con un gobierno narco paramilitar". 

En este caso hipotético, se puede pensar que se trata de un discurso de odio debido a que se refiere a una categoría protegida, pues se critica a los estadounidenses y se hace una mención explícita de esta nacionalidad. Sin embargo, no se trata de un discurso de odio porque es una opinión que no pretende incitar a la violencia o a la comisión de acciones ilegales. De hecho, es un discurso chocante especialmente protegido, pues aunque contiene comentarios despectivos contra los norteamericanos, su finalidad es cuestionar la entrada de tropas estadounidenses a Colombia y la gestión de las políticas de drogas en el país. La línea acá entre un discurso chocante y otro de odio es muy tenue. 

No existe una respuesta universalmente aceptada para cuando algo cruza la línea y se convierte en un discurso de odio. Además, se pueden tener diferentes niveles de tolerancia al hablar sobre las personas, incluso en relación con las características protegidas. 

Otro ejemplo en el que podemos notar esto es el humor. Por ejemplo, para algunas personas los chistes crudos sobre una figura religiosa pueden considerarse como un discurso de odio contra todos los seguidores de esa fe. Así mismo, el “humor negro” es visto en algunas ocasiones como una forma válida de humor. Lo importante es estudiar el contexto de lo que se dice y que las plataformas establezcan reglas claras sobre lo que constituye un discurso de odio para no activar políticas que limiten los discursos chocantes u ofensivos.

 

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La época electoral de cualquier país puede significar que en redes sociales haya intentos de manipulación o interferencia en las elecciones. Es por esto que Twitter, durante las elecciones de Estados Unidos, por primera vez se decidió etiquetar los trinos que contenían información falsa o no verificada.

Una de las prohibiciones claras era publicar información que declarara una victoria electoral antes de tiempo. Los tuits que incumplieran con esto serían etiquetados con una advertencia sobre la legitimidad de las afirmaciones y dirigían a los usuarios a la página oficial de las elecciones. Cuando las personas intentaran retuitear un trino con una etiqueta de información engañosa, aparecía un mensaje que les mostraba información creíble sobre el tema antes de que pudieran ampliarlo.

En el contexto colombiano podría empezar a suceder algo similar. El Congreso del país está tramitando una ley que prohíbe que en campañas políticas se tengan discursos que desacrediten el buen nombre de los candidatos, cuestionando, por ejemplo, su idoneidad para el cargo. Si el proyecto llegase a convertirse en ley, hay una gran posibilidad de que se terminen censurando críticas o denuncias de corrupción. Twitter podría dejar de ser un espacio para discutir abiertamente sobre las capacidades de un político que aspira a un cargo público. 

Otra de las medidas tomadas por Twitter durante las elecciones en Estados Unidos fue eliminar los trinos destinados a interferir con el proceso electoral o en la implementación de los resultados de las elecciones, por ejemplo, mediante acciones violentas. 

En los trinos con información engañosa y que eran hechos desde cuentas de Estados Unidos con más de 100,000 seguidores, Twitter decidió agregar advertencias y restricciones adicionales mediante una etiqueta de información engañosa. Las personas debían aceptar la advertencia para ver estos trinos, esto dificultaba que hubiese retuits o me gusta. Sumado a esto, las respuestas se desactivaron y el algoritmo de Twitter no priorizó estos tuits. 

Estas medidas implementadas por Twitter son importantes en cuanto priorizan la libertad de expresión, por ejemplo, al etiquetar los tuits y no eliminarlos. Esta es una postura que no reduce la discusión sobre asuntos de interés público y, que a la vez, según Twitter, ayuda a que la conversación en Twitter sea veraz. 

Esta es una apuesta para combatir la desinformación sin acudir a decisiones restrictivas. Sin embargo, es más que necesario abrir el debate sobre el uso de las redes sociales en épocas electorales y las decisiones que podrían limitar la libertad de expresión de los usuarios. 

 

 

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En lo corrido del 2020 el Ejército Nacional ha sido reiterativo en los ataques y agresiones contra la prensa: ayer fue asesinado Aberlardo Liz, comunicador indígena del Cauca, por impactos de balas que fueron disparadas desde donde se encontraban soldados del Ejército Nacional. Días atrás, en otra zona del país, un reportero perdió tres dedos tras una agresión física. Las detenciones ilegales y las acciones de espionaje y vigilancia han sido ampliamente denunciadas, y además, continúan las amenazas contra periodistas. 

A pesar de las constantes denuncias, a la fecha, la FLIP no tiene conocimiento de sanciones disciplinarias o condenas por ninguno de estos hechos. 

El periodismo está de luto

Ayer, 13 de agosto, la FLIP denunció el asesinato de Abelardo Liz, comunicador del la emisora Nación Nasa, quien falleció mientras era trasladado hacia Cali para recibir atención médica. El reportero recibió varios impactos con arma de fuego mientras cubría el proceso de ‘liberación de la madre tierra’ que adelantan los pueblos indígenas en la vereda El Barranco del municipio de Corinto, en el norte del Cauca. Reporteros que hacen parte del Tejido de Comunicaciones para la Verdad y la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), quienes también se encontraban cubriendo la manifestación pública, aseguran que los disparos provenían del sector en el que se encontraban los miembros del Ejército Nacional.

Este asesinato es la violación a la libertad de prensa más grave que la FLIP ha registrado en el 2020. Sin embargo, la Fundación ha documentado otros casos preocupantes durante este en los que también estarían vinculados miembros del Ejército Nacional. 

Agresiones físicas en Guaviare

En circunstancias similares en las que fue asesinado Liz, comunicadores del colectivo Voces del Guayabero, que desarrollan su labor en el sur del Meta y Norte del Guaviare, han recibido diferentes ataques durante el desarrollo de su labor informativa que han puesto en riesgo su vida y su integridad. El primero de ellos ocurrió el pasado 4 de junio cuando Fernando Osorio perdió tres dedos de su mano derecha luego de recibir disparos por parte del Ejército Nacional. 

Además de este ataque desproporcionado, Osorio y tres de sus compañeros de Voces del Guayabero han denunciado amenazas contra su vida y detenciones irregulares por parte de los uniformados, quienes constantemente señalan a los comunicadores de ser guerrilleros. Las violaciones a la libertad de prensa contra los reporteros de este medio se han presentado durante el cubrimiento de los operativos de erradicación forzada en la vereda de Vista Hermosa, Meta, donde, según los periodistas, cerca de 80 comunidades campesinas se encuentran en riesgo por las acciones militares de la Fuerza Pública. 

Vigilancia y perfilamiento

Sin embargo, las agresiones contra la prensa en las que estarían involucrados miembros del Ejército Nacional no se limitan a los ataques directos durante el cubrimiento de operativos militares. El pasado primero de mayo la Revista Semana publicó su investigación titulada Carpetas secretas en la que se denuncian las acciones de vigilancia y perfilamiento por parte del Ejército colombiano a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales e internacionales, políticos, líderes sindicales, y otros miembros de las fuerzas armadas. El 11 de junio, luego de un informe de la Procuraduría General de la Nación, la FLIP confirmó que la cifra de periodistas vigilados por parte del Ejército Nacional ascendía a 52. 

Sin responsables

A pesar de las solicitudes de investigación que ha hecho la FLIP, hasta la fecha el Ejército Nacional no ha esclarecido los hechos denunciados ni ha informado sobre las sanciones o condenas contra los funcionarios responsables de estas graves violaciones a la libertad de prensa. Por el contrario, a través de sus comunicados de prensa, como el que se publicó ayer, 13 de agosto, la institución continúa negando que la sociedad civil esté siendo afectada por sus acciones, y señala de insurgentes o guerrilleros a periodistas y miembros de las comunidades para justificar sus acciones desproporcionadas. 

Estas situaciones son especialmente graves si se tiene en cuenta que el Estado colombiano no ha cumplido con su responsabilidad de sanción y prevención ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013 después de los ataques contra el periodista Gonzalo “Richard” Vélez. 

El 5 de octubre de ese año, el organismo internacional condenó al Estado por las agresiones y posteriores amenazas por parte de miembros del Ejército hacia el reportero en 1996, y que lo forzaron al exilio. Vélez estaba registrando las violaciones a los derechos humanos durante las marchas cocaleras en el departamento de Caquetá. En el fallo, el órgano internacional determinó que como garantía de no repetición el Estado colombiano debía “incorporar, en sus programas de educación en derechos humanos dirigidos a la Fuerzas Armadas, un módulo específico sobre la protección del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de la labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales”.  

La sistematicidad con la que el Ejército ha actuado en detrimento de la prensa, es un grave indicio de que no se trata de actuaciones aisladas por parte de uniformados individuales, sino que existe una instrucción en el interior de las fuerzas militares para limitar el ejercicio periodístico. Por esta razón, la FLIP reitera la necesidad de que el Ejército Nacional investigue con celeridad los hechos denunciados para esclarecer la responsabilidad de los militares. 

La Fundación solicita, además, que,  al atender el fallo de la Corte Interamericana, se impartan instrucciones precisas sobre el cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa en este tipo de escenarios donde la presencia de equipos periodísticos es una garantía de transparencia alrededor de los operativos militares.

La FLIP extiende su llamado a la Procuraduría General de la Nación para que haga seguimiento a las investigaciones que se desarrollan al interior del Ejército Nacional. También le solicita a la Defensoría del Pueblo que investigue las denuncias de los periodistas con el fin de adelantar las acciones pertinentes para garantizar el respeto por la libertad de prensa.  

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  • En octubre del 2019 el Movice pintó el mural llamado ¿Quién dio la orden?. Miembros del Ejército lo pintaron de blanco.

  • En diciembre de 2019, Marcos Evangelista Pinto, uno de los generales representados en el mural, interpuso una tutela argumentando que la publicación vulneraba sus derechos al buen nombre, honra, dignidad humana y presunción de inocencia.

  • El Juez 13 Civil del Circuito ordenó al Movice retirar la foto de todas las redes sociales y medios de comunicación.

  • La FLIP presentó una acción de nulidad, si se mantiene el fallo, se solicitará su revisión ante la Corte Constitucional

 

La FLIP rechaza el fallo de tutela del 21 de febrero en el que se ordena al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) eliminar de paredes, redes sociales y medios de comunicación la imagen del mural ¿Quién dio la orden?, altamente difundida en redes sociales desde octubre de 2019.

El 18 de octubre de 2019, el Movice y otras organizaciones de la Campaña por la Verdad pintaron un mural que mostraba los rostros de cinco altos oficiales del Ejército (dos de ellos ya retirados) con cifras de las ejecuciones extrajudiciales. En horas de la noche, miembros del Ejército irrumpieron en el lugar y pintaron la obra de blanco, hecho que fue denunciando por el Movice a través de redes sociales. El 19 de diciembre de 2019, Marcos Evangelista Pinto, uno de los generales representados en el mural, interpuso una tutela argumentando que la publicación vulneraba sus derechos al buen nombre, honra, dignidad humana y presunción de inocencia. 

Aunque el juez de primera instancia falló a favor del Movice y reconoció que la publicación es una manifestación legítima de la libertad de expresión, el juez que conoció la impugnación instó al Movice a retirar la foto de todas las redes sociales y medios de comunicación.

La FLIP considera que la decisión del Juez 13 Civil del Circuito es imposible de cumplir porque retirar la imagen de todas las redes sociales y medios de comunicación tras haber sido difundida de forma masiva excede la capacidad del Movice. Para poder cumplir con esta orden, se tendría que consultar a las demás personas y organizaciones que la replicaron para que la retiren. Esto, fuera de ser irrazonable y altamente dispendioso para el Movice, requiere vincular a quienes han reproducido la imagen al proceso de tutela.

Frente a esto, se reitera que la orden va en contra del debido proceso y la legítima defensa porque ninguno de los medios y personas que publicaron la imagen fueron vinculados al proceso de tutela, por lo que no tuvieron la oportunidad de defenderse en el proceso o aportar sus propias pruebas. La FLIP recuerda que el juez debe vincular al trámite de tutela a todas las personas que puedan verse afectadas por la decisión, pues toda persona tiene derecho a ser informada de procesos que le afectan como una garantía mínima del debido proceso.

El 27 de febrero, la FLIP presentó una solicitud de nulidad de la sentencia ante el Juez 13 Civil del Circuito por las vulneraciones que suponen frente al debido proceso. Si después de subsanada la nulidad se mantiene el fallo, se solicitará su revisión ante la Corte Constitucional. La FLIP hace un llamado al juez del caso para que anule este fallo violatorio de la libertad de expresión y el debido proceso.

 

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El 24 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tomó una importante decisión en un caso del llamado “derecho al olvido” en Europa, en el que la FLIP intervino en noviembre de 2017. En el caso se discutía si las decisiones de eliminación de determinados enlaces en los resultados búsqueda de Google deben aplicarse en el país de la persona involucrada o en todo el mundo. El TJUE dictaminó que la exclusión sólo debe aplicarse en el país desde donde se hace la solicitud, manteniéndose disponibles para el resto del mundo.

El derecho al olvido en la Unión Europea

Las solicitudes de “derecho al olvido” surgen por la sentencia de 2014 del TJUE en el caso Google Spain, S.L. y Google Inc. vs Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González (también conocido como “caso Costeja”). De acuerdo con dicha decisión, los buscadores de internet –como Google– que tengan actividades en la UE están obligados a excluir de sus resultados de búsqueda los enlaces que se muestren al digitar el nombre de una persona, si tales sitios muestran información inadecuada, impertinente o excesiva de una persona. Las personas pueden solicitar directamente a los buscadores que se eliminen los resultados y, en caso de que los buscadores nieguen la solicitud, pueden acudir a las autoridades relevantes para que resuelvan el caso.

La decisión en el caso Costeja ha sido ampliamente criticada por su afectación a la libertad de expresión y por dejar esta clase de decisiones en manos de una empresa privada. En Colombia, la Corte Constitucional concluyó en 2015 que una decisión como la que tomó el TJUE estaría en contra de la libertad de expresión.

El caso francés

Desde el caso Costeja, Google ha cumplido con la orden del TJUE a través de la desvinculación de los enlaces en cada país en el que se hacen las respectivas solicitudes. Es decir, si la persona A solicita que la búsqueda de su nombre no se vincule con determinado link en Francia, de concederse la solicitud, el contenido dejaría de aparecer en las búsquedas en ese país, pero seguiría apareciendo en el resto del mundo. La Comisión Nacional de Informática de las Libertades (CNIL) de Francia sancionó a Google por considerar que las desvinculaciones debían aplicarse en los demás países y no sólo en Francia. 

Primero, el caso fue llevado ante el Consejo de Estado de Francia. El 26 de octubre de 2016, la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– presentó una intervención con relación a las problemáticas que el caso planteaba con respecto a la libertad de expresión en internet. Después, el Consejo de Estado remitió una serie de preguntas al TJEU sobre la forma en la que se debía aplicar la decisión del caso Costeja y el 28 de noviembre de 2017, la FLIP presentó una intervención más, esta vez ante el TJUE.

Argumentos de la FLIP

La intervención de la FLIP defendió la posición de Google según la cual las desvinculaciones deben ser locales. Bajo la posición de la CNIL, Francia u otros países de la UE se convertirían en un punto central que puede decidir que determinada información no sea conocida en ningún lugar del mundo. Para la FLIP, sería un absurdo que un juez o un funcionario de Google en Francia pueda decidir sobre la disponibilidad de enlaces relacionados con asuntos de interés público en otros lugares del mundo, incluyendo Colombia y los demás países de Latinoamérica. Esto iría en contra del carácter descentralizado de Internet, por el que la red que no tiene un punto central ni un foco en donde se centre toda la información o decisiones.

Por otro lado, la postura de la CNIL también está en contra de principios de derecho internacional, como la soberanía de los Estados (cada país está en libertad de autogobernarse) y el principio de pacta sunt servanda (los Estados sólo están obligados a cumplir los tratados de los que forman parte).

La decisión del TJUE

El TJUE ha dictaminado que la extensión jurisdiccional del deber de desreferenciación derivada de la implementación del derecho al olvido debe limitarse al alcance de la UE. El tribunal concluyó que, según la ley europea, los motores de búsqueda no están obligados a promover la eliminación global de enlaces de sus resultados. Según el tribunal, los motores de búsqueda no están obligados a realizar la desreferenciación en todas las versiones de su motor de búsqueda. Sin embargo, contrario a lo que defendió la FLIP en sus intervenciones, declaró que es necesario llevar a cabo esa desreferenciación de las versiones correspondientes a todos los Estados miembros. Además, sostuvo que los buscadores deben tomar todas las medidas necesarias para evitar o desalentar a los usuarios ubicados en la UE a tener acceso a resultados no indexados a través de versiones de motores de búsqueda de otros países.

La FLIP entiende que la aplicación de un derecho de desreferenciación en los Estados miembros distintos de aquel en el que se realizó la solicitud va a implicar varias dificultades. Primero, el motor de búsqueda o la autoridad de protección de datos en la que se realizó la solicitud deberá evaluar si el contenido es de interés público general preponderante en los otros Estados miembros de la Unión Europea. En segundo lugar, incluso si se considera que se realizará dicha evaluación, impedirá la intervención de otras autoridades nacionales y sociedades de la Unión Europea.

Además de todo eso, el Tribunal señaló que, si bien la legislación de la UE no exige actualmente una desreferenciación en todas las versiones del motor de búsqueda, tampoco prohíbe dicha práctica. O sea, el TJUE aclara que la ley europea no tenía la intención de tener un efecto extraterritorial del "derecho al olvido", pero deja abiertas varias puertas para que la CNIL y otras autoridades impulsen un bloqueo geográfico o una exclusión global caso por caso.

Teniendo en cuenta los argumentos de la petición de FLIP y otras organizaciones de libertades civiles sobre el carácter descentralizado de Internet y principios de derecho internacional, como la soberanía de los Estados y el principio de pacta sunt servanda, la Corte argumentó que una desreferenciación global cumpliría con el objetivo de protección al que se refiere la legislación de la UE en su totalidad. Sin embargo, también entendió que numerosos terceros Estados no reconocen el derecho a desreferenciar o tienen un enfoque diferente a ese derecho. 

Finalmente el Tribunal añadió que el derecho a la protección de datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y equilibrarse con otros derechos fundamentales, de conformidad con el principio de proporcionalidad. Además, el equilibrio entre el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, por un lado, y la libertad de información de los usuarios de Internet, por otro, es probable que varíe significativamente en todo el mundo.

El otro gran caso del TJUE relacionado con el derecho al olvido

En un segundo caso, el tribunal emitió otra decisión sobre el derecho al olvido, nuevamente en torno a un desacuerdo entre la CNIL y Google. El Consejo de Estado de Francia solicitó asesoramiento después de que CNIL decidió no ordenar a Google que elimine los enlaces de los resultados de búsqueda de internet basados en los nombres de cuatro personas. 

Específicamente, el tribunal dictaminó sobre la implementación del derecho al olvido en casos que implican la desindexación de datos sensibles. Según el tribunal, las restricciones en el manejo de ciertas categorías de datos sensibles también se aplican a los buscadores. Por lo tanto, al recibir una solicitud de desindexación relacionada con datos sensibles, el operador del motor de búsqueda debe evaluar si la indexación de ese resultado es estrictamente necesaria para garantizar la protección del derecho de acceso de los usuarios a la información, en detrimento del derecho a la privacidad y protección de datos del solicitante.

Pero lo que realmente se destaca es lo que parece ser un hecho totalmente inadvertido por parte del TJUE hacia el final de la sentencia. El tribunal dijo que los buscadores deben asegurarse de que los principales resultados de búsqueda "reflejen la posición legal actual". En otras palabras, si alguien fue exonerado después de ser acusado de un delito, ese debe ser el vínculo principal. La decisión parece reforzar la idea de que los tribunales pueden determinar cómo las empresas privadas deben gestionar su algoritmo de búsqueda.

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por el cierre de siete emisoras en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño.

El pasado jueves 17 de mayo, la Fiscalía Seccional Nariño, con apoyo de la Sijín, allanó tres emisoras indígenas y dos campesinas de zonas rurales de Pasto. Además, sus equipos de funcionamiento fueron incautados. Las tres emisoras indígenas afectadas son La Voz de Obunoco, Quilla Huirá Stereo de Catambuco, y La Voz Quillasinga de Mocondino. Los otros dos medios sellados son Chuquimarca Stereo y Latina Stereo. Sumado a esto, las autoridades indígenas decidieron apagar otras dos emisoras que funcionaban sin licencias, una en el corregimiento el Encano y otra en La Laguna.

En rueda de prensa, Nelson Andrés Escobar López, director de la Fiscalía Seccional Nariño, afirmó que durante los procedimientos habían dialogado con las autoridades indígenas para evitar el uso de la fuerza. Como resultado, los equipos de transmisión quedaron en custodia de las comunidades indígenas con el compromiso de no utilizarse hasta no tener los permisos para el uso del espectro.  “Al desarticular esas emisoras logramos sellar, conjuntamente con la Policía Nacional, esos focos ilegales de radiodifusión. Teniendo en cuenta que hay que hacer respetar la legalidad”, puntualizó Escobar.

La FLIP resalta lo inconveniente que resulta referirse en estos términos a medios de comunicación que buscan ejercer legítimamente su libertad de expresión y que durante años han buscado normalizar su situación, sin encontrar garantías por parte del Estado para hacerlo. En este sentido, la FLIP también expresa su preocupación por las dificultades que enfrentan los propietarios de las emisoras de Pasto para obtener las licencias de funcionamiento.

En 2013, el Ministerio del Interior creó la “Mesa Regional Permanente de concertación para el Desarrollo Integral de los Pueblos Pastos y Quillacingas”. Uno de los acuerdos a los que se llegó fue la legalización de 32 emisoras indígenas. No obstante, según algunas fuentes consultadas por la FLIP, personas particulares interpusieron denuncias ante la Fiscalía con el fin de sellar estos medios de comunicación. El taita Efrén Achicanoy -gobernador del pueblo Obonuco- afirmó que ha habido negligencia del MinTIC para la legalización de estas emisoras.

Esta situación es problemática ya que a los ciudadanos de Pasto se les ha limitado su derecho a acceder a una diversidad de medios de comunicación. Según datos de Cartografías de la Información, en la ciudad funcionan 17 emisoras legales, de estas, tres son oficiales: RTVC Pasto, Radio Universidad UDENAR y la emisora de la alcaldía. El panorama refleja que en este momento en Pasto no hay ninguna emisora indígena o campesina al aire.

La FLIP expresa su preocupación por el debilitamiento de la pluralidad en los medios de comunicación de Pasto. Esta situación afecta directamente la libertad de información y silencia la voz de comunidades valiosas para la democracia.

La FLIP hace un llamado al MinTIC para que garantice el principio de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación a la hora de tomar decisiones tan restrictivas que no garantizan la operación. Es necesario que se estimule el desarrollo de los medios de comunicación de interés público, en especial los que representan los intereses de una población étnica.

Algunas consideraciones

La fundación de medios de comunicación es un derecho fundamental protegido expresamente como parte del derecho a la libertad de expresión por el artículo 20 de la Constitución. Este derecho no sólo genera la obligación del Estado colombiano de respetar la creación y la operación de medios de comunicación creados por sus ciudadanos. Además, los Estados deben tomar acciones para incentivar y hacer posible la creación de medios, en especial cuando dichos medios den voz a grupos que han sido tradicionalmente marginalizados o excluidos. En este sentido, y según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, los Estados están obligados a adoptar medidas “para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión de ciertos grupos, en condiciones de igualdad y no discriminación”1.

El Estado debe crear las condiciones para que estos sectores sociales puedan operar legalmente, lo que, en el caso de la radiodifusión sonora, exige la apertura de procesos de concesión de licencias para el uso del espectro radioeléctrico. Además de los estándares interamericanos que apuntan en este sentido, el Estado colombiano tiene también esta obligación específicamente en relación con los grupos étnicos a partir de la Ley 335 de 1996, la cual dispone en el parágrafo segundo de su artículo 20 que el Estado debe garantizar a los grupos étnicos el acceso permanente al uso del espectro y la creación de medios de comunicación propios.

La inacción del Estado colombiano en relación con las emisoras indígenas de la ciudad de Pasto no solo viola el derecho de los periodistas de fundar medios de comunicación y de expresarse a través de ellos. También vulnera el derecho de las audiencias a contar con medios de comunicaciones plurales, que ofrezcan mayor diversidad en los contenidos.

 


1.RELE, Informe Anual 2008.

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) intervino en el proceso de tutela del abogado José Luis Reyes en contra de la Casa Editorial El Tiempo y Julio César González (Matador). El concepto de la Flip en defensa del caricaturista expone varios argumentos, apoyados en otros ejemplos de caricaturas, que expresan de forma más clara, no solo la jurisprudencia colombiana que protege la libertad de expresión, sino además los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que respaldan la libre opinión.

Vea aquí la intervención de la Flip en el proceso de tutela.

Estas son las caricaturas, y los conceptos, que explican por qué no tiene fundamento el intento de censura de Reyes:

El Estado no puede controlar lo que pensamos

 

“Sólo un Estado totalitario puede pretender ingresar a la cabeza de sus ciudadanos, escudriñar en lo más profundo de sus conciencias para restringir o cambiar - incluso - la manera en cómo una persona piensa".

 

"No es posible que un Estado que reconoce la autonomía moral de sus ciudadanos limite la difusión de mensajes que no se ajustan a los gustos y moral de otros".

 

 

 

  

 

 

 

La democracia es soportar las opiniones divergentes

 

"En una democracia, los ciudadanos no tenemos más alternativa que soportar las opiniones que difieren de nuestros gustos propios".

 

 

"Las discusiones sobre las opiniones de una persona no pueden resolverse en el plano de los gustos, las impresiones o las preferencias de otro".

 

 

 

 

 

¿Para qué son los medios entonces?

 

Y en últimas, ¿para qué son las caricaturas si no para generar reflexión en los lectores?

 

"¿Caricaturas políticas que hagan pensar a la gente? ¿Está loco? ¡No queremos distraer a nuestros lectores del pronóstico del clima, el horóscopo y los anuncios!"

 

 

 

 

 

La sátira habla por sí sola

 

En 1998, la Corte Suprema de Justicia de EE-UU decidió que la sátira era tan evidente en este anuncio parodia de la revista Hustler que nadie podría pensar que lo dicho era cierto. En consecuencia, esta publicación estaba protegida por la libertad de expresión. ¿Qué se había dicho? El artículo sugería que un conocido pastor cristiano había tenido una relación incestuosa con su madre.

 

"La anécdota curiosa es que años después de la decisión de la Corte Suprema, Falwell se dejó contagiar del humor de Flynt, invitándolo a debatir juntos a lo largo del país, lo cual los llevó a convertirse en amigos hasta la muerte de Falwell en 2007".

 

  

¿Seguros que quieren una rectificación?

 

En 2013, la Superintendencia de Comunicaciones de Ecuador obligó al caricaturista Bonil a hacer una rectificación de su caricatura. Pero Bonil dio una lección de sarcasmo y humor publicando una nueva caricatura en forma de rectificación en la que demuestra que son necios los esfuerzos de un Estado que pretende cambiar o silenciar la opinión.

 

 

Nos vamos a quedar sin caricaturas el día que tengan que ser respetuosas o política, cultural, étnica o religiosamente correctas

 

"Asistiremos al día del fin de la caricatura el día en que los jueces concedan las pretensiones de censura de aquellos que se sientan agraviados por la parodia, la broma, la ridiculización o la exageración en una caricatura".

 

 

 

 

Vea aquí la intervención de la Flip en el proceso de tutela.

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La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza la forma en que el Ministerio del Interior ha desarrollado el proceso de formulación de la política pública de libertad de expresión.  

En 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció la creación de una política pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo en Colombia. En noviembre de 2017, el Ministerio del Interior envió a organizaciones de la sociedad civil un borrador de esta política. Sin embargo, días después, el Ministro del Interior Guillermo Rivera afirmó en Twitter que ese borrador “se redactó sin q yo autorizara sus contenidos, no será expedido” (sic.).

En su momento la FLIP respaldó la idea inicial de desarrollar la política, esperando que esta contribuyera a atacar los problemas estructurales que afectan la libertad de expresión en el país. Cinco años después, la FLIP tiene hoy serios reparos al texto borrador del decreto que creaba la política.

La formulación de este proyecto de decreto ha implicado una enorme inversión económica. Según la información entregada por el Ministerio del Interior a la FLIP, el diseño y formulación de la política han costado mil dieciocho millones ciento treinta y siete mil quinientos dieciocho pesos ($1.018.137.518). Adicionalmente, el proceso de formulación ha sido injustificablemente largo: desde el 2012 ha pasado por las manos de seis ministros del interior y dos directoras de Derechos Humanos de esa entidad. El borrador no refleja esa cantidad de años de trabajo ni el volumen de recursos públicos invertidos.

Por otro lado, la participación de la sociedad civil en la propuesta ha sido insuficiente. Si bien en ocasiones hubo consultas a organizaciones de la sociedad civil, durante los últimos dos años la información acerca de los avances a las organizaciones de periodismo estuvo restringida. En los 8 meses antes del conocimiento del borrador, la información fue prácticamente inexistente.

Después de este periodo de casi total silencio y opacidad, un funcionario del Ministerio del Interior envió a la FLIP el borrador del decreto que creaba la política solicitando que se enviaran comentarios, pues de manera “pronta” el Ministro adoptaría la política.

Pero más allá de la forma apresurada en que el Ministerio pretendía dar por superada la socialización del proyecto, el borrador no contiene respuestas concretas que contribuyan a superar los obstáculos que impiden el ejercicio de la libertad de expresión. El exceso de capacitaciones e intercambios de experiencias deja entrever la ausencia de acciones contundentes por parte del Estado como garante del derecho.

Ejemplo de lo anterior es un artículo llamado “Capacitación, interlocución y diálogo extracurricular conjunto entre jueces y personas que ejercen la actividad periodística”. En este se propone un intercambio de experiencias entre periodistas y jueces para solucionar el problema de acceso de los medios de comunicación para el cubrimiento de las audiencias públicas judiciales. Esta propuesta podría ser pertinente como ejercicio y/o como parte del diagnóstico del problema pero como política pública deja mucho que desear.

Con todo, el problema central no es que el Ministro del Interior haya desautorizado de manera pública a sus funcionarios. La gravedad está en que estando a pocos meses de terminar su mandato, se ve muy difícil que el gobierno de Juan Manuel Santos logre resolver las deficiencias del borrador del decreto y cree una política pública conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión. Después de más de mil millones de pesos y cinco años de trabajo invertidos, la política pública se ve hoy más lejos que nunca.

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