Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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Se cumplen seis meses del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, conformado por el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. El 26 de marzo fueron secuestrados por el grupo residual denominado Frente Oliver Sinisterra en la frontera entre Ecuador y Colombia. El 13 de abril Lenin Moreno, presidente de Ecuador, confirmó el asesinato.
Desde que ocurriera el secuestro, los Gobiernos de los dos países han ocultado información impidiendo establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos. La FLIP ha solicitado insistentemente información acerca de los operativos realizados, los canales de liberación y las hipótesis manejadas al Gobierno, en especial al Ministerio de Defensa. Sin embargo, las respuestas han sido evasivas, deficientes y no se han presentado de forma oportuna. La FLIP continuará representando a los familiares de las víctimas en los procesos que se llevan en Colombia y seguirá exigiendo las respuesta por parte del Estado.
Durante estos seis meses una alianza de veinte periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Efraín, Paúl y Javier fueron ejecutados. Esta alianza encontró datos y versiones de los hechos que hasta ahora no habían sido conocidos por la opinión pública. Los resultados serán publicados en el especial Frontera cautiva: tras el rastro de los periodistas ejecutados.
La FLIP apoyó el proyecto Frontera Cautiva y acompañó este proceso con rigurosos protocolos de seguridad y con el objetivo de que los reporteros pudieran viajar nuevamente a la zona fronteriza. Para la Fundación resulta fundamental estimular el ejercicio periodístico que investiga e indaga asuntos de tal relevancia social. Además, se hace necesario contrastar las versiones oficiales, que en este caso como en muchos otros, han sido insuficientes.
En otros casos de asesinatos a periodistas en el país, la FLIP ha apoyado proyectos de esta índole. Después del asesinato de Orlando Sierra en 2002, un grupo de periodistas se unió e investigó en Manizales las causas del homicidio. Además, recaudó pruebas que luego fueron utilizadas en la investigación penal. Trece años después el líder político Ferney Tapasco fue condenado por este crimen.
En 2015, la periodista Flor Alba Núñez fue asesinada en Pitalito, Huila. Después de esto, el proyecto Pitalito Sin Censura buscó contar las condiciones en las que el asesinato fue ejecutado y los temas que había denunciado Núñez.
Los resultados de Frontera Cautiva aportan información que esperamos sean tenidos en cuenta por las autoridades colombianas y ecuatorianas en las investigaciones internas que se están realizando y así establecer responsabilidades de actores e individuos. También, es relevante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analice detalladamente el producto como parte de la investigación que está realizando el Equipo de Seguimiento Especial (ESE).
Sumado a lo anterior, es fundamental que esta penosa situación se convierta en un incentivo para mirar las zonas de frontera que tienen especial interés periodístico pero donde no existen garantías para ejercer la reportería.
Aquí puede consultar Frontera Cautiva
El 2 de octubre en Boulder, Colorado (Estados Unidos), se llevó a cabo una reunión entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado colombiano, la familia Cano Busquets y las organizaciones vinculadas al caso del asesinato de Guillermo Cano Isaza.
La CIDH reconoció que en el curso del proceso internacional se cometieron errores con respecto a los derechos de las víctimas. Los familiares valoran positivamente esta consideración y esperan que el proceso se retome desde el 2001, cuando todos estos errores comenzaron.
El Estado colombiano no reveló ningún avance significativo en lo relacionado con la investigación de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Cano. Sin embargo, la FLIP reconoce su disponibilidad y compromiso de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.
El comisionado relator para Colombia asumió personalmente el compromiso de llevar al pleno de la Comisión la solicitud de los familiares. La Comisión afirmó que para el próximo diciembre ya habrá respuesta a esta solicitud.
Aquí puede leer la carta de Ana María Busquets de Cano.
El Estado colombiano fue citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de realizar una reunión de trabajo acerca del homicidio del periodista Guillermo Cano Isaza.
La familia Cano Busquets, la Fundación Guillermo Cano Isaza, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa publicaron un comunicado conjunto debido a su presencia en el 169° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lea aquí el comunicado en línea.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reconoce esta condena como un avance significativo en la búsqueda de justicia en el crimen contra Jaime Garzón. Sin embargo, la FLIP rechaza la decisión de no declarar el homicidio de lesa humanidad y no tener en cuenta el oficio periodístico como agravante y motivación del crimen.
El pasado 13 de agosto de 2018, el Juzgado Séptimo Penal Circuito Especializado de Bogotá condenó a 30 años de prisión a José Miguel Narváez Martínez como autor intelectual del homicidio en contra del periodista y humorista Jaime Garzón. Además, el juez ordenó el pago de quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de sus familiares, negando cualquier tipo de beneficio al condenado.
El juez llegó a esta conclusión al comprobar la veracidad de testimonios vinculados a las autodefensas, quienes afirmaron que Narváez habría sugerido directamente a Carlos Castaño asesinar a Garzón. En la sentencia, el juez afirma que “el procesado le ‘vendió’ la idea a Castaño Gil que Garzón Forero era un guerrillero, acusándolo de haberse apoderado de parte del dinero del rescate de un hijo de un empresario, y criticar, en el programa de televisión, a las autodefensas por masacres como la del aro” (pág. 55). Como resultado de la investigación, el juez afirmó que Castaño, incitado por Narváez, ordenó a la banda “La Terraza”, dirigida por alias “Don Berna”, ejecutar el homicidio de Jaime Garzón.
Adicionalmente, el juez estableció que el homicidio de Jaime Garzón fue un claro mensaje de terror y miedo hacia la sociedad y familiares de las víctimas de los secuestros, para evitar acciones similares a las desplegadas por Garzón. Además, agregó que el estado de indefensión en el que se encontraba el periodista al momento de la ocurrencia de los hechos y la imposibilidad de reaccionar en su propia defensa, da lugar a que el crimen de Jaime Garzón sea un homicidio agravado.
No obstante, reconoce como único móvil del asesinato la labor que cumplia Garzón como mediador entre las familias de los secuestrados y los secuestradores. El juez desconoce que en los testimonios se resalta como motivo adicional para ordenar su muerte, la crítica y las denuncias que Garzón realizaba contra los paramilitares en programas de televisión y radio, lo cual se corresponde a su labor periodística.
Esta determinación resulta contraria al precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como el de Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, en el que se sostiene que no es necesario escindir las actividades ejercidas por una víctima para determinar cuál de ellas fue origen o causa de las violaciones a sus derechos humanos. Es así como, el hecho de que Jaime Garzón haya sido humorista, activista humanitario y periodista no implica desconocer que una de las motivaciones de su homicidio haya sido su labor como periodista en conjunción a otras actividades que ejercía.
En este sentido, descartar que la labor periodística de Jaime Garzón fue una de las causa de su homicidio implica ignorar el impacto que su asesinato tuvo en la sociedad colombiana. Esto, especialmente al coartar la posibilidad de recibir la información y conocer las opiniones difundidas por el periodista a través de diversos medios de comunicación.
La FLIP rechaza la posición adoptada por el juez al negar que el homicidio de Jaime Garzón es un delito de lesa humanidad. El juez desconoce las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación y el Consejo de Estado, quienes reconocieron que la muerte de Garzón no fue un hecho aislado y que por el contrario, “se produjo en medio de un ataque generalizado y sistemático propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal, en contra de un grupo determinado de individuos con características políticas comunes, es decir, personas que pudieran tener algún tipo de vínculo con grupos subversivos (ONGs, defensores de derechos humanos, periodistas, etc”. (Consejo de Estado. Expediente: 34.349, Actor: Ana Daisy Forero de Garzón y otros, 2016).
La FLIP exhorta a la Fiscalía General de la Nación y a la administración de justicia para que se siga avanzando en este caso y se prosiga con una investigación efectiva y diligente que contribuya a esclarecer los hechos y determinar a las personas responsables del asesinato del periodista. Es necesario que este crimen no continúe en la impunidad como la mayoría de delitos en contra de periodistas en Colombia.
“La sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos”, Darío Fo.
Hace 19 años silenciaron la sátira en el periodismo en Colombia. Jaime Hernando Garzón Forero fue uno de los periodistas de humor más representativos del país, hizo de la sátira política una arma poderosa para poner en evidencia la corrupción y el narcotráfico de la época.
A pesar de que con su muerte los autores del crimen pretendían que su memoria muriera con él, casi dos décadas después de los hechos, su legado permanece en los recuerdos de los colombianos.
Como periodista, Jaime Garzón fue protagonista de programas como ¡Quac! y Zoociedad, en los que criticaba a través del humor y sátira a la clase política y evidenciaba la gran distancia que tenía de la sociedad colombiana y sus problemas. Profundamente comprometido con las clases populares del país, su labor periodística se acercaba a ellos tanto en lenguaje como en formato.
Este estilo le valió enemigos dentro del Estado, principalmente dentro de los militares. Según consta en los expedientes judiciales, integrantes de las fuerzas militares se aliaron con paramilitares para asesinarlo el fatídico 13 de agosto de 1999. A pesar de los esfuerzos por esclarecer los hechos y obtener justicia, este caso continúa en la impunidad.
Días después del asesinato de Jaime Garzón, fueron capturados Juan Pablo Ortiz, alias “Bochas”, y Edilberto Sierra, alias “Toño”; acusados de ser los autores materiales. Sin embargo, cinco años después fueron dejados en libertad al demostrarse que la versión de los testigos que los vincularon resultó siendo falsa. Adicionalmente, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía apuntaban a que los autores del crimen eran miembros de la banda delincuencial La Terraza de Medellín, la cual estaba al servicio del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”.
En 2004, Carlos Castaño, jefe paramilitar desaparecido, fue condenado como autor intelectual de los hechos. En la decisión judicial, el juez absolvió a dos miembros de la banda “La Terraza”. Luego, en 2011, la familia de Garzón llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos y un año después se adelantó el juicio contra José Miguel Narváez por haber sido otro de los presuntos determinadores del crimen. El coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo y los generales retirados del Ejército, Rito Alejo del Río y Mauricio Santoyo, también fueron vinculados al proceso, acusados de ser los autores intelectuales del homicidio contra el periodista.
El 14 de septiembre de 2016, el Consejo de Estado condenó a la Nación por el crimen contra Garzón. En el fallo se hace referencia a la participación de militares y policías para coordinar el atentado contra el periodista. Mes y medio después, el 29 de septiembre, la Fiscalía declaró el asesinato de Jaime Garzón como un crimen de lesa humanidad al considerar que el homicidio sucedió en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de persecución política ejercida por las autoridades en contra de dirigentes sociales, líderes de la oposición y periodistas.
El 29 de mayo de 2018, el caso fue remitido a la sala incidental de la Jurisdicción Especial para la Paz para definir si este mecanismo de justicia transicional tiene o no competencia para conocer acerca del caso. Debido a esta decisión, el juicio contra el coronel retirado Jorge Eliécer Plazas Acevedo quedó suspendido.
A pesar de las decisiones adoptadas por la Fiscalía y las instancias judiciales en las que se reconoce la calidad de periodista de Garzón, la actual fiscal a cargo de la investigación no la reconoce y descarta que este asesinato sea un crimen contra la libertad de expresión. Es de conocimiento de la FLIP que el caso se mantiene en la impunidad como consecuencia de los intentos por desviar y afectar el curso de la investigación.
El aniversario del asesinato de Jaime Garzón es una oportunidad para conmemorar su labor humanitaria y resaltar el ejercicio periodístico que efectuó. La Fundación hace un llamado al sistema judicial y a la Fiscalía General de la Nación para que cumplan con la obligación de investigar, juzgar y sancionar de forma diligente y efectiva este crimen. Diecinueve años sin resultados relevantes en el proceso penal son fiel testimonio de la rampante impunidad que afecta este y otros casos de crímenes contra periodistas.
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Demanda de parte civil como actor popular- Jaime Garzón, febrero de 2018.
Santiago de Cali, Valle del Cauca. 22 de junio de 2018.
La delegación de familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado en territorio ecuatoriano el pasado 26 de marzo y asesinado en Colombia en fecha por determinar, nos permitimos informar a la opinión pública que:
1. El pasado jueves 21 de junio, a través de la cuenta de Twitter del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tuvimos conocimiento del hallazgo de cuatro cuerpos sin vida que podrían corresponder a nuestros familiares.
2. El viernes 22 de junio nos desplazamos desde Quito (Ecuador) a Cali (Colombia) permaneciendo a disposición durante la mayor parte del día y hasta las 20:30 en las instalaciones de Medicina Legal SIN que se nos diera información oficial concluyente sobre la identidad de los cuerpos por parte de las autoridades colombianas. En todo momento el director regional de Medicina Legal nos indicó que los procedimientos se extenderían hasta el martes 26 de junio.
3. Una hora después de nuestra salida de la sede del Instituto de Medicina Legal, la cuenta oficial del Ministerio de Defensa colombiano afirma que en un 99% los cuerpos corresponderían a nuestros familiares. Información que no nos fue proporcionada durante nuestra prolongada estancia en el lugar donde estos datos se pueden originar.
4. Hemos insistido desde el inicio de esta pesadilla que es fundamental que las familias tengan acceso prioritario a la información, esto ha sido transmitido a las autoridades colombianas y dicho compromiso ha sido desconocido sin miramiento del impacto que tiene sobre nuestro dolor, nuestras familias y el derecho a la información que le asiste a la sociedad ecuatoriana.
5. Transcurren horas trascendentales, más no concluyentes, sobre el caso que nos convoca. Lamentamos que el Gobierno Colombiano prefiera la figuración pública y alterar los protocolos de intercambio de información.
Con base en lo anterior exigimos:
Al Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, indicar las razones por las cuales en su nombre se transmite públicamente información que no es de conocimiento de los familiares, resaltando además, cuál es el sustento legal que respalda esta actuación cuando aún no han concluido todas las etapas de peritaje .
A la Cancillería ecuatoriana, a enviar notas de protesta diplomática en aras de velar por el cumplimiento de los derechos que nos asiste como víctimas.
A la CIDH, en el marco del Equipo de Seguimiento Especial, a vigilar el compromiso adquirido por el Embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, con respecto al flujo de información desde las autoridades hacia los familiares.
A la sociedad ecuatoriana y colombiana, les pedimos solidaridad y sumarse a este llamado desde el duelo de los familiares. Este atropello, falta de sensibilidad y de humanidad no puede permitirse.
Los hechos de las últimas horas sientan un precedente de falta de seriedad para el tratamiento de este caso, siembran sospechas alrededor del ocultamiento de información a los familiares. En estas condiciones se afecta la confianza sobre el resto de acciones que realizó y realiza el Estado colombiano para la investigación. Nos preocupa que los compromisos de palabra, que las más altas autoridades del país nos han hecho en múltiples ocasiones, sigan perdiendo su valor.
*En la mañana del sábado 23 de junio, la Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado en el que también expresó su descontento con el manejo de la información por parte del Gobierno colombiano. Vea el comunicado a continuación.
Ayer, 6 de junio de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH- hizo pública la sentencia en la que se declara responsable al Estado de Colombia por el homicidio del periodista Nelson Carvajal Carvajal. Es el primer caso en el que una corte internacional condena a un Estado por un homicidio motivado en razón del ejercicio periodístico de la víctima.
Nelson Carvajal fue un periodista radial colombiano que trabajó como director del noticiero ‘Momento Regional’ y de las radio-revistas ‘Mirador de la Semana’, ‘Amanecer en el Campo’ y ‘Tribuna Médica’ de la Emisora Radio Sur, en el municipio de Pitalito, Huila. Desde allí, se concentró en la investigación de asuntos de corrupción local como las irregularidades en la administración de fondos públicos y el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La Corte Interamericana reconoce que fueron estas denuncias las que motivaron su asesinato el 16 de abril de 1998, fecha en la que sicarios lo abordaron a la salida del colegio del que también era docente y le dispararon en 7 oportunidades.
La Corte reconoció el contexto de violencia generalizada existente contra los periodistas en el país, advirtiendo que, para 1998, año en el que Nelson Carvajal fue asesinado, Colombia fue catalogado como el “lugar más mortífero para la prensa en el mundo”[1]. Esta situación se ve agravada por la impunidad de las agresiones contra periodistas, según afirma la Corte IDH, “la justicia colombiana ha experimentado dificultades a la hora de investigar a los responsables”. De los 157 casos de homicidios a periodistas en Colombia, sólo ha habido condenas a autores intelectuales en 4 casos.
La Corte IDH advierte que tras 20 años desde la muerte del periodista la investigación no ha concluido y no se ha hallado a los implicados en el crimen, por lo que concluye que “el Estado es, en gran medida, responsable por la dilación extraordinaria de este asunto”. Igualmente, el Tribunal indica que Colombia es responsable por no haber desarrollado las investigaciones relacionadas con las amenazas proferidas en perjuicio de varios familiares de Nelson Carvajal Carvajal y que produjeron su exilio fuera del país.
En este sentido, el tribunal internacional concluye que la investigación inadecuada del homicidio de Nelson Carvajal constituye, en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida. Esto implica que las carencias en la investigación que perjudiquen la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables podrían constituir una violación del derecho a la vida[2].
Sobre el derecho a la libertad de expresión, la Corte IDH sostiene que “una de las formas más violentas de suprimir el derecho a la libertad de expresión es a través de homicidios contra periodistas”. La Corte concluyó tanto el homicidio como la falta de investigación del mismo constituyen una violación al derecho a la libertad de expresión.
Así mismo, la Corte declaró a Colombia internacionalmente responsable como consecuencia de la falta de investigación de las múltiples amenazas que recibió la familia de Nelson luego del homicidio y que forzaron el exilio de nueve de sus integrantes. Lo anterior, aunado al profundo sufrimiento que les causó la muerte del periodista, la afectación del tejido familiar y la dilación injustificada del proceso.
Como parte de la decisión, la Corte ordenó a Colombia reparar los daños infringidos a los derechos humanos del fallecido periodista y de sus familiares. Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte, se ordena al Estado:
Continuar con las investigaciones y procesos judiciales relacionados con la muerte de Nelson Carvajal dentro de un plazo razonable.
Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso.
Se publique el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional.
Garantizar las condiciones de seguridad adecuadas para que los familiares de Nelson puedan retornar a sus lugares de residencia, si así lo desean.
Remitir a la Corte los informes periódicos que envía a los organismos especializados de la OEA y de las Naciones Unidas relacionados con las medidas implementadas para la prevención y protección de las y los periodistas en Colombia.
Para la FLIP esta sentencia representa un avance en la garantía efectiva del derecho a la libertad de expresión en Latinoamérica y el Caribe, puesto que reconoce el fenómeno de la violencia contra la prensa y la impunidad generalizada en estas agresiones. Adicionalmente, desarrolla criterios que orientan la investigación, juzgamiento y sanción de los homicidios contra periodistas como medidas que deben seguir los Estados para cumplir su rol de contrarrestar la violencia contra la libertad de expresión.
Este logro no habría sido posible sin el esfuerzo de los familiares de Nelson Carvajal que no desistieron en su búsqueda de justicia durante 20 años, y gracias al liderazgo de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Robert F. Kennedy Human Rights que litigaron el caso. La FLIP presentó -en alianza con el International Freedom of Expression Exchange- un Amicus Curiae a la Corte Interamericana solicitando la condena del Estado colombiano por su negligencia en investigar el homicidio de Nelson.
Esta sentencia debería invitar al Estado colombiano a desarrollar una política criminal robusta para hacer frente al fenómeno de la violencia contra la prensa y a que tome medidas efectivas para detener el aumento exponencial de las amenazas a periodistas que ha registrado la FLIP en los últimos 5 años. En criterio de la FLIP esto pasa por una revisión y reforma al sistema de protección actual que incorpore elementos de prevención
La FLIP continuará acompañando a la familia de Nelson Carvajal y vigilará el cumplimiento a cabalidad de la sentencia en los términos ordenados por la Corte Interamericana.
Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se convierten en un estándar de derechos humanos para los países de las américas que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto quiere decir que no sólo Colombia de manera principal adquiere obligaciones para la protección de periodistas y la lucha contra la impunidad, estos estándares también deberán ser acatados por países donde persiste la violencia contra la prensa como México, Guatemala, Honduras, Paraguay y Brasil.
La FLIP confía en que este precedente sea de utilidad para el fortalecimiento de las garantías a la libertad de prensa en las américas.
[1] Comité para la Protección a Periodistas, “Resúmenes por país: Colombia”, 1998, citado en el peritaje de Carlos Lauría rendido durante la audiencia pública del presente caso. Disponible en: https://cpj.org/es/2004/07/resumenes-por-pais.php
[2] Cfr. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 97, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costars. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 83.
Este 2 de noviembre, Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado colombiano para que garantice la justicia en los casos de agresiones a la prensa, especialmente en los asesinatos a periodistas.
El 2017 ha sido un año determinante en cuanto a lucha contra la impunidad en casos de agresiones a periodistas. Si bien se han dado algunos avances en casos emblemáticos como la condena a Jorge Noguera, exdirector del DAS, o la pena de 47 años impuesta al asesino de la periodista huilense Flor Alba Núñez, la impunidad en casos de asesinatos sigue siendo alarmante. De los 154 periodistas asesinados en los últimos 40 años, solamente en un caso se ha condenado a toda la cadena criminal y la inmensa mayoría se encuentra en la total impunidad.
El 8 de octubre la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo fue asesinada mientras ejercía labores periodísticas y de comunera en Puracé, Cauca. Ella ocupa el último renglón de los 154 periodistas asesinados por razones de su oficio desde hace 40 años. La investigación por el crimen Vásquez apenas comienza y se espera que, a diferencia de lo que ha ocurrido con la gran mayoría de casos, el proceso judicial avance y las autoridades sancionen a los responsables con celeridad.
Las cifras de impunidad en casos de asesinatos a periodistas son dramáticas. De los 154 casos de homicidios a periodistas por su trabajo, 129 se mantienen en total impunidad. Únicamente en 22 casos ha habido algún tipo de condena contra autores materiales y sólo en 3 casos se han condenado a los autores intelectuales. El único caso en el que la justicia ha logrado condenar a toda la cadena criminal es el del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra, asesinado en 2002. Además, de la totalidad de estos casos, hasta la fecha han prescrito 77, es decir la mitad.
El asesinato de Gerardo Bedoya, ocurrido el 20 de marzo de 1997, fue declarado crimen de lesa humanidad días antes de que operara la prescripción. Teniendo en cuenta que esta decisión implica que estos delitos no prescriben, la FLIP celebra esta decisión pero expresa su preocupación ya que no existen avances significativos en la investigación, a pesar de que han pasado 20 años desde que se cometió el crimen contra el periodista de El País de Cali. La Fundación hace un llamado a la Fiscalía y a la rama judicial a que no asuman esta declaratoria como un incentivo para dilatar los resultados de las investigaciones y de las sanciones.
Este año, además, se conmemoraron 30 años del asesinato del médico y periodista Héctor Abad Gómez. El homicidio ocurrió el 25 de agosto de 1987 en Medellín. Han pasado tres décadas y su caso continúa sin ser resuelto. Este homicidio continúa en la completa impunidad sin que las investigaciones demuestren avances relevantes en la identificación y posterior sanción a los responsables.
Otra decisión relevante en el escenario de la impunidad en crímenes contra la prensa es la condena de más de 47 años de cárcel a Juan Camilo Ortíz, alias “El Loco”, por su participación en el asesinato de la periodista huilense Flor Alba Núñez. La periodista fue asesinada el 9 de septiembre de 2015 en Pitalito. Núñez, a través de la emisora La Preferida Stereo y el Canal 6, hacía constantes denuncias acerca de la delincuencia común que operaba en el municipio y sus posibles relaciones con funcionarios públicos.
La Fundación reconoce esta condena como un avance en la búsqueda de justicia en este crimen y destaca, además, que el juez haya tenido en cuenta la calidad de periodista de la víctima en el momento de valorar los móviles del homicidio. Sin embargo, dentro del proceso judicial aún hace falta condenar a toda la cadena criminal, mediante el esclarecimiento de los autores intelectuales y del autor material restante que se encuentra libre.
En el caso de Jineth Bedoya Lima se llevaron a cabo los alegatos de conclusión en los que la Fiscalía solicitó la condena de Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira. Sumado a esto, la Corte Suprema de Justicia confirmó la exclusión de Justicia y Paz de dos de los implicados en estos delitos. Sin embargo, las autoridades judiciales que intervienen en el proceso continúan sometiendo a la reportera a escenarios de revictimización en los que no se generan mayores aportes al proceso. El primero de marzo, la reportera fue llamada por decimosegunda vez para declarar como parte de la investigación por la tortura, el secuestro y la violación de las que fue víctima en mayo del 2000.
Otro avance en la búsqueda de justicia en los crímenes contra la prensa es la condena al exdirector del DAS, Jorge Noguera, por las interceptaciones, los hostigamientos y la tortura a líderes sociales y políticos, abogados y periodistas. La Corte Suprema de Justicia condenó a Noguera a una pena de 7 años, 10 meses y 15 días de prisión. La FLIP reconoce esta decisión como un avance, teniendo en cuenta que Noguera era el más alto funcionario del extinto DAS cuando ocurrieron los hostigamientos y las interceptaciones. Sin embargo, espera que las investigaciones continúen y se condene a todos los responsables de estos crímenes.
Una de las víctimas de la tortura impartida por el extinto órgano de seguridad es la periodista Claudia Julieta Duque. Este año se llevó a cabo el proceso de extradición a Enrique Ariza Rivas, uno de los responsables de las agresiones a la periodista. Además, continuó el proceso en contra del General Jorge Luis Ramírez Aragón, director del INPEC. Sumado a esto, el pasado 19 de octubre, los delitos de tortura y persecución de los que fue víctima Duque fueron declarados crímenes de lesa humanidad.
A pesar de estos avances en la lucha contra la impunidad, a la FLIP le preocupa la postura del Estado colombiano frente al caso del asesinato de Carvajal Vs. Colombia que se está llevando a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante las audiencias realizadas en agosto, la defensa del Estado utilizó argumentos ofensivos contra las víctimas y manipuló información para no aceptar su responsabilidad. La representación del Estado culpó de su negligencia a la familia Carvajal por no entregar suficiente información acerca de los responsables. Además, negó las condiciones reales de la libertad de prensa en el país y afirmó -erróneamente- que estaba cumpliendo con su deber de prevenir la violencia contra la prensa.
Nelson Carvajal fue asesinado el 16 de abril de 1998 en Pitalito, Huila. El Estado colombiano falló en la prevención de la violencia contra la prensa, en la protección de Carvajal a pesar de conocer el riesgo inminente y en la posterior investigación y sanción a los responsables de este crimen atroz.
El 2017 ha sido un año determinante en la búsqueda de justicia en los casos de agresiones a la prensa. La FLIP reconoce los pequeños avances en los casos previamente mencionados. Sin embargo, la Fundación exige al Estado colombiano que, a través de las distintas instituciones, haga parte de la lucha contra la impunidad en los casos de agresiones a periodistas.
Este año volvió a ser asesinada una comunicadora durante su trabajo periodístico. El Estado debe garantizar la justicia en el caso de Efigenia Vásquez y de los otros 153 periodistas que han sido asesinados desde 1977. La FLIP solicita a la Fiscalía que sea diligente en las investigaciones de estos crímenes y a la rama judicial a que condene fuertemente a los responsables de la forma de censura más atroz: el asesinato a periodistas.
Efigenia Vásquez fue herida mortalmente mientras ejercía su derecho a la libertad de expresión como periodista en el municipio de Puracé, Cauca. La Fundación para la Libertad de Prensa maneja la hipótesis que la comunicadora pudo haber muerto a causa de un “proyectil de carga múltiple” accionado por un agente del ESMAD.
Efigenia, de 31 años, se encontraba cubriendo y participando en una protesta en la que comuneros del pueblo indígena Kokonuko reclamaban la propiedad colectiva de un predio que está en poder de un actor privado, Diego Angulo, quien administra “Aguas Tibias”, un negocio turístico de termales ubicado al interior de las tierras en disputa.
Ese día hacia las 4 de la tarde la comunidad bloqueó la entrada de “aguas tibias” en donde se encontraba el ESMAD. Este reaccionó enfrentando a los manifestantes haciendo que se replegaran hacia la parte alta de la montaña, en territorio del resguardo. En ese operativo resultaron heridos 40 indígenas, según dijo a la FLIP Isneldo Avirama, gobernador del resguardo. Ahí también cayó herida Efigenia Vásquez.
Una misión de la FLIP viajó del 18 al 20 de octubre al resguardo Kokonuko en Puracé, Cauca. La Fundación habló con integrantes de la guardia indígena presentes ese día en la protesta, con personas cercanas a la investigación que cursa en la Fiscalía y con familiares de la comunicadora para reconstruir los hechos del 8 de octubre. Así mismo, la FLIP indagó acerca de la situación de libertad de expresión del pueblo Kokonuko.
El Cauca es un departamento en silencio. La mayor parte de su territorio no cuenta con medios de comunicación que produzcan información local. De sus 42 municipios, 24 no tienen medios, 16 tienen algo de información local y sólo dos tienen un mínimo de variedad de medios de comunicación: Popayán y Santander de Quilichao. De los 75 medios de comunicación que tiene el Cauca, sólo 22 tienen informativos o noticieros.
En este contexto opera la emisora Renacer Kokonuko 90.7 FM, el único medio de comunicación del municipio de Puracé. Su sede es una pequeña casa campesina ubicada al interior del resguardo y cuenta con los equipos mínimos para emitir su señal. Su potencia de 250 kw que sólo dan para cubrir unos 10 kilómetros a la redonda. Por esta razón, alrededor del 40 % de los habitantes del municipio no pueden acceder a su señal desde sus casas. La mayor parte de las 9 personas que están en la emisora son campesinos que trabajan la tierra sembrando frijol, maíz y papa como su actividad principal; y en sus ratos libres colaboran de manera voluntaria en Renacer.
En parte de los contenidos de la emisora los comunicadores indígenas informan a la comunidad sobre temas de gobierno propio. En sus 15 años de existencia, Renacer ha consolidado una capacidad para informar en tiempo real a los comuneros acerca del estado de las confrontaciones con la Policía o el Ejército. “El cabildo nos pide que estemos presentes para recoger las evidencias de lo que pasa”, dice Emildre Avirama, comunicadora de la emisora. En esos casos la emisora orienta a los comuneros sobre cómo actuar. “Cuando hay confrontaciones los compañeros nos dicen ‘¡Informen que se necesita que la comunidad haga presencia ya en tal parte!’,” dice Avirama.
El 13 de junio de este año, los comuneros se preparaban para adelantar una protesta para exigir al gobierno nacional la entrega del predio “Aguas Tibias”. Sin embargo, según cuenta Fabio Avirama, ex gobernador del resguardo, ese día antes de las 5 de la mañana un grupo del ESMAD rodeó la emisora e intentó ingresar a las instalaciones. En el lugar se encontraba el periodista Jesús Melenge. “Lo que querían era cortar la comunicación: dañar los equipos para impedir que la emisora saliera al aire”. Sin embargo, Melenge alcanzó a alertar a otros comuneros que llegaron al lugar. “La valentía de la comunidad impidió que golpearan a nuestros comunicadores,” dijo Avirama a la FLIP.
El 12 de julio, un mes después, durante una nueva jornada de enfrentamientos entre la guardia indígena y el ESMAD, se fue la luz en la emisora Renacer Kokonuko durante varias horas, esto impidió a los comunicadores informar qué estaba pasando con la protesta. Para los comunicadores indígenas no cabe duda que esto fue obra de la Policía. “A ellos no les conviene que uno divulgue la realidad,” dice desde la cabina de Renacer, Emildre Hol Avirama.
En julio la FLIP intentó contactar telefónicamente al ESMAD para preguntar su versión de los hechos y no obtuvo respuesta. La semana pasada, la FLIP fue hasta el comando de Policía de Popayán para indagar sobre estos hechos. Hasta el momento, ningún funcionario ha accedido a hablar con la Fundación.
Dos días después de la muerte de Efigenia Vásquez, una comunera indígena -cuyo nombre se reserva la FLIP- se encontraba cuidando la emisora cuando una camioneta de vidrios oscuros y una moto llegaron a la entrada. Le preguntaron cuáles eran los nombres de las personas que trabajaban en Renacer. Ella respondió preguntando a los desconocidos quiénes eran y qué necesitaban. Los extraños dijeron que solamente necesitaban los nombres de los comunicadores de la emisora. Al no obtener respuesta inmediata y al no abrir la reja de la emisora para permitirles la entrada, los desconocidos dijeron que regresarían pronto. Hasta el momento no lo han hecho.
Desde que era una adolescente, Efigenia se interesó por la comunicación. Por este motivo, a sus 17 años los comunicadores del resguardo comenzaron a invitarla a espacios de capacitación en comunicación propia y periodismo. Con el tiempo, Efigenia pasó a integrar el equipo de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y a participar en la emisora Renacer Kokonuco, en donde contribuyó al informativo “amanecer indígena”, así como al programa “minga”, que trata de temas culturales de la comunidad.
Efigenia participó en talleres de formación periodística impartidos por el sistema de radiodifusión pública alemana “Deutsche Welle” que apoya al CRIC, así como en seminarios de comunicación propia con integrantes de pueblos indígenas de otras partes del país y en escenarios internacionales con periodistas indígenas de otras partes de Latinoamérica.
Efigenia alternaba el trabajo en un cultivo de fresa con sus aportes a la emisora. Sin embargo, desde hacía dos años se había alejado parcialmente de Renacer. Su madre, Ilda Astudillo dice que al separarse de su pareja, Efigenia “quedó al cuidado de sus tres hijos y le quedaba difícil” asistir con regularidad a la emisora.
A pesar de esto, las autoridades del cabildo continuaban reconociendo a Efigenia como comunicadora y como miembro de Renacer. En palabras de Emildre Avirama: “su papel acá en la emisora no se desconoce”. Sentada en una silla Rimax en la sala de la casa en que habitaba su hija, Ilda Astudillo dice a la FLIP: “Efigenia estaba pensando volver de lleno a la emisora pero pues…. no se pudo”.
Ese ocho de octubre Efigenia Vásquez asistió a la movilización junto a los demás comuneros para exigir la propiedad colectiva del predio que actualmente le pertenece a Angulo. Emildre Avirama asegura que durante las movilizaciones la orden del cabildo es que los miembros de la emisora se organicen para tener una cobertura informativa de lo que vaya sucediendo. Durante la manifestación Vásquez debía contribuir a la documentación de los hechos: “Ella tenía la misma misión de nosotros: estar grabando”, recuerda Avirama.
Después de iniciada la protesta hacia las 4 de la tarde, la FLIP pudo constatar -por medio de videos grabados ese día- que los miembros del ESMAD abandonaron el predio “Aguas Tibias” y se enfrentaron a la comunidad en un territorio que hace parte del resguardo.
Según Edward Avirama, coordinador de la guardia indígena Kokonuko, los manifestantes se dispersaron por temor a las armas que estaba accionando el ESMAD: “La comunidad estaba tirando piedra desde la parte alta (de la montaña) y se escucharon disparos”. Avirama cuenta que en ese momento la situación se agravó, debido a que podía tratarse de armas de fuego que estarían siendo usadas en contra de la comunidad.
Minutos después de que se escucharan los disparos, Efigenia Vásquez cayó herida al suelo: “Ahí fue donde yo pedí ayuda para la compañera y entonces ya fue donde miramos que sí fue herida de gravedad”, asegura Avirama. De inmediato los miembros de la guardia solicitaron el ingreso de una ambulancia para trasladar a la comunicadora a un centro médico, pero el vehículo nunca llegó debido a que, según Avirama, el conductor afirmó que no tenía permitido el ingreso a ese lugar.
La situación de emergencia obligó a que la comunidad buscara un vehículo particular para trasladar a Vásquez a un centro de salud. Sin embargo, miembros de la comunidad denuncian que los uniformados intimidaron al conductor: “los del ESMAD se encontraban en parte de la carretera e incluso encañonaron al señor para que no la recogiera”, asegura un indígena que estuvo ese día en el lugar de los hechos.
Horas después, cuando Efigenia Vásquez estaba recibiendo atención en el Hospital San José de Popayán, falleció a causa de las heridas producidas por proyectiles de “carga múltiple” que la hirieron en el pecho, según el dictamen de Medicina Legal. Esto significa que Efigenia pudo haber muerto a causa de perdigones disparados desde un arma de fuego -por ejemplo: una escopeta-, o a causa del estallido de un artefacto explosivo cargado con pedazos de metralla; esto es, clavos, tornillos, pedazos de metal, balines….etc.
Dos días después, el Mayor General de la Policía, William Salamanca, declaró a medios de comunicación Payaneses que las heridas por las que fallece Vásquez no pudieron haber sido causadas por integrantes del ESMAD. “Perdigones, artefactos y armamento de este tipo (no convencional) no utiliza la Policía Nacional,” dijo. “En mi opinión, los responsables son los mismos indígenas, aquellos que con el rostro cubierto y utilizando armas de fuego no convencionales pudieron haber causado la muerte de la periodista”, concluyó.
El 25 de octubre la FLIP recibió una comunicación firmada por el comandante de Policía de Popayán, Coronel Pompy Arubal Pinzón, en la que se reitera lo expresado por el General Salamanca y agrega que: “La señora en mención (refiriéndose a Vásquez) no se encontraba realizando labores como comunicadora social (...) por el contrario estaba participando activamente en las diferentes protestas indígenas”.
Pero las autoridades del resguardo rechazan esta versión. “Acá nos han atacado con recalzadas”, dice Edward Avirama refiriéndose a proyectiles de carga múltiple que integrantes del ESMAD estarían disparando ilegalmente desde los lanzagranadas que usa habitualmente la Policía. “El gobierno puede decir ‘esos son simples gases’ pero nosotros podemos dar fé que ellos están recalzando,” agrega Avirama.
La FLIP pudo constatar, a través de personas cercanas a la investigación que en este momento cursa en la Fiscalía, que los investigadores del caso están manejando tres hipótesis. La primera es que Efigenia muere a causa de un explosivo cargado por metralla lanzado por alguna de las dos partes. La segunda apunta a que fue herida por un proyectil disparado por un integrante del ESMAD. Y la tercera indica que Efigenia murió por una situación de “fuego amigo”, en la que manifestantes accidentalmente accionaron un explosivo que la hirió mortalmente.
La FLIP tuvo acceso a un video captado en el lugar de los enfrentamientos, que dura un minuto y 20 segundos, y que es parte del acervo probatorio de la Fiscalía. El video captura un plano general del enfrentamiento hasta que se escucha una fuerte explosión. Acto seguido la cámara enfoca a un miembro del ESMAD apuntando y disparando su lanzagranadas hacia un grupo de indígenas entre quienes se encontraba Efigenia. Con posterioridad, la cámara enfoca a una persona tendida en el suelo, -en principio, Efigenia-, a quien acuden a socorrer otros indígenas.
El reporte de medicina legal señala que “la trayectoria anatómica de las heridas de proyectil de arma de fuego es anterior-posterior”. De esta manera, es posible asegurar que Efigenia recibió el impacto de frente y que el proyectil no salió de su cuerpo.
Así mismo, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, al caer herida Efigenia, la Policía se encontraba a una distancia aproximada de 56 metros de los indígenas. En la necropsia se determinó que las heridas de Efigenia no tenían residuos de pólvora, lo que señala que había más de un metro y medio de distancia entre la boca del arma y el cuerpo de la periodista.
Desde el 10 de septiembre del año 2015, cuando la periodista Flor Alba Nuñez fue baleada por sicarios en Pitalito, Huila, no se presentaba un asesinato a periodistas por razones de oficio en Colombia.
La FLIP condena el asesinato de Efigenia Vásquez en funciones periodísticas durante los enfrentamientos del 8 de octubre. Este crimen atenta también contra el derecho a la libre expresión y a la información del pueblo indígena Kokonuko.
La Fundación hace un llamado especial a la Fiscalía General de la Nación para que avance con diligencia en las actividades investigativas para determinar quién accionó el proyectil de carga múltiple que acabó con la vida de Efigenia y establezca si esa persona actuó siguiendo órdenes de alguien más. También invita a la Policía Nacional de Colombia y a las autoridades indígenas del Cauca para que condenen públicamente el uso de armas no convencionales al interior de sus filas.
La FLIP solicita especialmente a la Procuraduría General de la Nación que con base en las agresiones a periodistas documentadas por la FLIP, tome medidas para establecer criterios de monitoreo y verificación al ESMAD, para que su uso de la fuerza sea acorde al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a los estándares internacionales sobre el tratamiento de manifestaciones públicas.
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Antecedentes de agresiones del ESMAD
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ha sido un constante agresor, especialmente en el contexto de las manifestaciones sociales. En lo que va corrido del año, la FLIP ha registrado seis casos en los que agentes del ESMAD agreden y estigmatizan a periodistas. En agosto, durante el paro minero en el Nordeste Antioqueño, uniformados tildaron de revoltoso y hostigador a un reportero, además intentaron quitarle la cámara (http://bit.ly/2h6Gxxd). El 15 del mismo mes, Alexei Castaño, periodista de Caracol Radio y Red+Noticias, fue atacado con gases por agentes del Escuadrón durante protestas por el relleno Doña Juana en Bogotá (http://bit.ly/2zAVMVG). A mediados de julio, en medio de confrontaciones entre campesinos y Fuerza Pública por la erradicación forzada en Meta, la periodista de la Red de Medios Alternativos – Agencia Colombiana de Prensa Popular (REMA-Acpp), Heliana Montoya, resultó herida por balas de goma y gases disparados por miembros del ESMAD (http://bit.ly/2iAiWZm). El primero de julio, la periodista de Colombia Informa, María Montiel fue agredida y detenida ilegalmente por agentes antimotines (http://bit.ly/2h7pE5v). En mayo, Pedro García, colaborador de El Turbión, resultó gravemente herido por un impacto de bala durante protestas de indígenas Nasa en Cauca (http://bit.ly/2yP4p22).
Este miércoles 1 de marzo, la periodista Jineth Bedoya Lima tendrá que contar por doceava vez la agresión de la que fue víctima hace diecisiete años. El 25 de mayo de 2000 Jineth fue secuestrada, torturada y violada mientras realizaba su trabajo periodístico en la cárcel Modelo de Bogotá, ha declarado once veces ante la Fiscalía General de la Nación sobre estos hechos, pero parece no ser suficiente para la justicia colombiana.
Hoy, 19 de marzo de 2015, se cumplen cinco años del asesinato de Clodomiro Castilla en Montería, Córdoba. Castilla solía hacer denuncias sobre corrupción política y paramilitarismo en el departamento.
En su momento, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en un comunicado, emitido el 22 de marzo del 2010, que reconocía “el rápido repudio de este crimen por las más altas autoridades colombianas pero expresa su profunda preocupación por la situación de desprotección en la que se encontraba el periodista, pese a haber solicitado oportunamente la actuación del Programa de Protección a Periodistas del Estado colombiano”.
Castilla había sido beneficiario de medidas del programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia desde agosto de 2006. No obstante, estas habían sido retiradas en febrero de 2009. Ante nuevas amenazas, el periodista solicitó en noviembre del mismo año que tales medidas fueran reasignadas. Esta petición fue negada pues el estudio de riesgo de Castilla había resultado “ordinario”.
Cinco años después de ocurridos estos hechos son pocos los avances en la justicia. Según información de la Fiscalía General de la Nación entregada a la FLIP a finales de 2014, la investigación por el asesinato de Castilla permanece en etapa de indagación.
La FLIP hace un llamado a la Fiscalía para que de impulso a la investigación por el asesinato de Castilla y de esta forma evite que permanezca en la impunidad. Al respecto, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión indica que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
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