Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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  • Entre el 9 y el 21 de septiembre de 2020 la FLIP ha registrado 33 violaciones a la libertad de prensa.

  • La FLIP hace un llamado a la Policía Nacional a que forme a sus miembros para que garanticen la libertad de prensa.

  • Solictamos al Gobierno nacional que de manera urgente adopte las medidas necesarias para cumplir la decisión de la Corte Suprema de Justicia y encauce el accionar de la fuerza pública.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la persistencia de los ataques contra periodistas y medios de comunicación por parte de manifestantes y miembros de la fuerza pública durante el cubrimiento de las movilizaciones sociales. 

Entre el 9 y el 21 de septiembre de 2020 la FLIP ha registrado 33 violaciones a la libertad de prensa que han afectado a 35 periodistas en medio del cubrimiento de manifestaciones sociales. Los ataques más frecuentes han sido las agresiones físicas con 16 casos, seguidas de las obstrucciones a la labor periodística con cinco casos, de detenciones ilegales con cuatro casos y otras tres situaciones de amenaza durante el cubrimiento.

El pasado 21 de septiembre, durante las jornadas de movilizaciones sociales que se presentaron en las principales ciudades del país, se presentaron tres casos más de ataques a la prensa. En el centro de Bogotá, sobre la Avenida Jiménez con Carrera Séptima, se presentaron hechos de violencia graves. Uno de los afectados fue el fotógrafo independiente Andrés Torres, quien fue atacado por miembros del ESMAD mientras registraba la detención de una persona por parte de siete agentes de la Policía. Según el reportero, cuando estaba tomando las fotografías, los uniformados le dispararon en dos ocasiones: uno de los proyectiles dejó una herida en uno de sus dedos y dañó totalmente su cámara fotográfica. Torres asegura que el otro disparo fue con una bala de goma que le impactó en una de sus piernas y le dejó un hematoma. Cuando ocurrió el ataque el reportero estaba plenamente identificado como prensa en el casco y brazalete que portaba

En ese mismo punto de la ciudad, los periodistas Fabián Yáñez y César Posada, debidamente identificados como reporteros de la Revista Semana, fueron agredidos por la fuerza pública cuando se encontraban cubriendo las movilizaciones. Según Yáñez, agentes del ESMAD arremetieron con gases y bombas aturdidoras hacia un punto en donde únicamente había periodistas. Para resguardarse, Yáñez y Posada corrieron hacia el edificio del Banco de la República, pero los agentes del ESMAD los persiguieron hasta ese punto y, desde una distancia corta, les dispararon en dos ocasiones con aturdidoras. 

El tercer hecho se presentó en Bucaramanga. Durante las movilizaciones que se desarrollaban en la Plaza Luis Carlos Galán, los corresponsales de RCN Televisión y el  equipo periodístico del canal Televisión Regional de Oriente fueron agredidos por manifestantes, quienes impidieron el registro y expulsaron a los reporteros del lugar. Los dos equipos periodísticos salieron de la plaza custodiados por miembros de la fuerza pública.  

Adicionalmente, de los hechos recientes que afectan el desarrollo de la labor periodística, el 76% se atribuye a miembros de la Policía Nacional y el 24% restante a particulares.

La FLIP expresa su preocupación porque estas violaciones a la libertad de prensa aún se enmarcan en las prácticas sistemáticas denunciadas por múltiples organizaciones civiles frente a lo ocurrido en las protestas de noviembre de 2019. Algunas de estas son: la solución arbitraria de protestas pacíficas, el uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, el uso desproporcionado de agentes químicos irritantes en la disolución de protestas, la retención arbitraria de personas en el marco de las protestas por parte de la Policía Nacional  y ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones

En sentencia del 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia reconoció la existencia de la violación sistemática de los derechos a la protesta, libertad de expresión y de prensa por parte de agentes de la fuerza pública en el uso excesivo y desproporcional de la fuerza, cuando ésta, en defensa del orden público, se comporta desmedidamente y sin control. 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- reiteró quelas fuerzas del orden público tienen el deber de  garantizar  la  seguridad  de  los  periodistas  que  cubren  las  protestas  y  de  garantizar  el  derecho  del  público  a  buscar  y  recibir  información  sobre  estas movilizaciones  sociales”. Por ello, destacó la necesidad de que las fuerzas de seguridad reciban capacitaciones en materia de libertad de expresión para que entiendan “mejor  el  papel  y  la  función  de  los  periodistas  en  las  sociedades democráticas”. 

La FLIP observa con preocupación las reacciones estigmatizantes de algunos líderes políticos, en particular las expresadas por Gustavo Petro como líder de oposición, frente a las diversas opiniones de la prensa respecto de la decisión sin precedentes de la Corte Suprema de Justicia. Reiteramos que los líderes políticos también son garantes de la libertad de expresión de quienes no coinciden con sus planteamientos. Por ello, deben abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra quienes ejercen el derecho de opinión y de prensa, en particular, porque esta conducta elimina las garantías para que se expresen todos los puntos de vista y se forje un debate plural y diverso.

Por lo anterior, la FLIP hace un llamado al Gobierno nacional para que de manera urgente adopte las medidas necesarias para cumplir la decisión de la Corte Suprema de Justicia y encauce el accionar de la fuerza pública. 

Además, la FLIP hace un llamado a la Policía Nacional, que debe garantizar la labor periodística en estos escenarios, para que inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. Además, que forme a sus miembros para que garanticen este derecho y resignifiquen la presencia de la prensa como una garantía de transparencia de sus operativos y no como un obstáculo. 

La FLIP también hace un llamado a los manifestantes para que también garanticen el libre desarrollo de la labor periodística. Resulta paradójico que el derecho a expresarse públicamente afecte el cubrimiento de la prensa sobre las exigencias de los diferentes sectores sociales

Por último, se hace un llamado a los partidos políticos y movimientos ciudadanos para que, en cumplimiento de su rol constitucional, fomenten el debate público. El Estado de Derecho se fortalece con una prensa libre y se debilita cuando los políticos acuden a discursos denigrantes pretendiendo aleccionar al periodismo que les desagrada.

 

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  • Los periodistas cubrían las manifestaciones de la comunidad campesina en el sur del Meta.

  • Tres comunicadores fueron agredidos con armas del Ejército y la Policía.

  • Las autoridades no han anunciado investigaciones para sancionar a los responsables. 

 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza de manera contundente los ataques denunciados por los comunicadores de Voces del Guayabero por parte de miembros de la fuerza pública. La FLIP le solicita a la Policía y al Ejército Nacional que se pronuncien sobre estos hechos para que la sociedad civil pueda conocer las investigaciones en el interior de las instituciones. 

Miembros del Ejército confirmaron que hasta el momento solo se han hecho unas averiguaciones iniciales sobre los sucedido. La falta de transparencia frente a estas investigaciones puede ser entendida por otros uniformados como un mensaje de tolerancia ante futuras situaciones de violencia contra la prensa. Esto fortalece los índices de impunidad en los procesos penales y disciplinarios. 

Durante los primeros días de junio tres periodistas del colectivo de comunicaciones Voces del Guayabero fueron agredidos por miembros de la fuerza pública mientras cubrían las protestas que adelantaba la comunidad campesina de la región del Guayabero en el sur del Meta. Los reporteros denuncian que fueron impactados por proyectiles que fueron disparados por miembros del Ejército y la Policía Nacional. Sin embargo, las autoridades no han anunciado investigaciones para sancionar a los responsables.

Desde el 20 de mayo los miembros de Voces del Guayabero se encontraban cubriendo los operativos de erradicación forzada que realiza la fuerza pública en la región del río Guayabero, ubicada entre los departamentos de Meta y Guaviare. Días después,  el 4 de junio, los periodistas Edilson Álvarez, María Alejandra Lamprea y Fernando Osorio tomaron sus cámaras, se vistieron con su chaleco de prensa con logo del medio Voces del Guayabero y salieron a cubrir la manifestación que adelantaba la comunidad campesina en la vereda Tercer Milenio, en el municipio de Vistahermosa, Meta. 

Los comunicadores le relataron a la FLIP que, en medio de la arremetida del Ejército contra la comunidad, ellos se dispersaron por la zona para hacer su cubrimiento informativo y se volvieron a encontrar tiempo después para darse cuenta de que Osorio había recibido dos impactos de fusil provenientes de miembros del Ejército Nacional. “El primer impacto me dio en la mano derecha y me destrozó tres dedos, el segundo dio en la maleta y me atravesó la cámara. En ese momento me lancé a un caño para protegerme. A ellos no les importó que llevara mi chaleco de prensa”, relata Osorio, quien agrega que identificó que los disparos provenían de militares. El reportero fue atendido de inmediato por enfermeros de la misma comunidad, pero hasta el momento no ha podido acceder a un servicio de salud que le permita la reconstrucción de su mano.

En ese momento Álvarez se acercó también a sus compañeros y les informó de un fuerte dolor, producto de los impactos de balas de goma que le habían lanzado agentes del ESMAD a menos de 25 metros de distancia, según relata el comunicador. Cuando hicieron la revisión de los disparos en el cuerpo del reportero, fue posible identificar que tenía tres hematomas en su espalda. 

Once días después se presentó otra situación de violencia contra el colectivo de comunicaciones. El 15 de junio agentes de la Policía agredieron a la reportera María Alejandra Lamprea durante su trabajo informativo: “Estaba a unos cuarenta metros del ESMAD cubriendo, cuando de pronto sentí un golpe en uno de mis glúteos. Me pegaron con un corcho y también me reventaron uno de mis dedos. Aún me molesta un poco para caminar”, asegura la comunicadora. 

“A los de las cámaras hay que darles más duro”

Osorio y Álvarez aseguran que los ataques físicos se presentaron luego de que, durante varios días, los miembros de la fuerza pública los amenazaran y los estigmatizaran: “Uno los escuchaba decir que a los de las cámaras había que darle más duro”, relata Álvarez. “Varias veces escuché cómo nos señalaban de ser guerrilleros”, afirma Osorio. Los ataques dirigidos contra los comunicadores y sus dispositivos periodísticos se presentaron luego de que el equipo de Voces del Guayabero registrara las acciones violentas de los uniformados contra la comunidad.  

Al respecto, Alex Ruíz, vocero de las comunidades de la región del Guayabero, sostiene que los comunicadores de Voces del Guayabero tienen cientos de videos donde se denuncian estas violaciones a los derechos humanos durante el desarrollo de los operativos de erradicación en la zona. Sin embargo, Ruiz sostiene que, debido a las dificultades para el acceso a internet, este material no se ha podido publicar a través de las páginas del medio: “para tener una buena conexión hay que viajar al menos tres horas desde el lugar donde estamos cubriendo”, relata Ruiz. Por esta razón, los videos se han difundido por WhatsApp y a través de las redes de otras organizaciones defensoras de derechos humanos. 

En este contexto nació Voces del Guayabero con el fin de informar sobre las dificultades que enfrentan 80 comunidades campesinas de esta región del país para hacerle frente a la escasa oferta mediática del sur del Meta y el norte del Guaviare. Según el proyecto de Cartografías de la Información, en los municipios de Vistahermosa, La Macarena y Puerto Rico en el Meta, que hacen parte del sector del Guayabero, los únicos medios que existen son las emisoras de la fuerza pública, que difunden información con un interés institucional. Adicionalmente, Cartografías de la Información también alerta sobre la limitación para el acceso a internet en departamentos como Guaviare, esto se convierte en un inconveniente para el desarrollo de proyectos informativos digitales como Voces del Guayabero. 

La FLIP expresa su preocupación por los ataques y los señalamientos emitidos por miembros de la fuerza pública en contra de los comunicadores de Voces del Guayabero, a quienes se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques a su integridad y a sus dispositivos periodísticos. En ese sentido, la Fundación le hace un llamado a la Policía y al Ejército para sancionar a los responsables y se impartan instrucciones precisas a los uniformados de ambas instituciones dirigidas al cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa y conciban la presencia de equipos periodísticos como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que establezca un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de estas situaciones de violencia contra la labor periodística. 



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La FLIP reitera su preocupación por los ataques a la prensa durante el cubrimiento del Paro Nacional. En lo corrido del año la Fundación ha registrado siete ataques que han afectado a doce periodistas:

  • En tres situaciones los responsables de las agresiones fueron miembros de la Fuerza Pública.

  • En dos más el autor fue un particular.

  • En otros dos episodios se desconoce al agresor.

Estos son los casos

El pasado 21 de enero, Nikolai Pinilla, periodista de la emisora Radio Rumbo 107.4, fue agredido por cerca de diez miembros de la Policía Nacional mientras cubría las manifestaciones sobre la Avenida de Las Américas en Bogotá. El periodista sufrió heridas en sus manos, nariz y cabeza. Los médicos le ordenaron tres días de incapacidad. El reportero explica que escuchó cuando uno de los policías que estaba en el operativo aseguró que no quería dejar ninguna evidencia. Luego de esto, varios uniformados lo agredieron e intentaron quitarle la cámara con la que estaba haciendo el cubrimiento periodístico.

En el mismo punto de la ciudad, un periodista del medio de comunicación Colombia Informa fue víctima de una agresión física por parte de un policía mientras cubría las movilizaciones. A pesar de que el reportero se encontraba identificado con su chaleco y su credencial de prensa, uno de los uniformados se le acercó a exigirle que se retirara del lugar. El policía empujó al comunicador con su escudo, le pegó con el bolillo a la altura de las costillas y lo amenazó con detenerlo y decomisar el material periodístico si no se retiraba de inmediato.

En otro lugar de Bogotá, sobre la carrera 30, miembros del equipo periodístico de Contravía tuvieron que abandonar el cubrimiento de la manifestación después de que un grupo del ESMAD lanzara un gas lacrimógeno hacia el área desde donde estaban haciendo el registro periodístico. 

Durante las recientes jornadas, la prensa también recibió ataques por parte de manifestantes y personas encapuchadas que agredieron físicamente a los reporteros y obstruyeron su trabajo. 

El pasado 16 de enero, un grupo de manifestantes que cubría las protestas sobre la carrera 30 a la altura de la calle 45 golpeó en el estómago a un reportero de Noticias Caracol y dañó el lente de su cámara con pintura. Los manifestantes, además, amenazaron con seguir agrediéndolos si continuaban registrando lo sucedido. Los periodistas del canal tuvieron que abandonar el cubrimiento. 

El 21 de enero, tres periodistas de medios nacionales en Medellín fueron intimidados por un grupo de manifestantes mientras cubrían la jornada de protestas sobre la avenida Ferrocarril. Los reporteros manifiestan que fueron detenidos por un hombre quien les solicitó identificación y les exigió que se retiraran del lugar, amenazándolos con agredirlos si continuaban grabando. Solamente uno de los afectados permaneció en el cubrimiento.

La FLIP reitera su preocupación por los ataques que se vienen presentando en las manifestaciones del Paro Nacional y le hace un llamado a la Policía Nacional para que sea garante de la labor periodística e investigue disciplinariamente a los uniformados responsables de las agresiones a la prensa. 

La Fundación le solicita a la Personería y a la Defensoría del Pueblo que acompañen y brinden la atención necesaria para garantizar el cubrimiento periodístico en este tipo de escenarios.   

La FLIP también acude a los manifestantes para que no obstruyan la labor periodística. En medio de las deliberaciones sobre temas de interés general, es indispensable que la prensa cuente con suficientes garantías para cubrir expresiones democráticas como la protesta.   

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En una acción judicial sin precedentes se busca la protección frente a las prácticas de violación sistemática de derechos humanos cometidas por las autoridades públicas durante las protestas. Los jueces y organismos de control deberán tomar medidas efectivas.

Bogotá, 16 de enero de 2020. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela presentada por diversas organizaciones de derechos humanos, profesores universitarios y litigantes, en representación de manifestantes y víctimas, contra la Presidencia de la República, los Ministerios de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Dirección General de la Policía Nacional y el Comando Policía Metropolitana de Bogotá por violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas que iniciaron el 21 de noviembre de 2019 en todo el país. 

La magistrada ponente, Hilda González Neira, vinculó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que participen en el caso. Igualmente, solicitó a otras entidades no demandadas, como la Personería de Bogotá, la Cámara de Representantes, la Procuraduría, la Alcaldía de Medellín y las gobernaciones de Nariño y Boyacá, que entreguen información sobre los hechos ocurridos en las movilizaciones recientes en las que no se empleó el ESMAD para reprimir protestas pacíficas.  

Entre las organizaciones de la sociedad civil que se unieron para presentar la tutela se encuentran la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas - CCJ, el Colectivo de Abogados José Álvear Restrepo - CAJAR, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, dhColombia y Humanidad Vigente Corporación Jurídica, integrantes de la “Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas”.

En la acción judicial se denuncian detalladamente conductas arbitrarias cometidas de forma sistemática por las autoridades públicas como: la disolución violenta de protestas pacíficas, el uso indebido de armas potencialmente letales y la retención arbitraria de personas que participan en protestas.

Las prácticas represivas y violentas de los organismos de seguridad del Estado, especialmente el ESMAD, la Policía y el Ejército Nacional, vulneran el derecho fundamental a la protesta y  significan un riesgo para los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, el debido proceso, la libertad de expresión, entre otros.

Todas las conductas documentadas en la tutela han ocurrido en movilizaciones indígenas, afro y campesinas del sur del país, en protestas estudiantiles en las grandes ciudades y, recientemente, han tenido su mayor expresión en la jornada de Paro y Movilización Nacional desde el 21 de noviembre de 2019.

Las organizaciones, manifestantes y víctimas le pedimos al Tribunal de Bogotá y a los organismos de control que tomen medidas efectivas para que cesen estas prácticas y se garantice la movilización, la protesta y el ejercicio pacífico de la política en las calles.

 

Contactos: 

Dejusticia
Adriana Abramovits. Comunicadora. 
+57 3163565681 
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Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR
Angélica Chaparro. Prensa. 
+57 321 3819733
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Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
Comunicaciones.
+57 3103419744.
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Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Erik Cano. Encargado de comunicaciones. 
+57 310 2307374. 
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Comisión Colombiana de Juristas
Paola Sánchez. Jefa de Prensa.
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+057 7449333 ext. 1021.

 

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Es obligación del Estado garantizar que la prensa pueda informar de manera libre y sin ser atacada por sus propias fuerzas, lamentablemente esto no ha sido así. Desde que empezó el paro nacional el 21 de noviembre la FLIP ha documentado que 42 periodistas han sido agredidos, dejando un récord histórico como una de las jornadas más violentas contra los periodistas. 

Los eventos de los últimos días son del máximo interés público y resulta necesario que la ciudadanía pueda conocer y recibir la información que desde distintos frentes se produce. Siguiendo ese objetivo, el trabajo de los medios de comunicación resulta esencial para acercar los hechos a la ciudadanía. En ese sentido, la FLIP alienta a toda la prensa para que continúe el cubrimiento de las manifestaciones que empezaron el pasado 21 de noviembre pues su trabajo ha sido vital para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada y lo seguirá siendo en las próximas jornadas. 

De las 32* agresiones que La FLIP ha registrado durante el cubrimiento del Paro Nacional, en 19 ocasiones la Policía Nacional fue el agresor. Esta cifra convierte a la Policía en el máximo agresor contra las prensa durante el cubrimiento del Paro. Esto confirma la tendencia de otras manifestaciones realizadas en el 2019, donde integrantes de la fuerza pública han sido responsables de 28 ataques contra la prensa.  

A pesar de las agresiones, las recientes jornadas de protesta han demostrado la capacidad del periodismo para ofrecerle a las audiencias contenidos relevantes que dinamizan la democracia y sirven para recordar que la misión básica del periodismo es estar al servicio de la ciudadanía. De tal manera que ni las acciones por mantener el orden público ni el legítimo derecho a la protesta pueden afectar la actividad periodística que en coyunturas como la actual debe ser plural y merecedora de todas las garantías. 

Vale resaltar que los registros en video hechos por ciudadanos en distintas partes del país han sido determinantes para exponer las agresiones de la fuerza pública y, al pasar por los procesos de contrastación de información en las salas de redacción, se convierten en un insumo periodístico muy valioso. En consecuencia, es necesario que el Estado proteja y garantice la documentación ciudadana de la protesta como fuente para los reporteros y reporteras.

Las agresiones a la prensa muestran algunas tendencias. Varios de los casos en los que la prensa fue atacada por miembros de la Policía Nacional ocurren como consecuencia de que los reporteros grabaran procedimientos policiales irregulares o después de que registraran a los uniformados en medio del enfrentamiento con los manifestantes.

También hay agresiones que buscan que el cubrimiento periodístico sea interrumpido de manera definitiva. La FLIP documentó seis detenciones arbitrarias a comunicadores por parte de miembros de la Policía. Además, en cinco casos hubo daño o robo de equipo periodístico, esto impidió que continuaran con el trabajo informativo. Tres de estos casos fueron ocasionados por desconocidos, dos por la Policía. 

También hubo amenazas contra periodistas que buscaban intimidar el trabajo de los medios. Dos casos ilustran lo sucedido. El primero ocurrió después de que de manera irresponsable se difundiera información no confirmada que relacionaba a un periodista de Caracol Noticias con un grave mensaje antiprotesta. A pesar de no tener pruebas que sostuvieran estas peligrosas insinuaciones el mensaje tuvo una amplia difusión, en parte gracias a que figuras públicas como el senador Gustavo Petro lo replicaran en sus redes. Luego de las amenazas recibidas por el periodista y el equipo, el canal tuvo que retirar a algunos de sus reporteros de puntos críticos de cubrimiento. 

Por otra parte, 11 de las 32 agresiones afectaron a periodistas independientes, quienes suelen ser más vulnerables en este tipo de escenarios. En todos los casos los reporteros fueron agredidos a pesar de estar identificados como prensa.

La FLIP exige a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Policía Nacional que se avance prontamente con las investigaciones disciplinarias y penales que lleven a sanciones efectivas en contra de los agresores de la prensa. Resulta indispensable que la Procuraduría y la Defensoría establezcan un comité de seguimiento a estas investigaciones. Así mismo, exigimos acciones contundentes desde la Policía para que se garantice el cubrimiento de la protesta social y se proteja a los periodistas durante el ejercicio de su labor.

*El paro nacional ha dejado un número récord de agresiones contra la prensa durante el cubrimiento de la manifestación. En 2013, durante el paro agrario, la FLIP documentó 24 agresiones a lo largo de 75 días que afectaron a 44 periodistas. En tres días de este paro, del 21 al 23 de noviembre, la FLIP documentó 32 casos de agresiones que afectaron a 42 periodistas. Siendo esta, la jornada de protestas más violenta para la prensa en el histórico de la FLIP.

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La FLIP rechaza los ataques a la prensa por parte de la Policía Nacional durante el cubrimiento del paro nacional del 21 de noviembre. De los catorce casos registrados por la FLIP en Cali, Bogotá, Medellín, Valledupar y Santander de Quilichao, ocho tuvieron como agresores a miembros de la Policía. A pesar de los compromisos públicos de la institución de garantizar el ejercicio libre y pacífico del periodismo, la Policía Nacional se consolida como la principal agresora de la prensa durante el cubrimiento de la protesta social.

El 21 de noviembre se registraron detenciones arbitrarias, agresiones físicas, hostigamientos y daño de equipo periodístico por parte de uniformados. Entre los casos más graves está el del periodista independiente Andrés Bayona, víctima de graves agresiones físicas y de detención arbitraria. A pesar de necesitar atención médica, miembros de la Policía lo retuvieron sin darle explicaciones sobre el proceso que se estaba adelantando. Por su parte, el periodista Andrés Matheo Agudelo, fotógrafo independiente, también fue detenido arbitrariamente durante aproximadamente tres horas por miembros del Esmad en Medellín, debido a que no contaba con un documento que lo identificara como periodista de un medio de comunicación. Durante su detención, miembros de la Policía revisaron en varias ocasiones el material periodístico de su cámara.

El periodista Santiago Andrade de la revista Rolling Stones y el periodista independiente Javier Ruíz también fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional durante el cubrimiento de la marcha en la Plaza de Bolívar. Andrade recibió un fuerte impacto en su cabeza que ocasionó una herida que debió ser suturada con cuatro puntos. En el caso de Ruíz, miembros del Esmad lo hostigaron, dañaron sus audífonos y revisaron el material que habría registrado con su cámara.

Otros ataques con gases lacrimógenos o chorros de agua a presión fueron dirigidos directamente contra grupos de periodistas en el ejercicio de su labor informativa, algunos de ellos quedaron registrados en video. La periodista Stephanie Valencia, de CityTV, y su equipo fueron víctimas de uno de estos ataques.

Con el fin de prevenir este tipo de hechos de violencia, el miércoles 20, la FLIP se reunió con miembros del área de derechos humanos de la Policía Nacional y con la subdirección del Esmad. Durante el encuentro, los uniformados dieron a conocer las acciones emprendidas para garantizar la labor periodística durante las manifestaciones. Sin embargo, dichas acciones demuestran nuevamente ser insuficientes. Por esta razón, la Fundación pondrá en conocimiento de las autoridades las agresiones registrados durante el cubrimiento del paro para que inicien las investigaciones.

La FLIP rechaza los ataques contra la prensa que se presentaron durante la jornada de movilizaciones y le exige a la Policía Nacional que tome las acciones necesarias para identificar a los agentes responsables de estas agresiones y emitir las sanciones correspondientes. La ausencia de resultados ejemplares representa un mensaje equivocado para los demás miembros de la fuerza pública y pueden ser entendidos como un acto de tolerancia a la violencia contra la prensa durante el cubrimiento de manifestaciones.

La FLIP le recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber frente al cumplimiento del Código de Policía, que establece en su artículo 21 que cualquier ciudadano pueda grabar los procedimientos policivos sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía conciba la presencia de los periodistas y medios de comunicación en sus operativos como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP hace un fuerte llamado a la Policía Nacional para que garantice la labor de la prensa en estos escenarios. A partir de su condición como funcionarios del Estado, los uniformados tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información de interés general, como lo son las movilizaciones sociales. 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la solicitud que hizo el Centro Cibernético de la Policía Nacional al medio digital Cerosetenta para que eliminara de su sitio web el Manual 070 de autoprotección contra el ESMAD. Dicha solicitud busca que se oculte información de interés público y que cuenta con especial protección constitucional.

El pasado 15 de noviembre, la Jefatura del Centro Cibernético Policial, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, solicitó mediante un correo electrónico a la Universidad de los Andes, a la cual está vinculado el medio, que estudiara la posibilidad de eliminar este contenido referente al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). El manual de autoprotección publicado por el medio contenía diversas recomendaciones para proteger los derechos fundamentales y la integridad física de personas que asisten a marchas, así como cifras sobre presuntas agresiones cometidas por el ESMAD durante las manifestaciones.

Según la solicitud de la Policía, la publicación, al hablar de mecanismos de autoprotección durante protestas, supuestamente “incita el carácter violento al derecho de la manifestación”. Además, la Policía asegura que las cifras publicadas no son oficiales y, al estar relacionadas con delitos graves, “calumnian el nombre de la Policía Nacional de Colombia”.

Respecto de estos señalamientos, la FLIP se permite recordar a la Policía Nacional que según la jurisprudencia constitucional, en caso de que existan reparos por supuesta información errónea o inexacta es procedente una solicitud de rectificación y no de eliminación.

Además, es necesario señalar que la ley no exige que una publicación se realice con base en información confirmada por publicaciones oficiales. Imponer dicha medida constituirá establecer una forma de control previo a la publicación de contenidos, lo cual está prohibido por el artículo 20 de la Constitución Política (Sentencia T-145-19).

En el caso de Cerosetenta, el medio especificó que las cifras usadas tienen como fuente el informe Silencio Oficial, un aturdido grito de justicia por los 20 años de la ESMAD, realizado por Temblores ONG. Dicho informe está próximo a su publicación y contó con, al menos, siete tipos de fuentes en su metodología de investigación. Además, se especificó que las cifras usadas no habían sido confirmadas por el ESMAD.

Finalmente, es necesario señalar que, contrario a lo dicho por la Policía, el contenido publicado no constituye una incitación a la violencia de acuerdo con los estándares interamericanos. Por el contrario, al dar indicaciones para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales y tratar asuntos de interés público, la publicación constituye un discurso especialmente protegido de acuerdo con la jurisprudencia constitucional e interamericana. Sobre todo teniendo en cuenta la vigencia del contenido del mismo a solo dos días del paro nacional programado el 21 de noviembre. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la FLIP hace un llamado a la Policía Nacional para que como funcionarios públicos asuman su deber de tolerancia a la  crítica de su labor y se abstenga de hacer solicitudes a medios que vulneren los derechos a la libertad de expresión y de información.

 

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las agresiones físicas contra el periodista independiente Chris Horn por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante las manifestaciones estudiantiles en Medellín. El reportero resultó con fracturas luego del ataque de los uniformados y debe someterse a una cirugía en los próximos días.

El pasado 31 de octubre, mientras el fotógrafo independiente estaba cubriendo la movilización estudiantil en las inmediaciones de la Universidad de Antioquia, miembros del Esmad lo agredieron con los bastones de dotación cuando el reportero estaba registrando con su cámara fotográfica los ataques contra un manifestante. Según el reportero, luego de recibir un golpe en la cara por parte de uno de los uniformados, el reportero cayó al suelo producto de un breve desmayo y cuando despertó vio que un grupo de policías lo estaba agrediendo con sus escudos y bastones.

Luego de que Horn gritó insistentemente que era periodista, los miembros del Esmad dejaron de golpearlo. Sin embargo, las lesiones en el ojo derecho del periodista fueron muy fuertes y, luego de una valoración médica, se determinó que tenía una fractura en la órbita ocular, una estructura ósea que delimita las cavidades orbitarias. 

La FLIP rechaza las agresiones contra el periodista Chris Horn durante el cubrimiento de la movilización y le exige a la Policía Nacional que tome las acciones necesarias para identificar a los agentes responsables de estas graves agresiones y se inicien los procesos disciplinarios correspondientes para retirar a los uniformados del cargo. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje equivocado hacia los demás miembros de la Fuerza Pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones. 

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber frente al cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano pueda grabar los procedimientos policivos sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía conciba la presencia de cámaras en sus operativos como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP le hace un llamado a la Policía Nacional para que garantice la labor de la prensa en estos escenarios. A partir de su condición como funcionarios del Estado, los uniformados tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información sobre las movilizaciones sociales, que son un tema de interés general.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las violaciones a la libertad de prensa de las que fueron víctimas dos periodistas el pasado 16 de marzo, mientras cubrían la Minga indígena y campesina a la altura de El Cairo, Cajibío, en el departamento del Cauca.

La FLIP conoció que William Enrique Becerra, periodista de Marcha Patriótica, fue víctima de obstrucción, agresión y retención arbitraria por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía cuando cubría la intervención de ese cuerpo policial en el campamento de El Cairo.

Becerra manifestó que cuando empezó a grabar el operativo, un agente del Esmad le arrebató la cámara y se la lanzó a la cabeza, dañando el equipo. Además, Becerra asegura que intentó hacer una transmisión en vivo que fue impedida por agentes que lo tumbaron al piso, le propinaron varios golpes y le quitaron su celular. Después de eso, el comunicador fue trasladado a la estación de Policía del municipio de Piendamó en donde se verificó que él es periodista.

En comunicación con la FLIP, el Comandante del Departamento de Policía Cauca, Coronel Rojas García, manifestó no tener conocimiento de lo ocurrido. Por su parte, el jefe de Derechos Humanos de la Policía en el departamento, Capitán Trujillo, sostuvo que los agentes del Esmad en dos ocasiones solicitaron la identificación del periodistas y que, en una de ellas, no tenía ningún documento, por lo que el periodista fue trasladado a la estación de policía para identificación por huella digital. Sobre la agresión y el daño a los equipos, el Capitán asegura no haber recibido ningún reporte.

Sin embargo, Becerra asegura que cuando ocurrió la agresión y el daño de la cámara, él portaba su documento de identificación y un chaleco rojo de prensa. Además, al ser traslado a la estación de policía él informó a los dos agentes que lo recibieron el maltrato del que había sido víctima y la afectación de su equipo.

El periodista Andrés Martínez, de Colombia Informa, también fue víctima de agresiones. Martínez contó que fue impactado por uno de los gases lacrimógenos que lanzó el Esmad al campamento, lo que le ocasionó una leve lesión muscular en una de sus piernas. Además, la carpa en la que estaba instalado, para realizar el cubrimiento de la Minga, fue incendiada en medio del operativo. El periodista portaba chaleco y credencial de prensa.

La FLIP rechaza las agresiones de las que fueron víctimas estos dos periodistas. Resulta altamente preocupante que las autoridades encargadas de generar un ambiente seguro para el trabajo de los periodistas, por el contrario, generan un ambiente hostil para la prensa.

La Fundación solicitará que se inicie una investigación disciplinaria sobre los hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de los ataques contra la prensa. La FLIP además hace una llamado a la institución para que garantice el cubrimiento periodístico de todo tipo de manifestaciones sociales, para que la ciudadanía reciba un flujo de información plural sobre este tipo de asuntos de alto interés público.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las agresiones a periodistas que se registraron durante la última jornada de manifestaciones estudiantiles en Bogotá, el 13 de diciembre de 2018. Varios periodistas resultaron agredidos en medio de los enfrentamientos entre el ESMAD y algunos manifestantes.

El 13 de diciembre, el fotoperiodista independiente Nelson Cárdenas fue agredido por integrantes del ESMAD durante el cubrimiento de las protestas sociales en Bogotá. Cárdenas manifiesta que, mientras realizaba el cubrimiento de la movilización, sobre la Avenida Caracas con carrera 39, un agente del ESMAD se acercó y de manera violenta intentó quitarle la cámara fotográfica con la que estaba registrando la detención de uno de los jóvenes que participaba en la marcha. Ante la resistencia del reportero, el agente del ESMAD lo arrojó al suelo y empezó a patearlo, mientras otro miembro del escuadrón le quitaba las gafas. Cárdenas asegura que en repetidas ocasiones alertó a los miembros de la Policía Nacional sobre su condición de periodista independiente y que estaba realizando una labor periodística en medio de las manifestaciones. El reportero manifesta que entre la agresión y la revisión de sus pertenencias por parte de miembros del ESMAD, pasaron alrededor de 20 minutos.

El periodista independiente Kevin Molano también manifiesta que fue agredido por integrantes de la Policía Nacional en medio de los disturbios. El reportero asegura que dos Policías en una moto se acercaron a él, le quitaron la máscara antigases, que usaba por protección, e intentaron arrebatarle la cámara, mientras que alrededor de seis policías lo golpeaban. El periodista afirma que estaba identificado como prensa y que en todo momento se los hizo saber a lo uniformados.

Por otra parte, la periodista de Caracol Radio Valentina Pérez fue víctima de un artefacto que le golpeó fuertemente la cabeza. La periodista estaba cubriendo la movilización sobre la Avenida Caracas con Calle 38, cuando, en medio de los disturbios que se presentaron entre algunos manifestantes y el ESMAD, sintió que algo le golpeó la cabeza y notó un polvo blanco en su chaqueta. La reportera abandonó inmediatamente la movilización y se dirigió a un centro médico, donde le dijeron que tenia una inflamación en la parte inferior izquierda de la cabeza y le dieron tres días de incapacidad.

La FLIP rechaza enérgicamente las agresiones contra periodistas y las obstrucciones a su trabajo periodístico.

 

Adicionalmente, la FLIP le solicitará a la Policía Nacional que se inicie una investigación disciplinaria a los agentes del ESMAD responsables de las agresiones y hace un llamado a la institución para que tome los correctivos necesarios con el fin de que estos hechos de violencia contra la prensa no se vuelva a presentar.

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