Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Ayer, 6 de junio de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH- hizo pública la sentencia en la que se declara responsable al Estado de Colombia por el homicidio del periodista Nelson Carvajal Carvajal.  Es el primer caso en el que una corte internacional condena a un Estado por un homicidio motivado en razón del ejercicio periodístico de la víctima.

Nelson Carvajal fue un periodista radial colombiano que trabajó como director del noticiero ‘Momento Regional’ y de las radio-revistas ‘Mirador de la Semana’, ‘Amanecer en el Campo’ y ‘Tribuna Médica’ de la Emisora Radio Sur, en el municipio de Pitalito, Huila. Desde allí, se concentró en la investigación de asuntos de corrupción local como las irregularidades en la administración de fondos públicos y el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La Corte Interamericana reconoce que fueron estas denuncias las que motivaron su asesinato el 16 de abril de 1998, fecha en la que sicarios lo abordaron a la salida del colegio del que también era docente y le dispararon en 7 oportunidades.

¿Por qué Colombia es responsable internacionalmente en este caso?

La Corte reconoció el contexto de violencia generalizada existente contra los periodistas en el país, advirtiendo que, para 1998, año en el que Nelson Carvajal fue asesinado, Colombia fue catalogado como el “lugar más mortífero para la prensa en el mundo”[1]. Esta situación se ve agravada por la impunidad de las agresiones contra periodistas, según afirma la Corte IDH, “la justicia colombiana ha experimentado dificultades a la hora de investigar a los responsables”. De los 157 casos de homicidios a periodistas en Colombia, sólo ha habido condenas a autores intelectuales en 4 casos.

La Corte IDH advierte que tras 20 años desde la muerte del periodista la investigación no ha concluido y no se ha hallado a los implicados en el crimen, por lo que concluye que “el Estado es, en gran medida, responsable por la dilación extraordinaria de este asunto”. Igualmente, el Tribunal indica que Colombia es responsable por no haber desarrollado las investigaciones relacionadas con las amenazas proferidas en perjuicio de varios familiares de Nelson Carvajal Carvajal y que produjeron su exilio fuera del país.

En este sentido, el tribunal internacional concluye que la investigación inadecuada del homicidio de Nelson Carvajal constituye, en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida. Esto implica que las carencias en la investigación que perjudiquen la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables podrían constituir una violación del derecho a la vida[2].

Sobre el derecho a la libertad de expresión, la Corte IDH sostiene que “una de las formas más violentas de suprimir el derecho a la libertad de expresión es a través de homicidios contra periodistas”. La Corte concluyó tanto el homicidio como la falta de investigación del mismo constituyen una violación al derecho a la libertad de expresión.

Así mismo, la Corte declaró a Colombia internacionalmente responsable como consecuencia de la falta de investigación de las múltiples amenazas que recibió la familia de Nelson luego del homicidio y que forzaron el exilio de nueve de sus integrantes. Lo anterior, aunado al profundo sufrimiento que les causó la muerte del periodista, la afectación del tejido familiar y la dilación injustificada del proceso.

¿Cuáles son las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH?

Como parte de la decisión, la Corte ordenó a Colombia reparar los daños infringidos a los derechos humanos del fallecido periodista y de sus familiares. Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte, se ordena al Estado:

  1. Continuar con las investigaciones y procesos judiciales relacionados con la muerte de Nelson Carvajal dentro de un plazo razonable.

  2. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso.

  3. Se publique el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional.

  4. Garantizar las condiciones de seguridad adecuadas para que los familiares de Nelson puedan retornar a sus lugares de residencia, si así lo desean.

  5. Remitir a la Corte los informes periódicos que envía a los organismos especializados de la OEA y de las Naciones Unidas relacionados con las medidas implementadas para la prevención y protección de las y los periodistas en Colombia.

Para la FLIP esta sentencia representa un avance en la garantía efectiva del derecho a la libertad de expresión en Latinoamérica y el Caribe, puesto que reconoce el fenómeno de la violencia contra la prensa y la impunidad generalizada en estas agresiones. Adicionalmente, desarrolla criterios que orientan la investigación, juzgamiento y sanción de los homicidios contra periodistas como medidas que deben seguir los Estados para cumplir su rol de contrarrestar la violencia contra la libertad de expresión.

Este logro no habría sido posible sin el esfuerzo de los familiares de Nelson Carvajal que no desistieron en su búsqueda de justicia durante 20 años, y gracias al liderazgo de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Robert F. Kennedy Human Rights que litigaron el caso. La FLIP presentó -en alianza con el International Freedom of Expression Exchange- un Amicus Curiae a la Corte Interamericana solicitando la condena del Estado colombiano por su negligencia en investigar el homicidio de Nelson.

Esta sentencia debería invitar al Estado colombiano a desarrollar una política criminal robusta para hacer frente al fenómeno de la violencia contra la prensa y a que tome medidas efectivas para detener el aumento exponencial de las amenazas a periodistas que ha registrado la FLIP en los últimos 5 años. En criterio de la FLIP esto pasa por una revisión y reforma al sistema de protección actual que incorpore elementos de prevención

La FLIP continuará acompañando a la familia de Nelson Carvajal y vigilará el cumplimiento a cabalidad de la sentencia en los términos ordenados por la Corte Interamericana.

Una decisión fundamental para enfrentar las violencias contra la prensa en las Américas

Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se convierten en un estándar de derechos humanos para los países de las américas que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto quiere decir que no sólo Colombia de manera principal adquiere obligaciones para la protección de periodistas y la lucha contra la impunidad, estos estándares también deberán ser acatados por países donde persiste la violencia contra la prensa como México, Guatemala, Honduras, Paraguay y Brasil.

La FLIP confía en que este precedente sea de utilidad para el fortalecimiento de las garantías a la libertad de prensa en las américas.

 

 


 

[1]           Comité para la Protección a Periodistas, “Resúmenes por país: Colombia”, 1998, citado en el peritaje de Carlos Lauría rendido durante la audiencia pública del presente caso. Disponible en: https://cpj.org/es/2004/07/resumenes-por-pais.php

 

[2]           Cfr. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 97, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costars. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 83.

 

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Hoy, 25 de mayo de 2018, se cumplen 18 años de los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya Lima. La periodista lleva casi 20 años en una lucha incansable por alcanzar justicia.

La investigación de los hechos ha sido injustificablemente lenta y las autoridades han actuado de forma negligente. Los pocos avances en materia judicial se han dado por la tenacidad de la periodista en la búsqueda de verdad.

De acuerdo al expediente judicial, los autores materiales del delito son Mario Jaimes Mejía -alias Panadero-, Alejandro Cárdenas -alias J.J.- y Jesús Emiro Pereira -alias 'Huevo de Pizca'-. Hasta el momento solo se han producido dos condenas anticipadas contra Mario Jaimes Mejía por secuestro, tortura y acceso carnal violento, y en contra de Alejandro Cárdenas por los delitos de secuestro y tortura.

Estas decisiones judiciales son contribuciones muy pobres para las dimensiones de este crimen atroz. Aún es necesario determinar quiénes ordenaron y planearon estos graves delitos, y cuál fue su grado exacto de participación y responsabilidad.

 

En el marco de este mismo proceso y a más de 7 meses desde que la FLIP solicitara la condena de Jesús Emiro Pereira -alias 'Huevo de Pizca'- por secuestro, tortura y acceso carnal violento, y en contra de Alejandro Cárdenas por el delito de acceso carnal violento, no existe una decisión definitiva sobre el caso.

En estos 18 años, Bedoya  ha sido llamada a declarar sobre los mismos hechos en más de 17 oportunidades, sin que con ello se generen mayores aportes a la investigación. El obligar a la periodista a repetir lo que ya está consignado en el expediente dilata el proceso de forma injustificable y la revictimiza.

El caso de Jineth Bedoya ilustra los miles actos de violencia cometidos contra las mujeres periodistas en el marco del conflicto armado colombiano con el objetivo de silenciarlas. Ante la impunidad generalizada en estos crímenes su campaña #NoEsHoradeCallar brinda esperanza para la reivindicación de derechos de las mujeres.

Ante la ausencia de justicia en Colombia, la esperanza está hoy en la justicia internacional. En el 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos accedió a estudiar el caso y se dispone a presentar un informe de fondo sobre el caso en los próximos meses. Dicha instancia evaluará la responsabilidad del Estado Colombiano tanto en la comisión de los hechos como en la ausencia de cumplimiento en los estándares internacionales de justicia y verdad.

La FLIP reafirma su compromiso de acompañar a Jineth Bedoya en la búsqueda de la verdad y la justicia ante la comisión de los crímenes en su contra. La Fundación resalta la valentía con la que Bedoya ha enfrentado esta situación y reitera su voluntad de llevar este caso hasta las últimas instancias..

 

El 25 de mayo del 2000, Bedoya -quien en esa época trabaja como reportera en el diario El Espectador- se dirigía a entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ´Panadero´, en la cárcel Modelo de Bogotá. La periodista investigaba irregularidades en el centro penitenciario que incluyen la desaparición forzada de detenidos y enfrentamientos armados entre distintos grupos ilegales al interior del penal. Antes de entrar al centro penitenciario, fue secuestrada secuestrada torturada y violentada sexualmente. La reportera fue encontrada 16 horas después en un sector de la Vía al Llano. Su caso es emblemático para la libertad de prensa y los derechos de las mujeres.


No es Hora de Callar

El valor de la periodista durante estos años se ha materializado en la campaña “No es hora de callar”. Desde 2009, Bedoya incentiva a las mujeres víctimas de violencia sexual a que denuncien a sus agresores y compartan su experiencia como parte de un proceso de socialización en busca el empoderamiento y la confianza en que la voz de las mujeres debe ser escuchada. Por este trabajo, Bedoya ha sido víctima de constantes amenazas de muerte y estigmatizaciones por parte de grupos al margen de la ley.

Vea aquí más información sobre la campaña.



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En carta abierta dirigida a Juan Manuel Santos, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su profundo rechazo por la manera en que el Estado colombiano se está defendiendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia.

El pasado 22 y 23 de agosto en audiencia pública del caso en San José de Costa Rica, la representación del Estado mintió y manipuló información de manera temeraria, ofendió a las víctimas y actuó de forma contraria al principio de buena fe procesal.

Nelson Carvajal fue un periodista huilense asesinado en el municipio de Pitalito el 16 de abril de 1998 como consecuencia de su trabajo periodístico. Después de numerosas irregularidades en el proceso, el crimen se mantiene en impunidad. El caso finalmente llegó a la Corte Interamericana, la cual podría condenar a Colombia por el homicidio y declarar al país internacionalmente responsable por violar la libertad de expresión.

Para impedirlo, el Estado acudió a argumentos inaceptables.

Encuentre los detalles en esta carta. 

 

 

 

 

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