Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La FLIP alerta y expresa su preocupación por la censura que están sufriendo quince medios de comunicación como consecuencia del paro armado declarado por el Clan del Golfo. Periodistas de Antioquia y Córdoba han sido amenazados y hostigados por miembros de este grupo armado, que exige que no circule información sobre lo que sucede en los municipios afectados.

Las amenazas iniciaron anoche, 4 de mayo, cuando miembros del Clan del Golfo le exigieron difundir un panfleto a dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca antioqueño. Como medida de autoprotección ante la falta de garantías de seguridad, las seis emisoras comunitarias de la región decidieron dejar de transmitir su señal hasta que el paro armado termine.

En Montería, esta mañana tres hombres, presuntamente miembros del Clan del Golfo, amenazaron con incendiar la planta transmisora si no dejaba de emitir señal. Esta planta sirve a seis emisoras en Córdoba, Sucre, Atlántico, Antioquia y Bolívar. La planta tuvo que ser apagada y las emisoras permanecerán sin señal por al menos cuatro días. 

A esto se suma la amenaza que recibió un periodista de Córdoba, que salió a hacer cubrimiento en vivo y, como consecuencia, fue seguido por un hombre que lo intimidó con un arma de fuego. Según este mismo periodista, ninguna emisora de la ciudad está dando información relacionada con el paro armado. En Urabá, Antioquia, otros dos periodistas que realizaban reportería sobre el paro fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar. 

Esta censura directa afecta a la población, que se privará de tener información local durante el tiempo que el paro armado se mantenga. Además, también es preocupante la seguridad de los y las periodistas de los medios de estas regiones, que ya han sido amenazados y hostigados por intentar publicar noticias del paro.

Esta situación es muy preocupante, especialmente si se tiene en cuenta que el inicio de este 2022 ha sido uno de los más violentos para la prensa en la última década: en los primeros cuatro meses la FLIP ha documentado 199 casos de ataques a la prensa. También evidenciamos una relación entre los ataques y los temas que cubren los periodistas: en 52 casos los periodistas agredidos cubren temas relacionados con el conflicto armado. En total, en el 2022 la FLIP ha registrado en todo el país cuarenta agresiones a la prensa realizadas por actores armados ilegales

El departamento de Arauca es ejemplo de este recrudecimiento de la violencia. En los primeros cuatro meses de este año registramos 39 agresiones, en contraste con las 24 de todo el 2021; la mayoría de los ataques en este departamento provienen de grupos armados ilegales.

El periodismo se enfrentó a una situación similar en el 2018, cuando un paro armado decretado por el EPL en el Catatumbo, Norte de Santander, silenció a varios medios de comunicación en la región. Con este antecedente, se hace necesario que se tomen medidas para enfrentar esta censura. 

La FLIP hace un llamado al Ministerio de Defensa para que incluya dentro de las estrategias de protección planes focalizados para garantizar la seguridad de los y las periodistas de los departamentos en los que se está desarrollando el paro armado. También pedimos a las gobernaciones de Antioquia y Córdoba que discutan dentro de los consejos de seguridad acciones concretas para proteger a la prensa. Por último, instamos a la Unidad Nacional de Protección para que tenga en cuenta estos hechos dentro de las evaluaciones de riesgo de los y las periodistas que ya cuentan con protección, con el fin de reforzar o implementar medidas que salvaguarden su vida e integridad.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las amenazas en contra Jhanuarya Gómez, periodista de la página Informativo Segoviano. Miembros de bandas delincuenciales la hostigaron y le dieron 48 horas para salir de Segovia, municipio del Nordeste Antioqueño.

El 7 y el 13 de abril, Gómez compartió en la página de Facebook del medio notas acerca de la captura de unos presuntos traficantes de drogas y que, al parecer, están vinculados con el Clan del Golfo. Las publicaciones se hicieron con base en la información y fotografías ofrecidas por la Policía Nacional.

Después de esta publicación, la periodista recibió reiteradas amenazas. El 17 de abril, un hombre abordó a la hija de periodista -de trece años de edad- a la salida del colegio en donde estudia. El desconocido le dijo a la menor que tenía la orden de asesinar a su mamá.

Después de esto, recibió dos llamadas telefónicas el 19 de abril en las que le afirmaron que tenía que salir del municipio o habría un desenlace fatal. "No tenés tiempo pa' perder. Tenés 48 horas. Ábrete del pueblo. Te pusiste a publicar ‘huevonadas’ y calentaste el parche a los parceros. Por tu culpa los cogieron. Tenés 48 horas. Mirá a ver cuánto te queda", afirmó el autor de las amenazas. Debido a esto, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno de Segovia, la periodista se vio obligada a salir del municipio junto a su familia.

La Fundación rechaza estas amenazas de muerte y condena los actos de hostigamiento. La página Informativo Segoviano tiene un papel activo en la trasmisión de información local en toda la región.

Sumado a esto, la situación de seguridad para los periodistas en el Nordeste Antioqueño es preocupante. El año pasado, durante el paro minero que se desarrolló en agosto, dos periodistas tuvieron que desplazarse de sus municipios por las constantes amenazas y agresiones mientras hacían tareas de reportería.

La FLIP tuvo conocimiento de que la periodista  está esperando la implementación de medidas que le brindará la Unidad Nacional de Protección después de la realización de un estudio de emergencia. La FLIP espera que estas medidas sean integrales para atender la complejidad de la situación.

La Fundación solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos y dé con los responsables. Así mismo, la FLIP solicita a la Policía Nacional que acompañe a la periodista víctima de amenazas.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- informa a la opinión pública acerca de la existencia de una situación generalizada de censura contra la prensa impuesta por el Clan del Golfo en el Urabá antioqueño.

El pasado 27 de noviembre se llevó a cabo el sepelio de uno de los jefes del Clan del Golfo, alias “Inglaterra”, en el municipio de Carepa, Antioquia. En medio de la procesión hacia el cementerio, uno de los hermanos de “Inglaterra” hizo señalamientos en contra de los medios de comunicación. La FLIP conoció un video del momento en que éste arenga a la multitud diciendo: "Este país está como está por los medios de comunicación, porque ellos dicen 'digan esto' 'digan aquello', pero la verdad no la dicen (...) Esto está dirigido a la ley y a los medios”, afirmó.

Si bien estas arengas no constituyen en sí mismas amenazas directas, sí ubican en una situación de riesgo a los trabajadores de medios de comunicación locales. El contexto multitudinario, la fuerte presencia de integrantes del Clan del Golfo en el sepelio y el contexto de violencia, obligan a interpretar las palabras del hermano de “Inglaterra” como un acto para amedrentar a la prensa.

La fuerte presencia y control de organizaciones narcotraficantes y grupos paramilitares en la región imponen la autocensura y prohíben el cubrimiento de temas de relevancia pública. Las arengas lanzadas en el sepelio podrían ser interpretadas como una instigación, una invitación o una autorización a terceros para que ataquen a la prensa en el Urabá.

A la FLIP le preocupa la situación de seguridad de los periodistas que cubren orden público en los municipios de la región, especialmente en estos meses próximos a elecciones parlamentarias. Sumado a esto, no ha existido ninguna respuesta de las autoridades frente a esta grave situación. Han pasado tres semanas desde que se emitieron los señalamientos y aún la Alcaldía de Carepa y la Policía de ese municipio no han rechazado los hechos ni tomado acciones para proteger a los periodistas.

La FLIP hace un llamado a las autoridades a que tomen medidas para garantizar el ejercicio periodístico en el Urabá. La Fundación insta a la Defensoría del Pueblo a que haga un acompañamiento a los reporteros, a la Policía a que garantice la seguridad de los periodistas y especialmente a la Alcaldía a que públicamente condene estos señalamientos y active medidas preventivas ante esta situación para evitar futuras agresiones contra la prensa.  

El Urabá y el silencio

En los últimos años la FLIP ha documentado amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y obstrucciones a la prensa en la región del Urabá. Desde el 2010, la Fundación ha registrado 20 agresiones en la región. Una de ellas fue el asesinato del periodista Luis Eduardo Gómez por denunciar nexos paramilitares de políticos y funcionarios del noroccidente del país.

El Urabá ha estado silenciado durante años de conflicto. Según información de la FLIP, el 25% de la población de esa región vive hoy en municipios en silencio, lugares donde no existen medios de comunicación que produzcan noticias locales. Adicionalmente, en el Urabá el narcotráfico ha cooptado instancias de poder político y económico constituyéndose en un poder de facto que obstaculiza el libre flujo de ideas y de información.