Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Este 6 de octubre, la FLIP interpuso una demanda de reparación directa contra el Ejército y la Policía por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz, ocurrido el 13 de agosto del 2020. Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista. La FLIP, como representante de la familia de la víctima, ha logrado recolectar pruebas y testimonios que confirman que el Ejército disparó contra Liz mientras él cubría los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad Nasa en Corinto, Cauca.

Después de la muerte de Liz, el Ejército aseguró que los disparos contra el comunicador provenían de disidencias de las FARC. Sin embargo, de acuerdo con los análisis forenses, la FLIP puede afirmar que el proyectil que impactó al comunicador concuerda tanto en calibre como en marca con las armas de dotación oficial que estaba portando el Ejército el día del asesinato. Así mismo, las pruebas indican que ese día, durante los enfrentamientos de la fuerza pública con la comunidad, los grupos armados ilegales que operan en la zona no accionaron armas de fuego.

Sumado a esto, en la investigación se evidenció que la fuerza pública obstruyó en reiteradas ocasiones el paso de vehículos y personas que pretendían auxiliar al periodista cuando resultó herido. Miembros del Ejército y del ESMAD impidieron el paso del vehículo de atención médica del cabildo y apuntaron a las personas de la misión médica con un arma. La camioneta que finalmente pudo ingresar al lugar de los hechos para auxiliar a Liz llegó hasta allí porque se encontraba al otro lado de la carretera, donde no había presencia de la fuerza pública. Sin embargo, mientras trasladaban a los heridos al hospital de Corinto, este vehículo también fue agredido por uniformados.

En el departamento del Cauca, al igual que en otras regiones, existe un patrón de agresiones y estigmatizaciones por parte de agentes de la fuerza pública, en contra de  las y los comunicadores indígenas. En escenarios como los procesos de la Minga, estos ataques se presentan con mayor intensidad. 

El impacto colectivo que ha tenido este asesinato en el tejido de comunicaciones y los integrantes de la emisora es profundo. Durante los últimos dos años sus integrantes han sentido temor a ataques o estigmatizaciones, y se han visto obligados a acudir a la autocensura. Así mismo, ha habido una afectación en la comunidad, pues se silenció la voz de todo el pueblo Nasa que habita al norte del Cauca. Liz se formó como comunicador comunitario en el 2010 y desde el 2015 trabajaba en la emisora Nación Nasa de Corinto. Con su labor, visibilizó las luchas indígenas, los procesos culturales del pueblo Nasa y sus problemáticas sociales. Por esto, a través de la demanda esperamos que se reconozcan reparaciones simbólicas y colectivas para la comunidad. 

Dora Muñoz, coordinadora del Tejido de comunicaciones del Cabildo de Corinto, ha mencionado que “asesinar a un comunicador es [...] como asesinar a un sabedor espiritual, porque es intentar callar la voz de la comunidad. Es intentar callar todo este proceso de lucha y de denuncia que se ha venido caminando por varios años y que ha sido a través de estos comunicadores y comunicadoras indígenas”. 

En el 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación indígenas se realiza individualmente, pero también se manifiesta colectivamente debido a la particular forma de organización de las comunidades indígenas”. Además, para ese tribunal, a través de la comunicación los pueblos indígenas pueden ejercer otros derechos como la autonomía y la cultura. 

Por todo eso, la FLIP, como representante de la familia de Abelardo Liz, busca que el Estado colombiano establezca condiciones óptimas para que comunicadores y comunicadoras indígenas puedan ejercer su oficio sin ser víctimas de estigmatizaciones y hechos violentos por parte de la fuerza pública. 

En concreto, solicitamos que se ordene al Ejército y la Policía realizar un acto público de perdón que incluya un reconocimiento expreso de responsabilidad por el homicidio de Liz y por las afectaciones que con ello generaron en la libertad de expresión y en la comunicación indígena. También pedimos que estas dos instituciones expidan un protocolo que garantice y proteja el ejercicio de la libertad de expresión de los comunicadores indígenas, con esto se podrán emprender acciones preventivas. Finalmente también exigimos que se construya un monumento en Corinto que visibilice el liderazgo que tenía Liz en la comunidad como reportero indígena. 

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Después de dos años del asesinato de Abelardo Liz en Corinto, Cauca, las pruebas indican que un miembro del Ejército sería quien disparó al comunicador indígena. A pesar de que la investigación de la Fiscalía ha contado con largos periodos de inactividad, los recientes avances de la investigación penal apoyan esa hipótesis. A pesar de haber muerto ejerciendo su labor, la Fiscalía aún no formaliza dentro de la investigación la relación del crimen con el oficio. 

El comunicador Abelardo Liz hacía parte de la emisora Nación Nasa Estéreo en Corinto, al norte del Cauca. El 13 de agosto del 2020, fue impactado por armas de fuego mientras cubría un desalojo del Ejército a comuneros indígenas que participaban en la Liberación de la Madre Tierra en una zona rural de ese municipio. 

A pesar de que la Fiscalía inició la investigación de oficio, en el primer año no hubo avances. De los dos años transcurridos, solo durante cinco meses esta entidad emprendió acciones de acuerdo con los parámetros de rigurosidad, diligencia y exhaustividad planteados por distintos organismos internacionales de derechos humanos.

En los últimos tres meses, la Fiscalía ha practicado distintas pruebas, como testimonios, pruebas periciales y documentales, inclusive una inspección en el lugar de los hechos, para contrastar lo dicho en las distintas versiones (de la comunidad y del Ejército) sobre lo ocurrido. De ello, han surgido elementos de juicio que soportan la denuncia de la comunidad sobre la responsabilidad del Ejército en la muerte de Liz. También, que tanto el Ejército como el ESMAD impidieron el paso a la misión médica para que auxiliara al herido. 

Así, los resultados parciales de la investigación desvirtúan la versión del Ejército, que el día de los hechos afirmó que habría sido una herida causada por disparos de grupos disidentes. Es preocupante que hasta ahora no se conozca el avance del proceso disciplinario.

La FLIP solicita a la Fiscalía General de la Nación que formalice el vínculo de este crimen con el trabajo periodístico de Liz, así como el reconocimiento del impacto diferenciado de este homicidio sobre la libertad de expresión en general. Es fundamental que la Fiscalía continúe con los avances en la investigación, no únicamente bajo los impulsos solicitados por las víctimas y sus representantes. Debe haber un mensaje de urgencia para consolidar justicia en este caso, al encontrar el autor material y al reconocer el daño causado a la familia, la emisora indígena y a la comunidad.

La comunicación indígena está ligada a las luchas propias de los pueblos y es un vehículo para la participación comunitaria y la visibilización de sus necesidades y reclamos. Por ello, el silenciamiento de Abelardo Liz tuvo un impacto directo y amplio en la comunidad y en su lucha. Este caso es emblemático porque demuestra las falencias en la protección de la comunicación indígena.

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El 24 de abril de 2022, se cumplieron 13 años del asesinato de José Everardo Aguilar. Al momento de su muerte, tenía 72 años. Dejó diez hijos tras de sí y años de trabajo en el periodismo. En Radio Súper Popayán, en el Cauca, trabajó cerca de 10 años, en donde denunciaba la corrupción y cubría temas políticos. El 24 de abril de 2009, siete disparos sepultaron su voz, en el barrio Las Ferias, del municipio de Patía, Cauca. El asesino entró a su hogar haciéndose pasar por un mensajero que le traía fotografías y documentos. Ese día, José Everardo se encontraba con su esposa e hija. 

En la FLIP, no olvidamos a José Everardo Aguilar y su compromiso con la verdad y la comunidad. Gracias por recordar con nosotros. 

 

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El 14 de octubre de 2010, el comunicador y líder indígena Rodolfo Maya Aricape fue asesinado en Caloto, Cauca. Rodolfo era periodista de Radio Payumat, secretario del Cabildo Indígena de López Adentro e integrante de la Escuela del Tejido de Comunicaciones NASA ACIN.

 

Un periodista que rechazó la presencia de grupos armados en la región

Rodolfo era el penúltimo de los siete hijos de la familia Maya Aricape. A sus 12 años, dejó el municipio de Caldono, Cauca y, en compañía de dos de sus hermanas mayores, viajó a Bogotá para finalizar sus estudios de bachillerato. En la capital, trabajó como ayudante en una ensambladora de automóviles y en una carpintería. Sin embargo, tras 10 años lejos de su comunidad, regresó a Cauca para apoyar el proceso de organización indígena de su región.

Al volver a Cauca, Rodolfo integró el movimiento juvenil Álvaro Ulcué Chocué, una colectividad que buscaba posicionar a los jóvenes Nasa dentro de la esfera política en el municipio de Corinto, Cauca. Años más tarde, Rodolfo ingresó a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) como secretario del Cabildo Indígena del resguardo de López Adentro. A la vez,  se desempeñó como coordinador de la Escuela del Tejido de Comunicaciones y comunicador en Radio Payumat.

El liderazgo y compromiso con el que asumió la tarea de informar a la población, lo convirtió en un periodista reconocido dentro de la comunidad indígena Nasa. “Siempre estaba con su cámara capturando momentos en familia, tomando fotos y grabando en eventos y marchas. Una de sus motivaciones fue el apoyo de la comunidad frente a sus procesos de comunicación”, recuerda su hija, Xiomara Maya.

Desde 2009, Rodolfo estuvo liderando las comunicaciones del pueblo Nasa. Sus notas informativas y reportajes denunciaban la presencia de grupos armados en los territorios, el reclutamiento de jóvenes y la amenaza a líderes indígenas. “Era muy espontáneo al hablar, identificándose con el proceso de la comunidad. Por eso Rodolfo empezó a denunciar los atropellos del mismo gobierno y de los actores armados legales e ilegales que se disputaban el territorio”, señala su hermano, Diego Maya.

 

El silencio que dejó el conflicto

En septiembre de 2010, los pronunciamientos periodísticos de Rodolfo empezaron a generar malestar en los grupos armados que rodeaban la zona. Dos semanas antes de su muerte, Rodolfo recibió una amenaza en la que, además, fue señalado como miembro de la guerrilla. “En las paredes de un colegio del municipio, aparecieron unos escritos en los que lo señalaban de ser cabecilla de la guerrilla. Había un número de teléfono y una recompensa de 20 millones. Él alcanzó a denunciar este hecho”, cuenta el hermano del periodista. 

A pesar de que esta amenaza fue puesta en conocimiento de las autoridades, con 36 años, Rodolfo fue asesinado el jueves 14 de octubre de 2010, en Caloto, Cauca. Alrededor de las 4:30 p.m., dos sicarios que iban en una moto lo abordaron en la puerta de su casa y silenciaron su voz. Hoy, once años después de su asesinato, la Fiscalía continúa en indagaciones por su homicidio, pero nadie ha sido responsabilizado por el crimen

En la FLIP, no olvidamos a los comunicadores indígenas que, como Rodolfo, han sido asesinados por denunciar la violación de derechos humanos en sus comunidades y hacemos un llamado a la Fiscalía para que su caso no quede en la impunidad.

Gracias por recordar con nosotros. 

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La FLIP rechaza las agresiones y obstrucciones de las que fueron víctimas los periodistas Juan Ortega, Óscar Solarte y Kevin Acosta mientras cubrían las manifestaciones en Popayán el pasado 12 de mayo. Acosta fue fuertemente atacado por miembros de la Policía, mientras que Ortega y Solarte fueron agredidos por personas encapuchadas que participaban de la manifestación.

Por un lado, Acosta, quien trabaja para el medio digital Red Alterna, fue agredido por cerca de seis agentes de la Policía luego de que grabara a uno de los uniformados golpeando a un joven que participaba de la manifestación en el barrio El Pajonal de Popayán. El periodista le aseguró a la FLIP que inicialmente un agente motorizado le obstruyó el paso e intentó impedir que continuara con la transmisión. Luego, cerca de seis agentes lo rodearon, le intentaron quitar el celular, lo golpearon en su cabeza, brazos y pecho, y lo lanzaron al piso. Esta agresión se suma al ataque que recibió Acosta el 28 de abril por parte de agentes del ESMAD en el mismo escenario de cubrimiento y dadas las heridas de ese momento tuvo que recibir atención médica. En ambos casos el periodista se encontraba visiblemente identificado como prensa con chaleco, casco y credencial.

Reiteramos nuestro rechazo a las agresiones a la prensa por parte de la fuerza pública. En distintos videos se evidencia la desproporcionalidad del uso de la fuerza de los miembros de la Policía que golpearon fuertemente a Acosta. Insistimos en que la fuerza pública está obligada a proteger a la ciudadanía y garantizar el trabajo periodístico.

En lo corrido del paro nacional, la FLIP ha documentado 49 periodistas víctimas de agresiones por parte de la Policía. Los ataques más frecuentes son los disparos directos y las agresiones físicas como golpes con escudos o bolillos, patadas y puños.

La FLIP le solicita a la Policía Nacional y a la Procuraduría que inicien las investigaciones disciplinarias relacionadas con la agresión contra el periodista Kevin Acosta y contra todos los otros periodistas que han sido víctimas de agresiones por parte de uniformados.

Por otro lado, las agresiones contra Juan Ortega, del medio Periódico Virtual, y Óscar Solarte, del Diario Cauca y el Extra, sucedieron mientras cubrían la jornada de protestas en el parque Caldas, en el centro histórico de Popayán. Los dos periodistas fueron atacados por personas encapuchadas que se encontraban participando en la manifestación. Solarte reportó haber sido golpeado con canicas en su espalda y una pierna, mientras que Ortega fue intimidado por un hombre que se le acercó en varias ocasiones a decirle que dejara de grabar e intentó quitarle el celular luego que de que el periodista grabara a algunos manifestantes lanzando piedras a la fachada de la alcaldía.

Para la Fundación es preocupante que el escenario de protesta social esté siendo utilizado para debilitar uno de los pilares de las sociedades democráticas: la prensa libre e independiente. El derecho a la protesta y el derecho a informar y ser informados son fundamentales en la democracia.

El escenario de protestas se ha convertido en un ambiente hostil y violento para el ejercicio del periodismo. Con estos casos, son once los ataques contra la prensa ocurridos en Popayán registrados por la FLIP en el cubrimiento de las protestas desde el 28 de abril. Esto refleja un panorama de violencia contra la prensa durante estas jornadas.

La Fundación reitera su preocupación por la escalada de ataques contra los y las periodistas por lo que exige:

    • A los convocantes del paro y los dirigentes y figuras públicas de los movimientos sociales y partidos políticos que rechacen públicamente todo tipo de agresiones contra la prensa y así prevenir futuras agresiones.

    • Al Presidente Duque, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que rechacen públicamente los hechos violentos contra la prensa y que envíen un mensaje claro de cero tolerancia para los miembros de la fuerza pública involucrados en dichas agresiones.

    • Al Presidente Duque que tome acciones firmes y urgentes para la protección transversal de la prensa antes, durante y después de la manifestación social como se incorporó en el “Estatuto de protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Su ineficacia promueve decisiones editoriales hacia la autocensura, en perjuicio de los valores democráticos.

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El cubrimiento de la Minga Indígena ha dejado en lo corrido del año diez ataques contra la prensa en el departamento del Cauca. De ellas, cuatro agresiones provinieron de desconocidos y tres de la fuerza pública.

Las primeras agresiones se dieron en marzo. Dos periodistas fueron víctimas de obstrucción, agresión y retención arbitraria por parte de miembros del Esmad en Cajibío y otros tantos sufrieron obstrucciones e intimidaciones por parte de encapuchados mientras se dirigían a cubrir una rueda de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

La FLIP se pronunció en ambos casos y exigió garantías para la prensa por parte de las autoridades de ese departamento. Sin embargo, el miércoles 3 de abril se presentó una nueva violación a la libertad de prensa. Los periodistas Juan David Rodríguez de Colombia Informa y Richard Calpa de Radio 1040 fueron agredidos por los manifestantes que se encontraban frente a la sede del CRIC en la ciudad de Popayán, protestando por los bloqueos que se han presentando a raíz de la Minga llevada a cabo en el suroccidente del país. Además, ambos reporteros fueron víctimas de una obstrucción al trabajo periodístico por parte de agentes del Esmad.  

Rodríguez, quien estaba identificado con el chaleco del medio, asegura que miembros del Esmad lo señalaron de guerrillero, lo que provocó que los manifestantes lo insultaran, agredieran con piedras e intentaran quitarle la cámara, frente a la mirada indiferente del Esmad. Este tipo de señalamientos hacia la prensa, provenientes de funcionarios públicos, pueden, como sucedió en este caso, exponer a un mayor riesgo a lo periodistas de ser víctimas de conductas violentas en su contra.

Sobre esto, la La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  en su informe anual de 2010, señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística”.

Richard Calpa, también fue agredido con puños y patadas por los manifestantes, quienes, además, intentaron quitarle los equipos de grabación. Esto, después de que un miembro de la Policía cuestionara la veracidad de los logos del medio así como la labor del periodista.

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos o administrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares”.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y hace un llamado a la Policía Nacional y demás autoridades para que garanticen el cubrimiento periodístico de todo tipo de manifestaciones sociales. Es sumamente importante la labor de la prensa en este tipo de escenarios para que la ciudadanía reciba un flujo de información plural que le permita entender y participar en la discusión de estos temas de alto interés público.

Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a todos los manifestantes para que no se conviertan en agresores a la prensa. Todo acto de violencia es inadmisible independientemente de quien provenga y altera las condiciones para una deliberación pública libre y abierta.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la obstrucción e intimidación de la que fueron víctimas en el departamento del Cauca varios periodistas de medios locales y nacionales por parte de encapuchados mientras se dirigían a cubrir una rueda de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Dos de los periodistas manifestaron que al llegar al sector de La Agustina, jurisdicción de Santander de Quilichao, encapuchados no los dejaron avanzar y amenazaron con quemar los vehículos en los que se movilizaban si no se retiraban del lugar. En esta misma zona, el el 19 de marzo, fue asesinado un patrullero de la Policía Nacional en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Los periodistas aseguran que cuando fueron interceptados, informaron a los encapuchados que tenía autorización del CRIC para ingresar a la rueda de prensa. Sin embargo, tras las intimidaciones, los reporteros decidieron retirarse del lugar. Otros periodistas manifiestan que colegas y habitantes de la zona les informaron sobre los bloqueos y las presencia de encapuchados por lo que se abstuvieron de seguir avanzando.

Durante el 2018 y en lo que va del 2019 la Fundación ha registrado 18  ataques a la prensa durante el cubrimiento de manifestaciones. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que “los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones violan tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo —pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen—”.

En comunicación con la Policía del Cauca, la institución dio a conocer que los canales para denunciar este tipo de hechos están abiertos. La Fundación invita a los periodistas para que informen a las autoridades este tipo de situaciones y exhorta a estas instituciones para que adelanten las investigaciones correspondientes y brinden las garantías de seguridad necesarias para que los periodistas puedan desarrollar libremente su labor periodística.

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En las últimas horas del miércoles 1 de agosto los periodistas Valentín Tezada y Jairo Calderón fueron asesinados en Cauca y Valle del Cauca. El periodismo del suroccidente del país perdió dos voces en una misma noche.

Valentín Tezada Rúa se desempeñaba como locutor en la emisora comunitaria Salvajina Estéreo, del municipio de Suárez, Cauca. Desde hace más de trece años, Tezada trabajaba como comunicador en el municipio. Harold Ambuila, director de Salvajina Estéreo, afirmó a la FLIP que el locutor trabajaba en programas musicales.

Jairo Calderón Plazas era el director de la revista digital Contacto. El medio es una guía comercial y cultural del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Años atrás había trabajado como camarógrafo en el canal de televisión local Tuluá Centro Televisión. Carlos Guillermo Palomino, presidente de la Asociación de Periodistas y Líderes de Opinión de Tuluá, informó a la FLIP que la revista Contacto había tenido una edición impresa pero que actualmente publicaba en línea.

Los dos comunicadores fueron asesinados en la noche del miércoles 1 de agosto en circunstancias que aún no son claras. Según la información publicada por medios nacionales, Tezada recibió una llamada y salió a encontrarse con una persona a quien las autoridades aún no identifican. En un  parque cercano, le dispararon con arma de fuego. Por su parte, según la información que brindó el Mayor Julio Fernando Mora, comandante de Policía de Tuluá, Jairo Calderón se desplazaba en una motocicleta con su esposa, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon. Jairo acababa de firmar un documento relacionado con el alquiler de la moto que conducía.

Los dos homicidios se presentaron en municipios que han sido golpeados por la violencia. Suárez está ubicado en el norte del departamento del Cauca, en una región con alta extracción artesanal de oro. Además, esta región ha sido escenario para el desarrollo de cultivos ilícitos administrados por actores ilegales. Por su parte, Tuluá  está ubicada en el centro del Valle del Cauca y durante años el delito con mayor impacto ha sido el asesinato. Según cifras publicadas por el diario El País, solo en junio de este año se registraron 8 asesinatos en Tuluá, lo que representa una disminución del 20% en comparación a junio del 2017.

Estos escenarios pueden implicar riesgos para el desarrollo periodístico, en especial, si se tiene en cuenta el actuar de los distintos actores ilegales que consolidan un ambiente extremadamente hostil para el ejercicio de la libertad de expresión. En estas regiones la seguridad de periodistas es aún más frágil que en el resto del país, especialmente si se tiene en cuenta que cualquier manifestación de opinión de temas de interés puede ponerlos en riesgo frente a los actores que delinquen en el territorio.

Por lo anterior, la FLIP considera que la Fiscalía General de la Nación debe incluir dentro de sus investigaciones la hipótesis de que estos crímenes podrían estar relacionados con el oficio. La FLIP presentará solicitudes formales a los fiscales en tal sentido.

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En la madrugada del lunes 5 de marzo, Eider Campo Hurtado, comunicador y guardia indígena nasa, recibió impactos de bala que acabaron con su vida. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, a la media noche, cuatro hombres armados ingresaron a la casa del cabildo indígena de Pioyá en Caldono, Cauca, y liberaron a tres hombres detenidos por la guardia indígena, acusados ser presuntos informantes del Ejército.

Después de esto, cuenta el CRIC, comenzó una persecución de la guardia con el fin de recapturar a los acusados. De acuerdo con el relato de un miembro de una comunidad indígena del norte del Cauca, los implicados se dirigieron a la parte alta de Caldono y allí los hombres dispararon indiscriminadamente, impactando así el cuerpo de Campo.

La Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas –CONCIP– manifestó que Eider Campo ejercía labores comunicativas en el colectivo de comunicación Pelsxhab Stereo del Resguardo de Pioyá.

La Fundación exhorta a la Fiscalía General de la Nación a que investigue los hechos para dar con los responsables de esta lamentable situación. Además, la FLIP invita a la Unidad Nacional de Protección a que evalúe la situación de seguridad de los comunicadores de la emisora a la que pertenecía Campo.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en contra de las instalaciones de la emisora Renacer Kokonuko en el municipio de Puracé, Cauca.

El pasado viernes 3 de noviembre, a las 5:30 pm, agentes de la Policía Nacional y del ESMAD atacaron con piedras y gases lacrimógenos las instalaciones de la emisora indígena Renacer Kokonuko. Según Lucelida Quilindo, coordinadora de Renacer, los uniformados arremetieron contra las puertas, ventanas y el techo de las instalaciones. Los daños incluyen seis vidrios rotos y ocho tejas destruidas. Durante el ataque, que duró cerca de media hora, los dos comunicadores que se encontraban en la emisora tuvieron que protegerse y por unos minutos se vieron obligados a salir del aire.

Según información que conoció la FLIP, desde el medio día se desarrollaban confrontaciones entre la fuerza pública y comuneros en el predio de Aguas Tibias, donde el pasado 8 de octubre la comunicadora Efigenia Vásquez, fue asesinada. La emisora Renacer Kokonuko, además de la programación habitual, había estado compartiendo con sus oyentes el comunicado del cabildo en el que se convocaba a la comunidad a unirse a la manifestación. Los comuneros del resguardo reclaman la propiedad colectiva del predio Aguas Tibias, que actualmente está en poder de un privado.

No es la primera vez que el ESMAD ataca la emisora. En junio de este año, en una jornada de manifestaciones, agentes del ESMAD rodearon las instalaciones del medio e intentaron ingresar a la fuerza. Un mes después, también en el contexto de una protesta, la emisora se quedó sin energía eléctrica. Según los comunicadores y las autoridades, este corte fue ordenado por la Fuerza Pública para impedir el cubrimiento de la manifestación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, determinó que “es crucial para garantizar de manera adecuada el derecho de protesta y a manifestarse públicamente que se facilite la tarea de los periodistas, camarógrafos y reporteros que se encuentren ejerciendo sus labores en estos contextos y que no sufran actos de fuerza arbitrarios por parte de los funcionarios policiales o estatales ni el secuestro de sus materiales de trabajo y registro, en todos sus soportes”.

La FLIP solicita a la Policía Nacional que investigue los hechos ocurridos el pasado 3 de noviembre y que suspenda a los responsables de ataque contra la prensa en el Cauca. Además, es necesario que los agentes asuman una actitud de respeto a la prensa, en especial en el contexto de la protesta social.

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