Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

A lo largo de un año, el periodista Diego Peña ha sido víctima de acoso judicial por parte de funcionarios públicos del municipio de Donmatías, Antioquia. Además, ha sido amenazado en diferentes ocasiones. Desde hace dos meses, Peña no ha podido volver al municipio y tuvo que autocensurarse, en diciembre del 2022 cerró la página de Facebook en la cual publicaba información y opiniones sobre asuntos relevantes de esta región de Antioquia. 

En su página de Facebook, el periodista realizaba publicaciones críticas sobre las actuaciones de los funcionarios públicos de Donmatías. Peña es el único periodista que  investiga asuntos  de corrupción y uno de los dos comunicadores independientes del municipio. 

El año pasado siete funcionarios del municipio —concejales, empleados de la Alcaldía y directivos de un colegio público— interpusieron una queja en contra de Peña al considerar que las publicaciones que se referían a ellos incitaban a agresiones en su contra. Con esto, la inspectora de Policía Urbana le ordenó eliminar las notas y no volver a hablar sobre estas personas. Como consecuencia, Peña se vio obligado a cerrar su medio y a interponer una acción de tutela. El Juzgado Promiscuo Municipal de Toledo, Antioquia, falló a favor del periodista y advirtió sobre algunas irregularidades en el proceso policivo por la violación al derecho al debido proceso del periodista, además de la forma en cómo el procedimiento buscaba amordazar su derecho a la libertad de prensa. 

El periodista ha sido notificado de dos denuncias activas en su contra por los delitos de injuria y calumnia, iniciadas respectivamente por Catalina Cifuentes Pinillo, secretaria de Educación y Desarrollo Social de Donmatías, y Jairo Alonso Macías Berrio, presidente del Concejo de Donmatías. El pasado 24 de enero, en la audiencia de conciliación, Peña decidió no conciliar en ninguno de los dos casos y argumentó que sus publicaciones son de interés público. Además, la fiscal le informó al periodista de la existencia de otras cinco denuncias en su contra, presentadas por los mismos funcionarios públicos.

Por otro lado, el periodista ha sido víctima de situaciones intimidantes y amenazas en su contra. El 22 de diciembre de 2022, un desconocido lo abordó y le mostró un cartel que decía: “usted no puede volver a escribir, tiene que borrar todo y no puede volver a Donmatías. Efecto que lo matamos”. Esto se suma a las amenazas que ha recibido desde el 2019, cuando tuvo que exiliarse en México por un tiempo. 

Frente al acoso judicial, estos hechos constituyen una estrategia coordinada para atacar y hostigar al periodista a través de diferentes mecanismos jurídicos, con el fin de silenciar sus denuncias. Este caso cumple con las cinco características que estipuló la Corte Constitucional en su sentencia T-452 de 2022 para catalogar un caso como acoso judicial. Primero, que haya una intención de silenciar la expresión, en especial la de interés público. Segundo, que la parte demandante cuente con recursos económicos suficientes para costear el acceso a la justicia. Tercero, que exista un desequilibrio de poder entre las partes. Cuarto, que se formulen pretensiones desproporcionadas o imposibles de satisfacer. Y quinto, que se genere un efecto silenciador sobre el debate público.

Así mismo, es preocupante la falta de diligencia de la Policía del municipio, que no solo ha emprendido acciones que promueven la censura, sino que también ha omitido su deber de proteger a la prensa y a la ciudadanía. Peña informó a la FLIP que durante una audiencia a la que asistió, un desconocido le gritó que lo iba a matar, y a pesar de que el comandante de Policía tuvo conocimiento de esta amenaza, no emprendió ninguna acción para protegerlo. 

Frente a su situación de seguridad, es urgente que la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúe su nivel de riesgo de manera integral con el fin de proteger su integridad. Expresamos nuestra preocupación por las fallas en el funcionamiento del esquema de protección que le asignó el Departamento de Policía de Antioquia y que debería acompañarle en Medellín, pues solo ha hecho presencia en dos ocasiones. 

Desde la FLIP recordamos a los concejales, empleados de la Alcaldía y directivos del colegio público involucrados que en este caso se configura un ataque en contra del ejercicio periodístico local, pues mediante el abuso del uso de vías judiciales se busca callar una voz de veeduría a través del periodismo. Sin una vigorosa protección de la libertad de prensa, el sistema democrático y el pluralismo se debilitan. Precisamente, es su deber adoptar las medidas para la protección reforzada a la libertad de prensa en el municipio de Donmatías. 

La FLIP conoció que el pasado 19 de diciembre de 2022 el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia publicó en redes sociales un comunicado en el que hacían calificaciones estigmatizantes contra medios de comunicación. Los acusan de hacer un ejercicio “desmedido del derecho a informar” con “notas periodísticas suspicaces”, y tildan la libertad de información de los medios como una “injerencia indebida en sus decisiones -las de los funcionarios judiciales-”. Con esto, imponen la carga a medios de comunicación y periodistas de “predisponer a la ciudadanía e incitar a la ligereza en el ejercicio de los poderes disciplinarios”; además, los responsabilizan de “menoscabar la imagen de funcionarios públicos y del poder judicial”.

Estos señalamientos, que se hacen de manera generalizada y sin aportar ningún contexto, son, particularmente, problemáticos al provenir de una organización que asocia a funcionarios judiciales del departamento de Antioquia que, como funcionarios públicos, tienen un mayor compromiso social y ostentan una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de las personas.

Estas estigmatizaciones tienen el riesgo de impactar negativamente y de coartar la labor de aquellos medios de comunicación y periodistas que informan sobre el trabajo de los jueces y fiscales, es decir, sobre asuntos de alta relevancia para la ciudadanía, como lo son los seguimientos a los procesos judiciales en el departamento de Antioquia. Las publicaciones sobre estos temas y sus difusiones deben gozar de un amplio margen de apertura y sus restricciones deben ser excepcionales.

Por eso, hacemos un llamado al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia para que de manera constante, asuma como institución, y promueva en sus asociados, un discurso favorable para el ejercicio de la libertad de expresión. Asimismo, los invitamos a ofrecer públicamente un respaldo a la labor que desarrolla la prensa y a reconocer la importancia de la diversidad de opiniones y de pluralidad informativa para el mantenimiento de las sociedades democráticas. 

Lea aquí la carta completa enviada al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia.

El 11 de septiembre de 2013, el abogado y periodista Edison Alberto Molina Carmona fue asesinado cuando se dirigía hacia su residencia en Puerto Berrío, Antioquia. Desde la emisora Puerto Berrío Estéreo 89.4, Molina dirigía su programa Consultorio Jurídico, en el cual asesoraba a la comunidad en temas legales y hacía denuncias sobre la corrupción en el municipio.

Molina fue reconocido por promover la verdad y la transparencia del sector público. A través de su papel activo en el grupo, los “Enanos-Porteños” hizo veeduría al Concejo Municipal y a la administración (2012 - 2015) de Robinson Alberto Baena. Realizó cerca de 60 denuncias de tipo disciplinario y penal ante diferentes órganos de control. En estas revelaba el nombramiento irregular de algunos funcionarios que no cumplían los requisitos para ocupar sus cargos; también llamó la atención sobre la celebración indebida de contratos, corrupción en la Secretaría de Educación del municipio, entre otros. Por todo esto, Molina será recordado por su familia y amigos por ser la cara visible en contra de la corrupción. 

Antes de su asesinato, el periodista fue víctima de persecución, estigmatización, acoso, amenazas y ofensas por parte de anónimos y de funcionarios de la administración local. En 2013, el alcalde de Puerto Berrío afirmó, en una declaración ante los medios, que había que eliminar a quienes “andan en las redes sociales hablando tonterías, injurias, calumnias en contra de Robinson Baena”. Ese mismo mes, la oficina de Molina fue atacada con piedras que traían mensajes amenazantes: “deje trabajar gonorrea porque no ataca a otros. Se calla o lo callamos”.

Dos semanas antes de su muerte, Molina denunció las amenazas de las que fue víctima ante la Procuraduría y la Fiscalía, que informaron a la estación de Policía del municipio sobre la situación de riesgo del periodista y se solicitaron medidas de seguridad y protección preventiva. Sin embargo, la Policía nunca pasó revista ni a su oficina ni a su residencia. Además, la Fiscalía no llevó a cabo las investigaciones pertinentes para encontrar a los autores de las amenazas ni remitió el caso a la Unidad Nacional de Protección.

Molina y su esposa fueron atacados con armas de fuego en la noche del 11 de septiembre de 2013. Ambos fueron trasladados al hospital La Cruz de Puerto Berrío, Antioquia, pero el periodista llegó sin signos vitales. El homicidio generó repudio en los ciudadanos y temor en los comunicadores de la zona. 

Durante estos nueve años, la Fiscalía no ha ordenado la práctica de pruebas que impulsen el avance de la investigación para conocer los motivos del crimen y condenar a los autores intelectuales y materiales. Así mismo, la Procuraduría ha sido negligente en la investigación contra los funcionarios de la estación de Policía de Puerto Berrío que omitieron las medidas de protección que se habían otorgado a favor del periodista y que modificaron el Libro de Población de la estación del día en que asesinaron a Edison Molina.

En la siguiente línea de tiempo podrá conocer algunos de los hitos más importantes en la investigación del caso de Edison Alberto Molina Carmona. 

La FLIP celebra la decisión, de segunda instancia, del Tribunal Administrativo de Antioquia que declara la responsabilidad del Estado en el caso del homicidio del periodista Edison Molina. Esta decisión se tomó con base en la posición absolutamente pasiva que adoptó el Estado frente a la situación de peligro a la que se enfrentaba el comunicador; además, reconoce la relación del crimen con las denuncias periodísticas que hacía Molina. En primera instancia el juzgado 17 administrativo de Medellín había tomado una decisión en este sentido, pero esta fue apelada por la Fiscalía y la Policía.

Molina fue asesinado el 11 de septiembre del 2013 en Puerto Berrío, Antioquia. Meses antes del homicidio el periodista le había reportado a la Fiscalía las amenazas y agresiones de las que estaba siendo víctima. Sin embargo, esta entidad se limitó únicamente a ordenar que la Policía hiciera rondas de patrullaje; estas acciones fueron implementadas de oficio, pues nunca se hizo un estudio para evaluar el riesgo al que realmente se enfrentaba el comunicador. La Fiscalía tampoco realizó una investigación diligente para encontrar a los autores de las amenazas ni remitió el caso a la Unidad Nacional de Protección. Para el Tribunal, las medidas tomadas “evidentemente no se compadecían con la situación de seguridad” del comunicador.

La sentencia también reconoce que Molina antes de su muerte ejercía como periodista. Durante la investigación del caso, en algunos momentos, los investigadores de la Fiscalía afirmaron que él solo era un líder político, aún cuando la evidencia mostraba que Molina trabajó en la emisora Puerto Berrío Estéreo y realizó más de 60 denuncias sobre distintas irregularidades de la administración municipal. El fallo también reconoce la relación del homicidio con las investigaciones que el periodista llevaba a cabo; así, reitera el impacto individual y colectivo que tienen los asesinatos a la prensa en la libertad de expresión.

El próximo 11 de septiembre se cumplen nueve años del asesinato de Molina. Durante este tiempo, se ha fallado en el desarrollo de una investigación eficaz, impidiendo que se pueda sancionar a los autores del homicidio. El caso de Molina es reflejo de la completa impunidad en la que viven la mayoría de asesinatos contra periodistas en Colombia, donde en casi 8 de cada 10 casos no se ha judicializado a los autores materiales o determinadores. 

Por eso, a finales de marzo, la FLIP le solicitó a la Fiscalía implementar un Comité Técnico Jurídico, que evaluara el avance de la investigación del caso de Molina e identificara las fallas que no han permitido encontrar justicia. Esperamos que esta nueva sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia se traduzca en avances significativos por parte de la Fiscalía en la lucha contra la impunidad.

Por último, el tribunal ordenó que a modo de reparación se realice una ceremonia pública en Puerto Berrío, en la que la Policía y la Fiscalía ofrezcan excusas por no haber protegido debidamente la vida de Molina. También, en el mismo municipio, se deberá llevar a cabo un taller, seminario o cátedra sobre derechos humanos, con especial énfasis en la promoción y respeto por el derecho a la libertad de expresión, garantías de la oposición y defensa de derechos humanos.

Para la FLIP este fallo se posiciona como un importante precedente que debe ser tenido en cuenta por el Estado para establecer lineamientos adecuados sobre la protección a la prensa. Este caso refleja la falta de articulación institucional para atender casos de periodistas que reciben amenazas por razón de su oficio.

En los primeros cinco meses del año hay un aumento del 59% en amenazas contra medios y periodistas en comparación con el 2018. 

El 5 de mayo 15 medios de comunicación anunciaron su salida del aire. El motivo, amenazas de muerte de integrantes del Clan del Golfo durante el paro armado que decretaron ese mismo día. Cuatro meses atrás, un carro bomba fue detonado en Saravena, Arauca, y como consecuencia las sedes de dos medios de comunicación sufrieron daños estructurales. Durante los días siguientes, 16 periodistas del departamento recibieron amenazas. Estos hechos impactan de manera directa en la ciudadanía que deja de recibir información sobre lo que sucede.

Vea el balance en versión PDF aquí

Durante el 1 de enero y el 20 de mayo del 2022, la FLIP registró que 97 medios y periodistas fueron amenazados. Es decir que una o un reportero ha sido amenazado cada día y medio. En este mismo periodo en 2018, las últimas elecciones presidenciales, la FLIP registró 61 víctimas de amenazas.

Quienes amenazan a las y los periodistas suelen exigirles que eliminen algún contenido o que dejen de cubrir e investigar algún tema. En ciertos casos también se les ha demandado que publiquen información de grupos armados ilegales como panfletos. En otros casos, les ordenan que salgan del municipio en donde residen y realizan su trabajo. En lo que va del año, seis amenazas han derivado en desplazamientos forzados y exilios. 

Los medios en los que trabajan las y los periodistas que han sido amenazados son 37 medios digitales, 30 emisoras y cadenas radiales (17 de estas emisoras comunitarias), 10 medios televisivos y 5 medios impresos. 

Las ciudades donde los periodistas han sido amenazados son Medellín, Arauca ciudad, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Tunja, Florencia, Quibdó, San José del Guaviare, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Pereira, Barrancabermeja, Cali, Buenaventura.

Arauca y Bajo Cauca, las regiones más peligrosas

En el departamento de Arauca se presentaron 16 amenazas en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena. En Antioquia, se presentaron 9 casos, principalmente en Medellín y la región del Bajo Cauca antioqueño. Además, en Bogotá hubo 15 amenazas. 

Algunos de los municipios afectados tienen además una baja oferta de medios locales. Por lo tanto, basta con que tan solo un medio sea intimidado para que se produzca una reacción en cadena y otros medios también se atemoricen y se vean obligados a  autocensurarse. Esto trae como resultado el silencio informativo, que en zonas de conflicto o con problemas de orden público puede ser devastador tanto para la prensa como para la ciudadanía. 

La mayoría de las amenazas son realizadas por desconocidos (49 casos), grupos armados (25 casos) y particulares (7 casos). Cuando no se conoce la identidad de quien amenaza, no es posible identificar si este hace parte de algún grupo armado, una banda criminal o si es un particular. Por eso, en estos casos es más difícil desactivar el riesgo de la víctima, pues al no poder identificar al autor, también se desconoce cuál puede ser su capacidad de daño.

Durante el paro armado de mayo, el Clan del Golfo amenazó a dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca antioqueño para que publicaran un panfleto de este grupo ilegal. Como reacción, seis radios comunitarias decidieron salir del aire por los cuatro días que duró el paro. Además, en Córdoba el grupo armado exigió que se apagara la planta transmisora que servía a seis emisoras, y en el Urabá dos periodistas fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar.

Otro caso de censura por parte de grupos armados ocurrió el 9 de mayo cuando la periodista Salud Hernández fue hostigada, retenida, intimidada y obligada a abandonar Betulia y La Toma, en Cauca, donde realizaba reportería sobre la situación de seguridad. Hernández informó a la FLIP que primero fue detenida por personas que se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC y luego fue seguida y hostigada por personas que se identificaron como integrantes del Consejo Comunitario. En ambas situaciones la periodista tuvo que abandonar su cubrimiento periodístico. 

¿Qué investigaban las y los periodistas que fueron amenazados?

En 37 casos las amenazas estarían relacionadas con el cubrimiento del conflicto armado. En territorios en los que hay enfrentamientos con grupos armados es más riesgoso hablar de temas que afectan los intereses de personas que tienen un poder económico, social, político e, incluso, militar. 

Corrupción es el segundo tema que investigan quienes han sido amenazados, en total registramos 11 casos. Luego le siguen seguridad (9 casos), elecciones (9 casos) y manifestaciones sociales (5 casos). 

Este panorama de violencia contra la prensa se agrava por la falta de respuesta estatal, rechazo público y procuración de justicia. El Estado, a nivel nacional, departamental y local, no se ha enfocado en atender las necesidades y riesgos de la prensa. Por ejemplo, no se ha evidenciado una atención priorizada para activar rutas de protección a periodistas que son víctimas de amenazas. En el caso puntual de Arauca, según la información que tiene la FLIP, la Unidad Nacional de Protección no atendió por trámite de emergencia a los periodistas amenazados que solicitaron protección a pesar de la suficiente evidencia que existe sobre el riesgo y la necesidad de atender a esta población de manera prioritaria.

En lo corrido del 2022, la FLIP ha remitido a Fiscalía 12 casos de amenazas. De estos, hasta ahora no se conocen avances significativos en la investigación, lo que a su vez genera una pérdida de confianza de los y las periodistas víctimas, quienes prefieren no denunciar.

“La respuesta del Estado ante mi situación de seguridad ha sido supremamente lenta. Las denuncias se hicieron finalizando el mes de enero y hasta el momento ni la solicitud que hizo la Fiscalía, la Defensoría, personerías, organizaciones de derechos humanos, todos solicitaron las activación de medidas urgentes para mi caso y hasta la fecha [la UNP] no ha tramitado el caso con la urgencia que merece. No hay ningún interés por parte del gobierno para protegernos a los periodistas, es una cuestión de abandono, de olvido y de desidia”, periodista amenazado de Arauca.

“La respuesta del gobierno es llegar tarde a las zonas de conflicto. No estar en los lugares que deberían, es decir, las zonas apartadas, que es donde se generan más temas de comunicación. En las zonas urbanas la fuerza pública estuvo los últimos dos días del paro. ¿Y qué hacer? Ha quedado demostrado que en las zonas rurales los grupos ilegales tienen más poder que las fuerzas del Estado. Y a los medios nos toca arriesgarnos para poder informar, porque si no lo hago, no tengo trabajo”, periodista amenazado durante el paro armado del Clan del Golfo.

“No hubo ninguna respuesta ni respaldo gubernamental exigiendo respeto por los periodistas que investigamos el operativo militar en Putumayo, a pesar de que dentro de las personas que nos estigmatizaron hubo un candidato presidencial y varias figuras públicas. En general, creo que cuando hemos vivido episodios de violencia o intentos de censura a la prensa la respuesta del Estado es bastante pobre, porque se limitan a recordar las instancias de denuncia a las que podríamos acceder pero no hay pronunciamientos públicos en los que se exija respeto por ese mandato constitucional que nos cobija como periodistas”, periodista hostigada luego de investigar el operativo del Ejército en Putumayo.

El clima para ejercer el periodismo se ha deteriorado por este aumento de las amenazas contra reporteros y reporteras, y también se agudiza por un clima persistente de descrédito, muchas veces coordinado, que ha operado contra periodistas y medios especialmente en redes sociales durante la campaña electoral. A pesar de la gravedad de estos casos no ha habido un respaldo público a la labor de la prensa en momentos donde es crucial. 

El gobierno de Iván Duque no ha rechazado este tipo de ataques y no ha adoptado ninguna acción de contingencia. Otras figuras públicas, incluidos candidatos presidenciales, han generado un ambiente de permisividad y de hostilidad en contra de diferentes periodistas. Por ejemplo, el equipo que cubrió el operativo del Ejército en Alto Remanso, Putumayo, fue objeto de mensajes estigmatizantes por parte de diferentes figuras públicas. Posteriormente, los periodistas recibieron amenazas y mensajes hostigantes en las redes sociales. Todo esto desencadena un escenario de permisividad en el que los agresores no se judicializan y tienen libertad para continuar hostigando. Frente a esta escalada de ataques la prensa la FLIP insta a las autoridades a intensificar las medidas de protección para garantizar el trabajo de la prensa y hace un llamado para que el próximo gobierno incluya esta situación como una de sus acciones prioritarias.

La FLIP alerta y expresa su preocupación por la censura que están sufriendo quince medios de comunicación como consecuencia del paro armado declarado por el Clan del Golfo. Periodistas de Antioquia y Córdoba han sido amenazados y hostigados por miembros de este grupo armado, que exige que no circule información sobre lo que sucede en los municipios afectados.

Las amenazas iniciaron anoche, 4 de mayo, cuando miembros del Clan del Golfo le exigieron difundir un panfleto a dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca antioqueño. Como medida de autoprotección ante la falta de garantías de seguridad, las seis emisoras comunitarias de la región decidieron dejar de transmitir su señal hasta que el paro armado termine.

En Montería, esta mañana tres hombres, presuntamente miembros del Clan del Golfo, amenazaron con incendiar la planta transmisora si no dejaba de emitir señal. Esta planta sirve a seis emisoras en Córdoba, Sucre, Atlántico, Antioquia y Bolívar. La planta tuvo que ser apagada y las emisoras permanecerán sin señal por al menos cuatro días. 

A esto se suma la amenaza que recibió un periodista de Córdoba, que salió a hacer cubrimiento en vivo y, como consecuencia, fue seguido por un hombre que lo intimidó con un arma de fuego. Según este mismo periodista, ninguna emisora de la ciudad está dando información relacionada con el paro armado. En Urabá, Antioquia, otros dos periodistas que realizaban reportería sobre el paro fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar. 

Esta censura directa afecta a la población, que se privará de tener información local durante el tiempo que el paro armado se mantenga. Además, también es preocupante la seguridad de los y las periodistas de los medios de estas regiones, que ya han sido amenazados y hostigados por intentar publicar noticias del paro.

Esta situación es muy preocupante, especialmente si se tiene en cuenta que el inicio de este 2022 ha sido uno de los más violentos para la prensa en la última década: en los primeros cuatro meses la FLIP ha documentado 199 casos de ataques a la prensa. También evidenciamos una relación entre los ataques y los temas que cubren los periodistas: en 52 casos los periodistas agredidos cubren temas relacionados con el conflicto armado. En total, en el 2022 la FLIP ha registrado en todo el país cuarenta agresiones a la prensa realizadas por actores armados ilegales

El departamento de Arauca es ejemplo de este recrudecimiento de la violencia. En los primeros cuatro meses de este año registramos 39 agresiones, en contraste con las 24 de todo el 2021; la mayoría de los ataques en este departamento provienen de grupos armados ilegales.

El periodismo se enfrentó a una situación similar en el 2018, cuando un paro armado decretado por el EPL en el Catatumbo, Norte de Santander, silenció a varios medios de comunicación en la región. Con este antecedente, se hace necesario que se tomen medidas para enfrentar esta censura. 

La FLIP hace un llamado al Ministerio de Defensa para que incluya dentro de las estrategias de protección planes focalizados para garantizar la seguridad de los y las periodistas de los departamentos en los que se está desarrollando el paro armado. También pedimos a las gobernaciones de Antioquia y Córdoba que discutan dentro de los consejos de seguridad acciones concretas para proteger a la prensa. Por último, instamos a la Unidad Nacional de Protección para que tenga en cuenta estos hechos dentro de las evaluaciones de riesgo de los y las periodistas que ya cuentan con protección, con el fin de reforzar o implementar medidas que salvaguarden su vida e integridad.

A sus 36 años el periodista y escritor, Juan Gabriel Caro Montoya, había recorrido el mundo en busca de historias para sus reportajes, investigaciones y libros. Hoy, recordamos su trayectoria tras 32 años de su asesinato a manos de desconocidos.

Desde muy joven, Juan Gabriel salió del país para educarse en el exterior en ciudades como París, donde residió por dos años; luego se trasladó Roma, Italia. Allí, con 19 años, encontraría la manera de fusionar su pasión por la escritura y la actualidad: el periodismo. En su labor periodística trabajó para los periódicos italianos Noi Donne e Il Secolo. También hizo parte de la Asociación de Corresponsales Extranjeros, de la Agencia Slide Comunicación y fue corresponsal en Medio Oriente.  

Su trayectoria en Colombia estuvo relacionada con medios como El Siglo y el periódico El Mundo de Medellín, Antioquia donde se vinculó como columnista.  Además de contar con una amplia carrera literaria con la publicación de varios libros entre los que destacan: Los lobos en el Vaticano : los personajes y la organización que atentó contra la vida del Papa Juan Pablo II, La pensión de Marisa, Las siete vidas del bandido Josefo y Viaje hacia el olvido .

En 1989, la violencia en Colombia lo hizo regresar al país para escribir una serie de reportajes mientras visitaba a su familia en el municipio de Bello, Antioquia. De ahí, el periodista esperaba viajar a Centroamérica para escribir su próxima novela. Sin embargo, el proyecto se apagó el 17 de junio de ese año, cuando Juan Gabriel fue atacado por dos sujetos que le dispararon desde una motocicleta mientras departía con su hermano en un bar. 

En 2009, el caso prescribió ante la justicia colombiana y nadie fue judicializado por el crimen. Por ello el caso quedó en completa impunidad y se desconocen cuáles fueron los motivos que llevaron al asesinato del periodista.

Nuestro equipo FLIP no tuvo la oportunidad de contactar con amigos o familiares de Juan Gabriel. Si usted conoce a alguien que haya compartido con él, puede escribirnos al correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

En la FLIP no olvidamos a los periodistas asesinados en el país y su preocupación por contar lo que ocurre en Colombia. 

En el canal regional TeleAntioquia, Jorge León Vallejo Rendón se encargaba de organizar y producir la parrilla de contenidos. Hoy recordamos su asesinato, a manos de desconocidos, el 16 de junio de 1989. 

A sus 30 años, Jorge ya había fundado su propia programadora de televisión, Pasado-Meridiano. Esta se encargaba de producir un programa informativo sobre economía regional. Además, su relación con los medios de comunicación lo llevó a incursionar en la dirección de dos programas La Tertulia y Diario Económico. 

Según datos de la FLIP, un día antes de su muerte, Jorge fue sacado a la fuerza por tres hombres de las instalaciones de la programadora. Los sujetos se presentaron como miembros del F-2, anterior cuerpo de inteligencia de la Policía, y lo introdujeron en  un automóvil que les esperaba en el parqueadero. Al día siguiente, el cuerpo de Jorge fue encontrado sin vida con una herida de bala en la Loma del Escobero, una zona boscosa cercana al municipio de Envigado, Antioquia. 

De acuerdo con la información consignada en el libro La Censura del Fuego, no se tenía registro de amenazas en contra del periodista o de su familia. En 2009 el caso prescribió sin que nadie fuera judicializado por el asesinato al cumplirse el plazo que tiene la justicia para presentar las conclusiones de sus investigaciones. Tras 32 años de su muerte, los autores y móviles del crimen continúan sin ser identificados.

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactarse con familiares o colegas de Jorge León Vallejo Rendón. Si usted tuvo la oportunidad de conocerlo o sabe de alguien que pueda darnos pistas de quién trató con él, puede escribirnos al correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

En la FLIP no olvidamos los asesinatos en contra de los equipos periodísticos que hacen posible la circulación de información en las diferentes regiones del país.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las amenazas en contra Jhanuarya Gómez, periodista de la página Informativo Segoviano. Miembros de bandas delincuenciales la hostigaron y le dieron 48 horas para salir de Segovia, municipio del Nordeste Antioqueño.

El 7 y el 13 de abril, Gómez compartió en la página de Facebook del medio notas acerca de la captura de unos presuntos traficantes de drogas y que, al parecer, están vinculados con el Clan del Golfo. Las publicaciones se hicieron con base en la información y fotografías ofrecidas por la Policía Nacional.

Después de esta publicación, la periodista recibió reiteradas amenazas. El 17 de abril, un hombre abordó a la hija de periodista -de trece años de edad- a la salida del colegio en donde estudia. El desconocido le dijo a la menor que tenía la orden de asesinar a su mamá.

Después de esto, recibió dos llamadas telefónicas el 19 de abril en las que le afirmaron que tenía que salir del municipio o habría un desenlace fatal. "No tenés tiempo pa' perder. Tenés 48 horas. Ábrete del pueblo. Te pusiste a publicar ‘huevonadas’ y calentaste el parche a los parceros. Por tu culpa los cogieron. Tenés 48 horas. Mirá a ver cuánto te queda", afirmó el autor de las amenazas. Debido a esto, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno de Segovia, la periodista se vio obligada a salir del municipio junto a su familia.

La Fundación rechaza estas amenazas de muerte y condena los actos de hostigamiento. La página Informativo Segoviano tiene un papel activo en la trasmisión de información local en toda la región.

Sumado a esto, la situación de seguridad para los periodistas en el Nordeste Antioqueño es preocupante. El año pasado, durante el paro minero que se desarrolló en agosto, dos periodistas tuvieron que desplazarse de sus municipios por las constantes amenazas y agresiones mientras hacían tareas de reportería.

La FLIP tuvo conocimiento de que la periodista  está esperando la implementación de medidas que le brindará la Unidad Nacional de Protección después de la realización de un estudio de emergencia. La FLIP espera que estas medidas sean integrales para atender la complejidad de la situación.

La Fundación solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos y dé con los responsables. Así mismo, la FLIP solicita a la Policía Nacional que acompañe a la periodista víctima de amenazas.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la violencia en contra de periodistas durante el paro minero en los municipios de Segovia y Remedios, Antioquia.

La FLIP tuvo conocimiento de actos de censura en contra de la prensa en el cubrimiento del paro minero que lleva más de un mes en el Nordeste antioqueño. Se han reportado amenazas y agresiones por parte de distintos actores, civiles y estatales, en el marco de las jornadas de protesta.

Mientras realizaba su trabajo como corresponsal de Teleantioquia Noticias en el Nordeste antioqueño, Francisco Pérez recibió amenazas, agresiones con piedras e intimidaciones por parte de encapuchados. También, agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) intentaron quitarle la cámara y lo tildaron de ser revoltoso y hostigador. Además, el periodista afirma que entre los manifestantes se difundió información falsa en la que se aseguraba que él era un activo opositor del paro. Esto incrementó el riesgo de Pérez quien fue forzado a huir de su residencia en Remedios.

Pero estas agresiones no se han dado únicamente en contra de periodistas que viven en la región. Según información recibida por la FLIP, reporteros de distintos medios regionales y nacionales que se han desplazado al Nordeste también han sido censurados. Personas que hacían parte de las manifestaciones les han impedido tomar fotografías y videos y han intimidado a los periodistas.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de libertad de prensa en Remedios y Segovia. La Fundación hace un llamado a los líderes del paro minero para que promuevan el respeto a la prensa y para que transmitan un discurso favorable a la libertad de expresión y de tolerancia a la crítica.

La censura no puede ser la regla en el debate público sobre la conveniencia o inconveniencia de las actividades mineras en los territorios de Colombia. En abril, durante un conversatorio acerca de los impactos de la minería en el Suroeste de Antioquia en el municipio de Támesis, dos periodistas fueron intimidados, amenazados y obligados a salir del lugar donde se desarrollaba la actividad por las presiones de los asistentes.

La Fundación solicita a la Policía Nacional que investigue los hechos en los que agentes intimidaron y señalaron al corresponsal de Teleantioquia. La FLIP invita a los alcaldes de los municipios del Nordeste antioqueño a que presten especial atención a la vulneración de la libertad de prensa en la región y a que ofrezcan las garantías para un cubrimiento periodístico robusto y plural sobre el impacto de las operaciones mineras en curso.