Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra del equipo periodístico de RCN Radio y les solicita a las autoridades que investiguen y sancionen a los responsables de estos hechos.

Este lunes 16 de julio los periodistas de RCN Radio, Jorge Espinosa, Yolanda Ruiz y Juan Pablo Latorre, recibieron una amenaza al máster de la emisora durante el informativo de la mañana. Cuando los reporteros informaban sobre las intimidaciones contra Jineth Bedoya, María Jimena Duzán y los periodistas de La Silla vacía, ocurridas el 14 y el 15 de julio, un hombre que se identificó como alias “Nini” llamó a intimidar a los reporteros.

Según la persona que respondió la llamada, un hombre que se identificó como “Nini”, miembro del ELN, le dijo “Dígale a Espinosa que tiene 72 horas para callarse la boca y dejar de estar hablando de las organizaciones. Y también a Juan Pablo”. Luego, el desconocido agregó “y eso que la vieja que está hablando me cae mejor”, refiriéndose a Yolanda Ruíz, la directora del informativo.  Horas después, el ELN emitió un comunicado negando su vinculación con esta amenaza.

Esta amenaza guarda coincidencias y podría estar conectada con otra intimidación recibida por miembros de RCN Radio en Santander. El pasado 5 de junio Nelson Cipagauta, Slendy Blanco y Melissa Munera, periodistas de la filial de RCN en Bucaramanga, también recibieron una llamada al máster por parte de un hombre que se identificó como alias “Nini”. El desconocido los amenazó con declararlos objetivo militar si denunciaban en la emisora una limpieza social que adelantaría el grupo armado.

La FLIP reitera su preocupación por el aumento en las amenazas contra los periodistas en Colombia y le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad de los periodistas amenazados.

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a los responsables de estos hechos, en especial al desconocido que se identifica como alias “Nini, para dar con su paradero y poder adelantar las sanciones judiciales a las que haya lugar.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de las reporteras y La Silla Vacía por el desarrollo de su labor periodística. Les exigimos a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

Este sábado 14 de julio fue difundido un panfleto firmado por el Bloque Central de Las Águilas Negras en el que Jineth Bedoya y los periodistas de La Silla Vacía fueron estigmatizados como guerrilleros y declarados objetivo militar. El grupo criminal emitió la siguiente amenaza: “Esta vez no estamos jugando, a partir de la fecha procedemos a la ejecución total de nuestras advertencias por varios años y que no fueron escuchadas por estos milicianos guerrilleros disfrazados de supuestos líderes y lideresas sociales”. Junto a los nombres de los periodistas aparecen también los de otros activistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y sindicalistas.

El domingo 15 de julio la periodista María Jimena Duzán recibió una amenaza a través de la cuenta de twitter @Gustavo68831299. El desconocido que se hace llamar LíederSocialSigloXXI le envió el siguiente mensaje a la reportera: “la verdad colombianos hagan patria esta sra @MJDuzan deber ser violada, escupuda, pucada con motosierra y cokgada eln plaza Bolivar, hagan honor al nombre de paramilitares.”

Teniendo en cuenta la dificultad que han tenido las autoridades para investigar este tipo de amenazas transmitidas a través de internet, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que solicite el apoyo de expertos en delitos informáticos de otros países para dar con el paradero de los responsables de estas intimidaciones y que reciban las sanciones judiciales correspondientes.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos, debido a que, en el caso de Jineth Bedoya y los periodistas de La Silla Vacía, los agresores sentenciaron: “Para nuestra organización no existe ningún esquema de seguridad que nos impida proceder y ejecutar a cada uno de estos guerrilleros”. Por lo anterior, la Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad de los periodistas amenazados a través de internet.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el incremento en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones.

En lo corrido de 2018 la FLIP ha registrado un aumento en el número de amenazas contra periodistas con respecto al año anterior. Mientras que para julio de 2017 la Fundación había documentado 65 casos de amenazas, en este 2018 se han reportado 89. Estas cifras acentúan una tendencia preocupante: en los últimos años se ha registrado un aumento considerable en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. Mientras que en el año 2015 la FLIP documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129.

Esto sucede en paralelo al aumento en el número de asesinatos a líderes sociales en el país. En lo corrido del año han sido asesinados más de 100 personas en sus territorios. Varios de esos homicidios han sido crímenes contra la libertad de expresión.

La FLIP ha reportado los casos de amenaza ante la UNP. Sin embargo, en muchas ocasiones la entidad no ha sido lo suficientemente diligente para atender el riesgo al que están expuestos los reporteros. Paralelo al aumento de las amenazas, la FLIP ha registrado con preocupación el desmonte de esquemas de protección de periodistas que se encuentran amenazados y los trámites de casos en la UNP no se están haciendo acordes al nivel de urgencia de la situación.  

Casos de periodistas que requieren protección urgente del Estado

Ricardo Ruidíaz es un periodista y activista que ha enfocado sus esfuerzos en denunciar la trata de menores por parte de estructuras al margen de la ley y de visibilizar las amenazas y los asesinatos en contra de líderes sociales en la región del Magdalena Medio. A pesar de que este reportero ha denunciado diez intimidaciones contra su vida solo en el último año, el pasado 18 de junio la UNP decidió disminuir su esquema de protección, hecho que vulnera considerablemente las condiciones de seguridad del reportero.

Situación similar enfrenta la reportera Catalina Vásquez, quien desarrolla su labor periodística y de defensa de los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín. A pesar de que el pasado cinco de julio la FLIP solicitó a la UNP medidas de protección por trámite de emergencia para la periodista por los asesinatos de los que han sido víctimas algunas fuentes cercanas a ella en este sector de Medellín, la entidad no ha atendido al llamado de urgencia y Vásquez continúa expuesta al riesgo derivado de sus labores en el territorio.

De igual forma, la periodista Jhanuaria Gómez tuvo que desplazarse del municipio de Segovia, Antioquia, a raíz de las amenazas que estaba recibiendo por el desarrollo de su labor periodística. La reportera se dedica a investigar acciones irregulares alrededor de la actividad minera y hace pedagogía con las comunidades sobre las consecuencias que tiene para el ambiente. Actualmente la reportera se encuentra sin protección por parte de la UNP y su situación de vulnerabilidad es alta.

Otro caso preocupante es el de la periodista Laura Montoya, quien el pasado viernes 6 de julio fue víctima de amenazas a través de una llamada telefónica mientras promovía una manifestación en Mocoa, Putumayo, para rechazar el asesinato de líderes sociales. La UNP tuvo conocimiento de estos hechos y solicitó medidas de protección por trámite de emergencia para proteger a la reportera. Sin embargo, la entidad aún no ha atendido el llamado.

Es importante resaltar, adicionalmente, que en estos tres últimos casos hubo agravantes por razones de género. Gómez recibió una de las amenazas a través de su hija, Vásquez ha sido víctima de insultos y tratos denigrantes y, aunque no hay registro de violencia por razones de género en contra de Montoya, es urgente que la UNP tenga en cuenta estos factores al momento de actuar para procurar la seguridad de estas reporteras y sus familias. 

Frente a la situación crítica que enfrenta el país por el asesinato de defensores de derechos humanos y amenazas a periodistas, la FLIP expresa su preocupación por la ausencia de acciones efectivas por parte de la UNP para garantizar la protección de quienes se encuentran en riesgo. La Fundación solicita al gobierno nacional redoblar sus esfuerzos con el fin de brindar medidas efectivas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen la labor periodística.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- exige a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección garantizar la vida e integridad de Ricardo Ruidíaz, periodista de Colmundo Radio, quien recientemente ha sido amenazado por su trabajo en el Magdalena Medio.

Ruidíaz, quien reside en Bogotá, en las últimas dos semanas ha recibido nuevas amenazas en su contra por parte de desconocidos que le advierten que no puede visitar Barrancabermeja ni el corregimiento El Llanito. Desde hace meses, el periodista ha acompañado a líderes ambientales locales y ha hecho cubrimiento mediático  de la situación en el Magdalena Medio. La FLIP ha registrado 7* llamadas amenazantes en contra de Ruidíaz en los últimos días.

La comunidad de El Llanito y distintos líderes sociales convocaron a una manifestación pacífica en Barrancabermeja este martes 10 de abril para manifestar su inconformidad con la situación ambiental actual y el impacto de la minería en la región. Ruidíaz acompañó esta convocatoria y además hará el registro periodístico de los hechos.

Vea también: Periodista de Colmundo Radio recibió amenazas en vivo.

La más reciente ocurrió ayer 9 de abril. El periodista y defensor de derechos humanos se encontraba en un café de Barrancabermeja y un hombre lo llamó y le dijo: “Mire periodista hijueputa, siga tomando café tranquilo ahí en el centro comercial, que mañana le vamos a lanzar una bomba a la marcha”.

La Fundación informó a la UNP y a la Policía Nacional del viaje que emprendía Ruidíaz a pesar de las amenazas en su contra. La Policía se comprometió a hacer acompañamiento a Ruidíaz durante su visita a Barrancabermeja. Sin embargo, el manifiesta que la entidad no le está brindando protección. Mientras tanto, las amenazas continúan.

Si bien en noviembre de 2017 la UNP implementó un esquema de protección a Ruidíaz, la FLIP considera que estas medidas deberían fortalecerse teniendo en cuenta el alto riesgo al que se ve expuesto el periodista.

La FLIP expresa su preocupación por esta situación que pone en riesgo la integridad y la vida del reportero. Es inaceptable que la Policía de Barrancabermeja no esté tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Ruidíaz teniendo pleno conocimiento de una amenaza específica para atentar contra la vida del periodista el día de hoy.

La Fundación exige a la Policía Nacional y a la UNP que actuar inmediatamente para la protección de Ruidíaz en Barrancabermeja.

*Las amenazas:

En el 2017 la Fundación registró seis amenazas y hostigamientos en contra de Ruidíaz.

En lo corrido de 2018, la FLIP había registrado un hostigamiento en su contra que no estaba relacionado con la problemática ambiental en el Magdalena Medio.

Después de una visita de Ruidíaz a Barrancabermeja, la FLIP ha registrado siete llamadas amenazantes incluida la del pasado 9 de abril.

 

El 24 y 25 de marzo, Ricardo Ruidíaz recibió tres llamadas en las que lo amenazaron de muerte y le advirtieron que no se desplazara a Barrancabermeja y al Magdalena Medio. En la primera llamada le dijeron: “¿Aló?. Buenas. ¿Ricardo Ruiz Diaz? Vea, periodista hijueputa  no se aparezca más por acá por Barranca ni por el Llanito. ¿Oyó, gonorrea? No se vuelva a
venir más por acá, ¿oyó, hijueputa?. deje de estar haciendo marchas y toda esa vaina. Lárguese. No lo queremos ver más por acá". En las otras dos le advierten que "si se aparece en El Llanito y en Barranca le dan de baja".

Luego, el 27 de marzo, Ruidíaz volvió a recibir una amenaza. El periodista estaba en su vivienda y recibió una llamada en la que hicieron referencia al sector donde reside y además le dijeron: "Mire, periodista hijueputa, gonorrea, no lo queremos ver más en Barranca ni mucho menos en El Llanito. Si no lo bajamos allá en Bogotá, aquí sí pelamos. ¿Oyó, gonorrea, sapo, hijueputa?".

El día siguiente, 28 de marzo, el periodista recibió una nueva llamada que afecta su seguridad.  Ruidíaz se encontraba en una reunión en Chapinero, en Bogotá y una mujer lo llamó y le dijo: "Gonorrea, está parqueado en Chapinero".

El 2 de abril Ruidíaz recibió dos nuevas llamadas amenazantes. En las dos un hombre lo insultó y le dijo que no podía aparecerse en Barrancabermeja ni en El Llanito. Minutos después de la segunda llamada, Ruidíaz conoció que un líder ambiental de El Llanito acababa de ser amenazado por un hombre que le advertía que no siguiera con el asunto de la marcha.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas de las que fue víctima el periodista ambiental y les solicita a las autoridades responsables de la seguridad de los reporteros que proporcionen las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de labor periodística de Castaño.

El jueves primero de marzo el reportero fue amenazado a través del siguiente mensaje en Twitter: "@MONOCASTAO Abrite de acá con tus denuncias, pirobo, dejá explotar la naturaleza que pa eso es, capitalismo siempre. Ayer te vimos pagando en la Comercial Papelera, cuidado sigues azarando el parche" (sic). El trino fue publicado por el usuario @RodrigoDuet8, quien se identifica en Twitter como Rodrigo Duarte.

La intimidación se produjo luego de que el 28 de febrero Castaño publicara un artículo en los portales Mongaybay y Natural Press, en los que denuncia el asesinato sistemático de líderes ambientales, indígenas y sociales en Colombia durante 2017. El artículo, además, señala la falta de atención a esta problemática por parte del gobierno y hace un recuento de los últimos asesinatos sistemáticos de líderes regionales.

Alberto Castaño, director de Natural Press, ha trabajado durante varios años en denuncias sobre problemáticas ambientales que afectan a comunidades vulnerables. Estas investigaciones, que pueden afectar los intereses de empresas, funcionarios y grupos ilegales; podrían representar un riesgo inminente para el desarrollo de la labor periodística del reportero.

La FLIP hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que inicie el estudio de nivel de riesgo del periodista con el fin de determinar las medidas necesarias para la protección de su vida y su integridad.

La Fundación le solicita al área de delitos informáticos de la Policía Nacional que a través del usuario en Twitter identifique al agresor para dar con su paradero. En ese mismo sentido, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que investigue el origen de esta amenaza y sancione al responsable de este hecho.

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El periodista Carlos Figueroa denunció haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de personas de notoriedad pública en la ciudad de Cartagena.

Figueroa lidera un portal de noticias llamado “Ideas Políticas” especializado en cubrir temas del poder político y económico de esa ciudad. Recientemente Figueroa había informado acerca de la captura de la concejal de Cartagena, Angélica Hodeg, actualmente investigada por presuntos hechos de corrupción.

En la madrugada del 24 de diciembre, Figueroa se encontraba departiendo con un grupo de amigos en el bar “vueltabajero”, cuando fue abordado por Raúl Fernández, funcionario de la Gobernación del Bolívar. Según la denuncia, Fernández señaló al periodista mientras le decía a un acompañante “mira, este es el que habla mierda de Angélica”.

El acompañante se acercó a Figueroa y se identificó como Oscar Mauricio Echeverry, esposo de la concejal Hodeg. “Ahora sí, habla toda mierda que hablas de mi esposa,” dijo. “Te vas a llevar tres tiros”. Acto seguido, Echeverry se levantó la camisa y enseñó a los presentes un revolver que cargaba en el cinto.   

Después de la amenaza, Figueroa y sus acompañantes, entre quienes se encontraba una periodista de un noticiero de un canal de televisión nacional, huyeron del lugar. La Fundación habló con otras personas presentes esa noche quienes confirmaron la veracidad de la denuncia de Figueroa.

Durante la huida, Fernández y Echeverry increparon a los acompañantes de Figueroa: “periodistas payasos!”, habría gritado el funcionario de la Gobernación. A la vez, una tercera persona no identificada que se encontraba con Fernández y con Echeverry amagó con arrojar una botella de vidrio contra los agredidos.

Hoy, 26 de diciembre, la FLIP intentó comunicarse telefónicamente con la oficina de prensa de la Gobernación de Bolívar para conocer su versión de los hechos pero no hubo una respuesta inmediata.

El 25 de diciembre Figueroa interpuso la denuncia de los hechos ante la Fiscalía General de la Nación. El periodista fue contactado por familiares de Angélica Hodeg quienes dijeron que Echeverry ya no tenía ningún vínculo con la concejal y se mostraron solidarios con el reportero.

La FLIP condena esta amenaza de muerte que afecta el derecho de los periodistas cartageneros a informar libremente, así como el derecho de los ciudadanos de Cartagena a estar informados sobre hechos de relevancia pública, como lo es la captura de la concejal. Así mismo, la Fundación solicita a la Fiscalía que investigue a los autores de estas amenazas y a la Procuraduría General de la Nación a que suspenda temporalmente al funcionario de la Gobernación mientras investiga los hechos.

Así mismo, como un acto preventivo de nuevos hechos de violencia, la FLIP le solicita al señor Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, que condene públicamente y de manera categórica estos hechos y retire de su cargo al funcionario involucrado en la agresión.

 

Como ya lo denunció la FLIP en días pasados, los funcionarios públicos se sitúan entre los principales agresores a la prensa en el país. De cara a la campaña electoral, y con el ánimo de ofrecer más herramientas para que la ciudadanía tome decisiones informadas, es urgente que las autoridades y la ciudadanía exijan más garantías para el periodismo en Colombia.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por el clima adverso para la libertad de expresión que se está consolidando con relación a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año en Colombia.

 

En el 2015 se registraron 147 agresiones contra la libertad de prensa. Esta cifra aumentó en el 2016 a 216 y, a pocos días de que termine el 2017, la FLIP ya ha registrado 300 ataques. El aumento en amenazas es alarmante. El año pasado 89 periodistas fueron amenazados, este año la cifra ya supera los 130. Esto representa un aumento del 32 % en un año.

Las agresiones contra la prensa cometidas por funcionarios públicos y políticos también han aumentado. En lo corrido del año se han documentado 70 de estos ataques. Esto es el 25% de la totalidad de agresiones documentadas por la FLIP. La agresión más frecuente de funcionarios es la estigmatización. Este año van 24 casos. Estos hechos convierten a los servidores públicos en uno de los mayores agresores de la libertad de expresión en Colombia por encima de los grupos armados ilegales.

En el periodo electoral que se aproxima es crucial garantizar que la deliberación pública transcurra sin restricciones ni presiones para un voto informado. La FLIP considera que este debate electoral podría verse contaminado por un ambiente de agresiones contra los medios y estigmatizaciones difundidas masivamente a través de internet.  

De manera creciente, funcionarios y políticos y otros líderes públicos, están encontrando réditos políticos en estigmatizar y señalar de manera violenta a quienes opinan e informan a través de medios de comunicación. Esta actitud es una característica trazable en todas las tendencias ideológicas que participan de la contienda electoral y pone en riesgo a periodistas en todas las regiones de Colombia.

La FLIP hace un llamado a los partidos políticos y a los candidatos a cargos de elección popular a que se abstengan de hacer señalamientos estigmatizantes contra los medios y el trabajo periodístico. Así mismo, a que respondan a las críticas de manera responsable velando porque sus declaraciones no limiten la libertad de expresión de quienes les critican. “Los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento,” dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El voto informado en las próximas elecciones tampoco será posible sin mayor transparencia en la financiación de las candidaturas. Es necesario que candidatos y partidos divulguen detalles del  flujo de recursos de parte de particulares hacia las campañas, así como de las campañas hacia los medios de comunicación, especialmente en pagos asociados a publireportajes, publicidad política pagada y anuncios de campaña en televisión, prensa, radio, medios digitales, Facebook, Twitter, Instagram entre otros.

La FLIP es consciente de la importancia de las decisiones que tendrán que tomar los colombianos en las próximas elecciones. Para que estas decisiones sean libres y democráticas, se requiere proteger la discusión pública y los derechos a informar y a ser informados.

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La FLIP rechaza las intimidaciones de las que fue víctima Ricardo Ruidiaz y el resto del equipo periodístico de Colmundo Radio en Bogotá.

El domingo 14 de mayo, mientras Ruidiaz transmitía en vivo el programa “Rompecabezas arma corazones”, un hombre llamó a la emisora y amenazó al aire al reportero: “Tenemos un comunicado para el señor Ricardo Ruidiaz: dígale al periodista y director de la ONG, Ricardo Ruidiaz, que no siga investigándonos, que no sea sapo, no meta las hijueputas narices donde no debe. Le damos 24 horas para que salga de la ciudad y se esconda” (Sic.). 

Según los miembros del equipo periodístico, apenas notaron que se trataba de una amenaza, retiraron la llamada del aire y por el interno escucharon que el agresor se identificó como miembro del Clan del Golfo. Además de la labor que desempeña como periodista, Ruidiaz es el director de la Fundación Amigos Unidos, que denuncia y hace campañas de prevención sobre los riesgos a los que están expuestos los menores en Colombia. En los últimos días el periodista ha denunciado que las bandas criminales son los principales agresores de niños en el país frente a los delitos relacionados con explotación sexual.

El lunes 15 de mayo la Cadena Radial Colmundo emitió un pronunciamiento público refiriéndose a las intimidaciones y respaldando a Ruidiaz: “Es nuestra obligación sentar una voz de protesta y rechazo ante cualquier intención de intimidar o silenciar a un comunicador, pues nuestro trabajo se enfoca en un servicio social e informativo, que está alejado de cualquier otra consideración o postura”.

La FLIP expresa su preocupación por estas amenazas y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos. Al respecto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales (...) viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Fundación hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que refuerce el esquema de seguridad de Ruidiaz con el fin de salvaguardar su vida. Para la FLIP, la amenaza pública de la que fue víctima el reportero lo sitúa en un riesgo inminente que el Estado debe atender con celeridad.   

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los señalamientos hechos por el senador del Centro Democrático contra Julián Martínez, reportero del noticiero que dirige Cecilia Orozco.

El lunes 15 de mayo el senador Álvaro Uribe Vélez estigmatizó a Martínez a través de su cuenta en Twitter: “A Noticias Uno, su periodista Pro Farc Julián Martínez y a su directora dra Orozco les repetiré la respuesta de 2013 a su repetido infundió,” (sic.) dijo Uribe.

 A Noticias Uno, su periodista Pro Farc Julián Martínez y a su directora dra Orozco les repetiré la respuesta de 2013 a su repetido infundió

 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel15 de mayo de 2017

Los ataques del senador del Centro Democrático se produjeron luego de que Martínez publicara una nota en la que denuncia que entre los años 2008 y 2010, Uribe destinó recursos del Estado para sus propiedades. Según la publicación, el entonces presidente Uribe firmó un decreto que le permitió recibir subsidios por más de 3000 millones de pesos a través de su finca el Ubérrimo y otros predios ubicados en Mocarí, Córdoba.

Las estigmatizaciones del senador sitúan al periodista en una situación de riesgo infundado que puede desencadenar ataques de mayor gravedad. Este señalamiento, sobre el cual Uribe no presenta pruebas, supone que el reportero pertenece o simpatiza con un grupo armado. Algunos podrían interpretar esto como un aval para agredir al periodista.

Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión declara que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

En segundo lugar, los señalamientos de Uribe son un mensaje amedrentador para otros medios y periodistas, que generan un efecto inhibitorio para continuar con la investigación del tema publicado por Noticias Uno, que es un asunto de interés público. En ese sentido, la estrategia del Senador de responder con acusaciones personales, en lugar de presentar su versión sobre los hechos, debilita la deliberación pública y fractura las garantías para que los ciudadanos en Colombia puedan opinar e informar sobre el poder público.

La FLIP invita al senador Álvaro Uribe a expresar sus desacuerdos con la prensa de una manera que no afecte la labor de los periodistas y a adoptar un discurso que garantice la libertad de expresión y de información. Así mismo, la FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la investigación disciplinaria en contra del funcionario y determine las sanciones a las que haya lugar.

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Algunos antecedentes

No es la primera vez que Álvaro Uribe recurre a los ataques contra la prensa como respuesta pública a las críticas, denuncias y cuestionamientos que se le hacen en su condición de persona pública sometida a escrutinio social. La FLIP ha registrado las siguientes:

En 2002 Daniel Coronell publicó en una columna que en 1984 un helicóptero de Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe, había sido encontrado en el laboratorio de Tranquilandia. En esa ocasión el actual senador del Centro Democrático acusó por primera vez al columnista de Semana de tener vínculos con los narcotraficantes Perafán y Villegas. 

En abril de 2006 el entonces presidente Uribe afirmó que algunos medios de comunicación le “están haciendo daño a la legitimidad institucional” y que “la libertad periodística no puede sustituir a la justicia”. En su momento la FLIP expresó su preocupación por estas declaraciones, ya que podían malinterpretarse y generar una estigmatización en contra de los medios de comunicación y de la libertad de prensa en general.

El 2 de octubre de 2007, en una entrevista que le hizo Caracol Radio, el mandatario aseguró que el periodista Gonzalo Guillén "ha dedicado una carrera periodística a la infamia y a la mentira". Los señalamientos se hicieron luego del lanzamiento del libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”, que motivaron a Uribe a decir que el periodista estaba detrás de este y otros libros en su contra.

El 9 de octubre de 2007, Daniel Coronell retomó un señalamiento que había hecho Uribe contra el periodista Gonzalo Guillén, con ocasión de la publicación del libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”. Este hecho provocó una discusión entre el expresidente y el periodista en medios, donde Uribe calificó a Coronell de mentiroso y miserable. Horas después el columnista de la Revista Semana recibió un correo firmado por las Águilas Negras, en el cual anunciaban: “Quien ataca a nuestro presidente firma su sentencia de muerte”. 

En el año 2009, se refirió a Hollman Morris como “cómplice del terrorismo”. En ese momento, el Relator para la Libertad de Expresión de la ONU y la Relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH expresaron su preocupación por los señalamientos. Para los organismos internacionales, estas afirmaciones ponen en riesgo a los periodistas y generan un efecto de autocensura.

Este episodio fue analizado con posterioridad por la CIDH, organismo que en el informe “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios” definió que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas.

En diciembre de 2010, Daniel Coronell publicó una columna en la que retomaba una investigación del Miami Herald en la que se hablaba de una relación entre los hijos de Álvaro Uribe y los hermanos Nule, cuestionados contratistas en el país. Tras la publicación, Uribe volvió a insistir en la relación del periodista con el narcotráfico y el lavado de dinero.

El 17 de septiembre de 2014, durante el debate que se realizó en el Congreso sobre paramilitarismo, el expresidente Uribe señaló a Telesur y a Canal Capital como “medios de comunicación serviles al terrorismo. Las declaraciones provocaron respuestas violentas como el trino que hizo un desconocido en Twitter el 23 de septiembre “me ofrezco a matar a @HOLLMANMORRIS”, quien para ese entonces era gerente de Canal Capital.

En octubre de 2014, Daniel Coronell habló en una de sus columnas sobre las conversaciones que mantuvieron miembros del gobierno de Uribe con alias “Pablo Catatumbo”. Según el columnista, personas cercanas a presidencia le ofrecieron al comandante guerrillero despejar 868 km para un posible acercamiento con el grupo armado. De inmediato el senador del Centro Democrático recurrió a los ataques contra el periodista, asegurando que recibía dinero del gobierno de Juan Manuel Santos para mentir sobre Uribe.

El 10 de diciembre de 2014, el Senador del Centro Democrático publicó en su cuenta de Twitter tres mensajes que atentaron contra la libertad de prensa y la protección especial a la actividad periodística. En los trinos hacía referencia a la entrevista que Morris realizaría en una cárcel de Itagüí a un hombre condenado por paramilitarismo.

En su momento la FLIP le recordó a Uribe que esa información por defecto es reservada y que, al hacerla pública, ponía en riesgo al periodista y a sus fuentes. Adicionalmente, se advirtió que las afirmaciones podían vulnerar la presunción de inocencia del periodista y afectar su credibilidad. También se hizo referencia a la necesidad que tienen los funcionarios públicos de mantener un discurso favorable a la libertad de expresión y la deliberación pública.

Luego de las agresiones, la FLIP le envió una carta al expresidente Uribe donde se le hacía un llamado para que aportara a construir un ambiente favorable a la deliberación pública, que respete y no afecte el libre flujo de ideas. El Senador del Centro Democrático jamás brindó respuesta, por el contrario, continuó con las agresiones a periodistas como las que emitió contra Yohir Akerman y Daniel Coronell en marzo y abril de 2016.

 

JohirAkerman, desteñido militante del ELN que busca notoriedad con la honra de los míos y la personal

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 29 de marzo de 2016

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La FLIP expresa su preocupación sobre los hechos que rodean el cubrimiento periodístico de las protestas en el departamento del Cauca.

El martes 9 de mayo indígenas Nasa se encontraban en el municipio de Corinto, Cauca, adelantando una movilización denominada “Minga Comunitaria de Liberación de la Madre Tierra”. Los indígenas ingresaron a las haciendas Miraflores y Quebrada Seca para protestar por “la problemática de la tenencia de tierra en Corinto y norte del Cauca”, de acuerdo a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

Según conoció la FLIP, miembros de la Policía y el Ejército Nacional hicieron presencia durante el desarrollo de las protestas. En medio del operativo, Daniel Felipe Castro Bastos, miembro de la comunidad indígena de San Pedro, perdió la vida como consecuencia de heridas de arma de fuego. Pedro García, colaborador del periódico El Turbión y quien, según su familia, se encontraba tomando fotografías de las protestas, resultó gravemente herido por un impacto de bala en uno de sus glúteos que le causó un daño renal. La Fundación continúa indagando sobre las circunstancias en las que se presentó la agresión.

Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca ACIN-Cxhab Wala Kiwe, miembros de la Policía dispararon en contra de la multitud, donde se encontraban manifestantes, comunicadores de organizaciones sociales y periodistas.

La FLIP rechaza los hechos ocurridos en donde falleció una persona y otra resultó herida por impactos de arma de fuego. La Fundación le exige al Ejército y a la Policía Nacional que esclarezcan esta situación y determinen la responsabilidad de los uniformados que participaron en el operativo.

La FLIP hace un llamado a los miembros de la Fuerza Pública para que brinden las garantías necesarias para el cubrimiento periodístico durante las manifestaciones, resulta preocupante que reporteros que se encontraban plenamente identificados denuncien uso desmedido de la fuerza por parte de uniformados de la Policía y del Ejército. 

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