Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las recientes amenazas en contra del periodista Ricardo Ruidíaz. En lo corrido del año la FLIP ha registrado 20 agresiones en contra el reportero. 

El sábado 10 de noviembre, mientras el periodista estaba en su oficina, desconocidos pusieron al lado de su vehículo un paquete con apariencia de explosivo. De inmediato el reportero informó a las autoridades y minutos después la Policía antiexplosivos hizo detonar el artefacto. Los uniformados a cargo del operativo confirmaron que, a pesar de su apariencia, no se trataba de un explosivo. 

La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza esta intimidación y expresa su preocupación por la gran cantidad de amenazas y hostigamientos en contra de Ruidíaz. 

La FLIP le exige a la Unidad Nacional de Protección que fortalezca cuanto antes el esquema de Protección del reportero y aumente el blindaje de su vehículo. Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación que recaude material probatorio a través de los videos de seguridad del sector para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra periodistas de medios de comunicación alternativos y les exige a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

El pasado 10 de septiembre, Martha Delgado, periodista de El Maracanazoo, recibió un panfleto en su casa firmado por las Águilas Negras en el que la amenazaban a ella, a su compañero del medio de comunicación Guillermo Castro, al periodista de El Turbión Omar Vera y a Juan Manuel Arango, de El Clarín de Colombia. Adicionalmente, en el sufragio mencionan a otros medios de comunicación como Colombia Informa y Desde Abajo.  

En el panfleto los periodistas son señalados de ser colaboradores de la guerrilla y se les envía la siguiente intimidación: “exterminaremos a estos malditos informantes de la guerrilla disfrazados de defensores de derechos humanos. Muerte a los periodistas voceros de la guerrilla acabaremos con esta plaga y sus cómplices” (SIC).

Según los reporteros que recibieron la amenaza, la intimidación se produjo luego de las investigaciones que han hecho sobre violaciones a los derechos humanos en varias regiones de Colombia. Algunas de las publicaciones que hicieron los periodistas están relacionadas con impunidad en el caso de los falsos positivos, la presunta interceptación de esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por parte de organizaciones criminales y otras investigaciones relacionadas con despojo de tierras, entre otros.

La FLIP expresa su preocupación por el aumento de amenazas contra periodistas por parte de Águilas Negras. Entre 2016 y 2018 se han documentado 15 amenazas contra la prensa firmadas por este grupo ilegal, de las cuales ocho se han presentado en lo corrido de 2018. La del 10 de septiembre es la segunda amenaza de esta naturaleza en menos de un mes.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad esta amenaza y, de esta manera, dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La Fundación le solicita, además, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo a los periodistas víctimas de estas amenazas con el fin de implementar las medidas de protección adecuadas para salvaguardar su vida y su integridad.

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La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas Alberto Castaño y María Lourdes Zimmermann, quienes tuvieron que abandonar el país en junio de este año. La Fundación le hace un llamado a las autoridades colombianas para que atiendan este caso con celeridad y dispongan de las medidas necesarias para proteger a los reporteros.

El primero de marzo de 2018, Alberto Castaño recibió una amenaza proveniente de la cuenta anónima de Twitter @RodrigoDuet8. En el trino le enviaron la siguiente intimidación al reportero: “@MONOCASTAO Abrite de acá con tus denuncias, pirobo, dejá explotar la naturaleza que pa eso es, capitalismo siempre. Ayer te vimos pagando en la Comercial Papelera, cuidado sigues azarando el parche".

Castaño recibió esta amenaza luego de publicar un informe en los portales Natural Press y mongabay.com en el que denunció el asesinato de líderes ambientales, indígenas, afrodescendientes y campesinos en Colombia. Adicionalmente, el periodista estaba adelantando una investigación sobre deforestación y quemas de bosque en los departamentos de Guaviare y Meta.

Posteriormente, el 14 de marzo mientras Castaño estaba entrevistando a una fuente en un café al norte de la ciudad, un desconocido se sentó en la mesa de al lado y se acomodó un arma que llevaba en la cintura mientras los miraba. Minutos antes, el hombre pasó muy cerca de la mesa donde estaba el periodista y revisó con detalle un mapa en el que estaban trabajando Castaño y su fuente.   

Luego, el cinco de mayo, mientras el periodista iba en su carro fue interceptado por un desconocido en una motocicleta sin placas que llevaba un arma de fuego en la cintura. El agresor se detuvo al lado del vehículo del periodista y le dijo: “entonces qué?, periodista hijueputa, seguís azarando el parche y te vamos a pelar”. Días después, el reportero y su familia fueron víctimas de otros seguimientos en un centro comercial al norte de la ciudad.

Luego de que se produjo la intimidación, el 2 de marzo la FLIP le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que iniciara el estudio de riesgo del periodista para determinar las medidas de protección que garantizaran su seguridad. Sin embargo, Castaño asegura que la entidad nunca se comunicó con él y, por esta razón, el 18 de junio el reportero decidió irse del país con su familia. El 19 de julio, la Fundación le envió una solicitud de información a la UNP para conocer el estado del estudio de riesgo del periodista, pero hasta la fecha de esta publicación no ha recibido respuesta.

A pesar de su salida del país, Castaño y María Lourdes Zimmermann, quien también es periodista, continúan recibiendo intimidaciones por sus publicaciones sobre problemáticas ambientales. El pasado sábado 11 de agosto, desconocidos ingresaron ilegalmente a la cuenta personal de Facebook de la periodista y publicaron una imagen de un oso bañado en pintura roja en una foto en la que la reportera aparecía con su familia. Adicionalmente, durante los días siguientes la reportera recibió notificaciones de alerta por intento de falsificación de las claves de sus cuentas de correo electrónico.

 

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones sobre estos hechos para dar con el paradero de los responsables.  Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra periodistas y medios de comunicación nacionales.

El pasado 4 de septiembre la senadora Aída Avella publicó a través de su cuenta de Twitter una fotografía de un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que se amenaza a un grupo de periodistas, parlamentarios y defensores de derechos humanos. Entre los reporteros mencionados están Daniel Coronell, columnista de Semana; el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”; Jineth Bedoya, periodista de El Tiempo y el medio de comunicación La Silla Vacía.

En el sufragio que ha circulado a través de redes sociales, los periodistas son señalados de ser miembros de la guerrilla y en consecuencia son declarados “objetivo militar”: “Para nuestra organización no existe ningún esquema de seguridad que nos impida proceder y acabar con cada uno de estos guerrilleros (…) a partir de la fecha procederemos a la ejecución total de nuestras advertencias”.

Entre 2016 y 2018 se han documentado 14 amenazas contra la prensa firmadas por las Águilas Negras. Siete de estos casos se han presentado en lo corrido del 2018.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad esta amenaza. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir futuros hechos de violencia contra la prensa.

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que otorgue las medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida de los periodistas.

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El lunes 23 de julio los representantes de 5 embajadas con sede en Colombia, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Delegación en Colombia de la Unión Europea, se reunieron con miembros de la Fundación para la Libertad de Prensa y un grupo de periodistas nacionales y regionales para conocer de primera mano los detalles del incremento en las amenazas a la prensa que se denunciaron el pasado 11 de julio. 

A partir de este encuentro, 19 entidades, entre embajadas y organizaciones internacionales, expresaron su preocupación, solidaridad y respaldo a los periodistas y su trabajo por defender la libertad de expresión.

El texto completo del comunicado conjunto se puede leer aquí.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las nuevas amenazas de atentado en contra de los periodistas y las instalaciones de los diarios La Opinión y Q’hubo de Cúcuta, Norte de Santander.

El pasado 8 de julio, el equipo periodístico tanto del Q'hubo como de la La Opinión de Cúcuta publicó una investigación acerca de una banda delincuencial que opera en la ciudad. Uno de los sicarios de este grupo, identificado como Nixon Ortiz, estaba detenido en los calabozos del CTI. Según información obtenida por fuentes reservadas, al leer la publicación, Ortiz gritó de forma violenta que iba a lanzar una granada al Q’hubo y que sabe quién hizo la investigación. Según conocieron los periodistas, el delincuente sentenció “lo voy a matar”.

Otros miembros de la banda de sicarios que se encuentran recluidos en la penitenciaría de Cúcuta también leyeron la investigación publicada por Q’hubo y reaccionaron agresivamente. Según algunas fuentes periodísticas, los reclusos formularon un plan para “cobrárselas” a los reporteros.

En la tarde de hoy, 19 de julio, el equipo periodístico tuvo conocimiento de que Nixon Ortiz había escapado de los calabozos del CTI.

La FLIP condena estas amenazas de atentado. De acuerdo a lo anterior, la Fundación solicita a la Unidad Nacional de Protección -UNP- que brinde las garantías necesarias para proteger la vida de los miembros del equipo periodístico a cargo de la investigación. Sumado a esto, la FLIP le solicita a la UNP que implemente medidas de protección para infraestructura en las instalaciones del medio de comunicación.

La FLIP exige a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría que investiguen las amenazas y las circunstancias de la fuga de Ortiz. Así mismo, la FLIP insta al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- a que refuerce la seguridad en el centro penitenciario de Cúcuta donde se encuentran recluidos los otros miembros de la banda criminal.  

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de Fernando Londoño por el desarrollo de su labor periodística y les exige a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

El pasado 16 de julio el periodista de La Hora de la Verdad recibió dos intimidaciones a través de Twitter. En la primera, un desconocido que se identifica como ‘Vito Andolini’ escribió en su cuenta @mitovan75: “A veces me pregunto por qué no tuvimos la suerte de que esa bombita lapa que le mandó a poner el mismísimo Uribe cumpliera su cometido”. El mensaje iba acompañado de una columna que escribió Londoño en el portal Las2Orillas titulada: ‘Petro, de mal perdedor a incendiario’.

La segunda intimidación se hizo a través de la cuenta @NEO_3D como respuesta al trino inicial. La persona identificada como FEUDOMBIA PAIS TERCERMUNDISTA DE CAFRES URIBESTIAS trinó: “Se necesita un grupo que de verdad que le ponga bombas a toda esa plaga no autoatentados maricas y cortinitas de humo”. Ambos mensajes hacen referencia al atentado del que fue víctima Londoño en mayo de 2012. En esa ocasión la explosión dejó dos muertos y varias personas heridas, entre ellas el periodista, quien tuvo que ser remitido de inmediato a urgencias.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad estas amenazas y, de esa manera, dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

Adicionalmente, la Fundación expresa su preocupación por la situación de seguridad de Fernando Londoño y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que estos hechos sean tenidos en cuenta en el estudio de riesgo del periodista con el fin de proporcionar las medidas de protección adecuadas para salvaguardar su vida y su integridad.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra del equipo periodístico de RCN Radio y les solicita a las autoridades que investiguen y sancionen a los responsables de estos hechos.

Este lunes 16 de julio los periodistas de RCN Radio, Jorge Espinosa, Yolanda Ruiz y Juan Pablo Latorre, recibieron una amenaza al máster de la emisora durante el informativo de la mañana. Cuando los reporteros informaban sobre las intimidaciones contra Jineth Bedoya, María Jimena Duzán y los periodistas de La Silla vacía, ocurridas el 14 y el 15 de julio, un hombre que se identificó como alias “Nini” llamó a intimidar a los reporteros.

Según la persona que respondió la llamada, un hombre que se identificó como “Nini”, miembro del ELN, le dijo “Dígale a Espinosa que tiene 72 horas para callarse la boca y dejar de estar hablando de las organizaciones. Y también a Juan Pablo”. Luego, el desconocido agregó “y eso que la vieja que está hablando me cae mejor”, refiriéndose a Yolanda Ruíz, la directora del informativo.  Horas después, el ELN emitió un comunicado negando su vinculación con esta amenaza.

Esta amenaza guarda coincidencias y podría estar conectada con otra intimidación recibida por miembros de RCN Radio en Santander. El pasado 5 de junio Nelson Cipagauta, Slendy Blanco y Melissa Munera, periodistas de la filial de RCN en Bucaramanga, también recibieron una llamada al máster por parte de un hombre que se identificó como alias “Nini”. El desconocido los amenazó con declararlos objetivo militar si denunciaban en la emisora una limpieza social que adelantaría el grupo armado.

La FLIP reitera su preocupación por el aumento en las amenazas contra los periodistas en Colombia y le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad de los periodistas amenazados.

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a los responsables de estos hechos, en especial al desconocido que se identifica como alias “Nini, para dar con su paradero y poder adelantar las sanciones judiciales a las que haya lugar.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de las reporteras y La Silla Vacía por el desarrollo de su labor periodística. Les exigimos a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

Este sábado 14 de julio fue difundido un panfleto firmado por el Bloque Central de Las Águilas Negras en el que Jineth Bedoya y los periodistas de La Silla Vacía fueron estigmatizados como guerrilleros y declarados objetivo militar. El grupo criminal emitió la siguiente amenaza: “Esta vez no estamos jugando, a partir de la fecha procedemos a la ejecución total de nuestras advertencias por varios años y que no fueron escuchadas por estos milicianos guerrilleros disfrazados de supuestos líderes y lideresas sociales”. Junto a los nombres de los periodistas aparecen también los de otros activistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y sindicalistas.

El domingo 15 de julio la periodista María Jimena Duzán recibió una amenaza a través de la cuenta de twitter @Gustavo68831299. El desconocido que se hace llamar LíederSocialSigloXXI le envió el siguiente mensaje a la reportera: “la verdad colombianos hagan patria esta sra @MJDuzan deber ser violada, escupuda, pucada con motosierra y cokgada eln plaza Bolivar, hagan honor al nombre de paramilitares.”

Teniendo en cuenta la dificultad que han tenido las autoridades para investigar este tipo de amenazas transmitidas a través de internet, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que solicite el apoyo de expertos en delitos informáticos de otros países para dar con el paradero de los responsables de estas intimidaciones y que reciban las sanciones judiciales correspondientes.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos, debido a que, en el caso de Jineth Bedoya y los periodistas de La Silla Vacía, los agresores sentenciaron: “Para nuestra organización no existe ningún esquema de seguridad que nos impida proceder y ejecutar a cada uno de estos guerrilleros”. Por lo anterior, la Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad de los periodistas amenazados a través de internet.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el incremento en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones.

En lo corrido de 2018 la FLIP ha registrado un aumento en el número de amenazas contra periodistas con respecto al año anterior. Mientras que para julio de 2017 la Fundación había documentado 65 casos de amenazas, en este 2018 se han reportado 89. Estas cifras acentúan una tendencia preocupante: en los últimos años se ha registrado un aumento considerable en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. Mientras que en el año 2015 la FLIP documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129.

Esto sucede en paralelo al aumento en el número de asesinatos a líderes sociales en el país. En lo corrido del año han sido asesinados más de 100 personas en sus territorios. Varios de esos homicidios han sido crímenes contra la libertad de expresión.

La FLIP ha reportado los casos de amenaza ante la UNP. Sin embargo, en muchas ocasiones la entidad no ha sido lo suficientemente diligente para atender el riesgo al que están expuestos los reporteros. Paralelo al aumento de las amenazas, la FLIP ha registrado con preocupación el desmonte de esquemas de protección de periodistas que se encuentran amenazados y los trámites de casos en la UNP no se están haciendo acordes al nivel de urgencia de la situación.  

Casos de periodistas que requieren protección urgente del Estado

Ricardo Ruidíaz es un periodista y activista que ha enfocado sus esfuerzos en denunciar la trata de menores por parte de estructuras al margen de la ley y de visibilizar las amenazas y los asesinatos en contra de líderes sociales en la región del Magdalena Medio. A pesar de que este reportero ha denunciado diez intimidaciones contra su vida solo en el último año, el pasado 18 de junio la UNP decidió disminuir su esquema de protección, hecho que vulnera considerablemente las condiciones de seguridad del reportero.

Situación similar enfrenta la reportera Catalina Vásquez, quien desarrolla su labor periodística y de defensa de los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín. A pesar de que el pasado cinco de julio la FLIP solicitó a la UNP medidas de protección por trámite de emergencia para la periodista por los asesinatos de los que han sido víctimas algunas fuentes cercanas a ella en este sector de Medellín, la entidad no ha atendido al llamado de urgencia y Vásquez continúa expuesta al riesgo derivado de sus labores en el territorio.

De igual forma, la periodista Jhanuaria Gómez tuvo que desplazarse del municipio de Segovia, Antioquia, a raíz de las amenazas que estaba recibiendo por el desarrollo de su labor periodística. La reportera se dedica a investigar acciones irregulares alrededor de la actividad minera y hace pedagogía con las comunidades sobre las consecuencias que tiene para el ambiente. Actualmente la reportera se encuentra sin protección por parte de la UNP y su situación de vulnerabilidad es alta.

Otro caso preocupante es el de la periodista Laura Montoya, quien el pasado viernes 6 de julio fue víctima de amenazas a través de una llamada telefónica mientras promovía una manifestación en Mocoa, Putumayo, para rechazar el asesinato de líderes sociales. La UNP tuvo conocimiento de estos hechos y solicitó medidas de protección por trámite de emergencia para proteger a la reportera. Sin embargo, la entidad aún no ha atendido el llamado.

Es importante resaltar, adicionalmente, que en estos tres últimos casos hubo agravantes por razones de género. Gómez recibió una de las amenazas a través de su hija, Vásquez ha sido víctima de insultos y tratos denigrantes y, aunque no hay registro de violencia por razones de género en contra de Montoya, es urgente que la UNP tenga en cuenta estos factores al momento de actuar para procurar la seguridad de estas reporteras y sus familias. 

Frente a la situación crítica que enfrenta el país por el asesinato de defensores de derechos humanos y amenazas a periodistas, la FLIP expresa su preocupación por la ausencia de acciones efectivas por parte de la UNP para garantizar la protección de quienes se encuentran en riesgo. La Fundación solicita al gobierno nacional redoblar sus esfuerzos con el fin de brindar medidas efectivas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen la labor periodística.

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